CONGRESO GERENCIAR EAFIT 2017
DIA DEL ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (3 DE NOVIEMBRE - 2.016)
Panel: "Los retos de la transformación empresarial e inclusión social frente al nuevo escenario de construcción de paz."
FERIA CUNISTA (JULIO 16 DE 2.016)
El 16 de julio se realizó en la sede F de la CUN la Feria Cunista, donde el programa de Administración de empresas se hizo presente dando a conocer su plan de estudios a los estudiantes aspirantes a ser estudiantes de la CUN.
TEMA 2: "Convivencia y resocialización del recurso humano para la empresa colombiana en el posconflicto."
¿Qué proponen los candidatos para la Bogotá del postconflicto?
n la FIP creemos que la paz nos pertenece a todos. Nunca hemos pensado que un país en paz es el resultado de las gestas de algunos líderes sobresalientes, así sean éstos, en ciertos momentos, valientes y necesarios. Tampoco estamos de acuerdo con quienes plantean la paz como un triunfo o una derrota de algún partido político, o de una coalición electoral. Trabajamos convencidos de que la paz es un derecho síntesis, una aspiración universal y, en el caso colombiano, una obligación moral que nos interpela en los escenarios de la vida cotidiana. En la FIP relacionamos la construcción de la paz con un proceso largo, lleno de incertidumbres y de satisfacciones. Con un empeño que reta nuestra entereza, nuestra paciencia y nuestra imaginación colectiva. Con el enorme desafío que implica hacer las cosas de un modo diferente. No creemos que el proceso de diálogo entre el Gobierno y las FARC sea perfecto, así como tampoco lo son los acuerdos que ya conocemos. Estamos seguros, además, que la implementación de los mismos no solucionará, por sí sola, los graves problemas que aquejan a Colombia. Sin embargo, sí creemos que poner fin al conflicto armado con las guerrillas es una condición necesaria para nuestro desarrollo y que ese cierre definitivo sólo será posible mediante un proceso de diálogo. Un diálogo que nos permita, por un lado, pactar algunas prioridades de mejoramiento que paren el derramamiento de sangre, por otro, que cree unmomentum en el que sea factible acometer grandes empeños. Porque la paz se trata de un esfuerzo de “todos ponen”. Con el propósito de contribuir a la comprensión del conflicto y de proponer alternativas para la construcción de la paz, fuimos creados por un grupo de empresarios hace ya 15 años. Esos fundadores, preocupados por la polarización y la desesperanza, creyeron que una mirada técnica, independiente y serena de los temas más espinosos del país era una necesidad. Por ese motivo es que en la FIP estamos tan preocupados por la contienda electoral que se avecina. Cada semana que pasa se agrava la simplificación de los opositores, se exacerban los ánimos, se simplifica el argumento no compartido y se acude a lugares comunes y a argumentos manidos. Como si esto fuera poco, se viene robusteciendo una idea tan peligrosa como mezquina, consistente en que sólo los amigos del Gobierno serán gobernantes idóneos para el postconflicto. O, al contrario, que sin importar la calidad de las propuestas sobre la mesa, lo importante es robustecer la férrea oposición al proceso de paz, para de este modo proteger a nuestro país de una inminente “amenaza socialista”. Nada más lejano de la realidad. Los gobernantes que elegiremos el próximo 25 de octubre podrán ser más de lo mismo o tendrán la oportunidad de construir un nuevo capítulo de nuestra historia, sin importar su color político. Tendremos programas de gobierno buenos, regulares y malos, de todas las marcas y colores. Tendremos rencillas con los Concejos y las Asambleas, pactos y acuerdos. Habrá quienes pasarán de agache, repartirán cuotas y procurarán engordar sus peculios y habrá quienes servirán a intereses superiores y entregarán, después de cuatro años, mejores condiciones de vida para los ciudadanos de sus pueblos, ciudades y regiones. Pero el contexto de la firma de la paz, también llamado con reservas “postconflicto”, será un escenario de oportunidad con pocos precedentes. Habrá inversión rápida descentralizada alrededor de temas que configuran deudas históricas del Estado colombiano. Habrá presencia estatal en zonas rurales olvidadas, nuevo interés en temas clásicos y más ayuda internacional. También tendremos nuevos escenarios de toma de decisión con la comunidad, planes de desarrollo integral, desarme de grupos irregulares y, muy importante, reacomodo de los actores que han ejercido la fuerza y la tributación en el territorio. Hay quienes consideran que los retos del postconflicto tienen que ver con la agenda de la reintegración de los excombatientes o del aumento de la criminalidad urbana. ¡Qué miopía! Comparados con los retos de la transformación territorial, estos que acabo de mencionar palidecen y resultan inanes. En ese sentido, más allá de su bandera partidaria o de los intereses que cada uno respalda y representa, los candidatos del postconflicto deben caracterizarse por estar dispuestos a hacer las cosas de un modo distinto, a estar sujetos al escrutinio público y a asumir el reto de emprender políticas de transformación. Necesitamos conocer con detalle las propuestas y ver cómo ellas dialogan con las agendas de desarrollo y paz que plantean los territorios, las organizaciones, los gremios y, por supuesto, la Mesa de Diálogos de Paz de La Habana. A este último punto está dedicado este texto. Al análisis de cómo dialogan las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Bogotá con la agenda de desarrollo y paz que han planteado el Gobierno y las FARC en Cuba. Tener en mente estas consideraciones a la hora de decidir por quién votar nos parece pertinente. Hacer un análisis de las propuestas de los candidatos a la alcaldía a la luz de lo que dicen los acuerdos fue un ejercicio que decidimos hacer tras escuchar el pésimo desempeño de los candidatos cuando les preguntaron sobre paz en el debate televisado por Canal Capital. Claro está, fue sólo una pregunta y se lanzó al final, lo cual les impidió esgrimir sus ideas sobre el tema del postconflicto con profundidad y lucidez. Como era de esperarse, se atrincheraron en la discusión insoportable entre santistas y uribistas y poco pudieron decir de sus propuestas concretas. Y es que estas propuestas son centrales. Porque Bogotá, como eje de la vida política, económica y académica de nuestro país pondrá muchas pautas y tendrá muchos ojos encima. Elaboramos este análisis consultando los textos completos de los programas de gobierno inscritos por los candidatos Clara López, Rafael Pardo, Enrique Peñalosa y Francisco Santos ante la Registraduría, así como la información de las campañas disponibles en las páginas web entre los días 1 y 8 de octubre, y lo estructuramos mediante tres preguntas centrales y varias de apoyo. Esperamos, con él, aportar a mejorar la calidad del debate democrático en nuestra querida ciudad. PRIMERA PREGUNTA: ¿Son la paz y el postconflicto temas relevantes en los programas de gobierno y en las propuestas de campaña visibles para la ciudadanía? En términos generales, no. En las páginas web de los candidatos, sólo la de Clara López tiene menciones y propuestas específicas sobre estos asuntos. En el ítem “Paz y Pos acuerdo” se exponen los planteamientos de su programa de gobierno, los cuales giran en torno a medidas de fin del conflicto, cultura de paz, participación y DDHH y víctimas. En el caso del candidato Francisco Santos, llama la atención que mientras en el programa de gobierno inscrito en la Registraduría existe un aparte exclusivo dedicado al tema de víctimas y reconciliación, en el cual se esbozan propuestas sobre atención a población víctima de la violencia y a desmovilizados, ninguno de esos asuntos es destacado en la página web de la campaña, en la cual, por supuesto, se realizan priorizaciones para la información al público. Para los casos de Rafael Pardo y Enrique Peñalosa, ni sus programas de Gobierno ni sus páginas web recogen propuestas específicas etiquetadas con los conceptos de construcción de paz, postconflicto o relacionados. Como se verá más adelante, existen medidas en otras políticas que apelan a estos temas, pero en la visibilización de sus prioridades no estuvo la de resaltar el papel de Bogotá en un escenario de postconflicto. En los últimos meses ha venido tomando fuerza la tesis según la cual el postconflicto es un asunto rural y que, por lo tanto, la transformación planteada en los acuerdos será exclusiva de un conjunto de municipios que históricamente han estado afectados por la guerrilla y otras estructuras armadas ilegales, los cultivos ilícitos, las economías criminales y la presencia no homogénea del Estado. Sin embargo, la priorización hecha para 281 municipios le sirve sólo a la focalización de los programas públicos, no a la agenda nacional de construcción de la paz. Creer que las ciudades viven en postconflicto cuando hay una estrecha correlación entre nuestro modelo centralista, la acumulación del capital humano, la absorción de recursos, los pésimos diseños institucionales para la asignación de recursos, las élites, el consumo y las economías criminales y la violencia, es francamente un despropósito. En Colombia no hay islas de postconflicto, así lo repitan como un mantra muchos funcionarios públicos. En Colombia existe un conflicto armado interno que se alimenta de sistemas políticos, económicos y sociales y culturales que permean la totalidad de la geografía nacional, pero que se expresan en la modalidad de crímenes violentos y escasa provisión de bienes públicos en las zonas de insuficiencia estatal. Lo que refleja en todo caso la poca relevancia del tema de paz y postconflicto en el conjunto de las propuestas de los candidatos, es la entronización de esa idea de que el postconflicto no es un asunto central de Bogotá y que lo principal que debemos discutir los bogotanos es sobre seguridad ciudadana, movilidad y espacio público, entre otros. Relevancia del tema de paz y postconflicto en las propuestas de los candidatos SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cómo dialogan las propuestas de los candidatos con los acuerdos parciales firmados entre el Gobierno y las FARC en La Habana? a. Acuerdo sobre desarrollo agrario. Las conversaciones para lograr el final del conflicto armado en Colombia comenzaron en su núcleo temático por el espinoso asunto del desarrollo rural integral. En el acuerdo, ambas partes reconocen que este tema “es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico del país. La reforma rural integral (RRI) debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia”[1]. Sobre este punto, resulta preocupante la pobreza de las menciones de los candidatos sobre la realidad rural del Distrito. Sin mencionar las zonas rurales de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, los programas de los candidatos frente a la localidad de Sumapaz son muy limitados. Es importante recordar que esta localidad tiene 75.761 hectáreas totales (casi el 40% del área total de Bogotá), de las cuales 34.500 hacen parte del parque natural de Sumapaz. Se trata de 3 corregimientos y 28 veredas que concentran el 80% del área rural de la ciudad. Francisco Santos propone la integración de la localidad al resto de la ciudad, la construcción de una alcaldía local in situ, la promoción del turismo ecológico y la protección del páramo. Rafael Pardo se compromete a la provisión de servicios básicos, principalmente agua potable y saneamiento, así como al fortalecimiento de las organizaciones campesinas. Clara López, quien es la que tiene más desarrollado el tema, propone el mejoramiento integral de los centros poblados y las veredas mediante inversión en vivienda rural, acueductos veredales, espacios para la cultura y el deporte y el fortalecimiento de los procesos productivos. Sobresale su propuesta de crear un Banco de Tierras para los campesinos de la ruralidad bogotana. Finalmente, Enrique Peñalosa no hace ninguna mención relevante sobre este tema en el conjunto de su programa de gobierno. Es evidente la desconexión, con distintos niveles, entre la visión de la ciudad que tienen los candidatos y el escenario rural de la capital. No hay una visión consolidada del campo como oportunidad ni una mirada estratégica sobre las posibilidades productivas y de conservación que representan las áreas rurales de Bogotá. Resulta impactante que en medio de un posible postconflicto, una región que fue bastión y símbolo del avance de las FARC (me refiero al Sumapaz) y antes de eso de las guerrillas liberales de Juan de la Cruz Varela, sea absolutamente ignorada por los aspirantes al palacio Liévano. Grado de interlocución entre las propuestas de los candidatos y el desarrollo agrario b. Acuerdo sobre apertura democrática. El acuerdo parcial entre el Gobierno y las FARC plantea la necesidad de profundizar la democracia mediante dos ejercicios paralelos. Uno se refiere al de la oposición política y otro al de la participación ciudadana directa. La idea de partida es que se requiere una ampliación en ambos sentidos para lograr un sistema más estable y profundo. En este punto, los acuerdos no resultan innovadores ni mucho menos revolucionarios. Simplemente acogen las tesis más aceptadas en el mundo contemporáneo sobre la necesidad de proteger a los grupos minoritarios y de balancear las democracias participativa y representativa. Con todo y ello, sí implican un compromiso férreo con la protección de las minorías políticas, la oposición, la neutralidad en los canales de información y la generación de una opinión pública deliberante. En lo que se refiere a la democracia participativa, la propuesta de la Mesa de diálogos es radical. La participación ciudadana se entiende como central en la construcción de la paz. Es un medio y un fin de la implementación de las medidas del postconflicto, las cuales plantean nuevos escenarios de toma de decisión compartida. Sobre el tema de la participación política, la protección de la oposición y la generación de un debate equilibrado entre propuestas políticas diferentes los planteamientos de los candidatos son también alarmantemente pobres. Ni Rafael Pardo ni Enrique Peñalosa tienen en sus programas ni en sus páginas web menciones significativas o propuestas concretas sobre estos temas. Por su parte, Francisco Santos se enfoca en la necesidad de trabajar en el escenario político barrial a través de las Juntas Administradoras Locales, con las cuales propone una focalización en asuntos asociados con el manejo de la seguridad. Reconoce su importancia en la gestión de temas públicos, en la descentralización, la pluralidad y en la deliberación. Finalmente, las propuestas de Clara López en cuanto al equilibrio político son llamativas. Por un lado, propone un diálogo franco, abierto y transparente con el Concejo Municipal, al cual propone un programa de fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento del ejercicio político. Sin embargo, en su apartado de paz y postconflicto se propone “apoyar la refrendación de los acuerdos de paz mediante el establecimiento de recursos para capacitar a todos los líderes de organizaciones y colectivos para que divulguen el referendo en su colectividad. Canal Capital sería el medio eficaz público para reforzar y difundir dicho mecanismo”. Preocupa enormemente esta posición. No porque no queramos que el acuerdo se refrende, sino porque en una democracia equilibrada los recursos públicos no pueden ponerse al servicio de causas políticas y la refrendación de los acuerdos es un ejercicio político. Afirmar además que el canal público del Distrito se va a utilizar con fines de propaganda y formación favoreciendo una alternativa específica, como si eso equilibrara una balanza en cuyo fiel opuesto hay un contrincante imaginario, habla muy mal de nuestra noción de equilibrio político. Grado de interlocución entre las propuestas de los candidatos y la aspiración por un debate político equilibrado Sin lugar a dudas, el tema en el que hay más convergencia entre las propuestas de los candidatos y el espíritu de los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, es el de la participación ciudadana. En efecto, gane quien gane la alcaldía existe un ambiente propicio alrededor de los mecanismos de la democracia directa. Por supuesto, con matices. Rafael Pardo propone la conformación y fortalecimiento de escenarios de deliberación y participación con jóvenes mediante asambleas, consejos y plataformas. Invita a la creación de un consejo distrital del adulto mayor así como al apoyo a las organizaciones de pensionados. Ratifica la importancia de la participación ciudadana en la salud y la necesidad de robustecer los COPACOS (Comités de Participación Comunitaria en Salud). Plantea la integración de las personas con discapacidad en la planeación, seguimiento y ejecución de las políticas que les atañen, así como la importancia de hacer planes de mejoramiento barrial con base en esquemas participativos, tanto de planeación como de presupuestación. Como sombrilla, propone la elaboración conjunta y participativa del plan de desarrollo para la ciudad y de un proceso paralelo para las 20 localidades. Clara López, por su parte, plantea la necesidad de abrir canales de participación ciudadana para la definición de medidas de ordenamiento territorial, sostenibilidad ambiental y de intercambio con la región, así como esquemas altamente participativos en las políticas de educación. Al respecto de este punto, propone la creación de consejos consultivos de educación. Dentro de sus propuestas también está la planeación y presupuestación participativa desde las localidades, la creación de escenarios de participación para mujeres, afrobogotanos, jóvenes y niños. Estos dos últimos vinculados de manera estrecha con la construcción de la paz. Propone asimismo el establecimiento de plataformas virtuales para la recepción de propuestas ciudadanas y enmarca sus iniciativas en la legislación más actualizada sobre el tema poniendo en consideración la necesidad de definir un sistema distrital de participación, el cual se deriva en buena medida de la nueva Ley de participación ciudadana declarada exequible por la Corte Constitucional a mediados de este año. Llama la atención su insistencia en el mecanismo de los Consejos de Paz. En efecto, la candidata López propone el establecimiento de 20 consejos de paz en Bogotá y de un gran consejo distrital de paz inspirado en la Ley 434 de 1998. Decimos que llama la atención porque en los estudios sobre participación ciudadana en Colombia son bien conocidas las frustraciones derivadas de los consejos de paz, en buena medida por su diseño y funciones. En la FIP hicimos un ejercicio de mapear los consejos de paz activos en Colombia y podemos afirmar que de los 1.102 municipios, sólo en 177 se crearon efectivamente y de ellos, a la fecha, están activos 40. El candidato Francisco Santos plantea a las Juntas de Acción Comunal como los escenarios fundamentales de participación ciudadana en lo local y propone la necesidad de darles formación permanente desde la perspectiva ciudadana y comunitaria. Sobre este punto no deja de sorprender su énfasis, si se quiere más tradicional, en este mecanismo tan longevo de la historia participativa colombiana (creadas en 1958) que ha sido clave en la realización de obras públicas de pequeña envergadura pero de gran impacto comunitario. Dentro de sus propuestas se destacan también una apuesta por la innovación tecnológica en la participación ciudadana mediante mecanismos virtuales, el énfasis en veedurías ciudadanas y en el acceso libre a la información como requisito para desarrollar una participación efectiva. Buena parte de su estrategia de participación se vincula también con el tema central de su campaña, la recuperación de la seguridad. Sobre este punto, Santos plantea la participación comunitaria para el control del delito y propone la revitalización, a nivel urbano, de una estructura participativa que no ha estado libre de debates, a saber, las redes de informantes. Finalmente, y tras señalar la centralidad de escenarios para la participación de las mujeres y los afros en las políticas del distrito, Santos enmarca su propuesta de gobierno en el concepto del diálogo popular. Sobre el particular, afirma: “queremos una Bogotá con diálogo popular permanente donde los ciudadanos puedan interactuar con los funcionarios públicos para encontrar soluciones que correspondan a sus necesidades concretas…”. Este diálogo popular, que de darse en el formato de los Consejos Comunitarios del Gobierno Uribe, se acercará mucho más al modelo asambleario que a otras iniciativas de participación más domesticadas en su forma y precisas en sus contenidos. Quien menos propuestas robustas y concretas tiene sobre la participación ciudadana es Enrique Peñalosa. Además de proponer la participación como principio de gobierno y de plantear la necesidad de fomentar la participación juvenil, su enfoque se concreta en crear una cultura de servicio al ciudadano y en la revitalización del Observatorio de Cultura Ciudadana. Grado de interlocución entre las propuestas de los candidatos y el enfoque de participación ciudadana
c. Acuerdo sobre drogas. Hay quienes dicen que el acuerdo de drogas tiene su centro de gravedad en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito y desarrollo rural. Aun cuando eso es parcialmente cierto, la verdad es que el texto del preacuerdo firmado entre el Gobierno y las FARC plantea medidas de distinto orden para atacar el flagelo del narcotráfico en muchas de sus manifestaciones. Haciendo un resumen atrevido se puede afirmar que el acuerdo propone un conjunto de: a) alternativas económicas y transformación territorial para los cultivadores, b) persecución, sanción y acción judicial y policial contra los productores y comercializadores de narcóticos, c) acciones institucionales y judiciales contra el lavado de activos, y d) tratamiento humanitario y de salud pública con los consumidores, principalmente con aquellos que tienen un uso problemático de las sustancias. De ese conjunto de medidas, resulta esperable que en una política distrital de postconflicto estén considerados elementos de combate al crimen organizado y al lavado de activos y una opción clara alrededor de las políticas en torno al tratamiento y rehabilitación por uso de sustancias psicoactivas. Sobre este punto, las propuestas más concretas de Peñalosa se concentran en estructurar, de manera integral, una estrategia para la prevención del uso de sustancias psicoactivas con el concurso de expertos y de jóvenes líderes de las localidades. Por su parte, Pardo propone la recuperación de un modelo de atención integral y resocialización de habitantes de la calle, mientras que Clara López, la generación de una estrategia de prevención de consumo combinada con medidas de combate integral a las 'ollas' que surten el comercio de estupefacientes. En otro nivel se encuentran las propuestas del candidato Francisco Santos. Efectivamente, no sólo le da relevancia al tema de las drogas y el microtráfico, sino que subraya la estrecha relación de esta problemática con el deterioro de los entornos escolares y de convivencia y el rol fundamental de la prevención. En su programa, adicionalmente, se lee una propuesta detallada que vincula distintas aproximaciones en torno al delicado asunto de las 'ollas' de microtráfico. Citaré un aparte de su programa para ilustrar este punto: “Bogotá necesita incorporar políticas contra modalidades delictivas específicas como el pandillismo, el microtráfico, las BACRIM y el crimen organizado. Especialmente en zonas de alta criminalidad, como las 'ollas' de microtráfico, es necesario que el distrito intervenga con una fuerza pública especializada. De esta manera, con el fin de impactar rápidamente estas estructuras delictivas, se creará una fuerza de tarea conjunta que cuente con unidades policiales de élite en investigación, operaciones especiales y judicialización, y que trabaje en conjunto con la fiscalía, la procuraduría, el sistema judicial y las Fuerzas Militares. Así no sólo se judicializa oportunamente y se neutraliza esta amenaza, sino que al mismo tiempo se incrementará el costo de sus operaciones volviéndolo una actividad más riesgosa y menos lucrativa. Estas intervenciones deben estar acompañadas de una propuesta social, una acción integral que cuente con toda la oferta institucional del distrito… Crearemos un Centro de Acción Integral para desarrollar acciones policiales, de prevención, de desarrollo social, económico y de convivencia en las áreas más críticas de la ciudad”. Grado de interlocución entre las propuestas de los candidatos y el acuerdo de drogas d. Acuerdos sobre víctimas, justicia transicional y fin del conflicto. Alrededor de estos puntos, contamos con comunicados conjuntos, principios y declaraciones en los medios. Tenemos también una extensa descripción de lo pactado en el reciente acuerdo sobre Justicia Transicional. Sin embargo, existe una asimetría de información en comparación con los asuntos anteriormente tratados, ya que no conocemos el detalle de los acuerdos alcanzados. Por este motivo, aquí no evaluaré el grado de interlocución, acuerdo o sintonía con lo ya acordado, sino describiré, de modo general, las propuestas de los candidatos en algunos de los puntos que, sabemos, hacen parte de los acuerdos. Alrededor del tema de víctimas y de desmovilizados, Clara López plantea continuar con la implementación a nivel distrital de los compromisos derivados de la Ley 1442 (o Ley de víctimas y restitución de tierras) y, con el criterio de construir sobre lo construido, avanzar hacia un enfoque de atención a la población víctima que no sea asistencialista y que se enfoque en la plena garantía de los derechos. En el programa de Enrique Peñalosa no existen menciones sobre medidas de atención a víctimas o población desmovilizada que no estén orientadas a la victimización por delitos comunes. Francisco Santos propone un diagnóstico muy crítico de la implementación de la Ley de Víctimas en la Nación y la ciudad, y resalta el enorme esfuerzo hecho en materia de desmovilización. Aparte, propone medidas relacionadas con acompañamiento psicosocial y de duelo, con el uso de reparaciones monetarias en temas de educación y vivienda, financiación distrital para reubicación de población desplazada en entornos rurales y, creación de zonas de revitalización social en seis localidades para impulsar la convivencia y la reconciliación mediante herramientas artísticas, deportivas y culturales. Finalmente, el candidato Rafael Pardo propone centrar sus esfuerzos en la ejecución y fortalecimiento del Plan de Acción Territorial para la atención de las víctimas que ya ha sido aprobado y construido en la ciudad con un enfoque de garantía de derechos. En su planteamiento, hay que redefinir el enfoque de atención y hacerlo más acorde a las necesidades de acceso a la salud, a la justicia, a los servicios legales, al acompañamiento psicosocial y a la alimentación. La tercera y última pregunta tiene que ver con un reto que es muy bogotano en el escenario del postconflicto, por ser un importante centro de generación de opinión pública y de discurso político. Se trata del reto de impulsar, independientemente de la ideología política, una cultura de la paz y reconciliación. Es un desafío que tiene dos grandes aristas. Por un lado, se trata de incidir poco a poco en una cultura que ha sido proclive a la reproducción y transformación de las violencias, creando condiciones de legalidad y legitimidad. Y, por otro, está el tema de crear un ambiente para discutir en democracia alrededor de la paz y de los cambios que el país necesita. TERCERA PREGUNTA: ¿Cómo se plantean los candidatos el desafío de contribuir a la construcción de una cultura de paz? El candidato Rafael Pardo hace énfasis en el concepto de educación para la paz y enlaza la pedagogía para la convivencia con la formación ciudadana. Desde su perspectiva, es necesario lograr que los colegios sean territorios de paz y que se fomente en ellos los valores de la democracia. En la tesis de Pardo, convivencia y paz se relacionan con igualdad, y el modelo al que debemos aspirar, que es típico de la filosofía política liberal, es uno en “el que la calidad de vida de una persona dependa más de su talento y esfuerzos y menos de su condición al nacer”. Para Clara López, la cultura de paz es un eje central del pos-acuerdo. En su programa de gobierno contempla fomentar la educación para la paz mediante la integración del tema en el currículo de los colegios, concursos infantiles y juveniles, convenios entre universidades, el Estado y la empresa privada para financiar investigación en ciencias sociales y, promoviendo la labor de los historiadores en la elaboración de los relatos del conflicto. Hace parte de sus propuestas, por ejemplo, el establecimiento de un concurso de historia política en Colombia. Francisco Santos considera que la educación en cultura de la paz y convivencia debe ser una acción prioritaria y propone la memoria como instrumento de reconciliación. En ese sentido, se compromete a apoyar el proyecto de eje de la Memoria de la Calle 26 y a desarrollar programas con las víctimas mediante los cuales se impulsen actividades pedagógicas de memoria mediante el arte, el juego y la música. Finalmente, el candidato Enrique Peñalosa enfoca el tema de educación y cultura de paz desde la visión de la convivencia y la cultura ciudadana. Desde su perspectiva, el cumplimiento de las normas, el respeto por las autoridades, el espacio público ordenado y el orden, son elementos vitales para reconstruir la confianza de los ciudadanos en el Estado y generar así nociones de convivencia. Importancia y desarrollo de la promoción de una cultura de paz en las propuestas de los candidatos Como se puede ver, el nivel de desarrollo de las propuestas de paz de los candidatos a la alcaldía de Bogotá tiene diferencias dependiendo de los temas y los acentos de cada campaña. Sin embargo, resulta triste constatar que en varios de los temas clave del postconflicto tenemos planteamientos muy lejanos de las expectativas y necesidades de un país que clama, desde su capital, para dar la vuelta a la página del conflicto. Al elegido o elegida, que será el capitán de la nave cachaca del postconflicto, le deseamos mucha suerte y mucho temple en ese enorme reto que constituye liderar una transformación para hacer que la paz de Colombia sea verdaderamente estable y duradera. ------------------ [1] Borrador Conjunto de la Mesa de diálogos Gobierno–FARC: “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, p.1, junio de 2014.
EVENTO POSCONFLICTO- 5 NOV. 2015
Conflicto armado y
Paramilitarismo en Colombia.
Por: Equipo Operativo: ASFADDES - CINEP - Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana - Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" - ILSA - SEMBRAR - CSPP
1. Conflicto armado:Los grupos guerrilleros que actualmente operan en el país Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], Unión Camilista-Ejército de Liberación Nacional [UC-ELN] y Ejército Popular de Liberación [EPL] tuvieron su origen en la década de los años sesenta.
Su antecedente más inmediato, las guerrillas liberales surgidas come reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946-1953), que incluyó el asesinato del candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán (abril 9/48), hecho que dio origen a una revuelta popular que se conoce como "El Bogotazo" y a un largo periodo de violencia liberal-conservadora que dejó un saldo trágico de cerca de 300 mil muertos.
Luego de un periodo de dictadura militar (1953-1957), los partidos Liberal y Conservador pactaron el llamado Frente Nacional, que inició un nuevo periodo de acuerdo político entre los partidos tradicionales, que les permitió alternarse el ejercicio del Gobierno durante 16 años. Otras fuerzas políticas fueron entonces excluidas de la contienda política.
Las FARC tuvieron su origen en 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años setenta construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano. En la actualidad está formada por cerca de 10 mil combatientes, organizados en 70 frentes distribuidos en todo el país.
La UC-ELN surgió en 1965 en el departamento de Santander, como un proceso de radicalización de algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- que lideró Alfonso López Michelsen a finales de la década de los cincuentas, planteándose la toma del poder por las armas. Se calcula que cuenta con unos 5 mil combatientes, organizados en 30 frentes. Una fracción de la UC-ELN, denominada Corriente de Renovación Socialista, firmó en 1994 un acuerdo de desmovilización con el gobierno de César Gaviria.
El EPL tuvo origen en 1968, localizado en la región occidental de la Costa Atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de las exportaciones de la fruta creó un fuerte conflicto social. Una fracción considerable del EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria en marzo de 1991, y se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad.
Otros grupos guerrilleros, surgidos en las décadas de los 70 y 80, firmaron acuerdos de paz con los gobiernos Barco y Gaviria, para convertirse en movimientos o partidos politices. Son éstos, el Movimiento 19 de Abril -Ml9-, el Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT- y el Movimiento Quintín Lame.
Las FARC, la UC-ELN y el EPL, no obstante sus diferencias de trayectoria, políticas e ideológicas, conforman la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
Ante el surgimiento de las guerrillas y su pretensión de ganar influencia sobre la población campesina y sobre los movimientos populares urbanos, el Estado colombiano desarrolló desde los años sesenta, una estrategia contrainsurgente bajo la orientación de la llamada "doctrina de la seguridad nacional", que se aplicó con mayor rigor a partir del gobierno del presidente Turbay, con un saldo de graves violaciones a los derechos humanos.
No obstante que la pretensión aparente de la política contrainsurgente era la derrota de los grupos guerrilleros, ella se aplicó en forma indiscriminada contra importantes sectores de la población campesina y del movimiento popular urbano que fueron seriamente afectados.
Los propios grupos guerrilleros, si bien han sufrido serias derrotas militares, en la última década han aumentado su poder militar, hasta el punto que desde comienzos de los años ochentas se ha planteado por diferentes analistas, y por los propios actores del Conflicto armado -Gobierno y Guerrilla-, la imposibilidad de un triunfo militar de alguna de las partes, lo que invalida la salida militar.
Más de diez años de conversaciones de paz entre los sucesivos gobiernos y los grupos guerrilleros han dado lugar a algunos acuerdos de desmovilización, ya enunciados, pero no han logrado la firma de un acuerdo de paz global con las organizaciones guerrilleras más antiguas y con mayor capacidad militar.
Quizás el hecho de que los Gobiernos hayan considerado las negociaciones con los grupos guerrilleros como acuerdos de desmovilización, sin atender a la búsqueda de la solución de las causas originarias del levantamiento en armas, explique los precarios alcances de las políticas de paz hasta ahora aplicadas.
El Gobierno del presidente Samper, aparentemente con mayor realismo político que sus antecesores, ha iniciado el diseño de una nueva política de paz, cuya principal virtud parece ser el reconocimiento de que ninguna de las partes en el conflicto está en posibilidad de imponer condiciones a la otra, que por tanto los diálogos deben iniciarse para acordar una agenda en la que en principio no hay temas vedados, y que los diálogos se realizarán en medio del Conflicto.
El proceso de solución politiza al conflicto armado deberá partir del compromiso y de las acciones Concretas para dar solución al Conflicto social que subyace a aquél. Esa es la aspiración que expresan crecientemente diversos sectores de la sociedad colombiana, que reclaman la urgente necesidad de solución a un conflicto armado de tan profundas raíces y de mas de tres décadas, y que ha terminado por degradarse, lo que reclama un acuerdo urgente de humanización.
En efecto, de una parte, la estrategia estatal contrainsurgente de "quitarle el agua al pez", no ha reconocido limites a los objetivos y a los medios empleados para la guerra, afectando a la población civil y dando lugar a crímenes de tesa humanidad, cometidos en muchas ocasiones con particular sevicia.
De otra parte, aunque en proporción menor según revelan las cifras conocidas por las ONGs de derechos humanos, los grupos guerrilleros han cometido graves infracciones al derecho internacional humanitario, como homicidios deliberados, masacres y acciones que han comprometido la vida y la seguridad de la población civil.
2. El Paramilitarismo, estrategia contrainsurgente:Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del Conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del "enemigo interno", representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.
Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de "tipo antiterrorista" y para la "lucha anticomunista". En desarrollo de tal propósito es dietado el decreto 3398 de 196S, el cual fue convertido posteriormente en legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio el fundamento legal para la organización de la "defensa nacional", la "defensa civil" y la promoción en la organización de las "'autodefensas".
Bajo el amparo de dicha normas e inclusive desbordandolas, miembros, de la Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la Confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente.
Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el amedrantamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad social.
Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petroleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.
2.1. Métodos de acción del Paramilitarismo:En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o método de acción, sino que este ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública.
En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción: a) El involucramiento compulsivo de la población; b) La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente.
También se ha constatado la contratación de mercenarios extranjeros por parte sectores económicos y altas autoridades del Estado, los cuales han intervenido en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento.
a. El involucramiento compulsivo de la poblaciónHa sido habitual la intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.
Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado que llevan a cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales.
El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de "impuestos" ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos.
Tas es el caso de los proyectos implementados en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucuri (Santander), y de algunos municipios del departamento de Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cusiana.
b. La conformación de una estructura permanentePara la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas.
Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación, señaló la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección.
Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcado en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello.
Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias "Rambo" han sido expedidas órdenes de captura, es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas.
c. La contratación de personas para que realicen hechos específicos:Esta modalidad ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquia y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones.
Este accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de tesa humanidad.
Se ha podido determinar cómo personal de la Fuerza Pública ha intervenido para procurar la fuga, para coordinar las acciones en cuanto al momento y lugar de ejecución, y para dotar de armamento a quienes participen en los crímenes.
Pese a que a nivel de los organismos de control y de la rama jurisdiccional ha sido ampliamente documentada la conformación de estos grupos, sus mecanismos de financiamiento, su relación con la Fuerza Pública y su responsabilidad en la ejecución de crímenes de tesa humanidad, la gran mayoría de los hechos permanecen en la impunidad, altos oficiales de la Fuerza Pública han sido ascendidos y los grupos paramilitares han extendido su accionar y poderío en el territorio nacional.
Desde el Gobierno Nacional la persecución y desestructuración de estos grupos se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno.
2.2. La reactivación de la acción paramilitar:Frente a los anuncios de la administración del Presidente Samper en materia de políticas de paz y de derechos humanos, el fenómeno del Paramilitarismo, y la reactivación de sus acciones, constituye la más profunda preocupación de los organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades estatales se han negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y por sobre todo, a tomar las decisiones que se requieren para poner control a su acción criminal.
En efecto, la actitud de las autoridades de negar los diversos grados de conexidad entre los grupos de particulares armados y unidades militares, con el consentimiento o la tolerancia de los mandos de las Fuerzas Militares, las ha conducido a pretender a toda costa evitar la discusión sobre la acción paramilitar, con la consideración de que se trata de una conjura de la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de las fuerzas armadas gubernamentales.
Durante los seis meses que trascurridos de la administración del Presidente Samper, a pesar de pregonarse la humanización del conflicto armado interno, se aprecia una reactivación del Paramilitarismo, demostrada en el surgimiento de los grupos "Muerte a Comunistas y Guerrilleros' -Macogue- y "Colombia sin Guerrilla" -Colsingue-, los cuales tienen un radio de acción nacional y quienes han dirigido sus acciones especialmente contra dirigentes políticos y sindicales.
En noviembre de 1994 se realizó la Primera cumbre de las autodefensas de Colombia , en la que, según un documento de 57 páginas que ha sido conocido por las ONGs colombianas, se aprobó "... seguir considerando como blancos militares, a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda, mientras los grupos insurgentes no humanicen la guerra y continúen asesinando militares y civiles fuera de combate, así como a los familiares de los miembros de las autodefensas".
De otra parte, constituye motivo de preocupación la aprobación del Decreto 3567 del 11 de febrero de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en cuyo Art. 34 se lee: "... la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencias de funcionamiento a cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias para operar el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada en el área donde tienen asiento la comunidad. Podrán operar con o sin armas".
En noviembre pasado, el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, informó al país la puesta en ejecución del programa de cooperativas rurales de seguridad, que luego fueron denominadas "asociaciones", las cuales, a juicio de las ONGs de Derechos Humanos, tienen el serio riesgo de convertirse en formas legalizadas de los grupos paramilitares para realizar acciones armadas ofensivas contra la población civil que sea considerada "simpatizante" o "colaboradora" de los grupos guerrilleros.
Las explicaciones dadas hasta el momento por el Gobierno de Colombia para responder a las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad colombiana en relación con las asociaciones de seguridad rural, se fundamentan en señalar que las autoridades militares y de policía ejercerán un celoso control sobre dichas asociaciones para que no desborden el marco de su acción, en apariencia circunscrito a labores de información a las autoridades y dotadas con armas de defensa personal.
Al respecto es preciso anotar que resulta difícil aceptar que el Gobierno pueda comprometerse a mantener el control sobre la acción de dichas asociaciones, para evitar que se conviertan en formas legalizadas del Paramilitarismo, si se tiene en cuenta que uno de los argumentos de las autoridades estatales para explicar la ausencia de resultados en el combate a este fenómeno es precisamente que las autoridades militares y de policía han estado imposibilitadas para controlarlo.
2.3. La urgencia de adoptar medidas:Desmontar los grupos paramilitares, e investigados y sancionados los crímenes de tesa humanidad provenientes de estos grupos, e igualmente debe impedirse la presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional.
Además, hacer efectivas las ordenes de captura existentes contra miembros de grupos paramilitares
Investigar y sancionar a sus financiadores, integrantes y las autoridades que han intervenido en su promoción y/o protección.
Abstenerse de dar trato especial o benigno (amnistías, indultos, cuasi-amnistías, cuasi-indultos) en virtud de eventuales negociaciones de paz con el ejecutivo.
Derogar todas las normas o actos administrativos que autoricen, ordenen o favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares, así como de aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el Art. 34 del Decreto 3567 de febrero de 1994.
Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal de la Fuerza Pública que ha sido señalado por parte de organismos nacionales o internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de este tipo de grupos.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO ARMADO
Una de las principales conclusiones que contiene el documento es que: El conflicto se instaló en la periferia campesina, se ensañó en ella y se ha mantenido al margen del sistema político.
Por: NULLVALUE
Para: El Tiempo
23 de septiembre de 2003
Una de las principales conclusiones que contiene el documento es que: El conflicto se instaló en la periferia campesina, se ensañó en ella y se ha mantenido al margen del sistema político.
El estudio identifica al menos seis razones como desencadenantes del conflicto armado en el país: en las zonas de colonización hubo espacio para ejércitos no estatales; el Frente Nacional acabó con la violencia, pero dejó remanentes de guerrilla social campesina; las organizaciones guerrilleras y los paramilitares acabaron en la periferia; en Colombia no se dieron las condiciones clásicas para el triunfo de la insurgencia; el Estado fracasó en prevenir y resolver el conflicto; y la clase dirigente no articuló una respuesta desde el centro de la política.
Se establece además que algunas razones topográficas y el modo como se pobló el territorio establecieron una estructura de tenencia de la tierra que produjo excedentes de población rural. Una parte migró a las ciudades y otra se constituyó en ejército de reserva para colonizar nuevas fronteras.
La colonización fue una válvula de escape a la presión demográfica y a las reformas sociales en el centro . Al principio la colonización permitió la conexión del Caribe con los Andes, pero después, los excedentes demográficos, el desplazamiento forzado por la violencia y las bonanzas locales (lícitas e ilícitas) se encontraron en zonas que, desde el sur, envolvieron el centro del país. En esas regiones, el conflicto encontró nuevas y poderosas fuentes de alimentación.
Los investigadores plantean que en una colonización espontánea y sin dirección estatal, el colono tiene pocas probabilidades de éxito y por eso cada territorio de colonización es un cementerio de ilusiones. Sólo el paso del tiempo muestra quiénes son los dueños y de qué son dueños. Los derechos de propiedad, que son precarios, constituyen la base del orden social, pero generan incertidumbre, inestabilidad y conflictos.
Agregan que, en esos territorios coexisten el esfuerzo, la creatividad, la apertura y la movilidad social con la vulnerabilidad, el engaño y la indefensión frente al más rico, el más poderoso o el mejor armado. Existe un orden jurídico difuso -no son claros los derechos y obligaciones- y el Estado no garantiza el respeto imparcial y efectivo de los tratos o contratos. El vacío de Estado consiste en que no ejerce coerción o autoridad para interpretar y hacer los acuerdos.
Por eso, prosperan los conflictos, los abusos y la justicia por mano propia o por mano de obr
Tema 1: "ANTECEDENTES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA."
POR: JORGE CANTILLO BARRIOS
PARA: Diario El Heraldo
La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, integrada por 12 expertos, entregó informe para ayudar a entender las razones del conflicto.
Decir que la guerra no ha alcanzado sus objetivos, o que no hay un consenso sobre los orígenes de la misma, parecen argumentos facilistas para uno de los capítulos más trágicos de la vida política y social del país que todavía no hemos podido cerrar. Sin embargo la aceptación de estas premisas por parte de los principales actores de este conflicto, el Estado y la guerrilla de las Farc, constituye un paso fundamental e histórico hacia una reconciliación que cada vez se ve más cerca.
Por la necesidad de entender las razones del conflicto armado, la Mesa de Diálogos de La Habana instauró mediante un acuerdo, el 5 de agosto de 2014, la Comisión de Memoria Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
A esta comisión integrada por 12 expertos y dos relatores, escogidos en conjunto por las partes negociadoras, se les encomendó la tarea de “producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población”.
Dicho informe fue presentado la semana pasada a la Mesa de Diálogos y constituye, en palabras de la delegación de las Farc, “un relato plural, aún en construcción, pero ya no unilateral” de lo que ha sido la guerra en Colombia. Allí se recogen las visiones individuales de los 12 expertos, además de las dos relatorías que, siguiendo la metodología, independencia y autonomía académica adoptada por los expertos, fueron desarrolladas por cada relator.
En total son 14 documentos con visiones heterogéneas de la génesis, desarrollo y consecuencias del conflicto. EL HERALDO se dispuso a la tarea de revisarlos y presentar sus principales conclusiones.
¿Cuándo comenzó el conflicto?
No hay un acuerdo generalizado sobre el período exacto del inicio del actual conflicto armado, sin embargo existen tres posturas a tener en cuenta.
La primera dice que la “protogénesis” del conflicto es el período entre 1929/30 y 1957/1958, debido a que según Sergio de Zubiría “se deciden aspectos centrales de nuestra historia”.
Otros comisionados como Darío Fajardo, Javier Giraldo y Julio Estrada coinciden en afirmar que en la década del 20 se dieron los primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra, la cual constituye el problema fundamental del conflicto. “En los procesos acaecidos a partir de la década de 1920 se encuentran los orígenes del actual conflicto social y armado”, plantea Estrada.
Una segunda visión coloca el inicio del conflicto a finales del Frente Nacional e incluso a principios de la década del 80 con el auge del narcotráfico, como plantea Jorge Giraldo. Esta postura sostiene que el periodo de La Violencia (1948–58) respondía a causales distintas al actual conflicto armado, y que las guerrillas si bien reciben una herencia sustancial de La Violencia partidista, el conflicto surgido posterior al Frente Nacional, según Francisco Gutiérrez Sanín, es distinto “en sus protagonistas, principales motivos y lógicas subyacentes”. Gustavo Duncan y Vicente Torrijos también comparten esta interpretación.
La tercera postura la comparten comisionados como el historiador francés Daniel Pécaut y el sociólogo Alfredo Molano, esta coloca el inicio del conflicto en el período de La Violencia, es más, este último inicia su informe diciendo: “El conflicto armado comienza con la Violencia”.
¿Por qué surgió?
Tampoco existe un criterio unificado, no obstante se identifican varios factores determinantes para el surgimiento de la guerra.
La tierra es quizá el mayor punto de encuentro entre los diferentes enfoques de los comisionados. Darío Fajardo, coloca el factor agrario como “desencadenante” de los enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas. Por su parte el padre Javier Giraldo, partiendo de un enfoque que comprende el conflicto “dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión”, coloca el problema de la tierra como eje fundamental para entender el conflicto, “ya que la tenencia de la misma está directamente relacionada con tres necesidades básicas, vivienda, alimentación y trabajo/ingreso”. En la medida que el Estado falla en garantizar dichas necesidades, legitima el derecho a la rebelión de los ciudadanos que, siendo llevado a su punto máximo, explica el surgimiento de la insurgencia.
El capitalismo es otra causa explicativa que señalan varios expertos, entre ellos Víctor Moncayo, quien sostiene que la lucha de clases derivada de la imposición de un orden capitalista engendra conflictos sociales profundos que para Colombia significaron el surgimiento de los ejércitos insurgentes. Jairo Estrada, coincide con este planteamiento al colocar como tesis central de su informe que la “contrainsurgencia y subversión son inherentes al orden social capitalista imperante en nuestro país. Si la subversión asumió también la expresión de la rebelión armada, ello se explica esencialmente por las condiciones histórico-concretas de constitución y reproducción de ese orden social”.
Román Vega y Vicente Torrijos, destacan el papel de los Estados Unidos y el contexto internacional en el surgimiento y desarrollo del conflicto colombiano. El primero ve en el país anglosajón un actor estratégico en la génesis y duración de la guerra contra la insurgencia, sostiene que “Estados Unidos no es una mera influencia externa, sino un actor directo del conflicto, debido a su prolongado involucramiento durante gran parte del siglo XX”.
Por su parte, Torrijos destaca la influencia que tuvo la revolución cubana y la expansión del comunismo en los procesos que derivaron en el surgimiento de las guerrillas colombianas.
Gustavo Duncan plantea que la explicación al conflicto surge de la relación entre las variables de la exclusión/desigualdad con la criminalidad, especialmente con la práctica del secuestro y el narcotráfico. Estas variables configuraron las dinámicas de los grupos insurgentes, tanto guerrilleros como paramilitares, y redefinieron las relaciones entre el centro y la periferia, ya que el Estado era incapaz de ofrecer una protección efectiva en las regiones, permitiendo la construcción de estructuras alternas de poder en esos territorios.
Otra parte de los comisionados identifica una variedad considerable de causas para determinar el origen del conflicto armado, estas fueron recogidas por el relator de la comisión, Eduardo Pizarro, bajo el concepto de “fallas geológicas” en la construcción del Estado. Esto se refiere a la debilidad institucional del Estado producto de un desordenado y caótico proceso de constitución y consolidación.
¿Por qué ha durado tanto?.
El narcotráfico es una de las principales causas de la longevidad de nuestro conflicto armado, su influencia y la manera como ha interactuado con las guerrillas y el paramilitarismo ha sido fundamental para alimentar la guerra. Pécaut, Duncan, Molano, entre otros colocan al narcotráfico como el “factor de mayor mutación del conflicto”, no solo porque financió a los movimientos insurgentes y contrainsurgentes, sino porque además permeó las esferas del Estado.
Otro factor destacable es el afianzamiento de las políticas neoliberales durante la década de los 90, que debilitaron considerablemente al campesinado propiciando que este se volcara a la criminalidad mediante la siembra de cultivos ilícitos y bajo el control de paramilitares y guerrilleros. Moncayo es uno de los expertos que defiende esta postura.
Sobre este punto también se hace importante el factor de la “fallas geológicas” del Estado, ya que el conjunto de la debilidad institucional, la falta de pluralismo político y el auge de la contrainsurgencia, generó una desconfianza entre el Estado y la guerrilla que hasta el día de hoy ha truncado 11 procesos de paz.
Conclusiones y puntos de encuentro.
La tierra, el origen político del conflicto armado, el narcotráfico como principal factor de prolongación y degradación de la guerra, y la vital importancia que tendrá el posconflicto, son los puntos de convergencia fundamentales que tienen los informes de la CHCV. Estos no pretenden ser una comisión de la verdad, necesaria en una lógica del posconflicto, pero se convierten en insumo para la misma, así como en el primer ejercicio de construcción plural de memoria histórica y un aporte importante para acompañar al actual proceso de paz, que busca ponerle fin a una guerra “arcaica, inútil, costosa y sin futuro”, como concluye la comisión.
PARA: Diario El Heraldo
La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, integrada por 12 expertos, entregó informe para ayudar a entender las razones del conflicto.
Decir que la guerra no ha alcanzado sus objetivos, o que no hay un consenso sobre los orígenes de la misma, parecen argumentos facilistas para uno de los capítulos más trágicos de la vida política y social del país que todavía no hemos podido cerrar. Sin embargo la aceptación de estas premisas por parte de los principales actores de este conflicto, el Estado y la guerrilla de las Farc, constituye un paso fundamental e histórico hacia una reconciliación que cada vez se ve más cerca.
Por la necesidad de entender las razones del conflicto armado, la Mesa de Diálogos de La Habana instauró mediante un acuerdo, el 5 de agosto de 2014, la Comisión de Memoria Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
A esta comisión integrada por 12 expertos y dos relatores, escogidos en conjunto por las partes negociadoras, se les encomendó la tarea de “producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población”.
Dicho informe fue presentado la semana pasada a la Mesa de Diálogos y constituye, en palabras de la delegación de las Farc, “un relato plural, aún en construcción, pero ya no unilateral” de lo que ha sido la guerra en Colombia. Allí se recogen las visiones individuales de los 12 expertos, además de las dos relatorías que, siguiendo la metodología, independencia y autonomía académica adoptada por los expertos, fueron desarrolladas por cada relator.
En total son 14 documentos con visiones heterogéneas de la génesis, desarrollo y consecuencias del conflicto. EL HERALDO se dispuso a la tarea de revisarlos y presentar sus principales conclusiones.
¿Cuándo comenzó el conflicto?
No hay un acuerdo generalizado sobre el período exacto del inicio del actual conflicto armado, sin embargo existen tres posturas a tener en cuenta.
La primera dice que la “protogénesis” del conflicto es el período entre 1929/30 y 1957/1958, debido a que según Sergio de Zubiría “se deciden aspectos centrales de nuestra historia”.
Otros comisionados como Darío Fajardo, Javier Giraldo y Julio Estrada coinciden en afirmar que en la década del 20 se dieron los primeros enfrentamientos violentos a raíz de la lucha por la tierra, la cual constituye el problema fundamental del conflicto. “En los procesos acaecidos a partir de la década de 1920 se encuentran los orígenes del actual conflicto social y armado”, plantea Estrada.
Una segunda visión coloca el inicio del conflicto a finales del Frente Nacional e incluso a principios de la década del 80 con el auge del narcotráfico, como plantea Jorge Giraldo. Esta postura sostiene que el periodo de La Violencia (1948–58) respondía a causales distintas al actual conflicto armado, y que las guerrillas si bien reciben una herencia sustancial de La Violencia partidista, el conflicto surgido posterior al Frente Nacional, según Francisco Gutiérrez Sanín, es distinto “en sus protagonistas, principales motivos y lógicas subyacentes”. Gustavo Duncan y Vicente Torrijos también comparten esta interpretación.
La tercera postura la comparten comisionados como el historiador francés Daniel Pécaut y el sociólogo Alfredo Molano, esta coloca el inicio del conflicto en el período de La Violencia, es más, este último inicia su informe diciendo: “El conflicto armado comienza con la Violencia”.
¿Por qué surgió?
Tampoco existe un criterio unificado, no obstante se identifican varios factores determinantes para el surgimiento de la guerra.
La tierra es quizá el mayor punto de encuentro entre los diferentes enfoques de los comisionados. Darío Fajardo, coloca el factor agrario como “desencadenante” de los enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas. Por su parte el padre Javier Giraldo, partiendo de un enfoque que comprende el conflicto “dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión”, coloca el problema de la tierra como eje fundamental para entender el conflicto, “ya que la tenencia de la misma está directamente relacionada con tres necesidades básicas, vivienda, alimentación y trabajo/ingreso”. En la medida que el Estado falla en garantizar dichas necesidades, legitima el derecho a la rebelión de los ciudadanos que, siendo llevado a su punto máximo, explica el surgimiento de la insurgencia.
El capitalismo es otra causa explicativa que señalan varios expertos, entre ellos Víctor Moncayo, quien sostiene que la lucha de clases derivada de la imposición de un orden capitalista engendra conflictos sociales profundos que para Colombia significaron el surgimiento de los ejércitos insurgentes. Jairo Estrada, coincide con este planteamiento al colocar como tesis central de su informe que la “contrainsurgencia y subversión son inherentes al orden social capitalista imperante en nuestro país. Si la subversión asumió también la expresión de la rebelión armada, ello se explica esencialmente por las condiciones histórico-concretas de constitución y reproducción de ese orden social”.
Román Vega y Vicente Torrijos, destacan el papel de los Estados Unidos y el contexto internacional en el surgimiento y desarrollo del conflicto colombiano. El primero ve en el país anglosajón un actor estratégico en la génesis y duración de la guerra contra la insurgencia, sostiene que “Estados Unidos no es una mera influencia externa, sino un actor directo del conflicto, debido a su prolongado involucramiento durante gran parte del siglo XX”.
Por su parte, Torrijos destaca la influencia que tuvo la revolución cubana y la expansión del comunismo en los procesos que derivaron en el surgimiento de las guerrillas colombianas.
Gustavo Duncan plantea que la explicación al conflicto surge de la relación entre las variables de la exclusión/desigualdad con la criminalidad, especialmente con la práctica del secuestro y el narcotráfico. Estas variables configuraron las dinámicas de los grupos insurgentes, tanto guerrilleros como paramilitares, y redefinieron las relaciones entre el centro y la periferia, ya que el Estado era incapaz de ofrecer una protección efectiva en las regiones, permitiendo la construcción de estructuras alternas de poder en esos territorios.
Otra parte de los comisionados identifica una variedad considerable de causas para determinar el origen del conflicto armado, estas fueron recogidas por el relator de la comisión, Eduardo Pizarro, bajo el concepto de “fallas geológicas” en la construcción del Estado. Esto se refiere a la debilidad institucional del Estado producto de un desordenado y caótico proceso de constitución y consolidación.
¿Por qué ha durado tanto?.
El narcotráfico es una de las principales causas de la longevidad de nuestro conflicto armado, su influencia y la manera como ha interactuado con las guerrillas y el paramilitarismo ha sido fundamental para alimentar la guerra. Pécaut, Duncan, Molano, entre otros colocan al narcotráfico como el “factor de mayor mutación del conflicto”, no solo porque financió a los movimientos insurgentes y contrainsurgentes, sino porque además permeó las esferas del Estado.
Otro factor destacable es el afianzamiento de las políticas neoliberales durante la década de los 90, que debilitaron considerablemente al campesinado propiciando que este se volcara a la criminalidad mediante la siembra de cultivos ilícitos y bajo el control de paramilitares y guerrilleros. Moncayo es uno de los expertos que defiende esta postura.
Sobre este punto también se hace importante el factor de la “fallas geológicas” del Estado, ya que el conjunto de la debilidad institucional, la falta de pluralismo político y el auge de la contrainsurgencia, generó una desconfianza entre el Estado y la guerrilla que hasta el día de hoy ha truncado 11 procesos de paz.
Conclusiones y puntos de encuentro.
La tierra, el origen político del conflicto armado, el narcotráfico como principal factor de prolongación y degradación de la guerra, y la vital importancia que tendrá el posconflicto, son los puntos de convergencia fundamentales que tienen los informes de la CHCV. Estos no pretenden ser una comisión de la verdad, necesaria en una lógica del posconflicto, pero se convierten en insumo para la misma, así como en el primer ejercicio de construcción plural de memoria histórica y un aporte importante para acompañar al actual proceso de paz, que busca ponerle fin a una guerra “arcaica, inútil, costosa y sin futuro”, como concluye la comisión.
EVENTO POSCONFLICTO- 5 NOV. 2015
PREPARAR EL POST-CONFLICTO EN COLOMBIA DESDE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO Y PAZ: RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y LAS EMPRESAS*
Miguel Barreto Henriques**
RESUMEN
En este artículo se pretende señalar que un escenario de post
conflicto en Colombia encierra profundos desafíos políticos,
sociales y económicos. A la firma de un acuerdo político con
la insurgencia se seguirán largos años de un complicado y
exigente proceso de construcción de una paz sostenible y
duradera. Este requiere la participación de amplios sectores
de la sociedad colombiana y que los acuerdos “bajen” hasta
las regiones y a las comunidades que padecieron décadas
de violencia. En este contexto, el objetivo de este artículo
Aceptado: 10 de febrero de 2014
Artículo de reflexión
* Este documento recoge algunos de los insumos e ideas clave de
la tesis doctoral “Laboratorios de Paz en territorios de violencia(s):
¿abriendo caminos para la paz positiva en Colombia?”, presentada en
la Universidad de Coimbra, en Portugal, y fue presentado en el evento
“Cooperación internacional y post-conflicto”, realizado por la Red
Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Red Prodepaz),
el 27 de noviembre de 2013, en Bogotá.
** Profesor Asociado del Programa de Relaciones Internacionales, de
la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, doctor en política
internacional y resolución de conflictos, de la Universidad de Coimbra,
en Portugal. [email protected]
REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
es, en primer lugar, subrayar el potencial de los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) en un
escenario de post conflicto en Colombia, en cuanto modelos consolidados de construcción de
paz desde la sociedad civil y las regiones; y, en segundo lugar, analizar cómo la cooperación
internacional y las empresas podrán respaldar estas iniciativas en este nuevo entorno político
nacional, teniendo en cuenta lecciones aprendidas de la experiencia de colaboración y alianza
con los PDP.
Palabras clave: Cooperación al desarrollo, Programas de Desarrollo y Paz (PDP), construcción
de paz, post conflicto
PREPARING FOR POST-CONFLICT IN COLOMBIA FROM DEVELOPMENT
AND PEACE PROGRAMS: CHALLENGES AND LEARNED LESSONS
FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND COMPANIES
ABSTRACT
This article aims to underline that a potential post-conflict scenario in Colombia holds profound
political, social and economic challenges. After the signing of a political agreement with the
guerrilla, the country will face a complicated and demanding process of peace-building aiming
to generate a sustainable and everlasting peace. This process requires the participation of
broad sectors of Colombian society and that the agreements are implemented in the regions
and communities who experienced decades of violence. In this context, the objective if this
paper is, firstly, to highlight the potential of the Peace and Development Programs (PDP), as
consolidated regional models of peace-building put in practice by civil society; and, secondly,
to analyze how international aid and enterprises could support these initiatives in a new national
political context, taking into account lessons learnt from the previous experience of alliance and
collaboration with the PDP.
Keywords: Development aid, Development and Peace program (PDP), peace-building, post-
conflict
PREPARE PÓS-CONFLITO NA COLÔMBIA, DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO
E PAZ: DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS PARA A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
E NEGÓCIOS
RESUMO
Este artigo pretende assinalar que um cenário de pós-conflito na Colômbia implica profundos
desafios políticos, sociais e econômicos. Para a assinatura de um acordo político com a
insurgência serão necessários longos anos de um complicado e exigente processo de construção
PREPARAR EL POST-CONFLICTO EN COLOMBIA DESDE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PAZ:
RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LAS EMPRESAS
REVISTA - Bogotá (Colombia) Vol. 9 No. 1 - Enero - Junio
de uma paz sustentável e duradoura. Isso requer a participação de amplos sectores da sociedade
colombiana e que os acordos “baixem” às regiões e às comunidades que padeceram por
décadas a violência. Neste contexto, o objetivo deste artigo é, em primeiro lugar, enfatizar
o potencial dos Programas de Desenvolvimento e Paz PDP em uns cenários de pós-conflito
na Colômbia, como modelos consolidados de construção de paz desde a sociedade civil e as
regiões; e, em segundo lugar, analisar como a cooperação internacional e as empresas poderão
apoiar estas iniciativas neste novo contexto político nacional, levando em consideração as
lições aprendidas da experiência de colaboração e aliança com os PDP.
Palavras chave: Cooperação para o desenvolvimento, Programas de Desenvolvimento e Paz
PDP, construção de paz, pós-conflito
INTRODUCCIÓN
Colombia se enfrenta actualmente a uno de los mayores desafíos de su historia reciente: poner
definitivamente fin a un sangriento conflicto armado de cinco décadas y construir un país y una
sociedad en paz.
La posibilidad de un acuerdo político entre las FARC y el gobierno nacional en la Habana
permite soñar con ese escenario, pero también genera varios interrogantes: ¿Cómo será la
etapa del post conflicto en Colombia? ¿Qué desafíos se presentarán al país y a la sociedad?
¿Qué riesgos y peligros podrán enfrentar? ¿Cómo se pacificará política, social y culturalmente la
sociedad y las regiones? ¿Cómo se procesará la construcción de una paz duradera y sostenible
a largo plazo? ¿Qué actores podrán desempeñar un papel importante en este cuadro?
El presente documento subrayará la importancia de la sociedad civil en la construcción de una
paz sostenible y duradera, enfocándose en el rol que podrán jugar los Programas de Desarrollo
y Paz (PDP), la cooperación internacional y las empresas en un escenario de post conflicto en
Colombia. Buscará, en primer lugar, analizar y enfatizar el potencial de los PDP como actores
y modelos de construcción de paz desde las regiones; y, en segundo lugar, evaluar en qué
medida y cómo la cooperación internacional y las empresas privadas podrán respaldar estos
procesos en una etapa de post conflicto, teniendo en cuenta lecciones aprendidas de la previa
experiencia de colaboración y alianza con los PDP.
1. LOS RETOS DEL POST CONFLICTO EN COLOMBIA
Si algo nos ha mostrado las experiencias de varios países en el mundo, como El Salvador,
Guatemala o Irlanda del Norte, es que un escenario de post conflicto trae tantos desafíos
políticos y sociales a un país como el mismo proceso de paz y el conflicto armado.
Miguel Barreto Henriques
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Un proceso de negociación y un acuerdo de paz tienen un alcance limitado. Permiten un
primer paso fundamental e indispensable para la paz: el silenciamiento de los fusiles de los
actores armados, pero no necesariamente eliminar los gérmenes de violencia y las raíces de
la conflictividad. Inciden tan solo sobre una de las dimensiones de un conflicto –los aparatos
armados de los grupos ilegales y sus comandos políticos (Granada, Restrepo y Vargas, 2009:
103). Por lo tanto, no son garantía de un país verdaderamente pacificado, sino de una paz
frágil, limitada e imperfecta. No generan una paz sostenible y duradera, que sea transversal a
todos los niveles y esferas de relaciones sociales.
Colombia es un país cuya violencia es un fenómeno particularmente complejo y muldimensional.
Adopta diversas modalidades, formas y expresiones, en las cuales se interconectan y se cruzan
violencia insurgente, paramilitar, mafiosa, criminal y narcotraficante, y no se circunscriben a la
existencia de grupos alzados en armas (McDonald, 1997: 1). La violencia en Colombia está
enraizada y es alimentada y sostenida por factores políticos y socio-económicos estructurales.
El conflicto armado está enmarcado en procesos históricos de largo plazo y de varias índoles,
que se tradujeron en un panorama de marginalización política, social y económica de amplios
sectores de la población colombiana, en particular, del campesinado, y en la exclusión, o
precaria integración, de algunas regiones y zonas de Colombia, del desarrollo, la democracia
y las instituciones del Estado. Se cristalizó una brecha entre el centro y periferia del país, entre
“dos Colombias”, asimétricas política, social y económicamente, factor que ha alimentado
históricamente el desarrollo de grupos armados ilegales y la emergencia de violencia bajo
distintas modalidades y formas. La violencia armada ha emergido sociológicamente y se ha
circunscrito sobre todo a la Colombia rural.
Por lo tanto, si los esfuerzos de pacificación de Colombia se limitan a la dimensión de meros
acuerdos entre el Estado y la insurgencia, y no se abordan las causas de la conflictividad, hay
un gran riesgo que el país no sea verdaderamente pacificado y que la violencia reincida o se
transfigure y asuma nuevas formas y modalidades en los territorios periféricos y rurales del país,
y se sigan generando y alimentado grupos con la capacidad de desafiar el monopolio legítimo
de la fuerza sea en la forma de guerrillas, de grupos paramilitares, narcotraficantes o pandillas.
De hecho, el riesgo de no abordar las causas subyacentes de los conflictos es tan grande como
no tratar los síntomas de una enfermedad (Burton, 1990).
El fenómeno de las “nuevas bandas emergentes” o BACRIM, que se sucedieron al proceso
formal de desmovilización de las AUC, o de las “maras” en Centroamérica, en donde una
“guerra de frentes se convirtió en una guerra de todas las esquinas” (Vincenti, 2008), revela,
en gran medida, esta realidad y constituye un alerta para los peligros y riesgos de un escenario
post-negociación.
Por esta razón, es importante subrayar que la paz no se materializará en Colombia, como
un “café instantáneo”, en el día que se firme un acuerdo entre el gobierno y las FARC. La
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construcción de una paz duradera, sostenible y positiva1
y que requiere la participación de muchos más actores de la sociedad, más allá del Estado y de
los actores armados.
Pasará por las distintas esferas y niveles de la organización social, por las políticas macro definidas
desde la Casa de Nariño, en Bogotá, pero también por cada región, territorio y vereda del país,
que tendrán que generar nuevas formas de convivencia. Implica un “desarme” social, político,
económico y cultural de la sociedad colombiana, y el cambio de una cultura de violencia por
una cultura de paz. Es un proceso paulatino y progresivo que se juega a varias escalas y niveles
e implica la participación amplia de la población. Usando una metáfora de Lederach (2007:
37), uno de los más reputados teóricos en temas de resolución de conflictos, para construir la
“casa de la paz”, se requiere un trabajo tanto en el techo como en los cimientos, tanto en la
cima, como la base de la pirámide del conflicto; todos los niveles son igualmente importantes
para que esta se sostenga y no caiga.
En este sentido, todos los actores políticos, económicos y sociales del país, desde los partidos,
a las universidades, de los empresarios, a las ONG, de las gobernaciones a las comunidades de
base, de los individuos a las organizaciones de la comunidad internacional, tendrán un rol a
desempeñar en el post conflicto y un aporte a dar en la construcción de una Colombia en paz.
2. ¿QUÉ ROL PODRÁ DESEMPEÑAR LA SOCIEDAD CIVIL EN UN ESCENARIO DE
POST CONFLICTO EN COLOMBIA? ANÁLISIS DE LOS CASOS DE LOS PDP,
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DE LAS EMPRESAS
En la medida en que un proceso de construcción de paz es mucho más amplio que un proceso
de paz, se figura como fundamental la participación de la sociedad civil en un escenario de
post conflicto.
Su importancia resulta de la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la paz. Un proceso de
paz solo es sostenible si es apropiado por la población (Mouly, 2011: 304). La construcción de
la paz debe partir y enraizarse en el mismo suelo en que el conflicto se desarrolló (Lederach,
implica un proceso mucho más largo
1. El concepto de “paz positiva”, cuñado por Johan Galtung (1996), amplió el significado convencional de la paz,
simplemente de la antítesis de la guerra y revaluó el concepto de violencia de su sentido y connotación tradicional
–violencia física– para darle una significación más amplia. Desde este punto de vista, la paz no es solamente la ausencia
de la guerra, estos no son elementos equivalentes. Lo que le anima es una visión de la paz, no como antónimo de
la guerra, sino de violencias. Galtung concibe una paz definida positivamente, que implica una reestructuración
profunda de las relaciones humanas. Transmite un concepto amplio y denso de paz, uno que implica mucho más
que el silenciamiento de los fusiles. Se basa en una visión integral de la paz y los conflictos, que establece un vínculo
claro y fuerte entre el desarrollo, la justicia social y los temas de la paz.
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1997: 107) y solo se logrará mediante la participación de los protagonistas y las víctimas de la
violencia en cada región y localidad del conflicto (McDonald, 1998: 93). Para que la paz se
consolide y gane raíces hay que crear la paz entre vecinos y en el seno de las comunidades. La
“gente” es la clave para desarrollar una infraestructura y una cultura de paz a largo plazo.
En las últimas dos décadas han emergido en Colombia un alto número de iniciativas de construcción
de paz desde la sociedad civil, que han demostrado otro lado y dimensión del conflicto y han
configurado este país como un escenario simultáneamente de guerra y de paz (o paces).
2.1 LOS PDP EN UN ESCENARIO DE POST-CONFLICTO
En este cuadro, los Programas de Desarrollo y Paz se han destacado como una de las más
interesantes, ambiciosas y originales iniciativas de construcción de paz puestas en marcha
desde la sociedad civil en Colombia.
Basados en la filosofía y metodología originales del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio (PDPMM), su enfoque para la paz se ha expandido a diversas regiones del país, con
resultados notables en el territorio, en términos de apertura de caminos alternativos para la paz,
a partir de procesos de desarrollo y de integración de grupos sociales excluidos a nivel local y
regional.
Los PDP representan hoy en Colombia un modelo consolidado de construcción de paz positiva
y sostenible desde la base, puesto en marcha a partir de la especificidad de las regiones y de los
territorios marginados del país, por organizaciones de la sociedad civil, en articulación con las
instituciones del Estado y con la cooperación internacional (Barreto Henriques, 2012).
En este cuadro se impone la cuestión: ¿Qué rol podrían cumplir los PDP en un escenario de
post-conflicto?
Un acuerdo político con la guerrilla conferiría necesariamente a los PDP un nuevo rol y misión.
Sus procesos sociales se han desarrollado, hasta el momento, en medio del conflicto armado,
en territorios de gran precariedad y violencia y contextos supremamente difíciles. No obstante,
han obtenido impactos positivos a nivel local en términos de resistencia civil, generación de
una cultura de paz y de ciudadanía, inclusión socioeconómica de campesinos y trabajo con las
comunidades de base.
En esta medida, un nuevo contexto político y social de paz potenciaría el rol de los PDP
en Colombia e incrementaría sus posibilidades de trabajo de construcción de paz con las
comunidades a nivel territorial.
Su potencial para un escenario de post conflicto reside en varios factores y elementos que se
han desarrollado e implementado en casi 20 años de labor para la paz:
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En primer lugar, los PDP tienen en cuenta la especificidad del conflicto armado y de la violencia
en Colombia. Configuran modelos de intervención territorial, para las zonas periféricas del
país, los espacios geográficos y sociales que han alimentado históricamente el conflicto.
Muestran líneas de acción concretas para la construcción de la paz duradera, en estos territorios
marginados del país, teniendo en cuenta los factores estructuradores del conflicto en Colombia,
estableciendo una metodología válida de aproximación a las causas profundas del conflicto y
las estructuras de exclusión que impiden el ejercicio de la ciudadanía para una buena parte de
la población.
En segundo lugar, han abierto una vía regional para la paz en el país, a partir de procesos
sociales a nivel micro, que han descentralizado la construcción de paz en Colombia (Barreto
Henriques, 2009: 559).
Estos elementos son fundamentales para estructurar un proceso integral de construcción de
paz en el post conflicto, pues una política o un proceso de paz en Colombia que no tenga
en cuenta la variable territorial y las particularidades regionales está condenada a fracasar o
a obtener impactos mitigados. Para que sea sostenible y duradera no puede basarse en un
enfoque estrictamente nacional. Necesita que encierre escalas y enfoques espaciales distintos
y agendas locales y regionales de paz, pasando necesariamente por el involucramiento de
las regiones, la participación activa de las comunidades y de la sociedad civil organizada
a partir de los territorios, de forma que pueda desactivar expresiones violentas, y enraizar
dinámicas de resolución pacífica de conflictos, de cultura de paz y de inclusión política, social,
económica, y regional.
En tercer lugar, el potencial de construcción de paz de los PDP para un marco de post-conflicto
reside en la integralidad de sus elementos. Se destacan por ser un programa multidimensional,
que integra simultáneamente diversas áreas y componentes de la construcción de la paz, desde
la vertiente económica, a la cultura de paz y al fortalecimiento institucional. Es una iniciativa de
aproximación integral y holística para la paz, que tiene como horizonte la construcción de la paz
positiva y no solo la ausencia de la guerra, elemento central en un escenario de post conflicto.
En cuarto lugar, su aporte radica especialmente en su propuesta de conjugar la paz con el tema
del desarrollo. Construir la paz mediante procesos de inclusión económica y de desarrollo
humano sostenible, aparece de forma innovadora e indisociable con estos programas. Los
PDP fueron pioneros en Colombia en su intento de combinar y “casar” la construcción de paz
desde la base con procesos de desarrollo, lo que ha permitido una cierta sostenibilidad de los
procesos sociales, un arraigo al territorio, y encierra un potencial de inmunización de sectores
sociales potencialmente en riesgo, como los campesinos y los jóvenes.
Parten del principio de que la construcción de la paz pasa por generar nuevas condiciones
de vida, la inclusión para la gente en el campo y por el desarrollo socioeconómico de las
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comunidades (Saavedra y Ojeda, 2006: 32), lo que se concibe como esencial, en la medida
en que la falta de horizontes de vida de la gente en el campo es un factor determinante
que alimenta el conflicto armado, y empuja a millares de familias hacia la economía de la
coca. En esta medida, intervenir sobre esta raíz del conflicto es un canal privilegiado para su
transformación.
En este contexto, han logrado construir o preservar espacios de economía lícita, confiriendo
alternativas de ocupación económica y dando nuevas posibilidades de vida a varios sectores
sociales como los jóvenes de las comunas de Barrancabermeja o los campesinos del sur del
Bolívar y del Patía, incidiendo de alguna forma sobre la violencia estructural y directa que
se hace sentir sobre la población más excluida de la región. Mediante estos procesos se han
robado hombres a la guerra, pero también espacio político y social.
De esta forma, los PDP se figuran como instrumentos de promoción de desarrollo rural integral
y micro-plataformas de inclusión de los campesinos, en la vida social, económica, política y
productiva, sector social que seguirá en una posición delicada y de riesgo en un escenario de
post conflicto.
En quinto lugar, los PDP desarrollan mecanismos y procesos que permiten “democratizar la
democracia” (Sousa Santos, 2003) a nivel regional y local y fortalecer las instituciones. Han
puesto en marcha diversos procesos de fomento de una democracia participativa a nivel local
y regional, con miras a acercar los ciudadanos a las instituciones, y fomentar un nuevo modelo
de relación entre gobernantes y gobernados, mediante procesos de articulación entre el sector
público y el privado, y entre la sociedad civil y las alcaldías y gobiernos departamentales, a través
de programas de rendición pública de cuentas y presupuestos participativos, y mecanismos
participativos de planificación como los “Planes de Vida” en el Cauca y Nariño y los “Núcleos
de Pobladores” en el Magdalena Medio.
En sexto lugar, los PDP permiten generar bolsas de una cultura de la paz, es decir, micro espacios
y expresiones de paz, en los cuales los valores de la civilidad y la solidaridad se han sobrepuesto
a las dinámicas de la violencia. Desarrollan un trabajo valiosísimo en el sentido de desarrollar y
generar una nueva cultura en los territorios y veredas de las regiones y cambiar los paradigmas
de pensamiento de las comunidades. Fomentan la exploración y desarrollo desde lo cotidiano
de nuevas formas de relación e interrelación que superan la polarización del conflicto armado,
deslegitiman cultural y socialmente la guerra y el recurso a la violencia. Aquí la paz emerge
como un proceso que se va construyendo cotidianamente desde las veredas de las regiones,
corporizando una “paz del día a día” (Richmond, 2008: 109). Estos procesos paulatinos son los
que permiten centar los cimientos de una paz sostenible y duradera.
Por último, el enfoque de los PDP permite de cierta forma reconciliar las “Dos Colombias”, o
sea, integrar los territorios y sectores sociales históricamente marginados, de las instituciones, la
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democracia y el desarrollo, aproximando las veredas de las regiones y la totalidad del territorio
nacional a la institucionalidad, al Estado de Derecho, y al desarrollo; llevando la democracia y
una cultura democrática y ciudadana a las veredas más remotas, proveyendo servicios públicos;
ayudando a llenar el profundo vacío institucional; repartiendo el bienestar y los dividendos
del desarrollo regional entre todos sin excepciones; disminuyendo el foso centro-periferia;
ayudando a superar las fronteras y periferias geográficas, políticas, sociales y económicas.
En cierta medida, es una forma de construcción del Estado y de la Nación, proceso que es
fundamental para la construcción de una Colombia en paz.
2.2 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LAS EMPRESAS EN UN ESCENARIO DE
POST CONFLICTO
Se ha enfatizado en este documento que un proceso de construcción de paz y de reconstrucción
post-bélica requiere la participación de amplios sectores de la sociedad.
En seguida, nos referiremos a dos actores que podrán desempeñar un rol importante en una
etapa de post conflicto en Colombia como aliados de los PDP –la cooperación internacional
y las empresas. Estos son actores esenciales para la consolidación de una economía de paz,
que sustente la construcción de una paz duradera. Como nos han demostrado los PDP en
sus procesos sociales a nivel comunitario, el desarrollo es un medio para la paz. Así, estos
dos actores, como protagonistas fundamentales del desarrollo, pueden hacer un aporte
relevante en esto.
Su importancia en este marco se ve agregada por el papel esencial que han desempeñado la
cooperación internacional y las empresas, en el pasado y presente, como aliados de los PDP
y protagonistas de sus procesos y vida cotidiana. Han garantizado su viabilidad financiera y su
buen financiamiento. La cooperación europea respaldó política y financieramente durante años,
por intermedio de los Laboratorios de Paz, estas iniciativas, permitiendo que se fortalecieran, se
consolidaran y se expandieran.
En breve, se podrán encontrar frente a un nuevo desafío: respaldar política y financieramente
una nueva fase de los PDP en un escenario distinto, pero igualmente exigente para la
construcción de paz: el post conflicto. Si los PDP vendrán a jugar una función importante en un
contexto de post conflicto, necesariamente dependerán de la cooperación internacional y de
las empresas, sus naturales e históricos aliados, para darles sostenibilidad y permitir que sigan
su rol. Una nueva fase de los Laboratorios de Paz podría abrirse para la cooperación europea
o podrían generarse nuevos mecanismos de apoyo a los PDP a lo ancho del territorio nacional
colombiano.
Pero no solo la cooperación internacional y europea tienen un papel potencial a desempeñar en
este contexto, empresas como Ecopetrol, ISA e ISAGEN han estado, desde el inicio, vinculadas
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a los PDP, especialmente en zonas como el Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño, siendo
partícipes fundamentales de sus procesos.
En esta medida, su rol podría extenderse en un escenario de post conflicto, especialmente en
un contexto en el cual los fondos de la cooperación internacional, por la crisis de la UE y de los
EEUU, y por el crecimiento económico notable de Colombia, configuran una tendencia para el
“cierre progresivo del grifo” de la ayuda al desarrollo en un país de renta media. La inversión
de las empresas en la construcción de la paz en Colombia, y, particularmente, en los PDP, es
una cuestión de responsabilidad social, pero también de generar una economía de paz, que
beneficia a las empresas, a los consumidores y los ciudadanos.
2.3 ¿CÓMO PODRÍA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL RESPALDAR LOS PDP
EN EL POST CONFLICTO? – LECCIONES APRENDIDAS DESDE LOS LABORATORIOS
DE PAZ
La cooperación internacional, especialmente la europea, tienen un trayecto común con los
PDP. La UE jugó un rol importante y confirió aportes fundamentales a los PDP, mediante la
consecución de tres Laboratorios de Paz, que abarcan siete regiones del país2
es el fruto de un “matrimonio” y de la convergencia de intereses y perspectivas políticas en
términos de construcción de paz entre los PDP y la UE. Pero, a pesar de que los PDP se figuren
como el eje a partir del cual se ha estructurado y desarrollado los Laboratorios de Paz, la UE ha
influenciado y transformado las iniciativas en varios dominios.
La posible apertura de una nueva fase de respaldo de la cooperación internacional a los PDP,
en un escenario de post conflicto, levanta cuestiones sobre de qué forma y en qué moldes
podría esta nueva etapa concretizarse.
Para proyectar y preparar este futuro podemos mirar hacia el pasado. Diez años de colaboración
y trabajo conjunto de la cooperación internacional con los PDP permiten tener la distancia
analítica para identificar lecciones aprendidas en este proceso, y rectificar y mejorar algunos
aspectos en un futuro escenario de post conflicto.
• La importancia del respaldo de la cooperación europea a los PDP:
Uno de los aportes más importantes de la cooperación internacional a los PDP es que su
consolidación y expansión se hizo mediante el apoyo de la cooperación europea, por la vía
. Esta iniciativa
2. El primer Laboratorio de Paz se conformó en el Magdalena Medio, el segundo Laboratorio en las regiones del Oriente
Antioqueño, Norte Santander, Macizo Colombiano y Alto Patía, y el tercer Laboratorio de Paz en el Meta y los
Montes de María.
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de la multiplicación de recursos, con la inyección financiera de la UE. Esto ha contribuido
a consolidar y expandir los esfuerzos y proyectos de los PDP y construir una base social
más fuerte, permitiendo convocar más organizaciones y alcanzar un número mayor de
municipios y personas3
Por lo demás, la presencia de la UE y de actores internacionales ha conferido un cierto blindaje
a los procesos sociales de base de los PDP frente a los actores armados, funcionando como una
especie escudo y de paraguas políticos.
En esta medida, el respaldo de la cooperación internacional a los PDP en un escenario de
postconflicto sigue siendo apremiante.
• La autonomía de la sociedad civil local en el primer Laboratorio de Paz:
Otro elemento a rescatar de la relación entre la cooperación europea y los PDP fue la autonomía
que se confirió a la sociedad civil local, específicamente al PDPMM, en los procesos del primer
Laboratorio de Paz. Este se estructuró sobre la base de la experiencia social, el equipo, los
principios y la filosofía de paz del PDPMM. La UE nunca ha sido el arquitecto ni el protagonista
principal de la iniciativa. El papel de la UE, y especialmente de la Comisión Europea, ha sido
de un guía, socio, garantía y verificador, pero no el de una imposición de términos sobre
el territorio (Mojica, 2007). El proceso ha sido hecho esencialmente de abajo hacia arriba,
manteniendo el Programa un elevado grado de autonomía y control del proceso y la CDPMM
el liderazgo y ejecución de la iniciativa (Bayona, 2007), lo que fue uno de los factores de su
éxito y sostenibilidad en el terreno.
Esta autonomía de los actores locales de la sociedad civil se perdió, en cierta medida, en la
concepción y estructuración del segundo y tercer Laboratorios de Paz, en los cuales hubo una
mayor imposición de dinámicas verticales por parte de la UE y del Estado colombiano, que
distorsionaron relativamente los procesos sociales para la paz.
Sería importante que, en articulaciones futuras entre la cooperación internacional y los PDP,
se volviera a tener en cuenta la centralidad de la sociedad civil en los procesos regionales de
construcción de paz, y se rescatara la dinámica del primer Laboratorio de Paz, lo que implica
respectar la autonomía política y social de los PDP.
.
3. Como señala Libardo Valderrama (2007), ex director de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, “el
Laboratorio de Paz fue una oportunidad para un impulso. Los recursos iníciales que teníamos eran muy diminutos.
Solamente podíamos llegar a un número muy limitado de pobladores y pobladoras. El Laboratorio permitió que
llegásemos a un mayor número de personas y que más gente participara en los procesos del Programa.”
Miguel Barreto Henriques
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• La introducción de dinámicas verticales: las contradicciones entre procedimientos
técnicos y realidad social
La participación de la UE trajo cambios importantes y substanciales a la estructura y metodología
de los PDP e introdujo diversas dinámicas verticales a los procesos. Una de las más importantes
se sitúa en el plano técnico-administrativo. No obstante, se ha vuelto un importantísimo tema
político y social, con efectos negativos en el terreno.
Esta dinámica se relaciona con la conversión de procesos sociales de construcción de paz
en proyectos de cooperación al desarrollo, sometidos a los procedimientos técnicos y
administrativos establecidos por la Comisión Europea. Particularmente la convocatoria
pública exigida por Bruselas, como metodología de selección y financiación de proyectos, ha
producido efectos secundarios perversos y fuertes externalidades negativas. A primera vista,
es un mecanismo técnico destinado a prevenir la corrupción y establecer transparencia en el
proceso. Sin embargo, este elemento se ha transformado en uno de los nudos gordianos de
los Laboratorios. En cierta medida, ha contribuido a obstaculizar que los sectores sociales más
excluidos de la población participen en los Laboratorios, ya que no tienen la capacidad técnica
para formular proyectos, cumplir los requisitos formales exigidos por la UE y tratar con la pesada
burocracia europea. El efecto ha sido la participación en los procesos de los Laboratorios de
organizaciones ejecutoras de proyectos con alguna dimensión y capacidad instalada, muchas
de ellas con experiencia previa en la ejecución de recursos de la cooperación internacional4
(Barreto Henriques, 2010).
En la medida en que esta iniciativa de paz pretende ser un mecanismo de inclusión, este factor
podría representar que la “cura” sea, de cierta forma, tan mala o peor que la “enfermedad”, al
convertirse en un mecanismo adicional de exclusión en las regiones y entre las organizaciones
sociales (Barreto Henriques, 2009: 576-577).
En el Magdalena Medio este factor ha tenido un efecto negativo adicional y más acentuado,
en la medida en que distorsionó y rompió con el proceso y metodología de participación
desarrollados por el PDPMM hasta el momento, basado en los “núcleos de pobladores”. Estos
constituyen espacios populares de participación y ejercicios de planeación participativa, en los
cuales organizaciones locales y pobladores de un municipio formulan diagnósticos regionales y
4. Como señala Tito Arbey Pito (2008), del CRIC, “el Laboratorio de Paz le permitió sólo a los grandes, a los que tenían
experiencia, poder ejecutar un proyecto”. Fanny Medina (2008) cuenta al respecto que “hubo organizaciones que
pagaron millones de pesos por la elaboración de los proyectos.” En alusión a otro caso sintomático y representativo
de esta situación, cuando se le preguntó a un coordinador de un proyecto productivo del Laboratorio del Macizo
Colombiano si había tenido dificultades en la formulación de su proyecto en el marco de la convocatoria, su reacción
fue: “No. Yo llevo 14 años formulando proyectos. Así, de cierta forma, los Laboratorios de Paz se basan en una “élite”
local de movilización y trabajo sociales.
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establecen propuestas de paz y desarrollo, expresas en las propuestas municipales o subregionales
(Katz, 2004: 32). El cambio de una metodología eminentemente participativa a una metodología
técnica y burocrática produjo muchísimos problemas al proceso social en el Magdalena Medio.
Como señala Carlos Moreno (2008: 104), implicó la substitución de una idea y dinámica de
democracia deliberativa, incorporada en la metodología de los núcleos de pobladores, por el
concepto de democracia competitiva de la UE, explanado en la convocatoria pública.
Los procedimientos técnicos y administrativos requeridos por la Comisión Europea son
percibidos en las regiones, por las organizaciones de base, como supremamente pesadas, lentas,
inflexibles y altamente burocráticas. Efectivamente, la UE posee una normatividad compleja
y ‘estandarizada’ que difícilmente se adapta a la realidad de algunas regiones colombianas,
caracterizadas por su informalidad, fragmentación, baja institucionalidad y pobreza. Como
refiere el Padre Eliecer Soto (2007), de la Pastoral Social de Barrancabermeja,
“a veces los proyectos sufren en su ejecución por qué no hay como legalizar o soportar
un gasto cumpliendo con todas las normas. No porque no se quiera, pero porque, en
una vereda como San Pablo, en Bolívar, por ejemplo, hay gente que no tiene un registro
tributario; hay gente que nunca ha salido del monte”5
Como es visible en este relato, en gran medida, la normatividad de la Comunidad Europea
ha chocado con la realidad social colombiana y con la cultura política de las regiones (Barreto
Henriques, 2010). Generó una lógica economicista, incoherente con las realidades locales y
con los mismos objetivos pretendidos de la iniciativa de paz. La cooperación europea no tuvo
en consideración el estado del tejido social e institucional de las regiones donde se implantó.
Se concentró en el acompañamiento econométrico de los proyectos y en el cumplimiento
de los estándares de los manuales de cooperación europeos, más que en la comprensión
de las dinámicas regionales (Moreno, 2008: 102), hecho que imprimió varias dificultades a
los procesos y proyectos. Quedó patente así un choque entre lenguajes diferentes y mundos
distintos, con evidentes dificultades en dialogar y conciliar6
.
.
5. Pero esta realidad se aplica igualmente a las demás regiones del país en donde se han establecido Laboratorios de
Paz. Como cuenta Fanny Medina (2008), de la Fundación Sol de Invierno, de Nariño, “En la parte técnica, el marco
lógico no es tan lógico y la guía práctica no es práctica. Está llena de minucias. Lo ponen a hablar en euros, en una
lógica súper minuciosa y súper medible. Una realidad tan compleja, como la Latinoamericana, no es tan medible. Eso
está hecho para un mundo donde todo funciona como un relojito, eso es milimétrico y el mundo latinoamericano
no está estructurado ni engranado de esa forma. Si fuera así, no necesitaríamos de un Laboratorio, ni de apoyos
internacionales. Por ejemplo, íbamos a presentar un taller, pero cuando llegamos nos dimos cuenta que el 90% eran
analfabetos o descontinuados. Tienes que ir y hacerte un juego para enseñar al otro, te tienes que volver totalmente
elástico, y el Laboratorio te dice ¿Cuántos libros escribió, cuántos folletos entregó?”
6. Esta realidad fue reconocida incluso por un funcionario de la Comisión Europea, que afirmó: “yo también alguna
vez pensé: pero aquí estamos completamente equivocados se queremos aplicar estas reglas. Pero no teníamos
alternativas y todavía no las tenemos”.
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Asimismo, los procedimientos y requerimientos técnicos de los Laboratorios de Paz han tenido
otro efecto secundario negativo de gran relevancia. Significaron una sobrecarga tremenda
sobre los equipos de trabajo de la CDPMM, y de las Entidades Coordinadoras Regionales de
los Laboratorios, que sobrepasó su capacidad y personal y, en gran medida, los transformó
en gestores y supervisores de proyectos, más que actores políticos y sociales en las regiones
(Gómez, 2008).
Estos son factores de enorme peso político y un condicionante esencial para la potencial
construcción de paz y resolución pacífica del conflicto armado. Como Libardo Valderrama
(2007), ex director de la Corporacion de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (CDPMM),
afirma: “el Laboratorio de Paz no pretende ser una empresa de proyectos. Los proyectos son
un medio para construir la paz y el desarrollo sostenible”. Igualmente, el padre Francisco De
Roux (2001), principal ideólogo del PDPMM, ha afirmado que “un laboratorio de paz no es una
billetera para financiar proyectos de desarrollo. Sino que es un proceso social, económico y
político: busca construir colectivamente una nueva sociedad”.
Esta finalidad se enfrenta además a que los timings de los proveedores de fondos de la
cooperación internacional tienden a ser de corto plazo. De hecho, el horizonte temporal de
la financiación europea a los Laboratorios de Paz es limitado (entre 4 y 8 años). Aunque los
Laboratorios se enmarquen, en su concepción y finalidad, en una lógica estructural y de largo
plazo que busca incidir sobre las causas profundas del conflicto, su horizonte de pocos años
claramente no configura ni permite transformaciones estructurales y choca con las necesidades
necesariamente de largo plazo de la construcción de la paz positiva y del desarrollo. Hay un
conjunto de micro procesos económicos que no aseguraron sostenibilidad, por el cortísimo
tiempo en que se ejecutaron (generalmente entre seis meses y dos años), traduciéndose en
iniciativas de valor, pero dispersas y volátiles (Barme y Bouchier, 2008: 88). Como refiere Fanny
Medina (2008), “los proyectos de desarrollo pasan a ser proyectos asistencialistas y eso vicia a
la comunidad, la daña.”
Esta situación configura un riesgo que se estructuren proyectos, más que procesos y que,
de esta forma, poco distinga a los Laboratorios de Paz y sus proyectos de una iniciativa de
la cooperación internacional “convencional” y “común y corriente” (Barreto Henriques,
2009: 577).
Se configura por lo tanto una situación que encuadra perfectamente en el debate introducido
por Mary B. Anderson (1999), en lo cual se refiere a los riesgos y potenciales efectos dañinos
de la cooperación y ayuda al desarrollo en escenarios de conflicto. La cooperación europea
claramente produjo algunas externalidades negativas en las regiones en donde aportó recursos
por vía de los Laboratorios, razón por la cual debe tener en cuenta estos elementos en futuros
escenarios de cooperación al desarrollo con los PDP.
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• Un papel político modesto de la UE
Respecto al rol y participación de la UE en el interior de los Laboratorios de Paz, se manifiesta
una tendencia divergente en el plano político. En cierta medida, mientras, a nivel técnico,
ha habido “Europa de más”, a nivel político, ha habido “Europa de menos”. Como señala
Calos Moreno (2008: 109), hay un desequilibrio entre los aspectos técnico-administrativos
y políticos de los Laboratorios que se ha manifestado en una ausencia de la UE en el terreno
y una falta de compromiso político con los Laboratorios. La UE ha ejercido un papel más de
“payer” que de “player”, es decir, de financiador, y menos de actor político. Esto es notorio
esencialmente en dos aspectos.
En primer lugar, se evidencia una cierta ausencia y distancia de la UE, protagonizado por la
Delegación de la Comisión Europea en Colombia, de los procesos y vida cotidiana de los
Laboratorios. Los funcionarios de la UE tienen una presencia muy reducida (o nula) en el
. Su acompañamiento de la construcción de la paz en las veredas y de los proyectos
terreno7
se hace fundamentalmente desde las oficinas de Bogotá. Las visitas de la Delegación a
las regiones son breves, y los equipos en las sedes regionales de los Laboratorios son casi
exclusivamente colombianos.
Como señala Fernando Valencia (2008), director del Observatorio de Paz y Reconciliación del
Oriente Antioqueño, “la UE ha aceptado que fuera el gobierno nacional el que direccionara
políticamente el proyecto Laboratorio de Paz. [...] Y se ha alejado del acompañamiento
político del territorio.” De hecho, la UE ha preferido no comprometer sus buenas relaciones
diplomáticas con Bogotá, más que respaldar políticamente la sociedad civil de base. Constituye
un ejemplos de esta tendencia la relativa inercia política y falta de reacción pública por parte
de la UE frente a casos de violencia o amenazas por parte de grupos paramilitares sobre líderes
comunitarios participantes de los Laboratorios, y sobre las violaciones de derechos humanos
en las regiones (Bayona, 2007).
Esta situación causa efectivamente alguna desilusión en las organizaciones de los Laboratorios,
que reclaman un apoyo político más fuerte por parte de la UE. De hecho, en el contexto
7. Un caso que ilustra esta ausencia de la UE del terreno fue la salida del consejero de cooperación de la Comisión
Europea en Colombia, el italiano Nicola Bertolini. Este había sido el principal protagonista e interlocutor europeo
en el proceso de los Laboratorios y una personalidad muy comprometida con la iniciativa. Sin embargo, entró
en conflicto con el gobierno central y el Gobernador del Departamento del Cauca, Juan José Chaux, volviéndose
persona non grata en Colombia, lo que motivó su alejamiento forzado del país. Su salida retiró algún liderazgo y
clarividencia políticos a la UE en Colombia y contribuyó a la presencia reducida de la UE en el terreno. Este es de
hecho un episodio bien sintomático y representativo del bajo perfil político de la UE en el marco de los Laboratorios
y de la resolución pacífica del conflicto armado en Colombia. Han habido evidentes bloqueos y tensiones políticos
en la participación de la UE en Colombia, que limitan la acción política de la UE en la resolución del conflicto.
Miguel Barreto Henriques
REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
de inseguridad y amenazas de grupos armados en que se inscriben los Laboratorios, y
especialmente el Laboratorio del Magdalena Medio, algunas personas y organizaciones de base
solicitan una posición y un compromiso político europeo más sólido, un respaldo político más
firme e incondicional con esta iniciativa de paz y una presión sobre el gobierno colombiano
que pudiese traer más seguridad al proceso. Como afirma un ex miembro del Laboratorio de
Paz del Cauca/Nariño, “la Unión Europea no debe estar más como un donante, sino como un
ente internacional que vela por los derechos de un pueblo en crisis; [...], en este sentido debe
ser un cooperante político; acá la hemos visto sólo como un donante”.
Este es un elemento fundamental que toca tener en consideración: la cooperación internacional
debe ser económica y financiera, pero también política.
CONCLUSIONES
Un potencial escenario de post conflicto en Colombia encierra profundos desafíos políticos,
sociales y económicos al país. A la firma de un acuerdo de paz se seguirán largos años de
un complicado y exigente proceso de construcción de una paz que se pretende que sea
duradera y sostenible y que implica la participación de amplios sectores de la sociedad
colombiana.
En este artículo se pretendió subrayar cómo tres actores en particular – los PDP, las empresas y
la cooperación internacional, pueden desempeñar un rol fundamental en un contexto de post
conflicto en Colombia.
Los PDP constituyen modelos consolidados de construcción de paz desde la sociedad civil y las
regiones, con una experiencia acumulada de casi dos décadas de trabajo junto a las comunidades
más carenciadas. Su enfoque multidimensional para la paz ha producido resultados e impactos
considerables en el territorio en un contexto de violencia armada. La apertura de un escenario
de post conflicto incrementaría sus posibilidades de trabajo para la paz y su importancia en
cuanto actores regionales de construcción de paz.
Podrían configurar instrumentos válidos para que los acuerdos “bajen” hasta las regiones y a
las comunidades que vivenciaron décadas de violencia. Es fundamental que la construcción
de la paz en el post conflicto encierre un matiz y un enfoque regional, pues Colombia es
regionalmente diferenciada, tal como sus instituciones y su violencia armada. En este sentido,
el potencial de los PDP es inmenso, en cuanto procesos regionales de construcción de paz.
Abarcan elementos que, si fueran desarrollados e incrementados en una escala más amplia,
podrían construir los cimentos para la paz durable y positiva en el país.
La cooperación internacional y las empresas podrían figurar como aliados en este proceso.
Construir la paz en Colombia tendrá costos, a nivel político, social, pero también financiero.
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Estos actores tienen la capacidad para asumirlos, direccionando recursos para la generación
de una economía de paz y la construcción de un país y una sociedad en paz, por vía
del respaldo político y financiero a las iniciativas de los PDP. Esto sería esencial a fin de
garantizar su buen funcionamiento y sostenibilidad, así como potenciar su rol en una etapa
de post conflicto.
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Miguel Barreto Henriques
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REVISTA - Bogotá (Colombia) Vol. 9 No. 1 - Enero - Junio
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DESARROLLO Y PAZ: RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y LAS EMPRESAS*
Miguel Barreto Henriques**
RESUMEN
En este artículo se pretende señalar que un escenario de post
conflicto en Colombia encierra profundos desafíos políticos,
sociales y económicos. A la firma de un acuerdo político con
la insurgencia se seguirán largos años de un complicado y
exigente proceso de construcción de una paz sostenible y
duradera. Este requiere la participación de amplios sectores
de la sociedad colombiana y que los acuerdos “bajen” hasta
las regiones y a las comunidades que padecieron décadas
de violencia. En este contexto, el objetivo de este artículo
Aceptado: 10 de febrero de 2014
Artículo de reflexión
* Este documento recoge algunos de los insumos e ideas clave de
la tesis doctoral “Laboratorios de Paz en territorios de violencia(s):
¿abriendo caminos para la paz positiva en Colombia?”, presentada en
la Universidad de Coimbra, en Portugal, y fue presentado en el evento
“Cooperación internacional y post-conflicto”, realizado por la Red
Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Red Prodepaz),
el 27 de noviembre de 2013, en Bogotá.
** Profesor Asociado del Programa de Relaciones Internacionales, de
la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, doctor en política
internacional y resolución de conflictos, de la Universidad de Coimbra,
en Portugal. [email protected]
REVISTA DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD
es, en primer lugar, subrayar el potencial de los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) en un
escenario de post conflicto en Colombia, en cuanto modelos consolidados de construcción de
paz desde la sociedad civil y las regiones; y, en segundo lugar, analizar cómo la cooperación
internacional y las empresas podrán respaldar estas iniciativas en este nuevo entorno político
nacional, teniendo en cuenta lecciones aprendidas de la experiencia de colaboración y alianza
con los PDP.
Palabras clave: Cooperación al desarrollo, Programas de Desarrollo y Paz (PDP), construcción
de paz, post conflicto
PREPARING FOR POST-CONFLICT IN COLOMBIA FROM DEVELOPMENT
AND PEACE PROGRAMS: CHALLENGES AND LEARNED LESSONS
FOR INTERNATIONAL COOPERATION AND COMPANIES
ABSTRACT
This article aims to underline that a potential post-conflict scenario in Colombia holds profound
political, social and economic challenges. After the signing of a political agreement with the
guerrilla, the country will face a complicated and demanding process of peace-building aiming
to generate a sustainable and everlasting peace. This process requires the participation of
broad sectors of Colombian society and that the agreements are implemented in the regions
and communities who experienced decades of violence. In this context, the objective if this
paper is, firstly, to highlight the potential of the Peace and Development Programs (PDP), as
consolidated regional models of peace-building put in practice by civil society; and, secondly,
to analyze how international aid and enterprises could support these initiatives in a new national
political context, taking into account lessons learnt from the previous experience of alliance and
collaboration with the PDP.
Keywords: Development aid, Development and Peace program (PDP), peace-building, post-
conflict
PREPARE PÓS-CONFLITO NA COLÔMBIA, DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO
E PAZ: DESAFIOS E LIÇÕES APRENDIDAS PARA A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
E NEGÓCIOS
RESUMO
Este artigo pretende assinalar que um cenário de pós-conflito na Colômbia implica profundos
desafios políticos, sociais e econômicos. Para a assinatura de um acordo político com a
insurgência serão necessários longos anos de um complicado e exigente processo de construção
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de uma paz sustentável e duradoura. Isso requer a participação de amplos sectores da sociedade
colombiana e que os acordos “baixem” às regiões e às comunidades que padeceram por
décadas a violência. Neste contexto, o objetivo deste artigo é, em primeiro lugar, enfatizar
o potencial dos Programas de Desenvolvimento e Paz PDP em uns cenários de pós-conflito
na Colômbia, como modelos consolidados de construção de paz desde a sociedade civil e as
regiões; e, em segundo lugar, analisar como a cooperação internacional e as empresas poderão
apoiar estas iniciativas neste novo contexto político nacional, levando em consideração as
lições aprendidas da experiência de colaboração e aliança com os PDP.
Palavras chave: Cooperação para o desenvolvimento, Programas de Desenvolvimento e Paz
PDP, construção de paz, pós-conflito
INTRODUCCIÓN
Colombia se enfrenta actualmente a uno de los mayores desafíos de su historia reciente: poner
definitivamente fin a un sangriento conflicto armado de cinco décadas y construir un país y una
sociedad en paz.
La posibilidad de un acuerdo político entre las FARC y el gobierno nacional en la Habana
permite soñar con ese escenario, pero también genera varios interrogantes: ¿Cómo será la
etapa del post conflicto en Colombia? ¿Qué desafíos se presentarán al país y a la sociedad?
¿Qué riesgos y peligros podrán enfrentar? ¿Cómo se pacificará política, social y culturalmente la
sociedad y las regiones? ¿Cómo se procesará la construcción de una paz duradera y sostenible
a largo plazo? ¿Qué actores podrán desempeñar un papel importante en este cuadro?
El presente documento subrayará la importancia de la sociedad civil en la construcción de una
paz sostenible y duradera, enfocándose en el rol que podrán jugar los Programas de Desarrollo
y Paz (PDP), la cooperación internacional y las empresas en un escenario de post conflicto en
Colombia. Buscará, en primer lugar, analizar y enfatizar el potencial de los PDP como actores
y modelos de construcción de paz desde las regiones; y, en segundo lugar, evaluar en qué
medida y cómo la cooperación internacional y las empresas privadas podrán respaldar estos
procesos en una etapa de post conflicto, teniendo en cuenta lecciones aprendidas de la previa
experiencia de colaboración y alianza con los PDP.
1. LOS RETOS DEL POST CONFLICTO EN COLOMBIA
Si algo nos ha mostrado las experiencias de varios países en el mundo, como El Salvador,
Guatemala o Irlanda del Norte, es que un escenario de post conflicto trae tantos desafíos
políticos y sociales a un país como el mismo proceso de paz y el conflicto armado.
Miguel Barreto Henriques
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Un proceso de negociación y un acuerdo de paz tienen un alcance limitado. Permiten un
primer paso fundamental e indispensable para la paz: el silenciamiento de los fusiles de los
actores armados, pero no necesariamente eliminar los gérmenes de violencia y las raíces de
la conflictividad. Inciden tan solo sobre una de las dimensiones de un conflicto –los aparatos
armados de los grupos ilegales y sus comandos políticos (Granada, Restrepo y Vargas, 2009:
103). Por lo tanto, no son garantía de un país verdaderamente pacificado, sino de una paz
frágil, limitada e imperfecta. No generan una paz sostenible y duradera, que sea transversal a
todos los niveles y esferas de relaciones sociales.
Colombia es un país cuya violencia es un fenómeno particularmente complejo y muldimensional.
Adopta diversas modalidades, formas y expresiones, en las cuales se interconectan y se cruzan
violencia insurgente, paramilitar, mafiosa, criminal y narcotraficante, y no se circunscriben a la
existencia de grupos alzados en armas (McDonald, 1997: 1). La violencia en Colombia está
enraizada y es alimentada y sostenida por factores políticos y socio-económicos estructurales.
El conflicto armado está enmarcado en procesos históricos de largo plazo y de varias índoles,
que se tradujeron en un panorama de marginalización política, social y económica de amplios
sectores de la población colombiana, en particular, del campesinado, y en la exclusión, o
precaria integración, de algunas regiones y zonas de Colombia, del desarrollo, la democracia
y las instituciones del Estado. Se cristalizó una brecha entre el centro y periferia del país, entre
“dos Colombias”, asimétricas política, social y económicamente, factor que ha alimentado
históricamente el desarrollo de grupos armados ilegales y la emergencia de violencia bajo
distintas modalidades y formas. La violencia armada ha emergido sociológicamente y se ha
circunscrito sobre todo a la Colombia rural.
Por lo tanto, si los esfuerzos de pacificación de Colombia se limitan a la dimensión de meros
acuerdos entre el Estado y la insurgencia, y no se abordan las causas de la conflictividad, hay
un gran riesgo que el país no sea verdaderamente pacificado y que la violencia reincida o se
transfigure y asuma nuevas formas y modalidades en los territorios periféricos y rurales del país,
y se sigan generando y alimentado grupos con la capacidad de desafiar el monopolio legítimo
de la fuerza sea en la forma de guerrillas, de grupos paramilitares, narcotraficantes o pandillas.
De hecho, el riesgo de no abordar las causas subyacentes de los conflictos es tan grande como
no tratar los síntomas de una enfermedad (Burton, 1990).
El fenómeno de las “nuevas bandas emergentes” o BACRIM, que se sucedieron al proceso
formal de desmovilización de las AUC, o de las “maras” en Centroamérica, en donde una
“guerra de frentes se convirtió en una guerra de todas las esquinas” (Vincenti, 2008), revela,
en gran medida, esta realidad y constituye un alerta para los peligros y riesgos de un escenario
post-negociación.
Por esta razón, es importante subrayar que la paz no se materializará en Colombia, como
un “café instantáneo”, en el día que se firme un acuerdo entre el gobierno y las FARC. La
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construcción de una paz duradera, sostenible y positiva1
y que requiere la participación de muchos más actores de la sociedad, más allá del Estado y de
los actores armados.
Pasará por las distintas esferas y niveles de la organización social, por las políticas macro definidas
desde la Casa de Nariño, en Bogotá, pero también por cada región, territorio y vereda del país,
que tendrán que generar nuevas formas de convivencia. Implica un “desarme” social, político,
económico y cultural de la sociedad colombiana, y el cambio de una cultura de violencia por
una cultura de paz. Es un proceso paulatino y progresivo que se juega a varias escalas y niveles
e implica la participación amplia de la población. Usando una metáfora de Lederach (2007:
37), uno de los más reputados teóricos en temas de resolución de conflictos, para construir la
“casa de la paz”, se requiere un trabajo tanto en el techo como en los cimientos, tanto en la
cima, como la base de la pirámide del conflicto; todos los niveles son igualmente importantes
para que esta se sostenga y no caiga.
En este sentido, todos los actores políticos, económicos y sociales del país, desde los partidos,
a las universidades, de los empresarios, a las ONG, de las gobernaciones a las comunidades de
base, de los individuos a las organizaciones de la comunidad internacional, tendrán un rol a
desempeñar en el post conflicto y un aporte a dar en la construcción de una Colombia en paz.
2. ¿QUÉ ROL PODRÁ DESEMPEÑAR LA SOCIEDAD CIVIL EN UN ESCENARIO DE
POST CONFLICTO EN COLOMBIA? ANÁLISIS DE LOS CASOS DE LOS PDP,
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DE LAS EMPRESAS
En la medida en que un proceso de construcción de paz es mucho más amplio que un proceso
de paz, se figura como fundamental la participación de la sociedad civil en un escenario de
post conflicto.
Su importancia resulta de la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la paz. Un proceso de
paz solo es sostenible si es apropiado por la población (Mouly, 2011: 304). La construcción de
la paz debe partir y enraizarse en el mismo suelo en que el conflicto se desarrolló (Lederach,
implica un proceso mucho más largo
1. El concepto de “paz positiva”, cuñado por Johan Galtung (1996), amplió el significado convencional de la paz,
simplemente de la antítesis de la guerra y revaluó el concepto de violencia de su sentido y connotación tradicional
–violencia física– para darle una significación más amplia. Desde este punto de vista, la paz no es solamente la ausencia
de la guerra, estos no son elementos equivalentes. Lo que le anima es una visión de la paz, no como antónimo de
la guerra, sino de violencias. Galtung concibe una paz definida positivamente, que implica una reestructuración
profunda de las relaciones humanas. Transmite un concepto amplio y denso de paz, uno que implica mucho más
que el silenciamiento de los fusiles. Se basa en una visión integral de la paz y los conflictos, que establece un vínculo
claro y fuerte entre el desarrollo, la justicia social y los temas de la paz.
Miguel Barreto Henriques
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1997: 107) y solo se logrará mediante la participación de los protagonistas y las víctimas de la
violencia en cada región y localidad del conflicto (McDonald, 1998: 93). Para que la paz se
consolide y gane raíces hay que crear la paz entre vecinos y en el seno de las comunidades. La
“gente” es la clave para desarrollar una infraestructura y una cultura de paz a largo plazo.
En las últimas dos décadas han emergido en Colombia un alto número de iniciativas de construcción
de paz desde la sociedad civil, que han demostrado otro lado y dimensión del conflicto y han
configurado este país como un escenario simultáneamente de guerra y de paz (o paces).
2.1 LOS PDP EN UN ESCENARIO DE POST-CONFLICTO
En este cuadro, los Programas de Desarrollo y Paz se han destacado como una de las más
interesantes, ambiciosas y originales iniciativas de construcción de paz puestas en marcha
desde la sociedad civil en Colombia.
Basados en la filosofía y metodología originales del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena
Medio (PDPMM), su enfoque para la paz se ha expandido a diversas regiones del país, con
resultados notables en el territorio, en términos de apertura de caminos alternativos para la paz,
a partir de procesos de desarrollo y de integración de grupos sociales excluidos a nivel local y
regional.
Los PDP representan hoy en Colombia un modelo consolidado de construcción de paz positiva
y sostenible desde la base, puesto en marcha a partir de la especificidad de las regiones y de los
territorios marginados del país, por organizaciones de la sociedad civil, en articulación con las
instituciones del Estado y con la cooperación internacional (Barreto Henriques, 2012).
En este cuadro se impone la cuestión: ¿Qué rol podrían cumplir los PDP en un escenario de
post-conflicto?
Un acuerdo político con la guerrilla conferiría necesariamente a los PDP un nuevo rol y misión.
Sus procesos sociales se han desarrollado, hasta el momento, en medio del conflicto armado,
en territorios de gran precariedad y violencia y contextos supremamente difíciles. No obstante,
han obtenido impactos positivos a nivel local en términos de resistencia civil, generación de
una cultura de paz y de ciudadanía, inclusión socioeconómica de campesinos y trabajo con las
comunidades de base.
En esta medida, un nuevo contexto político y social de paz potenciaría el rol de los PDP
en Colombia e incrementaría sus posibilidades de trabajo de construcción de paz con las
comunidades a nivel territorial.
Su potencial para un escenario de post conflicto reside en varios factores y elementos que se
han desarrollado e implementado en casi 20 años de labor para la paz:
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En primer lugar, los PDP tienen en cuenta la especificidad del conflicto armado y de la violencia
en Colombia. Configuran modelos de intervención territorial, para las zonas periféricas del
país, los espacios geográficos y sociales que han alimentado históricamente el conflicto.
Muestran líneas de acción concretas para la construcción de la paz duradera, en estos territorios
marginados del país, teniendo en cuenta los factores estructuradores del conflicto en Colombia,
estableciendo una metodología válida de aproximación a las causas profundas del conflicto y
las estructuras de exclusión que impiden el ejercicio de la ciudadanía para una buena parte de
la población.
En segundo lugar, han abierto una vía regional para la paz en el país, a partir de procesos
sociales a nivel micro, que han descentralizado la construcción de paz en Colombia (Barreto
Henriques, 2009: 559).
Estos elementos son fundamentales para estructurar un proceso integral de construcción de
paz en el post conflicto, pues una política o un proceso de paz en Colombia que no tenga
en cuenta la variable territorial y las particularidades regionales está condenada a fracasar o
a obtener impactos mitigados. Para que sea sostenible y duradera no puede basarse en un
enfoque estrictamente nacional. Necesita que encierre escalas y enfoques espaciales distintos
y agendas locales y regionales de paz, pasando necesariamente por el involucramiento de
las regiones, la participación activa de las comunidades y de la sociedad civil organizada
a partir de los territorios, de forma que pueda desactivar expresiones violentas, y enraizar
dinámicas de resolución pacífica de conflictos, de cultura de paz y de inclusión política, social,
económica, y regional.
En tercer lugar, el potencial de construcción de paz de los PDP para un marco de post-conflicto
reside en la integralidad de sus elementos. Se destacan por ser un programa multidimensional,
que integra simultáneamente diversas áreas y componentes de la construcción de la paz, desde
la vertiente económica, a la cultura de paz y al fortalecimiento institucional. Es una iniciativa de
aproximación integral y holística para la paz, que tiene como horizonte la construcción de la paz
positiva y no solo la ausencia de la guerra, elemento central en un escenario de post conflicto.
En cuarto lugar, su aporte radica especialmente en su propuesta de conjugar la paz con el tema
del desarrollo. Construir la paz mediante procesos de inclusión económica y de desarrollo
humano sostenible, aparece de forma innovadora e indisociable con estos programas. Los
PDP fueron pioneros en Colombia en su intento de combinar y “casar” la construcción de paz
desde la base con procesos de desarrollo, lo que ha permitido una cierta sostenibilidad de los
procesos sociales, un arraigo al territorio, y encierra un potencial de inmunización de sectores
sociales potencialmente en riesgo, como los campesinos y los jóvenes.
Parten del principio de que la construcción de la paz pasa por generar nuevas condiciones
de vida, la inclusión para la gente en el campo y por el desarrollo socioeconómico de las
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comunidades (Saavedra y Ojeda, 2006: 32), lo que se concibe como esencial, en la medida
en que la falta de horizontes de vida de la gente en el campo es un factor determinante
que alimenta el conflicto armado, y empuja a millares de familias hacia la economía de la
coca. En esta medida, intervenir sobre esta raíz del conflicto es un canal privilegiado para su
transformación.
En este contexto, han logrado construir o preservar espacios de economía lícita, confiriendo
alternativas de ocupación económica y dando nuevas posibilidades de vida a varios sectores
sociales como los jóvenes de las comunas de Barrancabermeja o los campesinos del sur del
Bolívar y del Patía, incidiendo de alguna forma sobre la violencia estructural y directa que
se hace sentir sobre la población más excluida de la región. Mediante estos procesos se han
robado hombres a la guerra, pero también espacio político y social.
De esta forma, los PDP se figuran como instrumentos de promoción de desarrollo rural integral
y micro-plataformas de inclusión de los campesinos, en la vida social, económica, política y
productiva, sector social que seguirá en una posición delicada y de riesgo en un escenario de
post conflicto.
En quinto lugar, los PDP desarrollan mecanismos y procesos que permiten “democratizar la
democracia” (Sousa Santos, 2003) a nivel regional y local y fortalecer las instituciones. Han
puesto en marcha diversos procesos de fomento de una democracia participativa a nivel local
y regional, con miras a acercar los ciudadanos a las instituciones, y fomentar un nuevo modelo
de relación entre gobernantes y gobernados, mediante procesos de articulación entre el sector
público y el privado, y entre la sociedad civil y las alcaldías y gobiernos departamentales, a través
de programas de rendición pública de cuentas y presupuestos participativos, y mecanismos
participativos de planificación como los “Planes de Vida” en el Cauca y Nariño y los “Núcleos
de Pobladores” en el Magdalena Medio.
En sexto lugar, los PDP permiten generar bolsas de una cultura de la paz, es decir, micro espacios
y expresiones de paz, en los cuales los valores de la civilidad y la solidaridad se han sobrepuesto
a las dinámicas de la violencia. Desarrollan un trabajo valiosísimo en el sentido de desarrollar y
generar una nueva cultura en los territorios y veredas de las regiones y cambiar los paradigmas
de pensamiento de las comunidades. Fomentan la exploración y desarrollo desde lo cotidiano
de nuevas formas de relación e interrelación que superan la polarización del conflicto armado,
deslegitiman cultural y socialmente la guerra y el recurso a la violencia. Aquí la paz emerge
como un proceso que se va construyendo cotidianamente desde las veredas de las regiones,
corporizando una “paz del día a día” (Richmond, 2008: 109). Estos procesos paulatinos son los
que permiten centar los cimientos de una paz sostenible y duradera.
Por último, el enfoque de los PDP permite de cierta forma reconciliar las “Dos Colombias”, o
sea, integrar los territorios y sectores sociales históricamente marginados, de las instituciones, la
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democracia y el desarrollo, aproximando las veredas de las regiones y la totalidad del territorio
nacional a la institucionalidad, al Estado de Derecho, y al desarrollo; llevando la democracia y
una cultura democrática y ciudadana a las veredas más remotas, proveyendo servicios públicos;
ayudando a llenar el profundo vacío institucional; repartiendo el bienestar y los dividendos
del desarrollo regional entre todos sin excepciones; disminuyendo el foso centro-periferia;
ayudando a superar las fronteras y periferias geográficas, políticas, sociales y económicas.
En cierta medida, es una forma de construcción del Estado y de la Nación, proceso que es
fundamental para la construcción de una Colombia en paz.
2.2 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LAS EMPRESAS EN UN ESCENARIO DE
POST CONFLICTO
Se ha enfatizado en este documento que un proceso de construcción de paz y de reconstrucción
post-bélica requiere la participación de amplios sectores de la sociedad.
En seguida, nos referiremos a dos actores que podrán desempeñar un rol importante en una
etapa de post conflicto en Colombia como aliados de los PDP –la cooperación internacional
y las empresas. Estos son actores esenciales para la consolidación de una economía de paz,
que sustente la construcción de una paz duradera. Como nos han demostrado los PDP en
sus procesos sociales a nivel comunitario, el desarrollo es un medio para la paz. Así, estos
dos actores, como protagonistas fundamentales del desarrollo, pueden hacer un aporte
relevante en esto.
Su importancia en este marco se ve agregada por el papel esencial que han desempeñado la
cooperación internacional y las empresas, en el pasado y presente, como aliados de los PDP
y protagonistas de sus procesos y vida cotidiana. Han garantizado su viabilidad financiera y su
buen financiamiento. La cooperación europea respaldó política y financieramente durante años,
por intermedio de los Laboratorios de Paz, estas iniciativas, permitiendo que se fortalecieran, se
consolidaran y se expandieran.
En breve, se podrán encontrar frente a un nuevo desafío: respaldar política y financieramente
una nueva fase de los PDP en un escenario distinto, pero igualmente exigente para la
construcción de paz: el post conflicto. Si los PDP vendrán a jugar una función importante en un
contexto de post conflicto, necesariamente dependerán de la cooperación internacional y de
las empresas, sus naturales e históricos aliados, para darles sostenibilidad y permitir que sigan
su rol. Una nueva fase de los Laboratorios de Paz podría abrirse para la cooperación europea
o podrían generarse nuevos mecanismos de apoyo a los PDP a lo ancho del territorio nacional
colombiano.
Pero no solo la cooperación internacional y europea tienen un papel potencial a desempeñar en
este contexto, empresas como Ecopetrol, ISA e ISAGEN han estado, desde el inicio, vinculadas
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a los PDP, especialmente en zonas como el Magdalena Medio y el Oriente Antioqueño, siendo
partícipes fundamentales de sus procesos.
En esta medida, su rol podría extenderse en un escenario de post conflicto, especialmente en
un contexto en el cual los fondos de la cooperación internacional, por la crisis de la UE y de los
EEUU, y por el crecimiento económico notable de Colombia, configuran una tendencia para el
“cierre progresivo del grifo” de la ayuda al desarrollo en un país de renta media. La inversión
de las empresas en la construcción de la paz en Colombia, y, particularmente, en los PDP, es
una cuestión de responsabilidad social, pero también de generar una economía de paz, que
beneficia a las empresas, a los consumidores y los ciudadanos.
2.3 ¿CÓMO PODRÍA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL RESPALDAR LOS PDP
EN EL POST CONFLICTO? – LECCIONES APRENDIDAS DESDE LOS LABORATORIOS
DE PAZ
La cooperación internacional, especialmente la europea, tienen un trayecto común con los
PDP. La UE jugó un rol importante y confirió aportes fundamentales a los PDP, mediante la
consecución de tres Laboratorios de Paz, que abarcan siete regiones del país2
es el fruto de un “matrimonio” y de la convergencia de intereses y perspectivas políticas en
términos de construcción de paz entre los PDP y la UE. Pero, a pesar de que los PDP se figuren
como el eje a partir del cual se ha estructurado y desarrollado los Laboratorios de Paz, la UE ha
influenciado y transformado las iniciativas en varios dominios.
La posible apertura de una nueva fase de respaldo de la cooperación internacional a los PDP,
en un escenario de post conflicto, levanta cuestiones sobre de qué forma y en qué moldes
podría esta nueva etapa concretizarse.
Para proyectar y preparar este futuro podemos mirar hacia el pasado. Diez años de colaboración
y trabajo conjunto de la cooperación internacional con los PDP permiten tener la distancia
analítica para identificar lecciones aprendidas en este proceso, y rectificar y mejorar algunos
aspectos en un futuro escenario de post conflicto.
• La importancia del respaldo de la cooperación europea a los PDP:
Uno de los aportes más importantes de la cooperación internacional a los PDP es que su
consolidación y expansión se hizo mediante el apoyo de la cooperación europea, por la vía
. Esta iniciativa
2. El primer Laboratorio de Paz se conformó en el Magdalena Medio, el segundo Laboratorio en las regiones del Oriente
Antioqueño, Norte Santander, Macizo Colombiano y Alto Patía, y el tercer Laboratorio de Paz en el Meta y los
Montes de María.
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de la multiplicación de recursos, con la inyección financiera de la UE. Esto ha contribuido
a consolidar y expandir los esfuerzos y proyectos de los PDP y construir una base social
más fuerte, permitiendo convocar más organizaciones y alcanzar un número mayor de
municipios y personas3
Por lo demás, la presencia de la UE y de actores internacionales ha conferido un cierto blindaje
a los procesos sociales de base de los PDP frente a los actores armados, funcionando como una
especie escudo y de paraguas políticos.
En esta medida, el respaldo de la cooperación internacional a los PDP en un escenario de
postconflicto sigue siendo apremiante.
• La autonomía de la sociedad civil local en el primer Laboratorio de Paz:
Otro elemento a rescatar de la relación entre la cooperación europea y los PDP fue la autonomía
que se confirió a la sociedad civil local, específicamente al PDPMM, en los procesos del primer
Laboratorio de Paz. Este se estructuró sobre la base de la experiencia social, el equipo, los
principios y la filosofía de paz del PDPMM. La UE nunca ha sido el arquitecto ni el protagonista
principal de la iniciativa. El papel de la UE, y especialmente de la Comisión Europea, ha sido
de un guía, socio, garantía y verificador, pero no el de una imposición de términos sobre
el territorio (Mojica, 2007). El proceso ha sido hecho esencialmente de abajo hacia arriba,
manteniendo el Programa un elevado grado de autonomía y control del proceso y la CDPMM
el liderazgo y ejecución de la iniciativa (Bayona, 2007), lo que fue uno de los factores de su
éxito y sostenibilidad en el terreno.
Esta autonomía de los actores locales de la sociedad civil se perdió, en cierta medida, en la
concepción y estructuración del segundo y tercer Laboratorios de Paz, en los cuales hubo una
mayor imposición de dinámicas verticales por parte de la UE y del Estado colombiano, que
distorsionaron relativamente los procesos sociales para la paz.
Sería importante que, en articulaciones futuras entre la cooperación internacional y los PDP,
se volviera a tener en cuenta la centralidad de la sociedad civil en los procesos regionales de
construcción de paz, y se rescatara la dinámica del primer Laboratorio de Paz, lo que implica
respectar la autonomía política y social de los PDP.
.
3. Como señala Libardo Valderrama (2007), ex director de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, “el
Laboratorio de Paz fue una oportunidad para un impulso. Los recursos iníciales que teníamos eran muy diminutos.
Solamente podíamos llegar a un número muy limitado de pobladores y pobladoras. El Laboratorio permitió que
llegásemos a un mayor número de personas y que más gente participara en los procesos del Programa.”
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• La introducción de dinámicas verticales: las contradicciones entre procedimientos
técnicos y realidad social
La participación de la UE trajo cambios importantes y substanciales a la estructura y metodología
de los PDP e introdujo diversas dinámicas verticales a los procesos. Una de las más importantes
se sitúa en el plano técnico-administrativo. No obstante, se ha vuelto un importantísimo tema
político y social, con efectos negativos en el terreno.
Esta dinámica se relaciona con la conversión de procesos sociales de construcción de paz
en proyectos de cooperación al desarrollo, sometidos a los procedimientos técnicos y
administrativos establecidos por la Comisión Europea. Particularmente la convocatoria
pública exigida por Bruselas, como metodología de selección y financiación de proyectos, ha
producido efectos secundarios perversos y fuertes externalidades negativas. A primera vista,
es un mecanismo técnico destinado a prevenir la corrupción y establecer transparencia en el
proceso. Sin embargo, este elemento se ha transformado en uno de los nudos gordianos de
los Laboratorios. En cierta medida, ha contribuido a obstaculizar que los sectores sociales más
excluidos de la población participen en los Laboratorios, ya que no tienen la capacidad técnica
para formular proyectos, cumplir los requisitos formales exigidos por la UE y tratar con la pesada
burocracia europea. El efecto ha sido la participación en los procesos de los Laboratorios de
organizaciones ejecutoras de proyectos con alguna dimensión y capacidad instalada, muchas
de ellas con experiencia previa en la ejecución de recursos de la cooperación internacional4
(Barreto Henriques, 2010).
En la medida en que esta iniciativa de paz pretende ser un mecanismo de inclusión, este factor
podría representar que la “cura” sea, de cierta forma, tan mala o peor que la “enfermedad”, al
convertirse en un mecanismo adicional de exclusión en las regiones y entre las organizaciones
sociales (Barreto Henriques, 2009: 576-577).
En el Magdalena Medio este factor ha tenido un efecto negativo adicional y más acentuado,
en la medida en que distorsionó y rompió con el proceso y metodología de participación
desarrollados por el PDPMM hasta el momento, basado en los “núcleos de pobladores”. Estos
constituyen espacios populares de participación y ejercicios de planeación participativa, en los
cuales organizaciones locales y pobladores de un municipio formulan diagnósticos regionales y
4. Como señala Tito Arbey Pito (2008), del CRIC, “el Laboratorio de Paz le permitió sólo a los grandes, a los que tenían
experiencia, poder ejecutar un proyecto”. Fanny Medina (2008) cuenta al respecto que “hubo organizaciones que
pagaron millones de pesos por la elaboración de los proyectos.” En alusión a otro caso sintomático y representativo
de esta situación, cuando se le preguntó a un coordinador de un proyecto productivo del Laboratorio del Macizo
Colombiano si había tenido dificultades en la formulación de su proyecto en el marco de la convocatoria, su reacción
fue: “No. Yo llevo 14 años formulando proyectos. Así, de cierta forma, los Laboratorios de Paz se basan en una “élite”
local de movilización y trabajo sociales.
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establecen propuestas de paz y desarrollo, expresas en las propuestas municipales o subregionales
(Katz, 2004: 32). El cambio de una metodología eminentemente participativa a una metodología
técnica y burocrática produjo muchísimos problemas al proceso social en el Magdalena Medio.
Como señala Carlos Moreno (2008: 104), implicó la substitución de una idea y dinámica de
democracia deliberativa, incorporada en la metodología de los núcleos de pobladores, por el
concepto de democracia competitiva de la UE, explanado en la convocatoria pública.
Los procedimientos técnicos y administrativos requeridos por la Comisión Europea son
percibidos en las regiones, por las organizaciones de base, como supremamente pesadas, lentas,
inflexibles y altamente burocráticas. Efectivamente, la UE posee una normatividad compleja
y ‘estandarizada’ que difícilmente se adapta a la realidad de algunas regiones colombianas,
caracterizadas por su informalidad, fragmentación, baja institucionalidad y pobreza. Como
refiere el Padre Eliecer Soto (2007), de la Pastoral Social de Barrancabermeja,
“a veces los proyectos sufren en su ejecución por qué no hay como legalizar o soportar
un gasto cumpliendo con todas las normas. No porque no se quiera, pero porque, en
una vereda como San Pablo, en Bolívar, por ejemplo, hay gente que no tiene un registro
tributario; hay gente que nunca ha salido del monte”5
Como es visible en este relato, en gran medida, la normatividad de la Comunidad Europea
ha chocado con la realidad social colombiana y con la cultura política de las regiones (Barreto
Henriques, 2010). Generó una lógica economicista, incoherente con las realidades locales y
con los mismos objetivos pretendidos de la iniciativa de paz. La cooperación europea no tuvo
en consideración el estado del tejido social e institucional de las regiones donde se implantó.
Se concentró en el acompañamiento econométrico de los proyectos y en el cumplimiento
de los estándares de los manuales de cooperación europeos, más que en la comprensión
de las dinámicas regionales (Moreno, 2008: 102), hecho que imprimió varias dificultades a
los procesos y proyectos. Quedó patente así un choque entre lenguajes diferentes y mundos
distintos, con evidentes dificultades en dialogar y conciliar6
.
.
5. Pero esta realidad se aplica igualmente a las demás regiones del país en donde se han establecido Laboratorios de
Paz. Como cuenta Fanny Medina (2008), de la Fundación Sol de Invierno, de Nariño, “En la parte técnica, el marco
lógico no es tan lógico y la guía práctica no es práctica. Está llena de minucias. Lo ponen a hablar en euros, en una
lógica súper minuciosa y súper medible. Una realidad tan compleja, como la Latinoamericana, no es tan medible. Eso
está hecho para un mundo donde todo funciona como un relojito, eso es milimétrico y el mundo latinoamericano
no está estructurado ni engranado de esa forma. Si fuera así, no necesitaríamos de un Laboratorio, ni de apoyos
internacionales. Por ejemplo, íbamos a presentar un taller, pero cuando llegamos nos dimos cuenta que el 90% eran
analfabetos o descontinuados. Tienes que ir y hacerte un juego para enseñar al otro, te tienes que volver totalmente
elástico, y el Laboratorio te dice ¿Cuántos libros escribió, cuántos folletos entregó?”
6. Esta realidad fue reconocida incluso por un funcionario de la Comisión Europea, que afirmó: “yo también alguna
vez pensé: pero aquí estamos completamente equivocados se queremos aplicar estas reglas. Pero no teníamos
alternativas y todavía no las tenemos”.
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Asimismo, los procedimientos y requerimientos técnicos de los Laboratorios de Paz han tenido
otro efecto secundario negativo de gran relevancia. Significaron una sobrecarga tremenda
sobre los equipos de trabajo de la CDPMM, y de las Entidades Coordinadoras Regionales de
los Laboratorios, que sobrepasó su capacidad y personal y, en gran medida, los transformó
en gestores y supervisores de proyectos, más que actores políticos y sociales en las regiones
(Gómez, 2008).
Estos son factores de enorme peso político y un condicionante esencial para la potencial
construcción de paz y resolución pacífica del conflicto armado. Como Libardo Valderrama
(2007), ex director de la Corporacion de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (CDPMM),
afirma: “el Laboratorio de Paz no pretende ser una empresa de proyectos. Los proyectos son
un medio para construir la paz y el desarrollo sostenible”. Igualmente, el padre Francisco De
Roux (2001), principal ideólogo del PDPMM, ha afirmado que “un laboratorio de paz no es una
billetera para financiar proyectos de desarrollo. Sino que es un proceso social, económico y
político: busca construir colectivamente una nueva sociedad”.
Esta finalidad se enfrenta además a que los timings de los proveedores de fondos de la
cooperación internacional tienden a ser de corto plazo. De hecho, el horizonte temporal de
la financiación europea a los Laboratorios de Paz es limitado (entre 4 y 8 años). Aunque los
Laboratorios se enmarquen, en su concepción y finalidad, en una lógica estructural y de largo
plazo que busca incidir sobre las causas profundas del conflicto, su horizonte de pocos años
claramente no configura ni permite transformaciones estructurales y choca con las necesidades
necesariamente de largo plazo de la construcción de la paz positiva y del desarrollo. Hay un
conjunto de micro procesos económicos que no aseguraron sostenibilidad, por el cortísimo
tiempo en que se ejecutaron (generalmente entre seis meses y dos años), traduciéndose en
iniciativas de valor, pero dispersas y volátiles (Barme y Bouchier, 2008: 88). Como refiere Fanny
Medina (2008), “los proyectos de desarrollo pasan a ser proyectos asistencialistas y eso vicia a
la comunidad, la daña.”
Esta situación configura un riesgo que se estructuren proyectos, más que procesos y que,
de esta forma, poco distinga a los Laboratorios de Paz y sus proyectos de una iniciativa de
la cooperación internacional “convencional” y “común y corriente” (Barreto Henriques,
2009: 577).
Se configura por lo tanto una situación que encuadra perfectamente en el debate introducido
por Mary B. Anderson (1999), en lo cual se refiere a los riesgos y potenciales efectos dañinos
de la cooperación y ayuda al desarrollo en escenarios de conflicto. La cooperación europea
claramente produjo algunas externalidades negativas en las regiones en donde aportó recursos
por vía de los Laboratorios, razón por la cual debe tener en cuenta estos elementos en futuros
escenarios de cooperación al desarrollo con los PDP.
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• Un papel político modesto de la UE
Respecto al rol y participación de la UE en el interior de los Laboratorios de Paz, se manifiesta
una tendencia divergente en el plano político. En cierta medida, mientras, a nivel técnico,
ha habido “Europa de más”, a nivel político, ha habido “Europa de menos”. Como señala
Calos Moreno (2008: 109), hay un desequilibrio entre los aspectos técnico-administrativos
y políticos de los Laboratorios que se ha manifestado en una ausencia de la UE en el terreno
y una falta de compromiso político con los Laboratorios. La UE ha ejercido un papel más de
“payer” que de “player”, es decir, de financiador, y menos de actor político. Esto es notorio
esencialmente en dos aspectos.
En primer lugar, se evidencia una cierta ausencia y distancia de la UE, protagonizado por la
Delegación de la Comisión Europea en Colombia, de los procesos y vida cotidiana de los
Laboratorios. Los funcionarios de la UE tienen una presencia muy reducida (o nula) en el
. Su acompañamiento de la construcción de la paz en las veredas y de los proyectos
terreno7
se hace fundamentalmente desde las oficinas de Bogotá. Las visitas de la Delegación a
las regiones son breves, y los equipos en las sedes regionales de los Laboratorios son casi
exclusivamente colombianos.
Como señala Fernando Valencia (2008), director del Observatorio de Paz y Reconciliación del
Oriente Antioqueño, “la UE ha aceptado que fuera el gobierno nacional el que direccionara
políticamente el proyecto Laboratorio de Paz. [...] Y se ha alejado del acompañamiento
político del territorio.” De hecho, la UE ha preferido no comprometer sus buenas relaciones
diplomáticas con Bogotá, más que respaldar políticamente la sociedad civil de base. Constituye
un ejemplos de esta tendencia la relativa inercia política y falta de reacción pública por parte
de la UE frente a casos de violencia o amenazas por parte de grupos paramilitares sobre líderes
comunitarios participantes de los Laboratorios, y sobre las violaciones de derechos humanos
en las regiones (Bayona, 2007).
Esta situación causa efectivamente alguna desilusión en las organizaciones de los Laboratorios,
que reclaman un apoyo político más fuerte por parte de la UE. De hecho, en el contexto
7. Un caso que ilustra esta ausencia de la UE del terreno fue la salida del consejero de cooperación de la Comisión
Europea en Colombia, el italiano Nicola Bertolini. Este había sido el principal protagonista e interlocutor europeo
en el proceso de los Laboratorios y una personalidad muy comprometida con la iniciativa. Sin embargo, entró
en conflicto con el gobierno central y el Gobernador del Departamento del Cauca, Juan José Chaux, volviéndose
persona non grata en Colombia, lo que motivó su alejamiento forzado del país. Su salida retiró algún liderazgo y
clarividencia políticos a la UE en Colombia y contribuyó a la presencia reducida de la UE en el terreno. Este es de
hecho un episodio bien sintomático y representativo del bajo perfil político de la UE en el marco de los Laboratorios
y de la resolución pacífica del conflicto armado en Colombia. Han habido evidentes bloqueos y tensiones políticos
en la participación de la UE en Colombia, que limitan la acción política de la UE en la resolución del conflicto.
Miguel Barreto Henriques
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de inseguridad y amenazas de grupos armados en que se inscriben los Laboratorios, y
especialmente el Laboratorio del Magdalena Medio, algunas personas y organizaciones de base
solicitan una posición y un compromiso político europeo más sólido, un respaldo político más
firme e incondicional con esta iniciativa de paz y una presión sobre el gobierno colombiano
que pudiese traer más seguridad al proceso. Como afirma un ex miembro del Laboratorio de
Paz del Cauca/Nariño, “la Unión Europea no debe estar más como un donante, sino como un
ente internacional que vela por los derechos de un pueblo en crisis; [...], en este sentido debe
ser un cooperante político; acá la hemos visto sólo como un donante”.
Este es un elemento fundamental que toca tener en consideración: la cooperación internacional
debe ser económica y financiera, pero también política.
CONCLUSIONES
Un potencial escenario de post conflicto en Colombia encierra profundos desafíos políticos,
sociales y económicos al país. A la firma de un acuerdo de paz se seguirán largos años de
un complicado y exigente proceso de construcción de una paz que se pretende que sea
duradera y sostenible y que implica la participación de amplios sectores de la sociedad
colombiana.
En este artículo se pretendió subrayar cómo tres actores en particular – los PDP, las empresas y
la cooperación internacional, pueden desempeñar un rol fundamental en un contexto de post
conflicto en Colombia.
Los PDP constituyen modelos consolidados de construcción de paz desde la sociedad civil y las
regiones, con una experiencia acumulada de casi dos décadas de trabajo junto a las comunidades
más carenciadas. Su enfoque multidimensional para la paz ha producido resultados e impactos
considerables en el territorio en un contexto de violencia armada. La apertura de un escenario
de post conflicto incrementaría sus posibilidades de trabajo para la paz y su importancia en
cuanto actores regionales de construcción de paz.
Podrían configurar instrumentos válidos para que los acuerdos “bajen” hasta las regiones y a
las comunidades que vivenciaron décadas de violencia. Es fundamental que la construcción
de la paz en el post conflicto encierre un matiz y un enfoque regional, pues Colombia es
regionalmente diferenciada, tal como sus instituciones y su violencia armada. En este sentido,
el potencial de los PDP es inmenso, en cuanto procesos regionales de construcción de paz.
Abarcan elementos que, si fueran desarrollados e incrementados en una escala más amplia,
podrían construir los cimentos para la paz durable y positiva en el país.
La cooperación internacional y las empresas podrían figurar como aliados en este proceso.
Construir la paz en Colombia tendrá costos, a nivel político, social, pero también financiero.
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Estos actores tienen la capacidad para asumirlos, direccionando recursos para la generación
de una economía de paz y la construcción de un país y una sociedad en paz, por vía
del respaldo político y financiero a las iniciativas de los PDP. Esto sería esencial a fin de
garantizar su buen funcionamiento y sostenibilidad, así como potenciar su rol en una etapa
de post conflicto.
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• Bayona, M. (2007). Ex subdirector técnico de la CDPMM. Entrevista por teléfono Bogotá-
Bucaramanga, 25 de agosto.
• Gómez, A. (2008). Antropólogo, ex Coordinador Técnico Regional del Laboratorio de Paz
del Macizo Colombiano. Popayán: 14 de febrero de 2008.
• Medina, F. (2008). Directora de la Fundación Sol de Invierno. Pasto: 15 de octubre.
• Mojica, A.M. (2007). Funcionaria de la Delegación de la Comisión Europea en Colombia,
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• Pito, T. (2008). Ex asesor económico del CRIC, funcionario de la ECR del Laboratorio de Paz
del Macizo. Popayán: 20 de octubre.
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• Soto, E. (2007). Sacerdote de la Diócesis de Barrancabermeja, miembro del PDPMM.
Barrancabermeja: 23 de mayo.
• Valderrama, L. (2007). Padre jesuita, ex director de la CDPMM. Barrancabermeja: 24 de
mayo.
• Valencia, F. (2008). Director del Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente
antioqueño. Rionegro: 2 de diciembre.
• Vincenti, F. (2008). Ex coordinador de la línea 1 de la Asistencia Técnica Internacional al
Segundo Laboratorio de Paz. Bogotá: 26 de febrero.
ENSAYO 2
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo
creación de valor
La RSE en contextos de
conflicto y postconflicto:
de la gestión del riesgo a la
creación de valor
Maria Prandi y Josep M. Lozano (Eds.)
Diseño: Lucas Wainer
Foto portada: Fotolia
Edición: Escola de Cultura de Pau (UAB)/ Instituto de Innovación Social (ESADE)
Impresión: Gramagraf
Producción: Servei de Publicacions de la UAB
ISBN: 978-84-614-4160-0
Depósito legal: B.43.935-2010
Este libro ha sido impreso en papel 100% reciclado, Cyclus Offset.
Introducción
Parte 1: Construyendo la paz desde la empresa
De los conflictos armados a la construcción de paz
Maria Prandi, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Escola de Cultura de Pau (UAB)
La responsabilidad social de la empresa en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del
riesgo a la creación de valor
Maria Prandi, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Escola de Cultura de Pau (UAB)
Parte 2: La dimensión económica de la paz
El valor de la paz para la economía
Camilla Schippa, Vicepresidenta Senior del Global Peace Index, Sidney
Dimensiones económicas de los procesos de paz: el sector privado como aliado estratégico para la
creación de la paz
Achim Wennmann, Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (CCDP), Graduate Institute
of International and Development Studies, Ginebra
La participación del sector privado en la construcción de paz: inventario e identificación de algunos
ejemplos ilustrativos
Angelika Rettberg, Profesora Asociada y directora del Programa de Investigación sobre
Construcción de Paz y directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los
Andes, Bogotá
Parte 3: Operando en entornos complejos
Empresas, Derechos Humanos y Entornos Complejos. Colombia: el peor y el mejor de los mundos
Angela Rivas, Coordinadora, Área Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz, Fundación
Ideas para la Paz, Bogotá
La empresa como actor de la reconstrucción postbélica
Carlos Fernández, Asistente Especial de la oficina de Naciones Unidas en Santo Domingo
Aitor Pérez, economista especializado en asesoría a ONG
Los gorilas y el genocidio: el turismo y la creación de paz en Rwanda
Rina M. Alluri, investigadora del programa «Business & Peace» en Swisspeace, Berna
El papel del sector extractivo en el desarrollo sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell
Esther Hennchen, Estudiante de Doctorado en Management Sciences (ESADE) y Máster en
Gestión y Cooperación al Desarrollo por la London School of Economics (LSE)
Parte 4: Experiencias y aprendizajes desde la empresa
El grupo ÉXITO y su atención a la población vulnerable en Colombia
Luz Angela Zuluaga Giraldo, Atención a la Población Vulnerable, Responsabilidad Social, Almacenes
Exito S.A., Medellín
‘MI LLAVE’, iniciativa de integración social para la generación de oportunidades productivas
Jorge Silva Luján, Gerente General de Microsoft Colombia, Bogotá
La asistencia sanitaria de Heineken en entornos complejos
Katinka C. van Cranenburgh, coordinadora y co-creadora de la Fundación Heineken África y
profesora visitante en ESADE.
Daniel Arenas, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE-Universitat
Ramon Llull y responsable de investigación del Instituto de Innovación Social de ESADE.
Relación de autores
Introducción
Este libro que aquí se presenta cierra una trilogía que busca identificar, evaluar
y promover el papel de la empresa respecto a los tres pilares fundacionales de
Naciones Unidas: los derechos humanos, el desarrollo y la construcción de paz. En
el año 2006 se publicó la Guía práctica de derechos humanos para empresas y,
posteriormente, en el año 2009 una reflexión sobre el potencial de las empresas
para luchar contra la pobreza a escala mundial a través del libro ¿Pueden las
empresas contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Claves para
comprender y actuar. Ahora se ofrece, a través de este volumen un recorrido por
las diferentes aproximaciones del sector privado a la construcción de paz en países
en conflicto y postconflicto. Esta reflexión tiene que ver, de hecho, con una cuestión
tan relevante hoy en día como es la del papel de los actores no estatales en la
gobernanza mundial. Si este papel es un riesgo o una oportunidad, y para quién, es
algo de lo que pretende debatir esta publicación.
La primera idea que surge de esta reflexión conjunta es la de que cada uno de
estos tres ámbitos - derechos humanos, desarrollo y paz - se hallan interconectados
entre sí, -especialmente en los llamados entornos complejos- y que esta conexión
debe verse reflejada intrínsecamente en las políticas de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), pero no sólo en su contenido sino también en la manera cómo
dicha política se construye. Efectivamente, en un país en reconstrucción postbélica
con una importante destrucción física pero también graves fracturas sociales, es
la suma de cada uno de estos elementos lo que le da a la política de RSE una
perspectiva integrada. Por el contrario, la falta de uno de estos ingredientes en las
políticas de RSE hipoteca de manera clara el avance en los demás ámbitos.
Otra de las reflexiones que propicia el libro es que la RSE no puede ir desligada
del contexto en el que opera, sino que debe reflejar y dar respuesta a los retos
(humanos, tecnológicos, medio ambientales, etc.) que se plantean en el entorno
inmediato de la empresa, es decir a escala local, que de hecho no están muy
desligados de los desafíos que enfrenta la humanidad de manera global. Una parte
importante de las operaciones empresariales y de la inversión directa extranjera a
escala mundial tiene lugar en países en conflicto o postconflicto. A grandes rasgos,
son países que pueden contar con diversos atractivos en el ámbito de los negocios
como son la explotación de recursos naturales, mercados importantes o costes de
producción ventajosos, entre otros. Así pues, y a pesar de que constituyen entornos
complejos y, a menudo, inseguros, han atraído a empresas que actúan a nivel
global, o albergan un cierto tejido empresarial de carácter nacional que alimenta,
desde la economía formal o informal, a las cadenas de suministro a escala global.
La aportación de estos capitales privados es, en algunos casos y a lo largo del
tiempo, equivalente o superior a la ayuda procedente de donantes internacionales
por lo que su peso en la economía del país, tanto a nivel micro como macro, es
de una importancia central. Sin embargo, en estos entornos frágiles y tal y como
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
muestran los diferentes autores, la orientación o perspectiva de la empresa y de
su política de RSE puede sentar las bases para la consolidación de la paz o, por el
contrario, puede contribuir a reavivar las causas del conflicto.
Por otra parte, se ha creído tradicionalmente en la importancia de la aportación de
países donantes y en los programas de ayuda al sector público para la reconstrucción
de un país. Sin embargo, algunos teóricos afirman que cada vez son más los gobiernos
de los países en desarrollo en situación de postconflicto que reclaman un papel
más importante del comercio y menor de la ayuda internacional argumentando,
además, que la crisis económica mundial merma los fondos destinados a la ayuda
internacional. De esta forma, el modelo estatista está dejando paso a modelos de
desarrollo híbridos en los que algunos países emergentes (Brasil o China) empiezan
a invertir en términos similares a las grandes agencias de ayuda internacional,
sobretodo en el sector de minería e hidrocarburos, dando así respuesta a su propio
modelo de desarrollo. Este fenómeno otorga así una importancia creciente a la
inclusión de la perspectiva de construcción de paz en las políticas de RSE.
Para que la empresa contribuya a la paz es vital que ésta adopte lo que se ha
llamado en el argot humanitario una perspectiva de “sensibilidad al conflicto”. Ésta
significa que, partiendo del análisis del conflicto, la empresa debería comprender
y anticipar su interacción con el contexto evitando los impactos negativos y
maximizando los positivos en el proceso de construcción de paz. De la mano de
la teoría del Do no harm, la empresa debería también ser capaz de fomentar los
elementos “conectores”, es decir aquellos que reducen la tensión, y minimizar los
elementos “divisores”, aquellos que incrementan potencialmente la violencia en
su área de influencia. Ser sensible al conflicto no significa necesariamente que la
empresa deba implicarse en acciones de construcción de paz pero sí que significa
que ésta, como mínimo, no debe impactar negativamente en el conflicto o en el
proceso de consolidación de la paz.
Hoy en día son muchas las empresas que han incorporado políticas de derechos
humanos y rinden cuentas al respecto, sin embargo son pocas aún las que tienen
en cuenta la especificidad de operar en estos contextos en sus políticas de RSE.
Sin embargo, y tal y como presenta este libro, existen experiencias significativas de
empresas que participan en diversos países en la construcción de paz jugando así
un papel cada vez más relevante en cuestiones que afectan a la gobernanza global.
El papel de la empresa privada como actor en los conflictos armados ha sido una
cuestión objeto de intenso estudio y controversia en las últimas décadas. Otras
corrientes más recientes, identifican y describen un potencial papel de la empresa
en la construcción de paz. Empresas nacionales o internacionales han desarrollado
políticas de construcción de paz apoyando la generación de oportunidades de
emprendimiento y empleo para las poblaciones vulnerables, tendiendo puentes
entre comunidades, apoyando activamente negociaciones de paz o adaptando sus
productos. Sin analizar en profundidad los pros y los contras de esta participación,
esta publicación muestra los elementos que componen una RSE sensible al conflicto
y al postconflicto y se ofrecen orientaciones a las empresas que quieran adoptar
una visión estratégica en este ámbito.
El libro se divide en cuatro partes. En la primera parte, se presenta una visión general
de los conflictos armados actuales, sus características e impactos. Tras analizar las
responsabilidades del sector privado respecto al Derecho Internacional Humanitario
(DIH) y su implicación en la gestión de la seguridad por parte de la empresa, se
presentan las dinámicas económicas que rigen los contextos de reconstrucción
postbélica. El capítulo cierra con la presentación de las teorías de sensibilidad al
conflicto y su traslación al sector empresarial. En el capítulo siguiente se presenta
cómo el papel de la empresa privada en la construcción de paz pasa por cumplir
una serie de condiciones tales como el conocimiento del conflicto y sus actores, la
necesidad de adaptar su política de RSE al entorno complejo mediante la relación
con los stakeholders y la generación de alianzas público-privadas potenciando, a
su vez, los elementos conectores en su área de influencia. Tomando como punto
de partida la relación con los diferentes grupos de interés, se ofrecen ejemplos
prácticos y orientaciones generales para construir una política de RSE sensible
al conflicto que tenga como eje de trabajo prioritario a las poblaciones que se
encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia del conflicto armado.
En la segunda parte Camilla Schippa resalta en su artículo el valor económico de
la paz y cómo ésta puede ser medida en términos económicos. Según esta experta,
una mejora en la situación de violencia puede transformar la economía global y
liberar la riqueza necesaria para financiar la expansión económica y crear un
entorno económico más sostenible. Por su parte, Achim Wennmann explora cómo
las dimensiones económicas de un conflicto armado pueden resolver problemas
y tender puentes en apoyo a los procesos de paz. El sector privado se convierte
así en un aliado crucial en los procesos de paz. Para Wennmann, abordar los
asuntos económicos en procesos de paz tiene el potencial de configurar nuevas
visiones para el futuro y reforzar pactos de transición, los cuales deberían incluir
las habilidades y la experiencia del sector privado ya que éste es un pilar para la
paz posterior al conflicto. Como cierre a esta segunda parte, Angelika Rettberg
describe los diferentes papeles que el sector privado ha empezado a desempeñar
en la construcción de paz, a partir de diferentes casos. Analiza algunas de las
motivaciones que explican la participación del sector privado en la construcción
de paz centrándose en el argumento que sostiene que los elevados costes
económicos asociados a un conflicto pueden empujar a la empresa a actuar
en la construcción de paz. Sin embargo, advierte también que para generar las
condiciones que permitan una participación del sector privado constructiva y
duradera, es imprescindible un conocimiento más exhaustivo del entorno y de las
complejas motivaciones que dirigen la actividad económica y el comportamiento
empresarial en condiciones inestables.
En la tercera parte, los distintos autores exponen los riesgos y oportunidades que
se presentan a las empresas que operan en entornos complejos. Angela Rivas
analiza las innovadoras acciones de construcción de paz que han llevado a cabo
diversas empresas en Colombia enfrentadas a un entorno de alto riesgo. Para
ello, habla del concepto de “emprendedores de paz” y de la necesidad de seguir
trabajando en iniciativas multiactores para abordar temas de elevada complejidad
como la seguridad, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario
vinculados a la acción empresarial. Por su parte, Carlos Fernández y Aitor Pérez
explican porqué la empresa internacional puede jugar un importante papel
como actor del desarrollo en el ámbito de la reconstrucción postbélica y cómo la
cooperación puede aumentar su eficacia incorporando a la empresa a la estrategia
de desarrollo y consolidación de la paz, mediante la adaptación de sus instrumentos
y mediante la difusión en el sector privado de determinados principios de la acción
humanitaria. Su investigación incorpora dos estudios de caso en Angola y Bosnia-
Herzegovina en los que participaron empresas internacionales en distintos sectores
de la construcción. Por su parte, el artículo de Rina Allura analiza la manera en la
que el turismo en Rwanda contribuye a la creación de paz después del conflicto.
Partiendo de una visión general acerca del modo en el que se ha desarrollado
este sector tras el conflicto, Alluri evalúa la manera en la que algunos proyectos
específicos contribuyen a mayores esfuerzos hacia la creación de paz. Según esta
experta, Rwanda representa un ejemplo de país en el que el turismo ha emergido
como una industria capaz de contribuir no sólo al empleo y al desarrollo económico
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
sino también a tender puentes locales, aumentar la consciencia y conservar el
medio ambiente. Como cierre a esta tercera parte, Esther Hennchen presenta el
papel del sector extractivo en el desarrollo sostenible y la paz en Nigeria a través
del estudio de caso de Royal Dutch Shell. Tras analizar las dimensiones del conflicto
en el Delta del Níger y el papel que la empresa Shell desempeña allí, Hennchen
concluye que la política de Shell no ha conseguido aliviar el impacto negativo a nivel
social y medioambiental que la producción de crudo tiene sobre las comunidades
locales. Según la autora, las compañías petroleras deben repensar radicalmente
qué consideran una práctica de responsabilidad corporativa en la zona y cuál es
el enfoque más efectivo de su doble papel de agente económico y político en un
contexto tan complejo y propenso al conflicto como el del Delta del Níger.
Finalmente, en la cuarta parte del libro se presentan tres iniciativas empresariales
de construcción de paz, dos de ellas desarrolladas en Colombia y la tercera en
países del África Subsahariana. El Grupo Éxito presenta su estrategia relativa a la
población vulnerable en Colombia, que incluye a aquella que ha sido actor o víctima
del conflicto armado (personas en situación de desplazamiento, personas en
situación de discapacidad, madres cabeza de familia, reinsertados, víctimas de la
violencia). Según Luz Angela Zuluaga, dadas la problemática de violencia que vive el
país y la existencia de una de las tasas de desempleo más altas en Latinoamérica, se
hace indispensable que la empresa privada adquiera compromisos de índole social.
Según el Grupo Éxito, el tema de la inclusión laboral de poblaciones vulnerables
es prioritario dentro de su política de RSE y busca brindar oportunidades de
formación para el trabajo e inserción laboral, a personas que la sociedad margina
por poseer unas características diferentes, características que han sido adquiridas
como consecuencia del conflicto armado. Para Microsoft, el programa MI LLAVE
reconoce que los problemas a los cuales se enfrenta la población desmovilizada y
desplazada no pueden ser resueltos por una sola organización. Según Jorge Silva,
es necesario el establecimiento de alianzas que permitan ofrecer alternativas a las
comunidades y generar oportunidades para la mejora de su calidad de vida y de su
desarrollo personal. Por ello Microsoft apuesta por la unión de esfuerzos con las
ONG, el sector privado y el sector público, además de la coordinación con socios
locales de manera que se puedan unir esfuerzos desde las fortalezas de cada uno.
Finalmente, Heineken explica su estrategia de provisión de asistencia sanitaria en
entornos complejos. Tras estudiar las necesidades sanitarias de este tipo de países,
los autores, Katinka C. van Cranenburgh y Daniel Arenas, detallan las motivaciones
que llevan a la empresa a desarrollar una política de asistencia así como el debate
sobre los límites de ésta. Desde esta perspectiva, y en contextos de gobernanza
frágil y de postconflicto, Heineken considera que la provisión de asistencia sanitaria
desde el sector privado contribuye significativamente a la estabilidad y al desarrollo.
Por último desearíamos agradecer a la Fundación ICO, y muy especialmente a la
responsable del Área de Economía, Silvia Consuegra, así como a la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) su acompañamiento para
la consecución de este proyecto. Sin su incondicional apoyo esta publicación no
hubiera podido ver nunca la luz.
Asimismo agradecer a los coautores de esta publicación sus aportaciones y sus
reflexiones respecto a una cuestión tan innovadora y compleja como ésta. Ha sido
un placer compartir con ellas y ellos un espacio de diálogo en torno a los grandes
temas de debate y los dilemas que se plantean cuando se analiza el papel que
pueden jugar los actores no estatales en la construcción de paz.
Igualmente queremos manifestar nuestro agradecimiento a las personas de la Escola
de Cultura de Pau, Cécile Barbeito, Maria Cañadas, Dorys Ardila, Gema Redondo,
Eneko Sanz, Lucas Wainer y Vicenç Fisas, su tiempo, apoyo y asesoramiento para
la elaboración de algunos de los materiales presentados. Asimismo resaltar el
apoyo logístico de todo el equipo del Instituto de Innovación Social para que este
proyecto sea una realidad. Agradecer también la complicidad de Josep Ma Garcia,
Pep Maria, Myriam Criado, Ketevan Knozadze y Maite Muller por sus pertinentes
ideas y sugerentes reflexiones.
Esperamos, finalmente, que esta publicación sea de utilidad para sus lectores y
contribuya, en la medida de sus posibilidades, a avanzar hacia lo que debería ser
la RSE del siglo XXI.
Parte 1:
Construyendo la paz desde la empresa
De los conflictos armados a la
construcción de paz
Maria Prandi, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Escola de Cultura
de Pau y responsable del área de Empresa y Derechos Humanos (UAB)
Introducción
Una parte importante de las operaciones empresariales y de la inversión directa
extranjera a escala mundial tiene lugar en países en conflicto o postconflicto. A
grandes rasgos, son países que pueden contar con diversos atractivos en el
ámbito de los negocios como son la explotación de recursos naturales, mercados
importantes o costes de producción ventajosos, entre otros. Así pues, y a pesar de
suponer entornos complejos y, a menudo, inseguros, han atraído a empresas que
actúan a nivel global o albergan un cierto tejido empresarial de carácter nacional
que alimenta, desde la economía formal o informal, a las cadenas de suministro
a escala global. La aportación de estos capitales privados es, en algunos casos y
a lo largo del tiempo, equivalente o superior a la ayuda procedente de donantes
internacionales por lo que su peso en la economía del país, tanto a nivel micro
como macro, es de gran importancia. Sin embargo, en estos entornos frágiles, la
orientación o dirección que tome esta inyección de divisas puede sentar las bases
para la consolidación de la paz o, por el contrario, puede contribuir a reavivar las
causas del conflicto según se analiza en este artículo.
1. Conflictos armados actuales
Si analizamos la conflictividad a nivel internacional, se observa que el final de la
guerra fría no conllevó una disminución del número de conflictos armados. En todo
caso, en el año 2009 se registraron 31 conflictos armados en el mundo, 14 en
Asia, 10 en África, estando localizados los restantes en Europa (tres), Oriente Medio
(tres) y América (uno). Los conflictos armados de mayor intensidad se produjeron
en Afganistán, Colombia, Iraq, R.D. Congo (este), Pakistán (noroeste), Somalia,
Sri Lanka, Sudán (meridional) y Uganda (norte). Algunos de ellos son de especial
relevancia para los intereses comerciales de las empresas españolas.1
En estos entornos de violencia, una amalgama de actores armados, tanto regulares
como irregulares, ejercen su poder en alguna parte del territorio.2
conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La empresa
no debe
permanecer
ajena al
contexto en
el que opera
uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos
no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos
entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico
más utilizado es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son
las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos
se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso
el hambre (Escola de Cultura de Pau, 2010). Esto es de especial relevancia por cuanto
las características de las guerras han cambiado en las últimas décadas pasando de ser
conflictos entre Estados a guerras internas con mayores impactos en la población civil.
Cabe resaltar finalmente que tanto las víctimas como los responsables de crímenes
de guerra forman parte del conjunto de stakeholders que la empresa deberá tener
en cuenta cuando opere en este tipo de contextos. La empresa no debe permanecer
ajena al contexto en el que opera, no sólo con el objetivo de minimizar riesgos, sino
también para identificar en qué medida puede aportar elementos de construcción
de paz que sirvan a la vez a sus intereses y a la consolidación de la paz en el país.
Países en conflicto armado en 2009
Tailandia Fuente: Escola de Cultura de Pau (2010).
Oriente Medio
Iraq
Israel - Palestina
Yemen
Europa
Rusia
Turquía
Según la Escola de Cultura de Pau (2010), la mayoría de los conflictos armados en
2009 (aproximadamente dos terceras partes) estuvieron vinculados a aspiraciones
identitarias y demandas de mayor autogobierno por parte de alguno de los
contendientes. Además de estos casos, existen varios países en los que el control
por los recursos naturales y del territorio fue fundamental para entender el origen
y la dinámica de las disputas. Ello fue especialmente evidente en los casos de Iraq,
Nigeria (Delta del Níger), Pakistán (Baluchistán), RD Congo (este), Sudán (Darfur)
y Sudán (meridional), aunque en muchos otros casos el control o acceso a los
recursos también alimentó y agudizó en alguna medida la disputa.
Si se contabilizan los conflictos a escala global siguiendo un criterio regional, se
observa la preeminencia de Asia y África, muy por delante del resto de continentes
tal y como muestra el gráfico siguiente.
Distribución regional del número de conflictos armados (2009)
América
Oriente Medio
Europa
África
Asia
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Por otra parte, si se analizan las características de los conflictos por regiones, se
pueden establecer ciertos paralelismos así como divergencias entre las mismas tal
y como muestra el cuadro adjunto.
Análisis de los conflictos por regiones (2009)
Por regiones, cabe señalar que la mayoría de los conflictos en África están
vinculados a la lucha por acceder o erosionar el poder debido a la oposición
a la política interna o internacional del Gobierno. La segunda característica
principal de los conflictos en África es su dimensión regional, tanto por el rol
destacado que en muchas ocasiones juegan los Gobiernos de países vecinos
como por las bases que numerosos grupos armados tienen en países limítrofes.
Otra característica de los conflictos armados en África es el elevado número
de actores armados. Así, en los casos de RD Congo (este), Somalia, Sudán
(Darfur) y Nigeria (Delta del Níger) el número de actores armados implicados
activamente en las hostilidades se eleva a más de 10, mientras que en otros
siete casos existe un mínimo de cuatro actores armados.
En Asia, al contrario de lo que sucede en África, más del 70% de los conflictos
armados están vinculados a demandas de autogobierno o aspiraciones
identitarias y la mayoría (64%) tiene un carácter eminentemente interno. Sin
embargo, también existen casos con una clara y determinante dimensión
internacional, como los casos de Afganistán, India (Jammu y Cachemira) y
Pakistán (nordeste). La media de duración de los conflictos en Asia supera
los 26 años y es claramente la más alta del mundo. En cuanto a los actores,
en el continente asiático conviven conflictos con grupos armados con una
gran capacidad bélica e incluso de control territorial, el CPI-M en India, el
NPA y el MILF en Filipinas o el LTTE en Sri Lanka (antes de ser derrotado en
los primeros meses del 2009). Otra de las características de la conflictividad
en Asia es que algunos Estados, como India, Filipinas o Pakistán, albergan
varios conflictos armados simultáneamente, con distintas causas, dinámicas
de guerra y localizaciones en el territorio.
En América, el conflicto en Colombia siguió contándose entre los más
longevos y letales de todo el mundo, con un gran impacto en la población civil
en términos de mortalidad y desplazamiento forzado.
En Europa, el centro neurálgico de la conflictividad fue de nuevo la zona
situada entre los mares Negro y Caspio. En dicha región se incrementaron
las hostilidades armadas en las repúblicas rusas vecinas de Chechenia e
Ingushetia, con fronteras porosas y ciertos nexos entre sus insurgencias y
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
políticas contrainsurgentes. Sin embargo, en términos comparativos, la
intensidad del conflicto en ambos contextos siguió siendo baja.
Finalmente, en Oriente Medio, cabe destacar que la violencia se incrementó
en Iraq y, especialmente, en el Yemen. Por otra parte, disminuyó la intensidad
del conflicto entre Israel y Palestina, especialmente por el fin de la ofensiva
militar israelí sobre Gaza en el mes de enero de 2009.
Los conflictos
armados
conllevan crisis
humanitarias
de gran
envergadura
También cabe destacar que, a menudo, los conflictos armados conllevan crisis
humanitarias de gran envergadura en las que la situación de violencia genera
víctimas mortales, desplazamientos forzados, epidemias y hambrunas que afectan
a gran parte de la población. Todo ello se combina con un debilitamiento o colapso,
total o parcial, de las estructuras económicas, sociales y políticas. Por otra parte, y
desde los años ochenta, se han generalizado las llamadas “Emergencias Políticas
Complejas”, originadas por la proliferación de guerras civiles y caracterizadas por
la quiebra del Estado de la economía formal, las hambrunas, el desplazamiento de
población y las crisis alimentarias y sanitarias.
Las crisis humanitarias conllevan, inevitablemente, el fenómeno del desplazamiento
interno de población, es decir, cuando la población se ve obligada a desplazarse
dentro del territorio de su propio país para huir de una situación de tensión o
Número de personas desplazadas internas en 20093
Países con crisis humanitarias durante 2009
Afganistán Iraq Palestina
Burundi Kenya R. Centroafricana
Chad Madagascar RD Congo
Colombia Malí RPD Corea
Costa de Marfil Mauritania Somalia
Eritrea Myanmar Sri Lanka
Etiopía Nepal Sudán
Filipinas Níger Uganda
Guatemala Nigeria Yemen
Guinea Pakistán Zimbabwe
peligro. Según el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) el número de
desplazados internos en el mundo se mantuvo estable en los últimos años con
un total de 26 millones de personas desplazadas en 52 países, siendo África la
región más afectada y el sur y el sudeste de Asia las regiones que experimentaron
un mayor aumento en el número de desplazados internos (Filipinas, India, Pakistán
y Sri Lanka). Colombia cuenta con aproximadamente 3,5 millones de personas
desplazadas internas en su territorio.
Por otra parte, ACNUR contabilizó un total de 15,2 millones de personas refugiadas
en el mundo, es decir, personas que salen del territorio de su país para refugiarse
en otro al verse amenazados sus medios de subsistencia o su vida. Asia continuó
siendo el continente con mayor número de refugiados, con más de 3,5 millones
de personas pero Somalia (561.154), Sudán (419.248), Colombia (373.532)
y RD Congo (367.995) fueron algunos de los países más afectados en números
absolutos. Es en todo caso relevante que la empresa, que opera en este tipo de
contextos, tenga en cuenta la existencia y características de estos colectivos ya que
formarán parte de sus stakeholders.
2. La empresa en contextos de conflicto armado
Con relación a los contextos de conflicto armado, el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) indica que, si bien es cierto que muchas empresas han adoptado
políticas de derechos humanos, son todavía pocas las que incorporan políticas
relativas al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que es el derecho que regula
las situaciones de conflicto armado o de guerra.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas reconocido
internacionalmente que reglamenta las situaciones de conflicto armado y determina
los métodos y los medios utilizados por los actores armados. Los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 constituyen los principales
instrumentos del DIH (otros protocolos posteriores ponen el acento en la prohibición
o restricción en el uso de determinadas armas). Éstos son de especial relevancia
para las empresas que producen o comercializan cualquier tipo de armamento,
pesado o ligero y para las que operan en países en conflicto. Casi todos los Estados
del mundo han ratificado estos Convenios pero, generalmente, sus normas no
son respetadas por los actores armados en conflicto, ya sean gubernamentales o
grupos armados de oposición.
4
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El DIH
comporta
una serie de
derechos y
obligaciones
para las
empresas
Las empresas
deben ser
especialmente
cuidadosas
a la hora de
evitar ser
cómplices de
violaciones
de derechos
humanos
Así pues, son muy pocas las empresas que tienen presente que en estos entornos,
no sólo deben respetarse los derechos humanos en su área de influencia (Prandi y
Lozano, 2006), sino que también impera el DIH, que comporta una serie de derechos
y obligaciones para las empresas. Según el informe del CICR, titulado “Empresas y
derecho internacional humanitario”, el DIH es relevante para las empresas ya que
asigna protección tanto al personal (local, expatriado o contratantes) como a sus
activos e inversiones de capital. Por el principio de inmunidad de la población civil,
las fábricas, oficinas, vehículos, terrenos y recursos de carácter civil también están
protegidos de ataques deliberados o indiscriminados así como del pillaje o de las
violaciones a la propiedad privada, que debería ser restituida o indemnizada al
finalizar el conflicto. El DIH también asigna protección a las personas secuestradas,
delito reiterativo de que son objeto algunas empresas en determinados contextos.
Igualmente establece que las empresas deben responder penal o civilmente en caso
de incumplimiento o de complicidad en algún hecho relacionado con el conflicto. En
este sentido, las empresas con actividades en estos países deben ser especialmente
cuidadosas a la hora de evitar ser cómplices de violaciones de derechos humanos
o de participar indirectamente en el conflicto a través, por ejemplo, de proporcionar
apoyo logístico a alguna de las partes en conflicto, ya sean gubernamentales o
grupos armados de oposición. En la demanda judicial presentada ante un tribunal
de Estados Unidos contra Royal Dutch Shell por su actuación en Nigeria en los años
noventa, diversas fuentes apuntaban presuntamente a un apoyo logístico de la
empresa a las unidades militares que reprimieron las protestas de las comunidades
Ogoni siendo éste uno de los factores clave en la admisión de la demanda.5
Por lo tanto, esta rama del derecho otorga protección a la empresa pero, al mismo
tiempo, impone ciertas obligaciones jurídicas a los directivos y al personal de la
misma. En concreto, las cuestiones que tienen que ver con la provisión de servicios
de seguridad a las empresas en estas situaciones de conflicto, ya sean de carácter
público o privado, requieren una especial atención por parte de los responsables de
la política de RSE tal y como se recoge en el cuadro adjunto.
Las responsabilidades de la empresa respecto al DIH
¿Puede una empresa ser culpable de un crimen de guerra?
Las empresas que operan en zonas de conflicto, así como su personal, tienen
responsabilidad jurídica, que va desde lo penal, por cometer o ser cómplices,
de un crimen de guerra, hasta lo civil por daños y perjuicios. El DIH dispone
que, no sólo los autores de las violaciones sino también sus superiores, pueden
ser responsables penalmente de la comisión de un crimen de guerra. Por
ejemplo, un intermediario de armas que venda un cargamento a un cliente a
sabiendas de que van a ser utilizadas para cometer crímenes de guerra podría
ser cómplice de dichos crímenes, independientemente de que comparta o
no las intenciones de su cliente. Asimismo, una empresa que proporcione
apoyo logístico (en términos comerciales) que pueda facilitar la comisión de
violaciones del DIH podría ser responsable ante la ley. Así pues, la posibilidad
de la responsabilidad corporativa o individual por crímenes perpetrados en un
conflicto armado es un elemento cada vez más importante para las empresas
a la hora de evaluar los riesgos derivados de las actividades que llevan a cabo
en esos entornos complejos.
Por lo tanto, la empresa que opera en contextos de conflicto armado deberá estar
atenta a sus obligaciones, pero también a sus derechos, respecto al DIH, y prestar
¿Se aplica también el DIH a las compañías militares y de seguridad
privadas que protegen las instalaciones de una empresa en una
zona en conflicto?
Sí. Normalmente, las compañías de seguridad privadas contratadas por las
empresas para su protección en una zona de conflicto se rigen por la legislación
nacional del lugar en el que operan. Esto suele permitir al personal de seguridad
hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en una medida
proporcional a la amenaza. Sólo si el personal de seguridad participa en las
hostilidades, entonces el uso de la fuerza estará regulado por el DIH y las normas
aplicables serán diferentes. Las empresas que contraten compañías de seguridad
privadas que no se ajusten al derecho internacional humanitario cuando
intervengan en un conflicto armado podrán ser consideradas responsables de
ayudar a que se cometan violaciones de este derecho.
especial atención a las personas o empresas encargadas de garantizar la seguridad,
tanto del personal como de las instalaciones, así como a la gestión de cuestiones
derivadas de la violencia como puede ser la privación de libertad de su personal.
En todo caso, deberá ser especialmente vigilante respecto al tipo de relación que
desea mantener con la comunidad local y el grado de conflictividad de la zona.6
Otra cuestión relevante resaltada en este mismo estudio, es la de conocer si la
empresa que opera en una situación de conflicto adquiere recursos y bienes con
el correspondiente libre consentimiento del proprietario. Es importante para la
empresa que se trate de un consentimiento libre sin la intervención de amenazas,
intimidaciones o abusos de poder, que a menudo se pueden dar a través de terceros.
De lo contrario podría ser acusada de pillaje según el DIH. La cuestión de la explotación
de los recursos naturales en contextos de conflicto armado es compleja y ha sido en
muchas ocasiones motivo de acusaciones de complicidad en abusos a los derechos
humanos. Algunos autores resaltan, sin embargo, que el dejar de adquirir estas
materias primas de la zona no es siempre la solución más fácil y que los sistemas
de certificación suelen precisar largos periodos de preparación y ejecución mientras
los medios y las ONG ejercen fuertes presiones contra la empresa (Mitchell y Garret,
2009). Durante un conflicto armado, la empresa debe ser también especialmente
vigilante con la utilización de personas en situación de trabajo forzoso.
¿Qué es el trabajo forzoso?
Según la OIT, el trabajo forzoso incluye dos elementos básicos: la prestación
de un trabajo o servicio bajo la amenaza de una sanción y su realización no
voluntaria. Esta amenaza puede ir acompañada de formas extremas, como la
violencia física, pero también puede manifestarse por medio de formas sutiles,
como las amenazas de denuncia a las autoridades policiales, en el caso de los
inmigrantes irregulares, o la imposición de horas extras impagadas, bajo pena
de perder el empleo. Así, una situación de trabajo forzoso se determina por la
naturaleza de la relación existente entre una persona y un «empleador», y no
por la actividad realizada en sí misma. Latinoamérica y el Caribe cuentan con
cerca de un millón y medio de víctimas del trabajo forzoso, de las cuales el 75%
son resultado de la explotación económica de actores privados.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La cuestión
relativa a
temas de DIH
y de seguridad
se presenta
aún de forma
embrionaria
en las políticas
corporativas de
responsabilidad
social
La experiencia nos demuestra que pueden presentarse demandas contra empresas
ante tribunales de diversos países (Estados Unidos, Francia o Bélgica) cuando se
demuestra que una empresa se benefició, incluso indirectamente, de la utilización
de trabajo forzoso. Esta acusación de complicidad fue la que se planteó, en los años
noventa, en la demanda contra la petrolera Total por su asociación con la empresa
nacional birmana MOGE para la construcción de las infraestructuras necesarias
para llevar cabo su actividad de explotación gasística en Myanmar.
La cuestión relativa a temas de DIH y de seguridad se presenta aún de forma
embrionaria en las políticas corporativas de responsabilidad social pero irá
ganando terreno paulatinamente, llegando incluso a constituirse en un elemento
con carácter decisorio en lo que a Inversión Socialmente Responsable (ISR) y
rendición de cuentas se refiere en un plazo relativamente corto de tiempo. Así pues,
las empresas que gestionen esta cuestión de manera innovadora tomando una
posición pionera en este aspecto serán las mejor preparadas para afrontar este
nuevo reto de la responsabilidad social empresarial (RSE) a escala global.
3. Tras el conflicto armado, la paz
En paralelo, numerosos países han conseguido poner fin a un conflicto armado en
las últimas décadas pasando de una situación de conflicto a otra, a menudo no
menos complicada, de paz y de reconstrucción postbélica. Por ejemplo, y según
un análisis de Fisas (2010) respecto a los procesos de paz acontecidos en diez
países7, los motivos para iniciar el proceso de paz fueron diversos, pero en todos los
casos fue determinante el cansancio de la guerra y el deseo de paz de la población.
En cada país tuvo más o menos peso algún que otro factor, pero fue en Irlanda del
Norte y en Sudáfrica donde tuvo especial relevancia la necesidad económica de
lograr el fin del conflicto. Este estudio también resalta que, al finalizar los acuerdos,
se procedió en todos los casos a una amnistía de los combatientes y que todos los
grupos de oposición que lucharon durante el conflicto acabaron ocupando puestos
Países con proceso de paz o negociaciones en marcha
En Irlanda
del Norte y
en Sudáfrica
tuvo especial
relevancia la
necesidad
económica de
lograr el fin del
conflicto
de responsabilidad en los nuevos gobiernos surgidos tras los Acuerdos de Paz. En todo
caso, la empresa debe estar atenta a las cláusulas de los Acuerdos de Paz que hacen
referencia a aspectos de la actividad económica como, por ejemplo, los Acuerdos de Paz
que cerraron el conflicto en Guatemala y que establecen que debe haber una consulta
previa, libre e informada en el caso de desarrollarse grandes infraestructuras en el
país, aspecto que algunas empresas extractivas no han contemplado, ni integrado
en sus políticas de responsabilidad social en la era postconflicto.
En estos contextos de transición, el sector privado, a través de las agencias
nacionales e internacionales, puede proveer de servicios y productos dirigidos
a la reconstrucción del país de acuerdo con unas prioridades y calendarios
preestablecidos y una estrategia a nivel nacional. En este sentido, tanto desde la
Unión Europea como desde otros organismos multilaterales como Naciones Unidas
se pueden ofertar licitaciones con relación a una gran variedad de sectores en un
gran número de países en postconflicto. El reto colectivo reside en que, tanto por
parte del sector privado como por parte de los organismos multilaterales, se conciba
y se implemente un nuevo paradigma de reconstrucción que deje de considerar a
la empresa como un mero proveedor de productos o servicios y le otorgue un papel
más avanzado como constructora de paz en contextos de reconstrucción postbélica
en su área de influencia.8
En las conferencias internacionales de donantes, organizadas principalmente por
Naciones Unidas y por el Banco Mundial, se presentan las primeras estimaciones
económicas para la reconstrucción de un país y, junto con el Gobierno
correspondiente, se establecen planes de desarrollo y se asignan los fondos a
determinados objetivos de reconstrucción. La principal justificación de esta acción la
constituye el concepto “la responsabilidad de proteger”, estrechamente relacionado
con el de “Estado fallido”. Según este argumento, la comunidad internacional debe
intervenir en favor de la población cuando un Estado es incapaz de protegerla
(Estado fallido), tal y como sucede en una situación de reconstrucción postbélica,
aplicándose también el principio de “injerencia” con el objetivo de preservar los
derechos humanos de sus ciudadanos (Escola de Cultura de Pau, 2009).
En este marco, y fruto de la era posguerra fría y del proceso de globalización
económica, la comunidad internacional ofrece una fórmula para la reconstrucción
basada en la existencia de un consenso que prima determinados procesos por
encima de otros. Destacan, entre otros, la reconstrucción del Estado nación, la
economía de mercado, la democracia liberal y los derechos humanos. Este
consenso constituye la llamada doctrina de la “paz liberal” (Paris, 1997; Richmond,
2006; Heathershaw, 2008) que ha imperado en los últimos años pero que también
ha sido criticada ampliamente por determinados círculos académicos En todo
caso, cabe destacar que aproximadamente la mitad de los países en situación
de reconstrucción postbélica reanudan el conflicto en el plazo de 5 años y que
el 72% de las operaciones internacionales de ayuda y reconstrucción dejan el
país estableciendo un régimen autoritario (Collier, 2003; Call y Cook, 2003). Ante
este escenario, las motivaciones económicas por las que el sector privado decide
participar o no en cuestiones de paz son diversas y van desde la posibilidad de
ampliar su negocio en un escenario de paz (Bray, 2005) o reducir los costes ligados
al conflicto hasta la necesidad de garantizar las inversiones.9
En todo caso, vale la pena destacar que, a menudo, la reconstrucción de un país
no debería presuponer una vuelta al statu quo que imperaba antes del conflicto
sino que debería ofrecer una oportunidad para refundar las bases económicas del
país y, por lo tanto, trabajar en favor de la reducción de las causas coyunturales
o estructurales en el ámbito económico que actuaron, en parte, como causas o
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Cuestiones
como la
propiedad
de la tierra o
de la riqueza
que genera la
explotación
de recursos
naturales
pueden ser,
entre otros,
algunos de
estos puntos
más sensibles
Costes directos
Seguridad Pagos más elevados a empresas públicas o privadas; tiempo del personal de
Gestión del riesgo Primas de seguros más elevadas, reducción de la movilidad y costes de trans-
porte más altos
Material Destrucción de la propiedad e infraestructuras
Producción Disrupción de la producción, retrasos
Personal Secuestros, amenazas, asesinatos, dificultades de contratación, salarios más
Reputación Campañas de consumidores, fluctuaciones de las acciones, pérdida de competitividad
Costes indirectos
Humano Pérdida de vidas, de salud, de capacidades intelectuales y físicas
Social Debilitamiento del capital económico, social y político
Económico Daños a la infraestructura financiera, pérdida de mercados
Medio ambiental Contaminación, degradación
Político Debilitamiento de las instituciones, de la gobernanza, del imperio de la ley
la empresa dedicado a la gestión de la seguridad
altos para compensar el riesgo
catalizadoras de la violencia. Cuestiones como la propiedad de la tierra o de la
riqueza que genera la explotación de recursos naturales pueden ser, entre otros,
algunos de estos puntos más sensibles que requieren especial atención pero que
entroncan, con frecuencia, con los intereses del sector privado.10
Países que resolvieron una situación de conflicto en los últimos 20 años
País Año del acuerdo de paz
El Salvador 1992
Sudáfrica 1994
Guatemala 1996
Tayikistán 1997
Irlanda del Norte 1998
Angola 2002
Sierra Leona 2002
Liberia 2003
Indonesia (Aceh) 2005
Sur del Sudán 2005
Nepal 2006
Burundi 2008
La Comisión de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (PBC, por sus siglas
en inglés) es el organismo designado para coordinar la intervención internacional
y asegurar el compromiso sostenible de los donantes. Sin embargo, las empresas
negocian también sus contratos directamente con los representantes de las
autoridades reconocidas como legítimas o los gobiernos de transición. En este
sentido, es importante resaltar que los procesos de paz entendidos según Fisas
(2010b: 9) como “un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así
como para implementarlo, mediante negociaciones” implican muy a menudo que
las personas que estuvieron, política o militarmente, al mando de las operaciones,
tanto de los bandos regulares como de los grupos armados de oposición ocupen, en
la era postbélica y tras gozar de una amnistía, posiciones relevantes en el Gobierno
o en los órganos económicos del país a modo de compensación por el hecho de
haber dejado la actividad armada.11
La empresa debe conocer los riesgos que implica para su reputación el “hacer
negocios” con determinadas personas o élites que, según datos o informes de
agencias de las Naciones Unidas, no sólo fueron las responsables de graves
violaciones de los derechos humanos durante el conflicto sino que también pueden
tener determinados intereses en discriminar y reprimir de manera desproporcionada
algún territorio o etnia en el periodo postbélico.12 Determinadas situaciones
podrían suponer, incluso, la complicidad de la empresa en abusos a los derechos
humanos aun cuando la empresa desconozca estas circunstancias. En el caso de
Costa de Marfil, por ejemplo, la mayoría de las empresas de seguridad del país son
propiedad de la mujer del presidente, Laurent Gbagbo, uno de los bandos en el
conflicto armado, por lo que se puede producir un sesgo importante en las tareas
de mantenimiento de la seguridad en el caso de contratar sus servicios.
Cabe destacar finalmente que un país en postconflicto se encuentra generalmente
inmerso en lo que se ha denominado “proceso de justicia transicional”, entendido
como el conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales que se ponen en
marcha en sociedades en transición con el fin de afrontar un pasado de guerra
y de violaciones y abusos sistemáticos a los derechos humanos. Las principales
estrategias de justicia transicional son enjuiciar a criminales de guerra (tribunales
internacionales, mixtos, híbridos o internacionalizados y tradicionales), reformar las
instituciones del Estado (fuerzas de seguridad y cargos públicos), buscar la verdad
y el esclarecimiento histórico (comisiones de la verdad), reparar a las víctimas
(restitución, indemnización, rehabilitación, compensación), así como impulsar la
reconciliación estableciendo garantías de no repetición de violaciones de derechos
humanos e infracciones al DIH. Durante estos periodos de conflicto y transición
pueden cerrarse determinados tipos de inversiones y contratos que en el periodo
postbélico pueden resultar no acordes con la lesgilación vigente. Eso sucedió,
por ejemplo, en la R.D. Congo donde el Senado recomendó la renegociación de
importantes contratos mineros por no ajustarse a la legislación vigente abriendo
así una puerta a la inseguridad jurídica de estas inversiones.
Por lo tanto, la empresa que opere en estos contextos deberá tener presente la
evolución de los indicadores de justicia transicional en el país y si éstos tienen algún
punto de intersección con las políticas o actividades que desarrolla, por ejemplo, en
el ámbito de la reconciliación. Algunas empresas se han visto forzadas, por ejemplo,
a modificar su política de contratación para emplear de manera equilibrada a
personas de distintas etnias anteriormente enfrentadas o a subcontratar y terciarizar
considerando cuáles fueron los actores enfrentados y las víctimas para no privilegiar
a unos en detrimento de otros evitando propiciar así un nuevo estallido de violencia.
Una política de contratación a nivel corporativo que elimine las discriminaciones
puede evitar que, por ejemplo, mandos intermedios de origen local y pertenecientes
a una determinada etnia puedan ejercer de facto algún tipo de discriminación en la
contratación y trato que se da a empleados de otra etnia.
La discriminación es, sin duda, una de las causas de fondo del bajo perfil de los
derechos laborales en la mayoría de los países. Esta se puede dar por razón de
género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, opinión política, origen social o
cualquier otra distinción. Según la OIT, la discriminación en el entorno laboral es un
fenómeno cotidiano y universal, y se produce cada vez que se rechaza o se prefiere a
un trabajador con igual cualificación por ser o no de una determinada etnia o grupo
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La empresa
consultar de
manera muy
amplia a sus
stakeholders
para conocer
a fondo la
debe
verdad
El término
“construcción
de paz” fue
acuñado por
primera vez
por el entonces
secretario
general de
Naciones
Unidas,
Boutros
Boutros-Ghali
social o se le atribuye un sueldo inferior al de un colega con la misma productividad.
La OIT identifica tres tipos de discriminación en el trabajo: por distinción, exclusión o
preferencia; y ésta puede darse con respecto a las condiciones laborales, al salario,
a los beneficios o a las opciones de promoción y formación.
Por lo tanto, estas políticas deben tomar en consideración que las personas que
la empresa vaya a contratar o subcontratar puedan estar viviendo un proceso,
individual o colectivo, de reconciliación y cómo ésto puede suponer un riesgo o
una oportunidad para la contribución de la empresa a la construcción de paz. Por
otra parte, los conceptos de víctima de violaciones de derechos humanos y de
responsable de éstas, pueden resultar a menudo en una zona gris y en todo caso
la empresa debe consultar de manera muy amplia a sus stakeholders para conocer
a fondo la verdad que, con frecuencia, se oculta a través de políticas de Estado
dirigidas a la discriminación de alguno de los bandos que estuvieron en conflicto.13
4. ¿Qué es la perspectiva de construcción de paz?
El término “construcción de paz” fue acuñado por primera vez por el entonces
secretario general de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, en el informe de
1992 titulado Un programa de paz. En este documento, el antiguo secretario general,
definía la construcción de paz como “las medidas destinadas a individualizar
y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar
una reanudación del conflicto” (Naciones Unidas, 1992). Estas medidas incluyen
la desmilitarización, la promoción de los derechos humanos y de la participación
política, los proyectos de desarrollo económico y social y otras que, de manera
genérica, establecen las condiciones para la recuperación y la reconciliación.
Esta definición se refiere a la etapa en la que ha finalizado la fase armada de
un conflicto, y corresponde esencialmente, a tareas de rehabilitación postbélica.
Posteriormente, Boutros-Ghali añadió en el Suplemento a la Agenda de Paz, la
creación de estructuras para la institucionalización de la paz. En todo caso, y desde
entonces, académicos, practitioners y organismos multilaterales e internacionales
han intentando definir este concepto proponiendo diversas variaciones. Algunos no
han definido el concepto de construcción de paz pero sí otros que pueden aplicarse
en el caso que nos ocupa (Barnett, et al. 2007: 37-40). Según estos autores, el Banco
Mundial habla de “reconstrucción postbélica” como las “actividades que apoyan la
transición de un conflicto a la paz en un país a través de la reconstrucción del marco
socioeconómico de la sociedad”. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional
hace referencia a la “recuperación postconflicto” definiéndola como “actividades
que restablecen los bienes y el nivel de producción en la economía”, ciñéndose al
carácter exclusivamente económico de la reconstrucción. Finalmente, la Comisión
Europea hace referencia a la “reconstrucción” como “el restablecimiento del
funcionamiento de la economía y de las capacidades institucionales necesarias
para restablecer la estabilidad social y política en países en desarrollo que han
sufrido fuertes daños debido a la guerra, desórdenes civiles o desastres naturales”.
Para referentes académicos, como John-Paul Lederach (Lederach, 1998), la
construcción de la paz es un “concepto global que abarca, produce y sostiene
toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar
los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles”. En este sentido, la paz
es más dinámica y la construcción de paz se da independientemente de si estas
medidas se toman en un contexto de tensión, de confrontación armada abierta, o
de postconflicto armado. Según Barbeito et al. (2009), algunas de estas medidas
pueden ser la presión política para reducir el riesgo de enfrentamiento (diplomacia
preventiva), el impulso de medidas de confianza entre partes enfrentadas; la
mediación o facilitación de negociaciones; la presión para limitar la producción y
exportación de armas; el desminado; el desarme, la desmovilización y la reintegración
(DDR) de soldados; medidas para el respeto del derecho internacional humanitario;
la promoción de la reconciliación; la educación para la paz, etc. En todo caso, se
entenderá en este artículo la construcción de paz en un sentido amplio, como
aquellas acciones encaminadas a crear condiciones para avanzar hacia la paz en
una sociedad marcada por un conflicto armado o tensión ya sea en situación de
conflicto o postconflicto.
La teoría de sensibilidad al conflicto
Se suele identificar el genocidio de Rwanda de 1994 como un punto de inflexión
respecto al papel que puede jugar la ayuda humanitaria internacional en contextos
de conflicto y postconflicto (DANIDA, 1996). Así pues, el fracaso en la gestión de
la crisis y de la ayuda “bien intencionada” dio origen, en los años noventa, a una
preocupación real entre los actores de la ayuda internacional sobre cómo operar en
entornos de violencia tomando conciencia de que cualquier acción per se, llevada
a cabo en este tipo de contextos, puede ejercer una influencia, positiva o negativa,
sobre ellos, incluso cuando los proyectos no presentan ningún objetivo relativo al
conflicto o a la construcción de paz.
Es en ese contexto en el que surge la teoría de “sensibilidad al conflicto” que
sostiene que es necesario que la intervención en países en tensión o conflicto
armado adopte una “mirada sensible” al contexto, y evite así tener un impacto
negativo en el grado de violencia del país mediante una serie de herramientas y
recursos. Uno de ellos nació a mediados de los noventa bajo el nombre de “Do
No Harm” – Acción sin daño- (Anderson, 1999). En su libro del mismo nombre
(Do no harm, 1999), Mary Anderson hace aportaciones importantes al debate:
identifica algunos de los elementos que pueden reducir o reforzar la tensión en un
contexto de conflicto armado, como son los elementos “conectores” y “divisores”
de la sociedad en conflicto. Este énfasis en analizar los aspectos positivos
“conectores” y no sólo los negativos es una de las aportaciones más novedosas
del enfoque de Mary Anderson (Barbeito et. al., 2007). Esto indica que la empresa
podría potenciar los elementos “conectores” de la sociedad en conflicto y evitar
fomentar los elementos “divisores”.
La sensibilidad al conflicto es, por lo tanto, una forma de planificar y evaluar la
intervención internacional que se lleva a cabo en contextos de tensión o de conflicto
armado. Su función es “analizar el contexto de paz y conflicto, comprender y anticipar
la interacción entre la propia intervención y el contexto, y evitar los impactos negativos
y maximizar los impactos positivos de las acciones emprendidas” (Fewer et. al., 2004).
Este marco de trabajo originado en los círculos que se ocupan de cuestiones de ayuda
humanitaria es, sin embargo, en parte trasladable al ámbito del sector privado.
“Ser sensibles” no significa que las empresas deban implicarse necesariamente en
acciones de construcción de paz sino que existen distintas formas de aproximación
de la empresa al conflicto. Interpretando a Jonathan Goodhand (2006), las
intervenciones internacionales en contextos de tensión o conflicto armado pueden
clasificarse según tres tipos de aproximaciones:
- Intervención alrededor del conflicto (around the conflict): Incidencia en
distintos ámbitos de la construcción de paz (como la actividad en el sector
primario, secundario o terciario) sin tener en cuenta el contexto de tensión o de
conflicto armado. Esta aproximación considera la tensión o el conflicto como una
externalidad al proyecto que no hay que tener en cuenta a menos que influya
negativamente en el proyecto desarrollado.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
- Intervención en el conflicto (in the conflict): Incidencia en distintos ámbitos de la
construcción de paz (como el desarrollo o la acción humanitaria), pero teniendo
en cuenta el contexto de tensión o de conflicto armado, tanto para minimizar los
riesgos que el contexto pueda suponer para el proyecto, como para minimizar los
riesgos que el proyecto pueda significar para el contexto.
- Intervención sobre el conflicto (on the conflict): Incidencia en ámbitos de
construcción de paz, para actuar sobre las causas o consecuencias directamente
relacionadas con la situación de tensión o de conflicto armado.
INTERVENCIONES Actividad empresarial clásica EN el conflicto ALREDEDOR del conflicto
Construcción de Paz SOBRE el conflicto -
Debería
existir, como
mínimo, la
responsabilidad
de no incidir
negativamente
en el contexto
de violencia
Trasladando esta distinción a la práctica operativa de las empresas en contextos de
conflicto armado, se podría distinguir a empresas que intervienen en un contexto
de tensión o conflicto armado sin tener en cuenta el contexto diferencial (alrededor
del conflicto); empresas que se implican en la construcción de paz en un país (sobre
el conflicto); o empresas que se encuentran en el punto intermedio, es decir, sin
modificar su actividad habitual, tienen en cuenta las especificidades del contexto
de tensión o conflicto armado, y actúan en consecuencia.
En esta misma línea, Joras (2009) lleva a cabo una distinción de las diferentes
estrategias y métodos que utilizan las empresas en situaciones de postconflicto
en los siguientes términos: intentar mitigar los costes del conflicto en la empresa;
intentar evitar los efectos negativos de la empresa en el conflicto; contribuir a la paz
por la generación de riqueza y empleo pero sin contar con una política deliberada al
respecto; comprometerse y apoyar las negociaciones de paz y el desarrollo económico.
En este sentido, la adopción de una perspectiva o “mirada” de construcción
de paz puede contribuir a tener más presente el entorno complejo en el que se
opera, a evaluar la repercusión de las actuaciones, positivas o negativas ya sea
antes, durante o después del desarrollo de la actividad empresarial, y a reforzar la
gestión empresarial teniendo en cuenta los intereses y las relaciones de todos los
actores involucrados. Si bien es difícil exigir a las empresas que se comprometan
a contribuir a la paz en los contextos en los que operan, si debería existir, como
mínimo, la responsabilidad de no incidir negativamente en el contexto de violencia o
post violencia. Por ello, se requiere a las empresas, entre otros actores, que tengan
“sensibilidad al conflicto”, es decir, que sean sensibles al hecho de que actúan en
un contexto con un pasado violento y de una extrema complejidad.
Conclusiones
La responsabilidad primaria para la paz, la seguridad y el desarrollo reposa
en los Estados pero el sector privado también puede tener un papel relevante
como constructor de paz en su área de influencia. Las actividades comerciales
y de inversión pueden tener impactos positivos, pero también negativos, en los
indicadores de violencia de un país o territorio y esto, a su vez, puede generar
riesgos financieros y riesgos en la capacidad operativa por lo que puede verse
mermada la reputación de la empresa.
Así pues, la responsabilidad social de la empresa en contextos de conflicto
armado debe pues adaptarse a este tipo de entornos complejos y este requisito
es válido tanto para empresas globales como pymes, empresas públicas como
privadas, así como para empresas nacionales o extranjeras. La empresa debe,
por lo tanto, conocer el contexto de conflicto en el que opera, así como sus
actores, y adaptar su negocio y las relaciones con sus stakeholders desde una
perspectiva de “sensibilidad al conflicto”.
1. El Country Risk Portal del Danish Institute for Human Rights ofrece información
relevante por países sobre el riesgo en derechos humanos para empresas. Más
información en: <http://www.humanrightsbusiness.org/?f=country_risk_portal>. La
Base de Datos de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau
proporciona datos detallados sobre la situación de conflictividad por países. Véase
<http://escolapau.uab.cat/conflictosypaz/index.php>.
2. Por regulares, se entienden las fuerzas armadas o policiales pertenecientes a un Estado
mientras que el término irregulares se refiere generalmente a grupos armados de oposición.
3. <http://www.internal-displacement.org/>.
4. Tomando a Mark Freeman como referencia, se entiende por stakeholders todas las
personas u organizaciones que tienen una influencia en las actividades de la empresa o
pueden verse influidas por ellas.
5. Véase el artículo de Esther Hennchen “El papel del sector extractivo en el desarrollo
sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell”.
6. En este sentido, el Global Compact de Naciones Unidas ha desarrollado una serie
de materiales sobre cómo la empresa puede minimizar los riesgos y, al mismo tiempo,
contribuir a la construcción de paz en situaciones de conflicto armado. Véanse
<http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/guidance_material.html>
y <http://business.un.org/es>.
7. Los países estudiados son: El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica,
Tayikistán, Sierra Leona, sur del Sudán, Burundi, Indonesia (Aceh) y Nepal.
8. Véase el artículo de Carlos Fernández y Aitor Pérez “La empresa como actor de la
reconstrucción postbélica”.
9. Véase el artículo de Angelika Rettberg “La participación del sector privado en la
construcción de paz: inventario e identificación de algunos ejemplos ilustrativos”.
10. Véase el artículo de Achim Wennmann “Dimensiones económicas de los procesos de
paz: el sector privado como aliado estratégico para la creación de la paz”.
11. Más información en Fisas, V. 2010. Anuario de procesos de paz, Barcelona: Icaria en
<www.escolapau.org>.
12. Más información en Danish Institute for Human Rights, Doing Business in High-
Risk Human Rights Environments en <http://www.humanrights.dk/business> y Jungk,
M. 2001. Deciding whether to do Business in states with bad governments, Danish
Institute for Human Rights.
13. Un ejemplo de esta zona gris entre víctima y victimario se refleja en la orden de
detención por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en el año 2005 del ugandés
Dominic Ongwen, que con 10 años de edad fue reclutado de manera forzosa por el grupo
armado LRA. Entrenado para combatir, asesinar y mutilar a lo largo de sus 18 años en
la selva fue promocionado a ocupar un puesto de liderazgo en el LRA, por su eficacia y
lealtad al grupo. Ongwen fue acusado de crímenes contra la humanidad y reclutamiento
de menores y fue, por lo tanto, la primera persona acusada por la CPI de los mismos
crímenes de los que fue también víctima.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
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La responsabilidad social de la empresa en
contextos de conflicto y postconflicto: de la
gestión del riesgo a la creación de valor
Maria Prandi, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Escola de Cultura
de Pau y responsable del área de Empresa y Derechos Humanos (UAB)
1. Introducción
El papel de la empresa privada como actor en los conflictos armados ha sido
una cuestión objeto de intenso estudio y controversia en las últimas décadas.
Efectivamente, una extensa literatura considera a la empresa como motor o factor
clave en la generación y perpetuación de conflictos, en especial en aquellos países
en los que los grupos armados se financian a través del control de la extracción y
comercialización de recursos naturales. Otras corrientes más recientes, identifican
y describen un potencial papel de la empresa en la construcción de paz y afirman
que la ayuda internacional es incapaz, por sí sola, de romper el ciclo del conflicto.
Defienden que la empresa privada, especialmente la local, es indispensable para la
creación de empleo y de oportunidades de emprendimiento a largo plazo si se dan
las condiciones necesarias para ello (sociales, financieras, políticas, de seguridad,
etc). Esta visión no está exenta de críticas y algunas voces resaltan, a su vez, la
incompatibilidad de los intereses de la empresa con los cambios estructurales
económicos que precisa a menudo la paz y contraponen igualmente la visión
cortoplacista de la empresa poco apropiada para contextos de postconflicto en los
que determinadas cuestiones económicas pueden reavivar fácilmente la violencia
y ser incompatibles con la consolidación de la paz.
En todo caso, la globalización de la economía ha ofrecido nuevas oportunidades
comerciales a las empresas a escala global y éstas operan habitualmente en
países emergentes pero también, y cada vez más a menudo, en zonas afectadas
por conflictos o en fase de reconstrucción postbélica tras haber alcanzado un
acuerdo de paz. También es cierto que hoy en día son muchas las empresas que
han incorporado políticas de derechos humanos y rinden cuentas al respecto, sin
embargo todavía son pocas las que tienen en cuenta la especificidad de operar
en estos contextos en sus políticas de responsabilidad social empresarial (RSE)
influidas, además, por el hecho de que aún son pocos los instrumentos de rendición
de cuentas que los incorporan.1 No obstante, tal y como presenta este capítulo,
existen experiencias significativas de empresas que participan en diversos países
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Cualquier
aportación
positiva
del sector
privado es tan
sólo posible
desde el
conocimiento
del contexto
de conflicto y
postconflicto
Sería
recomendable
un estudio
ex post del
impacto y del
riesgo de las
operaciones
comerciales
en la construcción de paz por lo que juegan un papel cada vez más relevante en
cuestiones que afectan a la gobernanza global. Sin analizar en profundidad los pros
y los contras de esta participación, se muestran a continuación los elementos que
componen una RSE sensible al conflicto y al postconflicto y se ofrecen orientaciones
a las empresas que quieran adoptar una visión estratégica en este ámbito.
2. Consideraciones preliminares
Antes de llevar a cabo un análisis descriptivo de las iniciativas de paz empresariales
y de sus características, se debe tener en cuenta una serie de consideraciones
previas de carácter general.
Una primera premisa relevante es que cualquier aportación positiva del sector
privado a la construcción de paz es tan sólo posible desde el conocimiento y
la comprensión integral, por parte de la empresa, del contexto de conflicto y
postconflicto en el que va a desarrollarse la actividad empresarial, es decir, sus
causas (sobre todo aquellas que tienen algún punto de intersección con su actividad
empresarial, ya sea en el ámbito económico o social), su desarrollo, los actores
implicados (actores, armados, gobiernos, víctimas y responsables de violaciones
de derechos humanos, etc.) y sus consecuencias (no sólo las económicas sino
también las sociales). Esto es válido para las empresas que llegan a un escenario
en reconstrucción, pero también lo es para las que ya estaban presentes durante
la guerra y continúan operando, directamente o a través de terceros, en el periodo
posterior al acuerdo de paz. Con esta información la empresa puede llevar a cabo
un análisis de posibles riesgos, prever posibles incidencias, sus respectivos costes
y establecer medidas de mitigación de impactos.
En el caso de las empresas que se implantan por primera vez en un escenario
de postconflicto, sería recomendable llevar a cabo, antes de cualquier inversión,
un estudio ex post del impacto y del riesgo de las operaciones comerciales que
incorporara indicadores de construcción de paz. De la misma manera que se hace,
por ejemplo, un estudio de impacto medioambiental con el objetivo de prever y mitigar
posibles impactos negativos en el medioambiente, sería conveniente realizar un
estudio sobre los posibles impactos de la empresa en el periodo de reconstrucción en
clave de construcción de paz que permitiera identificar riesgos específicos y medidas
de control. Si la empresa ya estaba presente en el territorio es importante que este
estudio identifique además las relaciones que se habían establecido en el periodo
de guerra, a qué actores se podía haber beneficiado, directa o indirectamente, qué
consecuencias había tenido la violencia en la actividad empresarial y qué influencia
había tenido ésta en el desarrollo del conflicto y sus diferentes actores.
Brainstorming para un estudio de impacto en construcción de paz
¿Qué implicaciones tuvo el país de origen de la empresa en el conflicto?
¿Qué implicaciones, directas o indirectas, ha tenido la empresa en el conflicto?
¿Quiénes son los demás actores y qué relación tiene la empresa con ellos?
¿Cómo se define el grado de compromiso de la empresa y se considera como
un proceso dinámico?
¿Cuáles son las expectativas que puede generar la empresa en clave de paz?
¿Cómo se identifican elementos y procesos que producen tensión o división
en el área de influencia de la empresa?
¿Cómo se identifican las fuentes de información y cómo se organiza la
información?
¿Qué debe evitar la empresa para no exacerbar las tensiones intergrupales ni
debilitar las relaciones comunitarias?
¿Qué hacer para apoyar desde la posición económica el proceso de
consolidación de la paz?
¿Qué hacer para promover la reconciliación en el lugar de trabajo?
¿Qué hacer para subcontratar en clave de paz y fomentar los saberes locales?
¿Cuáles son las limitaciones de la empresa y los límites de la política de RSE
que contempla aspectos de paz?
¿Qué elementos aumentan las capacidades locales?
¿Cuáles han sido otras experiencias del sector en el país?
Al igual que para los estudios de impacto medioambiental, las empresas pueden
recabar la ayuda de organizaciones especializadas para la realización de este
estudio. Esta tarea de análisis del tejido socioeconómico del conflicto es compleja y,
a menudo, las empresas no cuentan con las capacidades técnicas suficientes para
llevarla a cabo de manera plenamente satisfactoria por lo que debería hacerse de la
mano de personas u organizaciones con experiencia teórica y práctica sobre el terreno
en esos contextos. La experiencia de otras empresas del sector en circunstancias
similares tampoco debe ser desdeñada. En todo caso, las causas de los conflictos son
múltiples (Escola de Cultura de Pau, 2010) e incluyen factores de diversa índole con
implicaciones más o menos directas para las actividades empresariales tales como:
Causas del conflicto y grado de implicación de la empresa
Más implicación
- control de los recursos o del territorio
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado
- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias
Menos implicación
La empresa debe tener presente que no se inserta en un territorio neutro
sino que lo hace en un contexto en el que se han producido graves fracturas
económicas, políticas y sobre todo sociales y que, por lo tanto su política de
RSE debe incorporar una perspectiva de sensibilidad al conflicto. Asimismo
debe ser capaz de detectar los elementos “divisores”, es decir, los que, en su
área de influencia, aumentan la división o alimentan el conflicto y los elementos
“conectores”, o sea las relaciones, actitudes, procedimientos o valores que,
desde la empresa, promueven la paz (Anderson, 1999). La empresa puede,
por lo tanto, aprender a valorar si su mera presencia, operaciones o relaciones
en el periodo de reconstrucción actúan, o no, como divisores o conectores.
Una empresa dedicada a la construcción de grandes infraestructuras deberá
valorar, por ejemplo, si la reconstrucción que va a llevar a cabo puede provocar
nuevos desplazamientos de población entre grupos y personas que ya habían
sido desplazados durante la guerra o si los impactos medioambientales de su
actividad fueron algunos de los detonantes del conflicto y cómo mitigarlos. Por
el contrario debería valorar qué aporta su actividad a la reconstrucción social o
económica de la zona en condiciones de equidad con relación a las comunidades
más cercanas. La empresa puede efectivamente, desde su posición y área de
influencia, incentivar la violencia o crear, en cambio, incentivos para la paz.
En cualquier caso, también debe tener presente que tendrá que adoptar una
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Se deben
incorporar
indicadores
de paz en
las políticas
macroeco-
nómicas así
como en las
políticas de
RSE de las
empresas
Un contexto
de conflicto ha
conllevado la
destrucción
física de un
país pero
también
profundas
fracturas
sociales
perspectiva de largo plazo si pretende que sus intereses económicos se vinculen
con los condicionantes de la paz.2
Otra premisa importante es la que tiene que ver con la capacidad de generar desarrollo
y crecimiento económico por parte de las empresas (Prandi, M y J. M. Lozano, 2009)
en países empobrecidos y, en particular, en contextos de reconstrucción postbélica.
Éste es un factor extremadamente relevante para que un proceso de paz prospere
a medio y largo plazo y se substituya una economía de guerra, en la que algunos
actores se beneficiaban financieramente del conflicto, por una economía de paz en
la que el conjunto de la población aprende a desarrollar sus capacidades, tanto a
nivel individual como colectivo o comunitario y a transformar por ende algunas de las
raíces económicas de la violencia en oportunidades de paz y desarrollo.
Diversas teorías afirman que el predominio de la economía de libre mercado y
el crecimiento liderado por el sector empresarial son por sí solos equivalentes y
suficientes para conseguir el desarrollo económico, disminuir los indicadores
económicos de pobreza y por lo tanto afianzar las estrategias de paz. Sin embargo,
esta relación no es siempre válida y en contextos de postconflicto, la incorporación
de indicadores de paz en las políticas macroeconómicas así como en las políticas
de RSE de las empresas son condición sine qua non para que el rol de la economía
en el desarrollo, pero también en la construcción de la paz, sea eficaz y consistente.
Paralelamente, en las últimas décadas, el sector privado ha adquirido un peso más
relevante en la economía de estos países como resultado de la liberalización y
privatización de servicios básicos por lo que tener en cuenta estos factores resulta
aún más relevante por parte de la empresa. Su presencia y peso no deja de
aumentar en las economías de estos países.
En este contexto es importante tener en cuenta que la pobreza no debe contemplarse
únicamente como una cuestión relativa a escasos ingresos o a indicadores
económicos y financieros sino que reside, en último término, en las dificultades para
desarrollar las capacidades y libertades personales (Sen, 2000). Así lo corroboran
las estadísticas de diversos organismos especializados que muestran cómo, a pesar
de las tasas de crecimiento económico sin precedentes durante la última década
a escala mundial, ha aumentado la cifra absoluta de personas en situación de
pobreza y se han incrementado asimismo las desigualdades económicas y sociales
siendo, por ejemplo, algunas de las causas las dificultades de acceso al agua, a la
energía, a la asistencia sanitaria o a la educación. La magnitud y gravedad de esta
situación se exacerba al constatarse, además, un traspaso de la pobreza entre
generaciones y una preponderancia de la pobreza en los países en postconflicto. En
estos contextos, puede ser incluso necesario considerar, tanto desde el nivel macro
como desde el micro, la transición hacia un modelo productivo distinto al que existía
en el momento de estallar el conflicto, sobre todo en aquellos casos en los que las
raíces económicas del conflicto tenían un peso importante en la generación de
violencia. Sin embargo, esto suele ser difícil en la fase de negociación política de un
proceso de paz y, posteriormente, no se incorpora a la agenda política o económica
de la reconstrucción.
Por otra parte, la empresa debe considerar que un contexto de conflicto ha
conllevado la destrucción física de un país pero también, y sobre todo, un número
importante de víctimas y profundas fracturas sociales. La empresa debería,
por tanto, prestar atención no sólo a las necesidades de reconstrucción de las
infraestructuras básicas (con determinados ejes prioritarios tales como energía,
vivienda, agua y alimentación, sanidad o educación) sino que debería también
ser capaz de percibir cómo esta reconstrucción puede dar respuesta o facilitar la
superación de las fracturas, tanto individuales como colectivas, que tienen que ver
con la reconciliación, la justicia y la recuperación de la dignidad otorgando un nuevo
papel en la sociedad, tanto a las víctimas como a los actores armados durante el
conflicto. Así pues, en contextos de postconflicto se da la necesidad de incorporar
en las políticas de RSE criterios de lucha contra la pobreza y de reconstrucción física
pero también de contribución a la superación de las fracturas sociales desde una
perspectiva de transparencia y equidad. Efectivamente existen experiencias exitosas
de empresas que han apostado por lo que se ha llamado “la reconciliación en el
puesto de trabajo” al emplear simultáneamente a personas de bandos anteriormente
enfrentados en Bosnia y Herzegovina, Colombia o Filipinas tras un periodo de
formación técnica y en valores. En todo caso, un proceso de reconciliación no puede
verse forzado sino que debe fluir de manera natural entre las personas implicadas.
Asimismo, una política de relación con los stakeholders que incorpore una
perspectiva de construcción de paz debe ser clave para garantizar una correcta
inserción de la empresa en contextos de postconflicto. Sin esta perspectiva la
empresa difícilmente podrá afianzarse en el mercado a largo plazo o establecer
una relación fluida con las comunidades con las que interactúe. Las estrategias
de diálogo con los stakeholders pueden diferir de las habituales por el particular
contexto en el que se encuentra el país. Importantes sectores de la población se
encuentran en situación de crisis humanitaria y de pobreza generalizada, además
de estar sometidos al miedo, a una intensa desconfianza y a un fuerte rencor
respecto a otras comunidades, regiones, etnias o miembros de grupos armados y
fuerzas militares. En este sentido, la empresa debería prestar una especial atención
a determinar la presencia y su relación con grupos como, entre otros:
• víctimas, individuales y colectivas, de violaciones de derechos humanos (incluidos:
mujeres cabeza de familia, menores y huérfanos, discapacitados);
• desplazados internos, refugiados y retornados (incluidos: mujeres cabeza de
familia, menores y huérfanos, discapacitados, poblaciones indígenas);
• desmovilizados y excombatientes (incluidos mujeres y menores);
• minorías y poblaciones históricamente discriminadas (o cuyas reivindicaciones
son parte del origen del conflicto);
• miembros de las fuerzas armadas y empresas de seguridad privadas.
Aunque cada uno de estos grupos tiene tanto características comunes como
diferenciales entre ellos y éstas también varían de un país a otro, suelen tener un
pasado reciente de violencia que no debe, necesariamente, marcar la relación
con ellos pero sí debe ser tenida en cuenta por la empresa. En todo caso, existen
organismos internacionales o nacionales encargados de la identificación y atención a
estos colectivos por lo que cuentan, con sus perfiles profesionales. Puede ser útil para
la empresa identificar su presencia ya que serán, en algunos casos, sus empleados
y en otros, sus proveedores o socios o simplemente serán las comunidades cercanas
a la zona de operaciones de la empresa o sus clientes potenciales.
En la práctica, el diálogo con los stakeholders debe ayudar a la empresa a:
- Comprender las relaciones y los valores de los distintos stakeholders para
anticipar riesgos y gestionarlos mejor;
- Construir relaciones de manera activa para identificar posibles interlocutores
(personas u organizaciones) y acciones a favor de la paz;
- Evaluar ex post la performance de la política empresarial de construcción de paz.
El diálogo con los stakeholders no se limita a la “recogida de información”: la
empresa debe estar dispuesta a iniciar un proceso de innovación y de aprendizaje
participativo, tanto interno como externo, basado en los inputs que genera su
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Es importante
que el diálogo
sea sincero y
transparente
El sector
empresarial
constituir una
línea de unión
del ámbito
económico
entre los
demás actores
puede
nuevo papel en la sociedad. En este sentido, es importante que el diálogo sea
sincero y transparente y que, a ser posible, se desarrolle en un clima de confianza
y respeto mutuo y en un lugar que permita la libre expresión de todas las partes.
La empresa, asimismo, deberá asegurarse de que los colectivos con los que se
establece la relación representan efectivamente a los que afirman representar,
para evitar malentendidos que comprometan todo el proceso. Para ello, puede ser
preciso contar con la colaboración de personas, entidades o asociaciones locales
de confianza que pueden actuar como facilitadoras del proceso. La empresa puede
recurrir a la figura de un facilitador, que le permitirá, en casos especialmente
complejos, comprender mejor los contextos locales y avanzar con seguridad frente
a una amplia variedad de temas conflictivos en una sociedad en reconstrucción.
En definitiva, se trata de un proceso interactivo que debe permitir conocer
al ‘otro’, y aprender de él, para construir conjuntamente una red de valores
e intereses que cree valor e innovación en la empresa, pero también en la
sociedad. En este contexto, es tan importante para la empresa el proceso en sí
mismo como su contenido. Por medio de este proceso, en última instancia, la
empresa se percibe a sí misma de forma más interconectada con la sociedad;
además, gracias a este diálogo, la empresa aprende a entender qué es y qué se
espera de ella en un entorno complejo.
Otra premisa relevante es que ningún actor u organización puede por sí solo afrontar
los retos que supone la reconstrucción social, política y económica de un país. La
clave está en la articulación coordinada y eficaz de las capacidades de cada uno
de los actores implicados. En este sentido, se va a considerar a la empresa como
un actor más en el complejo entramado de relaciones y actores considerados
relevantes por las teorías sobre la construcción de paz, con un papel preponderante
en el ámbito económico y social. Por otra parte, el sector empresarial, con una
presencia más o menos destacada en los diferentes niveles, puede constituir una
línea de unión del ámbito económico entre los demás e incluso llegar a ocupar un
lugar relevante en alguna de las fases de un proceso de paz3.
La empresa y otros actores en la construcción de paz
Tipos de actores:
Nivel 1: Liderazgo de alto nivel
Líderes militares/políticos/
religiosos
Con alta visibilidad
Nivel 2: Liderazgo de rango medio
Líderes respetados en sus
sectores
Líderes étnicos/religiosos
Académicos/intelectuales. ONG
Nivel 3: Liderazgo de base
Líderes locales
Líderes de indígenas
Líderes de desarrollo comunitario
Funcionarios locales de salud
Líderes de campamentos de
refugiados
Finalmente, otro aspecto importante a destacar es la necesidad de llevar a cabo
alianzas para la consecución efectiva de los objetivos de la empresa en cuestiones
que tienen que ver con la inclusión de la perspectiva de construcción de paz en las
políticas de RSE. En este sentido, la mayoría de las acciones analizadas en esta
publicación resaltan esta característica ya que se han llevado a cabo en colaboración
con fundaciones, gobiernos, organizaciones del tercer sector u organizaciones
multilaterales.4 La experiencia parece indicar que este tipo de estructura, en el
que la combinación de financiación y know-how implica a una multitud de actores
nacionales e internacionales, es el más indicado para estos contextos.
Según Naciones Unidas, una alianza público-privada es un conjunto de relaciones
voluntarias y de colaboración entre partes, públicas y privadas, en las que todos los
participantes acuerdan colaborar para alcanzar un objetivo común o emprender
una tarea concreta y compartir los riesgos y las responsabilidades, los recursos y
las ventajas. Las alianzas son un potente instrumento para abordar la cuestión de
la reconstrucción postbélica ya que permiten combinar la perspectiva local con la
global. Son también decisivas para iniciativas que precisan soluciones basadas en
el desarrollo de las capacidades locales mediante un apoyo puntual externo como
en el caso de la reconstrucción postbélica. Deberían permitir articular distintos
tipos de conocimientos, experiencias y recursos potenciando los esfuerzos locales
a medio plazo. Los retos a los que se enfrentan las sociedades en postconflicto sólo
pueden resolverse en clave relacional, es decir, mediante la colaboración entre los
diferentes actores implicados y prestando una especial atención a las fuentes y
métodos utilizados para llevar a cabo el diálogo con los stakeholders.
Multitud de estudios e informes recientes han analizado las características de las
alianzas así como los componentes que las deben integrar para que éstas operen de
manera eficaz. A continuación se presentan los elementos que se han considerado
más relevantes y que deberían ser tenidos en cuenta por las empresas en entornos
complejos y de alto riesgo. Una alianza exige un trabajo suplementario de puesta
en común con otros actores por lo que la empresa deberá percibir cuáles son sus
beneficios de manera clara. Será importante también acordar un lenguaje común
entre los actores y fijar las expectativas de cada uno de ellos de manera que se
evite el mayor número de malentendidos posible. La clarificación del lenguaje debe
permitir que éste pase de ser un obstáculo a una oportunidad para la innovación
dentro de la empresa y para la creación de valor fuera de ella.
Las alianzas público-privadas en entornos complejos
Una primera cuestión que hay que tener en cuenta es la de valorar el perfil
no sólo de las organizaciones sino también de las personas con las que se
va a trabajar conjuntamente. Es importante seleccionar a nuestros socios
conociendo su perfil en derechos humanos y qué lugar pueden haber ocupado
en el mapa del conflicto. Hay que ser especialmente cauteloso y contrastar
las informaciones a través de diversas fuentes fiables. En entornos complejos
y de alto riesgo la información facilitada por el Gobierno puede ser sesgada
o provocar la invisibilización de determinados colectivos. Por otra parte, la
desconfianza e inseguridad generalizadas que reinan entre la población en
un contexto de postconflicto (por ejemplo, persecuciones o intimidaciones
del Gobierno hacia un grupo étnico o social) pueden mermar la capacidad de
la empresa de percibir distintas sensibilidades u opiniones.
La alianza debe dar lugar a un proceso participativo y equilibrado entre las
partes y, a su vez, debe generar nuevas maneras de verse a sí mismo y de
ver a los demás actores huyendo de los estereotipos. Ésta debe funcionar
como un “conector” que fomenta, incluso, la reconciliación entre las partes
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Es de vital
importancia
operar, tanto
interna como
externamente,
con total
transparencia
mediante la generación de nuevos objetivos comunes y compartidos. Por
ello, debería implicar un cambio en la percepción que cada parte tiene del
conflicto y postconflicto y, a su vez, de la que tiene el “otro”. En este sentido,
es importante conocer los mecanismos que unen a cada uno de los actores,
y los que los separan, y también se debe saber a quién se excluye y por qué.
La exclusión de determinados stakeholders en contextos de postconflicto
puede ser motivo de un nuevo estallido de violencia; por ejemplo, cuando
un determinado grupo social o etnia es excluida o no es tomada en cuenta
en la política de contratación de una empresa o como beneficiaria de la
reconstrucción del tendido eléctrico o del sistema de provisión de agua
en una localidad determinada. Así pues es de vital importancia operar,
tanto interna como externamente, con total transparencia potenciando al
máximo las capacidades de los socios locales desde una perspectiva de
construcción de paz.
Cada una de las partes, así como el conjunto, debe tener confianza en el
proyecto y debe haber empatía entre ellas. También internamente, dentro de
cada una de las organizaciones. Se debe ser consciente del valor añadido
de cada uno y de la suma y complementariedad individual en el conjunto.
Tampoco se deberá olvidar el talento y la capacidad de liderazgo de cada
parte en su propia red y qué influencia puede tener ésta en el contexto de
postconflicto. Por ello, es importante el apoyo de organizaciones locales y el
papel que éstas pueden jugar para contribuir a que la empresa se afiance en
el mercado. Finalmente, pero no menos importante, la alianza debe disponer
de mecanismos para aprender de los errores y permitir cambios de rumbo
tras identificar errores de contenido o método.
Es importante saber qué está haciendo cada uno de los actores en el
contexto de postconflicto y en qué proyectos está involucrado. A menudo, las
organizaciones que van a formar parte de una alianza comparten un mismo
objetivo pero difieren en la manera de abordarlo. Por otra parte, desconocen
que forman parte de un sistema en el que interactúan más actores que aportan
otras soluciones parciales. Es necesario que cada participante conozca a fondo
a los demás para que sea posible construir sinergias efectivas y nuevas formas
de colaboración público-privadas sin dejar de lado su razón de ser primaria.
En este sentido, es recomendable que las partes implicadas en la alianza
conozcan las cuestiones en las que se va a incidir desde el terreno y compartan
este espacio conjuntamente. Esto debe permitirles contrastar las perspectivas
y empezar a compartir experiencias, percepciones y programas de actuación.
Posteriormente, las partes podrán integrar y trabajar conjuntamente en las
propuestas en un espacio de diálogo inclusivo.
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta en entornos complejos es la
ausencia del Gobierno en algunas partes del territorio. A pesar de ello, esta
presencia es deseable por cuanto implica una mejor gobernabilidad desde
todas las perspectivas. En este sentido, las alianzas deberían promover una
presencia más activa de éste mediante el apoyo a las instituciones públicas,
centrales, regionales o locales. La alianza público-privada debe, en definitiva,
permitir que el objetivo sea más eficiente, de más alcance y contribuya
además a una mayor legitimidad y credibilidad de las partes. Para la empresa
debe ser una puerta a la innovación.
En definitiva, la alianza debe ser estratégicamente decisiva, metodológicamente
clara y se debe basar en una definición conceptual consensuada previamente con
el objetivo de evitar malentendidos. A menudo, un mismo concepto es entendido
de manera diferente por los diversos colectivos o sectores implicados, sobre todo
en contextos de postconflicto en los que puede haber intereses o percepciones
contrapuestas. En todo caso, la empresa debería contactar con todas las partes en
conflicto (aunque después algunas de ellas no participen) para que no se perciba
que la empresa apoya, incluso involuntariamente, a alguna de ellas.
Sin duda, la primera dificultad a la que se enfrenta la empresa es la de cómo
identificar a las organizaciones que se van a convertir en sus partners, qué objetivos
comunes o complementarios realistas pueden plantearse y cómo deberá mantener
una relación de confianza en una situación en la que el conflicto armado ha
mermado las capacidades organizativas de las sociedades y del Estado. Ante este
dilema, la empresa debería valorar que, para crear una relación de construcción de
paz en la sociedad en la que operará, determinadas organizaciones especializadas
locales (fundaciones, ONG u otras) pueden asesorarle tanto respecto al diseño
como respecto a la implementación de los objetivos de responsabilidad social. Toda
alianza en entornos complejos deberá no sólo ser la vía para la innovación sino
también para incorporar la sensibilidad al conflicto a la empresa.
3. Análisis de experiencias de incorporación de la perspectiva de
construcción de paz en las políticas de RSE
3.1. El potencial económico de la empresa en la reconstrucción
La política de RSE debe tener en cuenta que los países en situación de reconstrucción
postbélica son países empobrecidos con, además, importantes fracturas y heridas
sociales que han mermado su capital humano y social.
Tradicionalmente se ha creído en la importancia de la aportación de países
donantes y en los programas de ayuda al sector público para la reconstrucción de
un país. Sin embargo, algunos teóricos afirman que cada vez son más los gobiernos
de los países en desarrollo en situación de postconflicto que reclaman un papel
más importante del comercio y menos de la ayuda internacional argumentando,
además, que la crisis económica mundial merma los fondos destinados a la ayuda
internacional (Berdal, M. y N. Mousavizadeh, 2010). De esta forma, el modelo
estatista está dejando paso a modelos de desarrollo híbridos en los que algunos
países emergentes (Brasil o China) empiezan a invertir en términos similares a
las grandes agencias de ayuda internacional, sobre todo en el sector de minería e
hidrocarburos para dar respuesta a su propio modelo de desarrollo. Este fenómeno
otorga así una importancia creciente a la inclusión de la perspectiva de construcción
de paz en las políticas de RSE.
En un contexto de reconstrucción, cualquier tipo de organización económica, ya sea
local o externa, tiene un papel preponderante en la creación de oportunidades de
empleo, auto-empleo, o en la generación de algún medio de subsistencia para las
poblaciones a través de la adquisición de materias primas, productos o servicios.
Se ha escrito mucho acerca del papel de la empresa como actor en la lucha contra
la pobreza en los países empobrecidos pero este rol es aún más determinante en
contextos de reconstrucción postbélica debido a la necesidad de crear oportunidades
de desarrollo de las capacidades, tanto individuales como colectivas, como medio
esencial para apuntalar la consolidación de la paz y evitar un repunte de la violencia
armada por parte de colectivos faltos de alternativas de subsistencia. Otra vía para
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La empresa
debería estar
atenta a la
actividad
económica
apoyar sus
capacidades
local y
Es importante
la capacidad
empresa para
fomentar la
empleabilidad
personas
de la
de las
que la empresa fortalezca las expectativas económicas y sociales de un país es
mediante el pago de impuestos. Siempre que éstos sean gestionados de manera
responsable y transparente por los gobiernos, serán una de las principales fuentes de
financiación para la reconstrucción del país de manera sostenida. Para contribuir a
ello, la empresa deberá aplicar políticas relativas a corrupción y transparencia. En todo
caso, este rol económico debe ir acompañado, en los contextos de reconstrucción,
no sólo de elementos de lucha contra la pobreza sino también de una perspectiva de
construcción de paz, tal y como se describe en este artículo.
En una economía de mercado, las empresas pueden contribuir al aumento
de los ingresos per cápita mediante diversas vías, siendo las dos principales la
compra de materias primas, bienes y servicios y la creación de oportunidades
de trabajo y de emprendimiento. Para ello, la empresa debería estar atenta a la
actividad económica local y apoyar sus capacidades. Por otra parte, si bien una
de las principales aportaciones del sector privado al desarrollo es la creación o
subcontratación de empleos, éstos deben ser sostenibles y de calidad además de
retribuidos con salarios que satisfagan las necesidades básicas de los empleados y
de sus familias. La principal vía para salir de la pobreza es, según la OIT, el trabajo
decente.5 Según esta organización más de la mitad de la población de los países
en desarrollo y de las economías en transición vive bajo el umbral de la pobreza
(con un dólar, o menos, al día) cuando, por el contrario, el 50% se encuentra en
edad de trabajar (de 15 a 64 años).
Más importante aún que la creación de empleo es la capacidad de la empresa para
fomentar la empleabilidad de las personas. El término empleabilidad hace referencia
a las posibilidades que tiene un profesional de encontrar empleo. Entre los factores
que entran en juego se encuentran la formación, la experiencia y las cualidades y
actitudes personales. En países en reconstrucción la empresa no sólo puede fomentar
la empleabilidad de sus empleados, es decir las competencias para que sean buenos
profesionales, sino que al mismo tiempo tiene la oportunidad de promover que esas
capacidades reviertan en la comunidad. Hay empresas, por ejemplo, que han promovido
especialmente la formación en TIC de los empleados, porque su lugar de trabajo así lo
requería, y éstos han “reutilizado” esta formación en su tiempo libre para colaborar con
ONG o asociaciones comunitarias precisamente utilizando estas capacidades técnicas.
Fomentando el desarrollo local
HEINEKEN desarrolla un proyecto local en Sierra Leona que ha servido para
estimular las relaciones comerciales locales, ya que crea cientos de nuevos
empleos para la población, aumenta significativamente los ingresos de
productores locales y mejora así los indicadores de pobreza a escala local.
Además, este proyecto forma parte de la estrategia que Heineken lleva a cabo
en África cuyo objetivo es obtener al menos el 60 % de las materias primas que
necesitan en ese continente a partir de fuentes locales. El presidente regional
de Heineken en África y en Oriente Medio, Tom de Manm, ha señalado que este
proyecto es uno de los muchos esfuerzos que realiza la compañía para reforzar
las comunidades en las que actúa. Además, lo ha resaltado como ejemplo
de una exitosa cooperación entre instituciones públicas y sector privado.
Es también especialmente importante subrayar en entornos complejos el papel de las
pymes y el rol que puede jugar la empresa como impulsadora del tejido empresarial
local. La subcontratación de pymes locales representa un motor para el desarrollo,
si se realiza de acuerdo con las normas internacionales del trabajo y se incorporan
aspectos de transferencia de tecnología, aumento de productividad, formación y
financiación a medida. A través de las pymes se establecen redes a nivel local a
través de las cuales se lleva a cabo la transferencia de tecnología de arriba abajo
generando ingresos pero también avances tecnológicos y el consiguiente aumento
de la productividad. Las pymes permiten igualmente atraer a la economía formal
buena parte de los negocios y empleos de la economía informal, que tiene un fuerte
peso en los países en reconstrucción. Cabe recordar que las economías locales que
se han adaptado a la situación de guerra cuentan con las capacidades de innovación
y emprendimiento para adaptarse de nuevo rápidamente a una economía de paz,
aunque el peso de la economía informal se mantenga de manera importante.
Más allá de este papel como promotoras del tejido productivo local, las empresas
pueden adaptar sus productos específicamente a los entornos de postconflicto
siguiendo la línea de algunas teorías que tienen que ver con la Base de la Pirámide
(Prandi, M. y J. M. Lozano eds. 2009). Para ello, deberá recurrir preferiblemente al
sistema de alianzas y de diálogo con los stakeholders tal y como ilustran las dos
siguientes experiencias.
La adaptación del negocio a la construcción de paz
Ejemplo 1: Dos empresas asiáticas del sector de la maquinaria pesada adaptan
sus productos destinados al movimiento de tierras (bulldozer) para que sean
adecuados para actividades de desminado en países en postconflicto.
Ejemplo 2: Una aplicación de móviles permite a los refugiados que están en
zonas de conflicto y áreas de desastre volver a contactar con sus familiares.
Concretamente, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones
Unidas, Ericsson y la operadora MTN en Uganda han puesto en marcha este
primer proyecto en 2010 que permite localizar y reconectar a los refugiados y
a sus familias a través del teléfono móvil e Internet. El programa permite a los
refugiados utilizar el móvil para registrarse y buscar información de sus seres
queridos en una base de datos anónima que pretende que estos refugiados
vuelvan a encontrarse a través de un mensaje de texto o de Internet. La
información registrada debe ser accesible para los refugiados y para las ONG
que atienden a los desplazados de manera que sirva para poner en contacto
rápidamente a los desplazados con sus familias. Esta aplicación está siendo
trasladada a otros campos de refugiados del este de África. A día de hoy más
de 4.500 refugiados se han registrado en esta base de datos, muchos más
de los que se estima que lo hubieran hecho por un método más tradicional.
Fuente: United Nations Global Compact y PRI (2010) y seguimiento propio de prensa.
3.2. Construyendo la paz de la mano de los stakeholders
Más allá de la mera función de creación de riqueza en la reconstrucción, la
empresa puede incorporar criterios de construcción de paz en su política de RSE
apoyando la construcción de paz desde su área de influencia. Se ha observado
que el compromiso de las empresas de capital nacional6 o de las pymes locales
con la construcción de paz puede ser más firme cuanto mayor sea el vínculo que
existe con el país o con la comunidad en la que se inserta el negocio. En el caso de
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Las
motivaciones
dependerán
de los costes,
tanto humanos
económicos,
que supuso
la actividad
armada para
la actividad
empresarial
como
pymes locales (talleres, pequeños comercios), éstas se benefician, a menudo, de
programas de ayudas directas o desgravaciones fiscales por parte del Gobierno u
otras instituciones económicas. Pero este factor no es determinante y numerosas
experiencias de empresas globales con acciones concretas de construcción
de paz en sus políticas de RSE, demuestran que éste no es un coto cerrado a
las empresas nacionales sino todo lo contrario. Las motivaciones, así como las
acciones concretas que la empresa pueda emprender en temas de construcción
de paz dependerán, a menudo, de los costes, tanto humanos como económicos,
que supuso la actividad armada para la actividad empresarial y de la necesidad de
implementar una estrategia de arraigo en el territorio.
Según algunos autores (Banfield, J., Canan Günduz y Nick Killlick, Eds. (2006),
la construcción de paz tiene que ver con la implicación de la empresa en los
siguientes ámbitos: político, económico, de seguridad y reconciliación, tal y como
muestra la figura adjunta.
Emprendimiento en acciones de paz desde la dimensión económica de la empresa
Dimensiones políticas
Sensibilización y cabildeo
en favor de la paz
Facilitación y apoyo a
procesos de paz
Participación en procesos de paz
con múltiples grupos de interés
Reconciliación
Participación en iniciativas de
diálogo
Promoción de la reconciliación en
el lugar de trabajo
Participación en proyectos
conjuntos entre grupos dividido
Dimensiones económicas y sociales
Atender la exclusión socioeconómica
Acabar con las economías de guerra
Creación de empleos
Cabildeo por reformas gubernamentales
Actividad económica conjunta entre grupos enfrentados en el conflicto
Siguiendo este esquema, se van a presentar a continuación experiencias en las
distintas dimensiones partiendo del análisis de las poblaciones beneficiarias de
las políticas de RSE. La mayoría de estas experiencias pasan por la inclusión de la
perspectiva de paz:
• en el núcleo del negocio;
• en la política de empleo y contratación;
• en la relación con las comunidades y otros actores locales;
• en el apoyo explícito a un proceso de paz (dimensión política)
En todo caso, diversas experiencias a nivel internacional nos indican que la
incorporación de elementos de construcción de paz en la gestión empresarial pasa
generalmente por el diálogo y una mayor vinculación de las políticas de RSE a las
poblaciones generalmente presentes en estos contextos de postconflicto.
Tipología de población presente en contextos de reconstrucción
postbélica
• víctimas, individuales y colectivas, de violaciones de derechos humanos
(incluidos: mujeres cabeza de familia, menores y huérfanos, discapacitados);
• desplazados internos, refugiados y retornados (incluidos: mujeres cabeza
de familia, menores y huérfanos, discapacitados, poblaciones indígenas);
• desmovilizados y excombatientes (incluidos mujeres y menores);
• minorías y poblaciones históricamente discriminadas (o cuyas
reivindicaciones son parte del origen del conflicto);
• miembros de las fuerzas armadas y empresas de seguridad privadas.
Las políticas de RSE en los ámbitos económicos y sociales que incorporan
criterios de construcción de paz tienen, principalmente, un doble objetivo.
En primer lugar, un objetivo económico centrado en crear oportunidades de
subsistencia y emprendimiento y en favorecer la actividad económica a nivel
local de manera responsable centrándose, especialmente, en estos colectivos.
En segundo lugar, el objetivo social de atender, en paralelo, la exclusión
social surgida a raíz del conflicto, favoreciendo la reconciliación7 entre grupos
enfrentados y fomentando las relaciones comunitarias no violentas desde el
área de influencia de la empresa. Mediante la RSE, y actuando como conectores,
las empresas pueden contribuir a reparar las fracturas sociales entre las
comunidades enfrentadas propiciando actividades económicas conjuntas que
deberán ser diseñadas con gran cautela y desde el conocimiento profundo del
conflicto y de sus consecuencias. No se debe olvidar que la primera obligación
de la empresa es la de evitar cualquier impacto negativo que su actividad pueda
tener en la consolidación de la paz (Do no harm).
Tras un screening de buenas prácticas a escala global se ha determinado que, para
alcanzar estos objetivos, las empresas han actuado grosso modo en las siguientes
líneas (no excluyentes):
• Facilitando formación técnica y en valores (derechos humanos y paz) a colectivos
involucrados en el conflicto para fomentar así su empleabilidad y el desarrollo de
sus capacidades tanto técnicas como personales;
• Empleando o subcontratando a colectivos involucrados en el conflicto mediante
un acompañamiento y una atención personalizada, que contempla una visión
integral del empleado, de su familia y de la comunidad en la que se inserta;
• Forjando alianzas con las comunidades locales y sus organizaciones políticas,
económicas y sociales y apoyando su desarrollo comunitario.
En este sentido, existen experiencias empresariales en las que se ha empleado a
ex miembros de grupos armados desmovilizados o a desplazados tras una etapa
de formación. Otras han fomentado la creación de cooperativas a manos de otras
víctimas del conflicto mediante la capacitación y la transferencia de tecnología,
convirtiéndolas en sus proveedores o socios en el medio plazo y apoyando en
paralelo proyectos familiares o comunitarios vinculados a ellas. Como ya se ha
mencionado anteriormente, estos objetivos se traducen, en la práctica, en pautas
de diálogo con los stakeholders adaptadas a escenarios de reconstrucción en los
que las metodologías y las temáticas pueden ser diferentes a las que se llevan a
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Será
importante que
la empresa
contemple
de manera
integral a la
familia y a la
comunidad
A medio plazo
estas personas
son tan
productivas,
o más, que
el resto de la
plantilla
cabo habitualmente en contextos de paz prestando una especial atención a las
huellas que el conflicto y la violencia han dejado en los diferentes actores.
3.3. La RSE con perspectiva de paz: estrategias de formación, empleo y
trabajo comunitario
Se van a describir a continuación algunas orientaciones generales
para una RSE con perspectiva de paz mediante la puesta en marcha de
estrategias de formación, empleo (o subcontratación) y trabajo comunitario.
Será importante, en cualquier caso, que la empresa establezca no sólo
una relación individual con el potencial beneficiario sino que, además,
contemple de manera integral a su familia y comunidad. Esto puede plantear
importantes dilemas acerca de hasta dónde alcanza la responsabilidad de
la empresa. Estos límites deberán ser, por tanto, discutidos internamente
antes de cualquier acción por parte de la empresa.
Si la empresa decide contratar a algunas de las personas habitualmente
presentes en países en reconstrucción (véase cuadro anterior) deberá, en
primer lugar, identificarlas mediante los canales establecidos, que pueden
variar de un país a otro, y proporcionarles, internamente o a través de una
organización especializada, una formación técnica específica. En cualquier
caso, esta formación debe ser facilitada por personas conocedoras de estos
colectivos y debería comportar un acompañamiento personalizado a lo largo
de todo el proceso y unas reglas claras acerca de los compromisos que se
contraen y de los beneficios que comporta (por ejemplo, subsidio económico y
asistencia sanitaria para la familia). La formación y capacitación técnica (desde
la alfabetización hasta la formación especializada) debería ir acompañada,
si es necesario, de un acompañamiento psicosocial personalizado (técnicas
de recuperación de la autoestima, superación de traumas y fomento de la
confianza) durante la formación y parte del periodo de empleo a cargo de un
organismo externo. En todo caso, la experiencia demuestra que a medio plazo
estas personas son tan productivas, o más, que el resto de la plantilla.
La RSE con perspectiva de paz también puede implicar políticas de contratación
sensiblemente diferentes a las que la empresa desarrolla en países que no han
sufrido un conflicto armado. La empresa deberá ser especialmente vigilante
en aplicar políticas no discriminatorias respecto a la contratación o promoción
de etnias o grupos sociales determinados y, si fuera necesario, capacitar a las
personas con menor formación. Ningún contexto es similar a otro en el grado de
destrucción o descomposición social y la empresa debe estar atenta, además, a
las especificidades culturales e históricas propias de cada país para construir su
política de RSE y de diálogo con sus stakeholders en estos escenarios.
Construyendo la paz desde la política de contratación
Escenario: La empresa A (que no desea ser mencionada) ha estado presente
en el país B durante un genocidio que ha enfrentado a la etnia minoritaria
bata contra la mayoritaria mumi. El conflicto ha causado un gran número de
víctimas mortales y graves violaciones de derechos humanos, especialmente
en uno de los bandos. Tras el conflicto, el Gobierno saliente, de mayoría mumi
y apoyado por la comunidad internacional, emprende progresivamente una
política de Estado de discriminación, vigilancia y represión hacia la etnia bata
a la que aparta de la actividad política y del poder económico.
Reto: La empresa no ha tomado parte en el conflicto pero tampoco ha
diseñado una política de contratación que no discrimine a ninguna etnia
en el periodo postconflicto. Descuidado este aspecto, los empleados del
departamento de contratación de etnia mumi reproducen la política de
discriminación del Gobierno, rechazando la contratación de aspirantes
de etnia bata con igual cualificación. Por otra parte, los empleados de la
etnia bata que se encuentran en departamentos dirigidos por personas
mumi son hostigados y despojados de posibilidades de promoción dentro
de la empresa. De facto, la empresa se convierte en un aliado de la política
gubernamental de discriminación hacia una parte de la población y tiene
un impacto negativo en la consolidación de la paz.
Solución: La empresa opta por diseñar una política de recursos humanos no
discriminatoria y capacitar a todas las personas implicadas respecto a ésta.
En segundo lugar se debe tener presente que la actividad empresarial puede
ofrecer un nuevo espacio de convivencia en el que los diferentes colectivos pueden
asumir nuevos roles y descubrir la posibilidad de dejar atrás un pasado de violencia.
Algunos de estos grupos valoran muy positivamente una posibilidad de empleo en
la empresa privada y se suele observar un aumento de la autoestima y confianza
tras una existencia fuertemente golpeada por situaciones de violencia extrema. Un
empleo significa, en la mayoría de los casos, obtener un medio de subsistencia
estable que permita mantener las estructuras familiares y abandonar la violencia.
En otros, significa también abandonar unas ideas o convicciones que constituían un
proyecto de vida. No hay que olvidar, sin embargo que el hecho de que una empresa
contrate a personas pertenecientes a estos grupos puede generar inquietud o
rechazo interno por lo que se suele llevar a cabo de manera confidencial y con el
apoyo de la alta dirección. En el caso de desmovilizados es importante resguardar
la identidad de estas personas por cuestiones de seguridad, tanto dentro como
fuera de la empresa. Tan sólo los altos directivos conocerán el origen de estas
personas que, una vez incorporadas a la empresa, recibirán un trato igualitario en
términos de condiciones laborales y salario.
Atención personalizada a la población vulnerable8
El Grupo Éxito (Colombia) lleva a cabo una política de atención a las
poblaciones en situación de vulnerabilidad (víctimas, desplazados,
desmovilizados, discapacitados, etc.) que permite, tras un periodo de
formación personalizado, incorporar a estas personas como empleados
en la empresa. La apuesta del Grupo pasa por un seguimiento
personalizado de manera continuada y un coaching para el fomento de
las capacidades y responsabilidades de los beneficiarios. La atención
es integral e incorpora a la familia del participante así como aspectos
de salud. La empresa vela por una estricta confidencialidad respecto
a la identidad de estas personas. Por otra parte, y debido al pasado
de violencia de los aspirantes, este programa ha trabajado de manera
interna para evitar el rechazo y ganar apoyos de los directivos implicados.
El resultado ha sido conseguir que esta línea de RSE sea percibida como
política de empresa.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
“reconciliación
en el lugar
de trabajo”
no puede
ser nunca
un proceso
forzado
La
Se han identificado experiencias de empresas con proyectos de construcción de
paz que han involucrado, por ejemplo, de forma simultánea a víctimas, desplazados
y desmovilizados. En este sentido, se puede dar cierta controversia respecto al
hecho de si una empresa debe o no llevar a cabo estrategias de formación y empleo
de manera conjunta destinada a beneficiarios, que anteriormente formaron parte
de bandos enfrentados. Algunas voces advierten de que la empresa actúa en falso
al pretender apoyar en su área de influencia una supuesta “reconciliación” entre,
por ejemplo, miembros de grupos armados y sus víctimas cuando el país no ha
iniciado, como tal, un proceso a nivel institucional o colectivo de justicia, verdad
y reparación. Sin embargo, algunas de las experiencias estudiadas muestran
que, a menudo, los beneficiarios se sienten finalmente víctimas comunes de un
entorno de pobreza, violencia y conflicto del que quieren dejar de formar parte
sacrificando, en algunos casos, las víctimas sus anhelos de justicia y reparación.
En todo caso, la denominada “reconciliación en el lugar de trabajo” no puede ser
nunca un proceso forzado sino que debe contar con la aprobación de todas las
partes implicadas.
Proyecto “Mi Llave”, una alianza público-privada para la construcción
de paz en Colombia9
El proyecto “Mi llave” es una iniciativa de integración social para la generación
de oportunidades liderada por Trust for Americas, Microsoft y la Alta Consejería
para la Reintegración (ACR) que implica la colaboración de empresas y
organizaciones sociales a nivel local. Tiene como objetivo la creación de centros
de formación en informática en poblaciones afectadas por la violencia con
una alta proporción de desmovilizados, desplazados y víctimas del conflicto
con la finalidad de contribuir a su integración en el mercado laboral y a crear
alternativas de emprendimiento basadas en el uso de las TIC. Siguiendo
estas orientaciones, los dos primeros centros se crearon en el año 2007 en
Valledupar y Montería. Actualmente el proyecto cuenta con 11 centros y más
de 100.000 personas han pasado por sus aulas.
El proyecto busca establecer lazos entre las comunidades, las organizaciones y las
empresas locales. Además de las competencias tecnológicas se abordan temas
de desarrollo comunitario, de cultura y valores de reconciliación, reconocimiento
de habilidades y talentos personales y fomento de la autoestima que fomenten la
empleabilidad de los participantes. El objetivo es conocer “al otro” y comparten
aula personas desmovilizadas (50%) y víctimas de la violencia o población
receptora (50%). En todo caso, se conocen las dificultades que cada uno ha vivido
y se comparten por lo que finalmente los participantes advierten que existen más
similitudes que diferencias entre ellos respecto a su pasado de violencia. Por otra
parte, todo el material está pensado para discapacitados. Se presta atención a la
accesibilidad al aula y hay un acompañamiento continuado a los participantes.
A nivel organizativo, OEA Trust capta los recursos de los donantes y busca un
aliado local (empresa, ONG, Gobierno local). Esta organización facilita recursos
durante el primer año y compra los ordenadores necesarios. Microsoft ofrece
gratuitamente el software legal. El socio local recibe financiación pero debe
también cofinanciar y asegurar la sostenibilidad buscando nuevos socios para
proseguir el proyecto tras el primer año de apoyo ya que se compromete a
gestionar las aulas durante dos años más. El trabajo de OEA Trust es el de
sensibilizar al empresario, crear redes para que el proyecto sea sostenible y
trabajar con las comunidades.
El 9 ó el 10% de los participantes genera una nueva actividad económica
y algunas de las personas que siguen los cursos se insertan a través de la
misma red que gestiona el aula ‘Mi llave’ en la región. Según OEA Trust, la
experiencia demuestra que todos los grupos afectados han sido víctimas
y que comparten, en realidad, el sufrimiento pero también las ganas de
tener nuevas oportunidades.
En todo caso, la incorporación a la empresa (urbana o rural) de personas en
situación de vulnerabilidad a causa del conflicto debe hacerse no sólo en base al
trabajo decente y a la no discriminación sino prestando además atención al papel
que jugó cada persona en el conflicto y a las capacidades que la empresa puede
potenciar en su área de influencia. En este sentido, la empresa puede también
apoyar las habilidades que esas personas habían desarrollado antes del conflicto
o durante el mismo (por ejemplo, desmovilizados/as que han sido expertos/as en
telecomunicaciones, sastres, cocineros, enfermeros o campesinos que conocen las
labores de la tierra y la ganadería) o promover nuevos aprendizajes adaptados a la
demanda real del mercado o de la propia empresa. En todo caso, es necesario evitar
que la experiencia fracase debido a una formación sin recursos o mal orientada.
La empresa debe recordar que esta formación suele ser financiada por organismos
públicos o internacionales por lo que no siempre implica un coste adicional y que
puede ser gestionada por organizaciones especializadas externas.
El sector privado puede también favorecer, en su entorno, la creación de
cooperativas por parte de estos colectivos o de sus familiares dándoles formación
y asegurándoles la compra de sus productos o servicios cuando éstos cumplan,
a medio plazo, sus requisitos de calidad. Algunas empresas u organizaciones
empresariales o sectoriales ofrecen también, mediante el voluntariado corporativo,
la capacitación en planes de negocio para las personas que han mostrado interés
en crear su propia empresa, cooperativa o proyecto comunitario.10
Por otra parte, en la última década, Naciones Unidas ha apostado de manera
decisiva por la equidad de género y por el empoderamiento de mujeres y niñas
como una de las principales vías para salir de la pobreza. Esto es aún más cierto
en escenarios en reconstrucción. A pesar de que, según los datos disponibles, las
mujeres se hallan sobrerrepresentadas entre los pobres, estudios recientes han
puesto de manifiesto que, facilitando a las niñas un nivel educativo similar al de los
niños, y a las mujeres oportunidades de empleo en términos de equidad respecto
a los hombres, se dispara el crecimiento económico y la productividad, se reduce
la morbilidad y mortalidad infantil y materna y se mejoran de manera determinante
los niveles de nutrición y de salud de la población en general. Por estas razones,
la comunidad internacional insta a las empresas a establecer políticas no sólo no
discriminatorias respecto a la mujer, sino también proactivas respecto al papel
que ésta puede desempeñar con relación al crecimiento económico y al desarrollo
humano a través de su capacitación y la generación de ingresos y autonomía propios.
El sector privado y, en particular los sectores que tradicionalmente emplean a mujeres
como el manufacturero o el agrícola, deben tener presente que las mujeres que cuentan
con ingresos dignos y propios contribuyen de manera muy significativa a la disminución
de la pobreza, debido a que emplearán estos ingresos de manera prioritaria en
nutrición y educación en su círculo familiar. Las mujeres y las madres son, por tanto, las
emprendedoras que la empresa debería priorizar, como demuestran las experiencias
de microfinanciación llevadas a cabo en las últimas décadas en países empobrecidos.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El trabajo con
discapacitados
en países en
postconflicto
ha sido
desarrollado
por HANDICAP
INTERNACIONAL
Peace factories en Myanmar
La ONG Birmania por la Paz lanza una iniciativa para apoyar a los colectivos
birmanos que buscan una salida pacífica al conflicto. La primera fábrica
que contribuye a crear en el año 2010 es un taller textil con capacidad para
aproximadamente 300 mujeres birmanas y tailandesas. La fábrica, que
contará con 100 máquinas de coser y una guardería, producirá artículos
textiles bajo condiciones de trabajo decente. Más información en:
<http://birmaniaporlapaz.org/jml/>.
Por otra parte, el trabajo con discapacitados en países en postconflicto ha sido
especialmente desarrollado por la organización no gubernamental HANDICAP
INTERNACIONAL mediante alianzas público-privadas en más de 69 países. A través
de esta ONG, diversas empresas locales e internacionales han contribuido a la
contratación de personas que mostraban algún tipo de discapacidad a raíz del
conflicto propiciando su reinserción económica y social.11
Respecto a las políticas de RSE con desplazados y refugiados cabe señalar que, a
menudo este grupo de personas son los grandes olvidados tanto en los programas
internacionales o gubernamentales de ayuda como en las políticas de RSE de las
empresas.12 A pesar de ello, su reintegración económica, ausente de la agenda oficial
de la reconstrucción, puede convertirse en una oportunidad para la contribución de
la empresa a la construcción de paz.
Refugiados, desplazados y retornados
La Convención de Refugiados de 1951 describe al refugiado como una persona
que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. Los
desplazados internos (IDPs por sus siglas en inglés) son personas que, como
una reacción ante amenazas de todo tipo, huyen de las zonas de conflictos
o de persecuciones civiles. Su número es elevado, aproximadamente 26
millones en todo el del mundo. La diferencia con los refugiados radica en
que son desplazados dentro de su propio país. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que entre 2,3 y 3,3 millones de las personas desplazadas
viven con discapacidad, un tercio de ellos son niños.
Los retornados son personas que fueron forzadas a abandonar sus
hogares, y realizan un regreso voluntario a su país de origen. Sólo una
minoría tiene la oportunidad de ser reasentada en terceros países o de
ser integrada localmente a la sociedad de los países de acogida. Dentro
de estos grupos, por lo menos la mitad de las personas desarraigadas son
mujeres adultas y niñas. Las mujeres no sólo son sometidas a amenazas
personales y a la consecuente estigmatización social, sino que deben
encargarse de la seguridad física, el bienestar y la supervivencia de sus
familias. Los hombres adultos y los niños son, a menudo, descuidados en los
debates sobre desplazamiento forzado. Sin embargo, se ven directamente
afectados, por los conflictos armados y están en riesgo de reclutamiento
forzado en ejércitos y grupos armados. Con frecuencia experimentan
una grave pérdida de autoestima al convertirse en beneficiarios de la
asistencia internacional. En las áreas urbanas, los hombres refugiados y
los niños son, a menudo, amenazados con la detención y la explotación,
especialmente en los países en los que les está oficialmente prohibida
la entrada en el mercado de trabajo. A este respecto, la empresa deberá
consultar cúal es la reglamentación nacional vigente en el país.
Según diversas encuestas publicadas por el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la situación de provisionalidad en la
que viven estos colectivos hace que sean más proclives a las ayudas o a
iniciativas que promuevan la autogeneración de ingresos que a ser empleados
directamente por una empresa, aunque existen también diferencias entre
países. En este sentido, puede ser interesante que la empresa invierta en
acciones de microemprendimiento y formación que permitan a este colectivo
convertirse en sus proveedores a través de microempresas, empresas
familiares o cooperativas. Además, y principalmente los jóvenes y adultos de
este grupo, suelen provenir de las áreas rurales por lo que serán prioritarias
las acciones en éste ámbito si se quiere ofrecer capacitación y oportunidades
de empleo de acuerdo a este perfil.
La RSE orientada a la población desplazada
Para atender el carácter rural de los colectivos de desplazados y tomarlo
en consideración en su reintegración económica, la Asociación Colombiana
de Exportadores de Flores (Asocolflores) llevó a cabo una actividad pionera
creando en Cundinamarca una escuela de floricultura en colaboración con el
SENA. Se dio respuesta así a la dificultad de adaptación de los desplazados
de origen rural que debían cubrir empleos en fábricas del área urbana.
Durante algunos años, esta experiencia facilitó una formación remunerada
siendo posteriormente empleados los participantes en Asocolflores.
Una empresa del sector eléctrico, en colaboración con ACNUR, facilita las
tareas de retorno de los desplazados y refugiados apoyando de manera
prioritaria la reconstrucción de las infraestructuras eléctricas en las zonas
de retorno. Esto no sólo ha permitido a la empresa recuperar parte de su
negocio y mercado sino también afianzarse como un actor con un impacto
social en la zona.
Se ha identificado igualmente que, algunas empresas que han promocionado,
por ejemplo, proyectos de educación infantil en países que están saliendo de un
conflicto armado no han tenido en cuenta que un número muy elevado de éstos
eran desplazados y que, por lo tanto, debían ser objeto de acciones sensiblemente
diferentes a las que suelen ir dirigidas a menores que se encuentran simplemente
en situación de pobreza. En este sentido, ACNUR y su delegación en cada país
puede ofrecer orientaciones al respecto.
En lo que respecta específicamente a comunidades indígenas objeto de
desplazamiento a causa del conflicto, no se han podido identificar experiencias
de relevancia en el ámbito empresarial. En todo caso, la empresa debe ser
especialmente vigilante en evaluar si una determinada actividad de reconstrucción
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Los excomba-
tientes
son objeto de
prejuicios y
estigma-
tización
El perfil del
excombatiente
varía mucho de
un país a otro
puede acarrear nuevos desplazamientos de población y cómo gestionarlos si las
consultas previas a los implicados así lo permiten.13
Finalmente la empresa es especialmente reticente a contribuir, desde su área de
influencia, a la reintegración económica de excombatientes (hombres y mujeres)
debido a la actividad armada de este colectivo. Es, sin embargo, uno de los actores
que más puede poner en peligro la consolidación de la paz si retoma la vía armada
debido a la falta de alternativas económicas de subsistencia y el que también es
objeto de prejuicios y estigmatización.
En este sentido, la empresa debe saber que, tras la firma de los acuerdos de
paz, los combatientes suelen dejar las armas, desmilitarizarse y reintegrarse a la
vida civil. Este complejo proceso recibe el nombre de Desarme, Desmovilización
y Reintegración (DDR) de antiguos combatientes. Así, un número determinado de
combatientes, ya sea de forma individual o colectiva, y pertenecientes a fuerzas
armadas o a grupos armados de oposición, se desarman, desmilitarizan y reintegran,
bien a la vida civil o a las fuerzas armadas o de seguridad del país.
¿Qué es la reinserción y reintegración de excombatientes?
La sigla “R” de los programas de DDR se puede subdividir entre reinserción
y reintegración, llegando a formar lo que se entiende como DDRR, en
función de su longitud en el tiempo.
• Reinserción: asistencia ofrecida a los excombatientes durante la
desmovilización, pero previa al proceso a largo plazo de la reintegración.
Se trata de una forma de asistencia transicional para cubrir las
necesidades básicas de los excombatientes y sus familias y que puede
incluir prestaciones para la seguridad, alimentos, ropa, servicios médicos,
educación a corto plazo, formación, empleo y herramientas.
• Reintegración: proceso por el que los excombatientes adquieren la
condición de civiles y obtienen un empleo sostenible e ingresos regulares. Se
trata esencialmente un proceso social y económico con un marco cronológico
abierto, que se produce en primer lugar en las comunidades. Forma parte
del desarrollo general de un país constituye una responsabilidad nacional
y a menudo necesita de la asistencia exterior a largo plazo. Originalmente,
la reintegración se concebía como las oportunidades económicas para los
excombatientes, especialmente en el aspecto de la formación vocacional.
Progresivamente se fue tomando conciencia de la necesidad de indagar
en el ámbito social de esta fase, en aras de una mayor reconciliación de
una sociedad en un contexto de rehabilitación posbélica.
El colectivo de excombatientes ha podido vivir situaciones de extrema violencia
(especialmente graves violaciones de derechos humanos, incluidas masacres,
crímenes de lesa humanidad, genocidio, etc.). Esta es la principal razón por la que
la empresa se muestra, de entrada, reluctante a emplear a este tipo de personas.
Sin embargo, el perfil del excombatiente varía mucho de un país a otro. En algunos
casos se trata de un hombre, joven, soltero, agricultor, pobre, analfabeto (en
Somalia) pero en otros casos son mujeres (en Nepal, más del 30% son mujeres). En
África Occidental, son muy numerosos los menores-soldados mientras que en las
guerrillas de países asiáticos de cariz comunista suelen ser jóvenes procedentes de
contextos urbanos con un nivel educativo medio.
En el caso de la implicación del sector privado como proveedor de empleo para
este grupo, cabe resaltar que las empresas pueden proporcionar un empleo directo
o hacerlo por medio de una Fundación propia o externa. Efectivamente, cuando la
empresa percibe algún tipo de dificultad para la contratación o subcontratación
directa de excombatientes, puede optar por hacerlo a través de una fundación o de
una organización del tercer sector a nivel local o incluso contratar a algún miembro
de la estructura familiar. Se han dado casos de contratación de mujeres de
desmovilizados por parte de empresas que no han querido vincularse directamente
con este colectivo. La empresa debe saber que puede recibir un incentivo económico
por parte del Gobierno para la contratación de estas personas.14 En todo caso,
el sector privado también puede preferir un tipo de desmovilizado frente a otro
debido a sus características socioeducativas.15 En algunos casos, las empresas
han ofrecido programas de voluntariado corporativo de ayuda a la generación de
emprendimiento con resultados muy exitosos y algunas experiencias han promovido
la generación de negocios de tipo familiar que han resultado ser más sostenibles
en el tiempo que las cooperativas.
Empleos generados por planes de negocios en Colombia (2010)
2007: 503
2008: 578
2009: 806
2010 (hasta mayo): 211
Por operador integral: 1308
En total: 3406 empleos generados por planes de negocios.
En algunos casos, la empresa privada ha contratando a excombatientes para ser
empleados en tareas de seguridad. Sin embargo, ésta no es una función recomendable
en términos de construcción de paz porque no conlleva para las personas implicadas
el abandono de la actividad armada y puede suscitar, al contrario, problemas
relacionados con la seguridad de la población y de las propias empresas.
Alternativas a la contratación de desmovilizados
Una empresa no considera prudente emprender la contratación de
desmovilizados por cuestiones de seguridad por lo que opta por facilitarles
capacitación y oportunidades de emprendimiento a través de su Fundación
o de una organización local especializada. Paralelamente ofrece a las
mujeres de éstos la posibilidad de crear una cooperativa con el objetivo
de que suministre el catering a la empresa en el medio plazo. Para ello, les
proporciona tanto formación específica como apoyo logístico.
Por otra parte, cabe señalar que el empleo de mujeres desmovilizadas ha sido
tradicionalmente relegado a un segundo plano por constituir éstas habitualmente un
grupo minoritario dentro de este colectivo. Éstas han optando consecuentemente por
la vía del autoempleo en la economía informal. Aparte de las mujeres desmovilizadas
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Se aconseja
priorizar los
oficios o artes
personales o
familiares
Las personas
indígenas
o mestizas
son las que
registran un
mayor déficit
de trabajo de
calidad según
datos de los
organismos
especializados
como tales, se han creado en numerosos conflictos redes conformadas por mujeres
(esposas, hermanas, hijas, etc.) que han dado apoyo a sus familiares presentes
en los grupos armados (información, manutención, alojamiento, etc.) y que, una
vez finalizado el conflicto, sienten la necesidad de una reintegración económica y
social para pasar de una economía de guerra a otra de paz. Desde esta perspectiva
amplia, el papel de la empresa con relación a este colectivo es de gran relevancia
para la consolidación de la paz; más aún cuando este grupo es el que lidera, según
diversos análisis, las experiencias de construcción de paz en las comunidades que
fueron afectadas por el conflicto.
El perfil de estas personas es diverso pero la actividad llevada a cabo durante
el conflicto les ha proporcionado, por ejemplo, capacidades en medicina (sobre
todo medicina natural a base de recursos naturales), enfermería, logística, trabajo
comunitario, confección, agricultura, asistencia familiar, asistencia y fortalecimiento
psicológico, etc. Estas capacidades contrastan, sin embargo habitualmente, con un
bajo nivel de escolaridad y dificultades de adaptación a un nuevo proyecto de vida. En
todo caso se aconseja priorizar los oficios o artes personales o familiares así como
la preparación académica que se habían desarrollado antes del conflicto. Cualquier
propuesta desde el sector privado deberá ofrecer oportunidades de formación y
promoción, tanto social como económica, así como un apoyo a la estructura familiar.
Será importante también generar oportunidades de organización que incentiven
el liderazgo de estas personas y estimular sus logros para generar autoconfianza
desde el área de influencia de la empresa.
Finalmente, cabe destacar algunas experiencias empresariales respecto a las
minorías y poblaciones históricamente discriminadas, cuyas reivindicaciones
pueden ser parte del origen del conflicto o que se ven directamente afectadas
por la violencia de éste. El eje principal de esas experencias es la formación y
capacitación de las comunidades locales con el objetivo de favorecer el empleo
y el emprendimiento así como actividades que beneficien a sus familias y al resto
de la comunidad. En entornos complejos, la empresa debe ser aún más vigilante
respecto a la diversidad étnica y cultural del país para construir su política de RSE.
Las personas indígenas o mestizas son las que registran un mayor déficit de trabajo
de calidad según datos de los organismos especializados. Frente a esta situación,
la política de recursos humanos de la empresa deberá adoptar, en la medida de
lo posible, medidas correctoras a largo plazo mediante una inversión en formación
profesional, para así no excluir de facto a determinados colectivos que son
tradicionalmente marginados de determinados puestos de trabajo. Para empezar,
es recomendable que la empresa conozca cuál es la proporción de determinadas
etnias o minorías con respecto a la población total en el ámbito local, de manera que
pueda contrastarla con su presencia en la empresa, teniendo en cuenta también el
lugar que ocupan y la perspectiva de género. La empresa, así mismo, deberá tener
en cuenta que determinadas personas precisarán seguramente de un esfuerzo
sostenido en el campo de la formación continuada que les permita equiparar sus
oportunidades respecto a los demás empleados en el medio plazo.
La empresa, sin embargo, debe saber que ésta no es una tarea fácil de llevar a
cabo en sociedades donde se da una discriminación estructural en el sistema
económico, social y cultural. Por lo tanto, puede serle útil recurrir a organizaciones
locales y sindicales conocedoras del contexto social para recibir el asesoramiento
pertinente. No se debe olvidar tampoco que esta política puede llevar consigo
fuertes tensiones internas entre empleados, por lo que se deberá acometer tras
haber trabajado en el ámbito interno la apuesta por determinados valores que
fomenten el respeto y la inclusión por encima de prejuicios raciales, religiosos,
etc. En definitiva, la empresa deberá buscar a menudo un difícil equilibrio entre
la apuesta por la diversidad y el respeto cultural hacia costumbres que parecen
inalterables.
La diversidad que crea valor en la empresa
B
? A
Mejor reputación internacional
Mayor reconocimiento e integración en la comunidad
local. Oportunidad para ampliar la perspectiva de negocio
Mayor cuota de mercado y diversificación de productos
C
La estructura de la sociedad La sociedad en la empresa
En este sentido, la apuesta por la no discriminación, la diversidad y la formación
interna —profesional, pero también en valores— será la herramienta más eficaz
para que las empresas contribuyan desde su área de influencia a la promoción
de los derechos humanos de las poblaciones mestizas y multiétnicas, tanto en
las sociedades donde ocupan un segmento importante de la población como en
aquellas donde representan una minoría. La empresa, asimismo, tendrá que cultivar
la transparencia en este ámbito, por lo que no deberá olvidar hacer referencia a
esta política, a sus objetivos y resultados, en los correspondientes informes de
responsabilidad social.
La experiencia de PAVCO con comunidades discriminadas
El Grupo Amanco establece en los años noventa una planta de producción
(PAVCO) en el Norte del Cauca, una de las regiones más pobres de
Colombia afectada, además, por diversos actores del conflicto. El grupo
AMANCO de MEXICHEM es líder en Latinoamérica en la producción y
comercialización de soluciones para la conducción de agua y control de
fluidos (Tubosistemas). La empresa decide implementar una estrategia de
desarrollo de capacidades locales con el objetivo de incorporar a la gente
de la región oriunda del Norte del Cauca en las operaciones de la empresa.
Esta iniciativa se materializa con la contratación de 100 personas con
vinculación directa y contrato indefinido. El parque industrial está rodeado
de poblaciones pequeñas de comunidades de afrodescendientes.
A diferencia de otras empresas presentes en los parques industriales
de la zona, Pavco decidió trabajar con personal originario de la región
procedente de comunidades afectadas por la violencia. La empresa
invirtió por lo tanto en programas de capacitación intensiva y, si bien se
partió de una imagen positiva del personal presente en la región, no se
desconocieron sus limitaciones. Mediante este esfuerzo en formación y
con la ayuda de entidades estatales, los empleados de PAVCO elevaron
sus niveles de competencias básicas y específicas para el desarrollo de su
actividad. Los empleados, que nunca antes habían trabajado en el sector
manufacturero, cuentan actualmente con estudios técnicos e incluso
profesionales y ocupan en algunos casos, cargos de dirección en la planta
como supervisor o ingeniero de proceso.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Es relevante
empresa
desarrolle un
trabajo de
apoyo a las
necesidades
básicas de la
comunidad
en la que se
que la
inserta
Cuando se iniciaron las operaciones en el año 1998, existía en la zona
un prejuicio generalizado por parte de los empresarios acerca de los
trabajadores de la región. Tras 11 años operando, la planta de PAVCO
en Guachené, presenta indicadores de productividad muy positivos, con
el 82% de la gente originaria de la región, por lo que es considerada una
planta modelo en el grupo Mexichem.
Durante estos años PAVCO ha desarrollado, en paralelo, programas con
las mujeres familiares de los trabajadores de la región, implementando
negocios inclusivos (asociación Minga Mujer) como estrategia de
integración socioeconómica de las comunidades del entorno a la cadena
de valor. Interesada en el desarrollo de las comunidades vecinas y
tomando en cuenta que algunas de estas mujeres pertenecían a las
familias de sus colaboradores, PAVCO convirtió a la Asociación en la
proveedora del catering en su planta. Desde hace algo más de tres años,
la asociación Minga Mujer los provee también de wipe, (telas para limpiar
las máquinas) y, dada la calidad de los suministros, inició un proceso
de divulgación en la zona industrial y posibilitó que otras empresas las
tomaran como proveedoras de servicios, no sólo de alimentación, sino
también de confecciones.
PAVCO realiza, además, una inversión social, en alianza con los gobiernos
locales y UNICEF a través de obras de infraestructura en el sistema
educativo de la zona. Se han invertido cerca de 230 mil dólares ($450
millones de pesos) y se gestiona directamente la ejecución de las obras,
donde aparte del gobierno local y de la empresa, también participan
comunidad y trabajadores. Igualmente, PAVCO lidera el proyecto para que
el agua potable sea una realidad a través de la implicación del gerente
general de PAVCO y de toda la organización. Esto ha traído, según la
empresa, compromiso y lealtad por parte de los trabajadores y de la
comunidad de la región.
Según PAVCO, esta visión estratégica ha generado los siguientes beneficios:
a. Oportunidades de empleo formal para las comunidades, lo que
disminuye el riesgo de que se vean inmersas en el conflicto por la situación
económica extrema en la que viven;
b. Mejora del nivel de capacitación de la gente de la región, convirtiéndose
en un referente de progreso para sus comunidades;
c. Obtención de indicadores de producción y rentabilidad positivos como
resultado del reconocimiento de unos derechos a las comunidades
locales hasta ahora excluidas. El respeto por el medio ambiente, clave
en la cultura de estas comunidades, ha sido también un aspecto decisivo
para el compromiso de los empleados.
Finalmente, es relevante que la empresa cuya política de RSE persigue contribuir a
la paz y afianzarse en el mercado mediante la generación de confianza desarrolle
un trabajo de apoyo a las necesidades básicas de la comunidad en la que se inserta
atendiendo, especialmente, a los contextos en postconflicto. Éste es el caso de
diversas experiencias empresariales que han apostado por reforzar el sistema de
salud en contextos de reconstrucción atendiendo tanto las enfermedades endémicas
de la zona como a las surgidas a consecuencia del conflicto.16 El coste-beneficio es
claramente favorable a la empresa como muestra, por ejemplo, el caso de la política
de una empresa de petróleo en Asia cuyo coste para establecer una política de
relación con la comunidad fue estimado en 6 millones de dólares o el equivalente
al 0,13% del coste total de proyecto (United Nations Global Compact y PRI, 2010).
3.4. La dimensión política de la RSE en la construcción de paz: el papel
de la empresa en la negociación de la paz
La empresa tiene un fuerte potencial de reconstrucción tanto a través del desarrollo
económico como de sus políticas de RSE pero puede desarrollar igualmente un
papel como constructora de paz mediante acciones que sobrepasan en algunos
casos y como se verá a continuación, la concepción tradicional de las teorías de
la RSE basada en un papel que se limita a los ámbitos económico, social y medio
ambiental. Efectivamente, la empresa ha desarrollado, en diferentes contextos y
países en conflicto o reconstrucción postbélica, políticas y actividades que han
ido más allá apoyando, por ejemplo, activamente la negociación de un proceso
de paz entre las partes implicadas. Estas actividades ilustrarían las dinámicas de
cambio que se están produciendo entre Estado, economía y sociedad civil (Scherer
y Palazzo, 2007) y la consiguiente descentralización de la autoridad y la emergencia
del poder a manos de actores no estatales al cuestionar el concepto de Estado-
nación (Rondinelli, 2002). En este contexto, diversos autores hablan de la empresa
como un nuevo actor político en la escena mundial (Scherer, Palazzo y Baumann,
2006) e incluso proponen un concepto político de RSE (Sherer y Palazzo, 2010).
Los tres pilares de la RSE + 1
papel politico RSE
económico
El sector privado ha participado en los últimos años en procesos de paz formales
promoviéndolos desde dentro, como parte del equipo negociador, o desde fuera,
movilizando a la opinión pública, haciendo de puente entre las partes enfrentadas
u ofreciendo apoyo logístico. Esto ha sucedido en países con conflictos de diversa
índole como Colombia, El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Mozambique,
Sudáfrica, R.D. Congo o Sri Lanka.
En todo caso, estudios recientes indican que en los contextos en los que el sector
privado ha contado con un alto grado de credibilidad (incluso mayor que el de
algunos actores formales en el conflicto), ha tenido acceso directo a las partes en
conflicto y ha tenido un interés estratégico en su resolución, puede convertirse en
un actor directo y tener un impacto significativo en el desarrollo del proceso de paz
(Tripathi y Gündüz, 2008).
En cualquier caso, la motivación de las empresas, que ha sido tan diversa
como conflictos ha habido en el mundo, parece haber respondido en un gran
número de ocasiones a la necesidad de la paz como única vía para desarrollar
una actividad económica de mayor envergadura que conlleve el consiguiente
aumento de beneficios y la reducción de los costes asociados al conflicto17, lo
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
En Sudáfrica
una parte
importante
de la clase
empresarial
apoyó el
paulatino
desman-
telamiento del
apartheid
que se ha llamado “el dividendo de la paz”.18 Otra motivación ha sido, en algunos
casos, la alianza con la élite política para un “reparto” político-económico del
país en el periodo de reconstrucción a pesar de que, a menudo, dichas élites han
estado estrechamente vinculadas a las raíces socioeconómicas del conflicto. En
estos casos, los intereses de las élites políticas y económicas de un determinado
país que, en algunos contextos, formaban parte de las causas estructurales
del conflicto y de la violencia armada, pueden subyacer en los acuerdos de paz
manteniéndose así un statu quo poco proclive al rediseño de un país en términos
de paz, seguridad humana o justicia social.
Algunos factores que explican la implicación del sector
privado en la construcción de paz
- Reducción de los costes financieros y humanos asociados al conflicto
- Aumento de los beneficios asociado a la resolución del conflicto
- Reducción de los altos niveles de violencia de la que es objeto la empresa
- Motivación moral, perfil y liderazgo de algunos empresarios
- Embargos económicos internacionales o regionales
- Ausencia del Estado
- Necesidad de preservar los intereses de las élites económicas en la era postconflicto
- Peso relativo de cuestiones económicas en la resolución del conflicto
- Importancia del peso del sector empresarial y su credibilidad frente los
demás actores
- Capacidad de mediación entre las partes
- Cultura empresarial de relación con la comunidad local
- Llamada explícita a implicarse por parte de alguno de los actores en el conflicto
- Aparente neutralidad del sector privado en comparación con los actores políticos
- Capacidad para desbloquear negociaciones
- Capacidades financieras, técnicas y logísticas
A pesar de que este artículo va a centrarse en los aspectos aportados por el
sector privado que pueden suponer un apoyo al proceso de paz y a la negociación
de la paz, no deben olvidarse algunos de los aspectos más relevantes que pueden
desaconsejar una intervención del sector privado en estas cuestiones como, por
ejemplo, la desconexión del sector privado con los factores de resolución del
conflicto, una postura intransigente frente a los cambios que precisa el país en
términos de modelo y poder económico o la defensa de intereses económicos
contrarios a los intereses generales.
El caso de Sudáfrica
En Sudáfrica, país sometido al régimen del apartheid hasta el año 1994, una
parte importante de la clase empresarial apoyó el paulatino desmantelamiento
del apartheid de manera discreta desde finales de los años setenta (Theuns,
2007). Este apoyo culminó con la creación, a principios del año 1989, del
Consultative Business Movement (CBM), organización que empezó a romper
barreras entre los distintos actores (principalmente el Congreso Nacional
Africano y el Frente Democrático Unido) e incluso actuó como mediador cuando
el Inkatha Freedom Party (ICF) amenazó con retirarse de las elecciones de
1994. Su credibilidad e imparcialidad dieron al sector empresarial un papel
preeminente durante gran parte del proceso debido a la importancia de las
cuestiones económicas en el mantenimiento y resolución del conflicto. El
CBM fue también el instrumento empresarial para el mantenimiento de la
estabilidad económica a lo largo del proceso de transición, ofreciendo cierta
seguridad a las empresas, tanto locales como extranjeras. En todo caso, el
CBM estableció un diálogo con el Congreso Nacional Africano (CNA) cuando
éste se encontraba todavía en el exilio, fue uno de los iniciadores del proceso
formal de paz al apoyar activamente el Proceso Multipartidista de Negociación,
constituyó el National Economic Forum en 1992 y participó activamente en la
política de cambios y aplicación de un ambicioso programa socioeconómico
post- apartheid (Reconstruction and Development Programme).
Más adelante, en el año 1995, el apoyo de la clase empresarial a la era post-
apartheid se plasmó en la National Business Initiative (NBI) que, con el claro
apoyo del presidente Mandela, desarrolló dos iniciativas relevantes: la Business
Against Crime (BAC), organización creada en el año 1996 para tratar cuestiones
vinculadas a la seguridad y estabilidad de la nueva democracia y Business Trust
(BT), fundada en 1998, con el objetivo de diseñar estrategias de crecimiento
económico, capacitación de futuros trabajadores y creación de empleo. Ambas
iniciativas representan una alianza activa entre el sector empresarial y el
Gobierno y son ejemplos de la incorporación de aspectos de construcción de paz
en acciones distintas a las políticas de RSE clásica.
A partir del año 1999, el programa de desarrollo económico fue lenta y
políticamente reemplazado por una llamada hacia una mayor redistribución del
poder económico a favor de la población negra y de otras minorías. De hecho,
éste era uno de los factores clave en la reconstrucción del país que debía
permitir evitar la vuelta al statu quo económico previo. Las empresas tuvieron
entonces que responder a las nuevas necesidades políticas que instaban a una
mayor redistribución del poder económico en términos de equidad. El 10% de la
población sudafricana, la población blanca, continuaba controlando la mayoría de
los negocios importantes en el país. Esta tendencia llegó incluso a ser plasmada
legislativamente en el controvertido Black Economic Empowerment Act (Ley de
Empoderamiento Económico de la Población Negra) 53/2003 que obligaba, entre
otros, a una mayor equidad en el empleo y a una redistribución equitativa de la
propiedad de determinadas empresas entre la población blanca y la negra.19
En una fase más reciente, el presidente Mbeki se refirió como “Estado del
Desarrollo” al papel del Estado en la transformación de Sudáfrica, basándose en
la idea de que las fuerzas del mercado no pueden por sí solas resolver la pobreza
y la desigualdad, por lo que es necesaria una fuerza de contrapeso, en este caso
el Estado, con tareas redistributivas. Posteriormente, se añade un nuevo criterio
interpretativo (broad-based – amplia base - BB) al principio de redistribución del
poder económico a la población negra (BEE) visto anteriormente, por el hecho
de que su implantación no alcanzaba los niveles más humildes de la sociedad
y sólo enriquecía a las clases altas negras. El nuevo criterio acuñado es el de
empoderamiento económico a la amplia base de la población negra (BBBEE). Sin
embargo, estas políticas se ven bloqueadas por la imposibilidad de incrementar
el gasto público y por la falta de personal cualificado.
Es indudable que, en términos generales, la participación de las empresas
en la construcción de paz en Sudáfrica fue determinante para el éxito de la
transición hacia un régimen democrático. Sin embargo, y paralelamente a estas
iniciativas, cabe señalar que diversas empresas presentes en el país durante
el apartheid son actualmente objeto de una demanda ante un tribunal de los
Estados Unidos por su presunta connivencia con el régimen y complicidad en
abusos a los derechos humanos.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El caso Khulumani
En el año 2002 un grupo de ciudadanos sudafricanos demandó a 33
empresas ante una corte federal de Estados Unidos bajo la Alien Tort
Claims Act. Los demandantes alegaron que la presencia de éstas durante
el apartheid facilitó los abusos a los derechos humanos hacia la población
negra a manos del Gobierno y que el régimen del apartheid se nutrió de
manera importante del apoyo financiero y logístico que proporcionaron
dichas empresas. Según el juez a cargo del caso, Ford, GM o Daimler
facilitaron, por ejemplo, vehículos especialmente blindados a las fuerzas
de seguridad del país e IBM facilitó documentos de identidad con perfiles
discriminatorios. El Gobierno de Sudáfrica, que inicialmente se opuso a
esta demanda, que prosigue actualmente contra un número reducido de
empresas, anunció sin embargo a finales de 2009 su apoyo de principio
al proceso legal.
En el caso
de Colombia,
el sector
empresarial
rubricó su
firma en
el acuerdo
de 1998
alcanzado por
el Gobierno
con el Ejército
de Liberación
Nacional de
Colombia (ELN)
El caso de Colombia
En el caso de Colombia, el sector empresarial rubricó su firma en el acuerdo de
1998 alcanzado por el Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia
(ELN) en Mainz (Alemania). Con relación a las negociaciones con las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia), el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-
2002) buscó el apoyo inicial del sector privado en la negociación pero el proceso
se rompió en febrero de 2002, tras 3 años de recorrido, debido a un aumento
significativo de la violencia guerrillera y a la falta de propuestas de peso por parte
del Gobierno.20 En el Comité Temático hubo siempre un representante de alto
nivel del sector empresarial21 aunque en el último periodo de las negociaciones
el comisionado del presidente relegó la presencia del sector empresarial a un
segundo plano circunscribiéndolo a cuestiones técnicas. En este sentido, el
Gobierno esperaba que el sector privado colombiano interpretara y diera respuesta
a las cuestiones económicas suscitadas por las FARC.
Esta posición del sector privado a favor de una paz negociada, contrasta con la
del periodo del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) en la que, la aplicación de
la llamada “política de seguridad democrática” y la vía militar para la resolución
del conflicto, recibe el apoyo del sector empresarial porque comporta de facto
una mayor y mejor movilidad de los negocios en el conjunto del territorio
nacional. El apoyo del sector privado a la reintegración de desmovilizados bajo
el Gobierno de Uribe responde por lo tanto, a menudo, a una respuesta de
“agradecimiento” de la empresa colombiana a los esfuerzos del Gobierno para
mejorar la capacidad operativa de las empresas en el territorio. Es también una
respuesta a la llamada expresa del presidente Uribe para que las empresas
colombianas colaboren, desde su área de influencia, a la provisión de empleo a
los más de 50.000 desmovilizados en los últimos años.
Otra implicación destacable del sector privado en la negociación de un proceso
de paz se produce en países en los que la explotación de los recursos naturales
ha sido uno de los factores clave en la negociación para el cese de hostilidades.
En estos casos, la explotación de los recursos naturales (gas, petróleo, diamantes,
minerales, etc.), a menudo circunscrita a una parte del territorio, supone no sólo
una de las principales fuentes de ingreso nacional, y por lo tanto de la capacidad
militar de un país, sino que es también una de las causas profundas del conflicto y
de la fractura social que vive el país. En numerosos casos, el control de los recursos
ha generado división entre las distintas comunidades, así como un descontento
general de la población que observa cómo la generación de ingresos no repercute
en una mejora de las condiciones de vida de la población en general mientras ésta
asume el coste directo de la degradación medioambiental. En algunos conflictos,
como el del Delta del Níger o el de Filipinas, la explotación de los recursos forma
parte de algunas de las agendas de negociación y las empresas encargadas de
su explotación son, por consiguiente, interpeladas al respecto.22 Más aún cuando
estas comunidades perciben a las compañías petroleras como “el único gobierno
que conocen”.23 En este sentido, la resolución de los temas que afectan a la gestión
de recursos y el papel que en él juegan las empresas, puede crear oportunidades
de paz o, por el contrario, exacerbar los detonantes del mismo (PNUMA, 2009). Esto
es especialmente relevante ya que, según datos de este organismo, el 40% de los
conflictos intraestatales desde 1960 están relacionados con los recursos naturales.
Según estudios recientes (Haysom y Kane, 2009), el tratamiento que los recursos
naturales han recibido en las negociaciones de paz es variable. En algunos casos,
se ha incluido una referencia a su propiedad y gestión en el articulado de una
nueva constitución o de un acuerdo de paz. En otros casos se ha relegado a un
segundo plano en los acuerdos a pesar de ser relevante para la trasformación del
conflicto. Según el PNUMA, menos de un cuarto de los acuerdos de paz de conflictos
relacionados con recursos naturales tratan la gestión y la forma de gobierno de los
recursos naturales (ibid.). En todo caso, ésta es una cuestión que se sitúa a la raíz
de muchos conflictos, puede perpetuar economías de guerra, aun en contextos de
paz, y supone por lo tanto la semilla para el resurgimiento de la violencia.
El papel del sector privado en algunos de estos contextos puede ser controvertido
ya que, en algunos casos suele ser cómplice en el mantenimiento de un statu
quo (una determinada distribución de los beneficios de la explotación de recursos
naturales, o distribución de la propiedad de las tierras, etc.) que no permite afianzar
los cambios indispensables para superar algunas de las causas del conflicto y
una mejor distribución de las riquezas. Estas situaciones han llevado a algunos
países a renegociar sus contratos con empresas que habían firmado concesiones
y licencias de explotación en términos poco ventajosos para la economía del
país y el beneficio de la población en general en el periodo de guerra (como por
ejemplo en la R.D. Congo). En todo caso, la gestión de los recursos naturales debe
crear las condiciones para que se desarrolle una economía local alternativa más
sostenible en el tiempo.
3.5. De la gestión del riesgo al control de la seguridad
Una de las cuestiones más relevantes para las empresas en determinados
contextos de conflicto y postconflicto es la de cómo compatibilizar la legítima
necesidad de proteger sus instalaciones y su personal garantizando al mismo
tiempo el máximo respeto a los derechos humanos y al DIH. La experiencia
reciente muestra que, tanto si se recurre a fuerzas armadas regulares como a
una empresa de seguridad privada, las tareas de seguridad deben llevarse a
cabo siguiendo un determinado protocolo de actuación en derechos humanos
reconocido internacionalmente y la correspondiente ley interna.
Para garantizar que nuestra empresa no sea acusada de complicidad en abusos
a los derechos humanos y al DIH se deberá recabar información, en primer lugar,
acerca del expediente en derechos humanos de las personas u organizaciones
que vayan a garantizar nuestra seguridad. No olvidemos que actualmente éste
es también un tema especialmente sensible para nuestra reputación, tanto en
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La empresa
mostrarse
especialmente
vigilante
cuando solicite
o apruebe la
militarización
de su área de
explotación
debe
La cuestión de
la seguridad
determina la
relación de la
empresa con
la comunidad
local
el ámbito local como en el internacional. La magnitud de esta cuestión para la
reputación de la empresa se refleja en el caso de la pérdida de cotización, hace
unos años, de las acciones de la minera Free Port McMoRan cuando ésta fue
investigada por agencias gubernamentales estadounidenses por pagos ilegales a
las fuerzas de seguridad que protegían sus instalaciones en Indonesia.
En segundo lugar, la empresa deberá establecer los límites de las tareas de seguridad
por medio de un protocolo o de un código interno regido por los correspondientes
estándares internacionales de derechos humanos y DIH. Si es necesario, se deberá
proveer mecanismos de formación ad hoc, así como mecanismos de sanción
efectivos en caso de incumplimiento. Una empresa que conoce o autoriza algún
caso de abusos a los derechos humanos por parte de los servicios de seguridad
que ha contratado puede incurrir en responsabilidad penal y civil.
La empresa debe mostrarse especialmente vigilante cuando solicite o apruebe la
militarización de su área de explotación en un contexto en el que el Gobierno y sus
fuerzas de seguridad sean considerados represivos respecto a los derechos de
sus ciudadanos, a tenor de los informes internacionales de derechos humanos.
En estos contextos de gran complejidad y de abusos sistemáticos a los derechos
humanos, a menudo, la comunidad local no puede distinguir entre las actividades
de seguridad de la empresa y la política represora del régimen, si las personas
que protegen las instalaciones de la empresa son exactamente las mismas que
las que se encargan de llevar a cabo actividades de represión o de abusos de los
derechos humanos en la zona a instancias del Gobierno. Esta situación implica
un riesgo mayor para la empresa si ésta cede, por acción u omisión, material o
infraestructuras para el desarrollo de acciones militares o de represión a alguna
de las partes enfrentadas. En este sentido BP acordó con el Gobierno indonesio
condiciones específicas para la protección de su proyecto de gas Tangguh
LNG. Por este acuerdo se redujo la presencia militar (limitada tan sólo a casos
excepcionales) y se reforzó el papel de la policía local. Asimismo, la empresa
confirmó que todos los pagos relativos a servicios de seguridad que se realizarían
se harían de forma transparente y pública.24
Por tanto, es fundamental que la empresa establezca una serie de condiciones
para que las fuerzas de seguridad no cometan abusos a los derechos humanos
contra las personas de las comunidades cercanas en sus acciones de protección
de las instalaciones, ya que serían, en última instancia, responsabilidad de la
empresa contratante. El sector privado debe tener presente que esta cuestión es
de particular importancia en contextos de reconstrucción postbélica pues puede
poner en serio peligro su reputación en los mercados financieros internacionales.
En definitiva, la cuestión de la seguridad es de especial importancia por cuanto
condiciona a menudo de manera determinante la relación de la empresa con
la comunidad local. En este sentido, determinadas empresas han empezado a
apostar por una política activa en la comunidad que aporte elementos de desarrollo
a la zona en el sentido de reforzar la seguridad humana y el diálogo frente a una
seguridad más clásica, basada en el uso de la fuerza.
Así pues, y a título de ejemplo, cabe mencionar que durante los disturbios de
Los Ángeles de 1992, también conocidos como la revuelta de Rodney King,
miles de personas llevaron a cabo numerosos actos violentos y pillajes en los
establecimientos de la ciudad. Sin embargo, los asaltantes evitaron atacar las
instalaciones de una de las cadenas de comida rápida presente en la ciudad,
como consecuencia de la intensa política de cercanía a la comunidad y arraigo
que ésta estaba llevando a cabo en la zona. Ésta consistía en una acción directa
y de proximidad con las comunidades locales que tuvo como consecuencia que la
comunidad percibiera sus activos (edificios y personal) como propios y no como
ajenos y susceptibles de ser atacados.
Relación de la empresa con la comunidad local
Empresa Comunidad local
¿Uso de la fuerza o seguridad humana?
Uso de la fuerza
Diálogo
Seguridad humana
Finalmente, cabe resaltar que una de las principales iniciativas internacionales
diseñadas para asesorar a las empresas sobre cómo puede abordarse la seguridad
son las de los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza
y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
el Código de conducta de Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley o los Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos.
Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos
-El tipo y el número de las fuerzas de seguridad pública desplegadas
deberán ser apropiados y proporcionales a la amenaza, de acuerdo con la
ley y los códigos internacionales.
-Las funciones de la seguridad privada son defensivas y preventivas.
-Las transferencias de equipos, material o instalaciones a los servicios de
seguridad debe implicar que su uso no se destinará a cometer abusos de
los derechos humanos.
-Las personas implicadas en abusos de los derechos humanos no deberán
prestar este servicio.
-La fuerza se utilizará cuando sea estrictamente necesaria, y de forma
proporcional a la amenaza.
-Los derechos de las personas no se deberán violar mientras estén
ejerciendo el derecho de libertad de asociación y de asamblea pacífica.
-Cuando se deba utilizar la fuerza, se deberá suministrar ayuda médica a
todas las personas heridas.
-A menudo será necesario llevar a cabo un esfuerzo de formación.
-Las empresas deberán informar a las autoridades competentes de
cualquier abuso cometido por las fuerzas públicas en su área de protección,
instando a investigar el caso y a realizar el seguimiento pertinente.
Las empresas deberán monitorizar las fuerzas de seguridad privadas,
investigar cualquier queja al respecto y, llegado el caso, denunciarlas ante
las autoridades competentes.
Finalmente, cabe destacar que el Gobierno suizo ha presentado a finales de
2010 el Código Internacional de Conducta para los Proveedores de Servicios
Privados de Seguridad (International Code of Conduct for Private Security
Service Providers), elaborado a través de la participación activa del sector
empresarial y en el que se han definido una serie de estándares operativos
para las empresas del sector que conjugan el respeto por los derechos
humanos así como la protección de los intereses empresariales. Esta
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Existe un gran
potencial de la
empresa para
la construcción
de paz desde
una posición
privilegiada
pero a la
vez de gran
responsabilidad
herramienta se suma a otras existentes como, por ejemplo, la desarrollada
en Colombia para el sector extractivo.
Conclusiones
El conjunto de estos aprendizajes nos muestra, en definitiva, el gran potencial de
la empresa para la construcción de paz desde una posición privilegiada pero a
la vez de gran responsabilidad. Una de las claves del éxito de estas acciones de
RSE es sin duda el de forjar alianzas con socios que compartan esta misma visión
innovadora y de gestión eficaz en entornos complejos. Sin las alianzas, la RSE en
contextos de reconstrucción postbélica se torna extremadamente compleja.
Es igualmente imprescindible que la política de RSE orientada a la construcción de
paz se construya de la mano de los stakeholders presentes en estos contextos o fin
de entender los aspectos en los que la empresa actúa como conector o divisor. Esta
relación con los stakeholders no sólo ofrece a la empresa una mayor legitimidad para
operar sino que es una fuente de ventaja competitiva por el grado de innovación que
genera dentro y fuera de la empresa. Estas relaciones, que pueden ser complejas,
deben convertirse en un tema clave de la gestión empresarial en estos entornos en
los que la creación de medidas de confianza mutua es indispensable.
Notas:
1. El GRI no incluye, por ejemplo, ningún indicador específico sobre construcción de paz en
el conjunto de sus indicadores del apartado sociedad.
2. Véase el apartado ‘De los conflictos armados a la construcción de paz’.
3. Las fases serían las de: prenegociación, negociación y postacuerdo.
4. Véase Parte 4.
5. La OIT define el trabajo decente como aquel que se realiza en condiciones de libertad,
igualdad, seguridad y dignidad humana. Dentro de esos cuatro grandes componentes la OIT
prioriza la libertad sindical, la negociación colectiva y la lucha contra el trabajo forzoso; la
igualdad y la lucha contra la discriminación en el empleo por razones de raza, etnia, origen
nacional, religión, edad o género; la seguridad social y la protección contra los riesgos del
trabajo y el desempleo; la erradicación del trabajo infantil y el diálogo social.
6. En Local Business, Local Peace: The Peacebuilding Potential of the Domestic Private
Sector de International Alert describe experiencias de políticas de construcción de paz por
parte de empresas locales en Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Colombia, Chipre,
R.D. Congo, El Salvador, Guatemala, Israel/Palestina, Kosovo, Nepal, Nigeria, Irlanda del
Norte, Filipinas, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sur del Cáucaso y Sri Lanka.
7. Lederach (1998) entiende la reconciliación como la restauración y reconstrucción
de relaciones que implican una manera de construir la paz arraigada a las realidades
personales y necesidades de las personas.
8. Véase el artículo de Luz Angela Zuluaga “El grupo ÉXITO y su atención a la población
vulnerable en Colombia”.
9. Véase artículo de Jorge Silva “MI LLAVE, Iniciativa de Integración Social para la Generación
de Oportunidades Productivas”.
10. Véase la experiencia del Banco de tiempo promovida por la Alta Consejería para la
Reintegración en Colombia.
11. Más información en <http://www.handicap-international.org/>.
12. A título de ejemplo, los 3,5 millones de desplazados en Colombia en el año 2010
constituyen un colectivo que no sólo ha sido víctima del conflicto sino que además ha sido
estigmatizado por su presunta implicación en él.
13. Véase artículo de Carlos Fernández y Aitor Pérez, “La empresa como actor de la
reconstrucción postbélica”.
14. En Colombia puede suponer el 30% del salario durante un año lo que es especialmente
apreciado por PYMES.
15. En el caso de Colombia, el sector empresarial ha mostrado su preferencia por los
desmovilizados de las guerrillas frente a los paramilitares por el mayor sentido de disciplina
y trabajo que suelen mostrar.
16. Véase el artículo de Katinka C. van Cranenburgh y Daniel Arenas “La asistencia sanitaria
de Heineken en entornos complejos”.
17. Véase el artículo de Angelika Rettberg “La participación del sector privado en la
construcción de paz: inventario e identificación de algunos ejemplos ilustrativos”.
18. Véase el artículo de Camilla Shipa “El valor de la paz para la economía”.
19. Una iniciativa similar se repite en 2010 en Zimbawe donde una ley pretende potenciar la
entrada de la población negra en la dirección de las empresas extranjeras de forma gradual.
La ley aprobada a principios de 2010 obliga a las compañías extranjeras, entre ellas minas
y bancos, a transferir a largo plazo el 51 por ciento de sus participaciones a zimbabwenses
negros. El Gobierno baraja la posibilidad de empezar con un umbral del 10 por ciento para
la población local. La iniciativa ha despertado los temores de los inversores foráneos, pese
a que Zimbabwe necesita del capital extranjero para mantener su economía, especialmente
después de una década convulsa en el aspecto político y, por extensión, en el económico,
bajo la presidencia de Robert Mugabe.
20. El Gobierno y las FARC sólo pactaron una tregua en una parte del territorio (San
Vicente del Caguán y cuatro municipios más) y en el resto del país no acordaron el
cese de las hostilidades.
21. Nicanor Restrepo, Pedro Gómez, Ramón de la Torre, Ricardo Correa.
22. Véase artículo de Esther Hennchen “El papel del sector extractivo en el desarrollo
sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell”.
23. Véase artículo de Esther Hennchen “El papel del sector extractivo en el desarrollo
sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell”.
24. Algunas empresas ya están siendo investigadas en Estados Unidos por pagos ilícitos,
en lo que constituye una clara violación de las leyes anticorrupción de este país (Foreign
Corrupt Practices Act, 1977).
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Parte 2:
La dimensión económica de la paz
El valor de la paz para la economía
Camilla Schippa, Vicepresidenta Senior del Global Peace Index, Sidney
Introducción
Es extremadamente difícil definir la paz y aún más medirla. Sin embargo, el Institute
of Economics and Peace (IEP) ha hecho notables progresos al respecto que se han
concretado con su trabajo relativo al Índice de Paz Global (IPG).1 En este sentido,
el IEP ha creado un marco para medir la paz e identificar los factores que generan
paz y permiten valorar monetariamente la paz, lo que, a su vez, permite que las
empresas entiendan el impacto de la paz en sus mercados, costes y márgenes.
La investigación llevada a cabo, utilizando datos procedentes del IPG, ha mostrado
que las sociedades con gobiernos que funcionan adecuadamente, que presentan
un entorno empresarial sólido, niveles altos de libertad de información, baja
corrupción, una tasa elevada de educación, un profundo respeto por los derechos
humanos y buenas relaciones con sus países vecinos son más propensas a
presentar niveles bajos de violencia.2
Los beneficios aportados por la paz también pueden medirse en términos
económicos. La paz tiene, de hecho, un valor monetario independiente de los
valores humanos asociados a la misma. Este valor puede expresarse en términos
del valor adicional del PIB global que resultaría de crear un mundo en paz.
Si el coste de invertir en la creación de paz proactiva fuera mínimo en comparación
con el potencial perdido a causa de la violencia, ¿No serían más propensos los
gobiernos a liberar los recursos necesarios para construir una sociedad en paz? ¿Y
no sería adecuado para los negocios implicarse, con el gobierno y la sociedad civil,
en crear paz en los mercados en los que operan?
Las páginas que siguen presentan los resultados de nuestra investigación sobre
el impacto de la paz en la economía global. Presenta el valor monetario que la paz
aportaría a los principales sectores industriales globales y se muestra el valor de la
paz en diversos sectores económicos en dos países seleccionados, lo que permite
una mejor comprensión de los sectores de la economía que crecerían y la medida
en la que lo harían gracias a la disminución de la violencia.
Antecedentes
En 2009, Brauer y Tepper Marlin3 calcularon que el cese de la violencia generaría
un «dividendo de la paz» equivalente aproximadamente al 13,1% del producto
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Estudios sobre
la violencia en
países latino-
americanos
muestran que
la pérdida de
crecimiento
del PIB por la
violencia no es
recuperable
El impacto
económico
total del cese
de la violencia
habría sido de
28 billones de
dólares estado-
unidenses
para los
últimos cuatro
años (2006-
2009). El
12,9% del
producto
mundial bruto
mundial bruto de 2007. Este se dividió en dos categorías a las que se denominó
«Paz Dinámica» y «Paz Estática», respectivamente. La Paz Dinámica es el
rendimiento económico total adicional que es probable que se obtenga a causa de
la liberación del capital humano, social y físico, eliminado por la violencia y que se
ha calculado que es equivalente al 8,7% del PIB de 2007 o a 4,8 billones de dólares
estadounidenses. La Paz Estática atrae la actividad económica que se transferiría
de las industrias bélicas a las industrias pacíficas, es decir, el gasto en seguridad
privada podría transferirse a más inversión en el sistema educativo. Se calculó que
suponía un 4,4% del PIB global o 2,4 billones de dólares estadounidenses. Juntos,
los dividendos de la Paz Estática y Dinámica suman un dividendo de la paz total del
13,1% o 7,2 billones de dólares estadounidenses.
El IEP encargó una ampliación de este análisis para 2010 con el objetivo de
identificar tendencias en el dividendo de la paz a lo largo del tiempo y estimar
el impacto por sector industrial de cada uno de los países incluidos en el
IPG. Este análisis adicional se llevó a cabo en colaboración con el Dr. Jurgen
Brauer,4 profesor de Economía de la Universidad Estatal de Augusta (EE. UU.).
Antes de presentar los resultados de la investigación cabe resaltar algunas
observaciones generales basadas en la literatura al respecto.
- Las cifras utilizadas son conservadoras; los cálculos podrían situar el dividendo
de la paz en una posición significativamente más elevada.
- El crecimiento adicional en el PIB mundial de cualquier año podría multiplicarse
como mínimo por dos en el caso de producirse un cese de la violencia a nivel global.5
- La crisis financiera global supuso que las economías globales se contrajeran un
0,6% en el período 2008-2009. Cada diez años aproximadamente tiene lugar
un descenso económico; sin embargo, el crecimiento económico mundial podría
haber sido un 8,5% mayor si el mundo hubiera estado en situación de paz.
- Estudios sobre la violencia en países latinoamericanos muestran que la pérdida de
crecimiento del PIB por la violencia no es recuperable, es decir, que hay un efecto
agravante en la diferencia entre la economía real y la potencial que aumenta con el
descenso de la paz. Cuando mejora la paz la pérdida de crecimiento no se recupera.
- Los países con ingresos per cápita y PIB altos y niveles más bajos de paz tienen
mayores posibilidades de obtener ganancias en términos absolutos, lo que es
muy relevante para las empresas multinacionales atraídas por el rendimiento del
dividendo de la paz.
Costes generales de la violencia para la economía mundial
El impacto económico total del cese de la violencia habría sido de 28 billones de
dólares estadounidenses para los últimos cuatro años (2006-2009) o de 7,4 billones
(12,9% del producto mundial bruto) en el año 2009. Esta cantidad incluye la nueva
actividad económica que se habría generado si hubiera habido paz (dividendo
dinámico), así como la actividad que habría cambiado de las actividades bélicas a las
actividades pacíficas (dividendos estáticos).
Una manera de valorar estas cifras es observando que el dividendo de la Paz
Dinámica es mayor que el crecimiento anual del resultado económico mundial total.
Otra forma es observando que la crisis económica y financiera mundial de 2008-
2009 redujo el producto mundial bruto un poco por encima del uno por ciento.
Por contra, los cálculos sobre el producto mundial bruto de la paz sugieren que la
violencia ha tenido un impacto mucho mayor en el rendimiento económico general.
El descenso del rendimiento económico mundial per cápita tiene lugar con una
periodicidad del orden de una vez cada diez años, mientras que la supresión del
Dividendo de la paz dinámica, estática y total
(en miles de millones de dólares estadounidenses), 2006 – 2009.
Año PIB real Dividendo dinámico Dividendo estático Dividendo total
2006 48.802 $ 4.026 $ 2.147 $ 6.173 $
2007 54.975 $ 4.435 $ 2.418 $ 6.854 $
2008 60.755 $ 5.112 $ 2.673 $ 7.785 $
2009 57.522 $ 4.889 $ 2.531 $ 7.420 $
Total 222.054 $ 18.460 $ 9.770 $ 28.232 $
rendimiento a causa de la violencia está habitualmente en curso y es de carácter
anual. Si los dirigentes políticos hubieran dedicado tanto tiempo en el pasado
a centrarse en la reducción de la violencia como el que han dedicado a la crisis
financiera global, la recompensa económica habría sido mucho mayor. Además, si
nos centramos en el caos causado por la crisis financiera global, un aumento de
la paz podría fácilmente tener el efecto contrario con aumentos notables en los
beneficios, la cooperación y el bienestar.
La riqueza económica adicional también crea la oportunidad de financiar actividades
que podían hasta entonces difícilmente obtener los recursos necesarios. Este
hecho es especialmente relevante para muchos de los principales retos a los
que se enfrenta la humanidad actualmente. Aunque es difícil imaginar un mundo
totalmente en paz, en el que no exista la violencia, es hasta cierto punto razonable
pensar que un aumento del 25% de la paz está al alcance de la humanidad. Si se
hubiera logrado una mejora del 25% de la paz global durante los pasados cuatro
años, habría generado 1,75 billones de dólares estadounidenses disponibles para
otras actividades económicas.
Es evidente que solo una reducción parcial de la violencia produciría un aumento
notable del PIB global, con lo que se liberaría suficiente riqueza para hacer
frente a muchos de los principales retos a los que se enfrenta el mundo. Estos
fondos podrían utilizarse para financiar otras actividades imprescindibles como
inversiones en infraestructura, la mejora de las políticas sociales, el desarrollo de
las energías renovables, el pago de la deuda de los países empobrecidos, la mejora
de la seguridad alimentaria global o del uso del agua. A modo de ejemplo, los 1,75
billones de dólares estadounidenses serían más que suficientes para pagar la
deuda griega, financiar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y alcanzar
el objetivo 20/20/20 de la UE en materia de clima y energía.
Efectos acumulados
Medir los efectos acumulados de la paz en el rendimiento económico total puede
mostrar la brecha en el desarrollo causada por la violencia. Respecto a los cuatro
años, para los que se han llevado a cabo los cálculos del dividendo de la Paz Dinámica,
el valor acumulado del rendimiento perdido ha alcanzado los 18,4 billones de dólares
estadounidenses, una cifra equivalente a la suma de las economías combinadas de
Rusia, Brasil, India e Indonesia.6
El ejemplo de la figura 1 muestra que la diferencia en el PIB entre un país en paz
y un país sin paz se incrementará para siempre, incluso en el caso de una guerra
relativamente poco importante y de corta duración.
El ejemplo muestra dos países, uno marcado en rojo y el otro en negro, con
cinco años de igual crecimiento del PIB (2% per cápita al año). En 1985, el País
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Dividendo de la paz acumulado
Miles de millones de dólares EE.UU.
Diferencia acumulada
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
rendimiento económico perdido. Para que el País 2 vuelva al nivel del País 1 para
el año 2015, la tasa de crecimiento posviolencia del País 2 tendría que ser un 2,8%
más alta anualmente, es decir, un 40% más rápida que la del País 1, una meta
muy difícil de alcanzar en términos generales. Incluso así, la diferencia acumulada
representaría cuatro veces el PIB inicial de 100 del País 2, o el equivalente a cuatro
años de pérdida de rendimiento.
En vez de hablar de los Países 1 y 2, consideremos el ejemplo de Costa Rica en
la figura 2 que aparece a continuación. Mientras que este país no sufrió conflictos
armados, ni guerras civiles, sus países vecinos sufrieron una conflicto armado
de diez años de duración en la década de los ochenta. Los efectos colaterales
afectaron negativamente a Costa Rica a causa de la interrupción del comercio y
del turismo. En el año 2007 el país no se había recuperado todavía del coste que
sus vecinos le habían impuesto, tal y como muestra la línea roja del Gráfico 2.
PIB real per cápita, Costa Rica,
paridad de poder adquisitivo
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Fuente: Penn World Table v6.3
investigación ha revelado también
que las ganancias estimadas varían
considerablemente entre países. En
términos porcentuales, la ganancia
más pequeña de 2009 se acumularía
en Japón, con un 3,2%, mientras que
la mayor sería para Zimbabwe, con
un 65,2%. En términos absolutos,
la ganancia más pequeña sería
para Bután, con 1.140 millones
de dólares estadounidenses, y la
mayor correspondería a los Estados
Unidos, con 1,14 billones de dólares
estadounidenses.
Para los estados que son relativamente
pacíficos las ganancias postuladas son
menores que en el caso de los estados
que sufren violencia externa o interna
de mayor escala. Si consideramos dos
estados con un IPG casi igual, el más
rico tendrá menos potencial al alza en
términos relativos, aunque puede tener un potencial absoluto mucho mayor si también
tiene una economía mayor con la que empezar. Para un gran número de países, la paz
interna genera el 80%, o más, de su dividendo de la paz global, en muchos casos mucho
mayor de lo que podría esperarse a partir de las medidas de sus IPG internos. En cambio,
países como Japón y Suecia tienen mucho menos que ganar de una paz interna mayor,
un 20% y un 28% de sus dividendos de paz totales respectivamente.
Análisis sectorial
La investigación también se ha centrado en estudiar cuál sería el dividendo si se
eliminara la violencia en diversos sectores económicos. El valor del dividendo de
la paz variará entre los diferentes países dependiendo del tamaño de cada uno
de estos sectores. Por ejemplo, la economía de la India depende en gran medida
de la agricultura, la cual en 2008 supuso el 19% de la economía. Por lo tanto, el
dividendo de la paz sumaría 31.000 millones de dólares estadounidenses para
el sector agrícola, mientras que el dividendo de la paz del sector de la venta al
por mayor y al por menor sumaría 26.000 millones de dólares estadounidenses,
unas cifras que se diferencian de las estadounidenses, en que el sector agrícola
supone el 1,1% de la economía y el sector de la venta al por mayor y al por menor
supone un 15,2%. El dividendo de la paz para estos dos sectores se calcularía
en 13.100 millones de dólares estadounidenses y 185.010 millones de dólares
estadounidenses respectivamente.
Globalmente, se evidenció que hay dos sectores en concreto que pueden llegar a
beneficiarse significativamente de una disminución de la violencia y de mayores
niveles de paz. Se trata del sector de la producción, que en 2008 podría haber ganado
hasta 906.000 millones de dólares estadounidenses (el 17,7% del dividendo de la
Paz Dinámica), y el sector de la hostelería, restauración y el comercio al por mayor
y al por menor global, que podría haber ganado hasta 742.000 millones de dólares
estadounidenses (el 14,5% del dividendo de la Paz Dinámica). La tabla 4 resume
la estimación de la magnitud del dividendo de la paz para cada sector en miles de
millones de dólares estadounidenses. No se ha intentado estimar el dividendo de la
Paz Estática para los sectores industriales puesto que es difícil discernir qué parte
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La actividad
económica que
se ha invertido
en la violencia
desviarse
actividades
que creen
capacidades
futuras
podría
a otras
del sector industrial se destina a actividades bélicas y qué otra parte va dirigida a
actividades no bélicas. Un ejemplo de ello podría ser una empresa constructora,
que podría invertir tanto en la construcción de un centro de detención como en
la de una central eléctrica. Los informes nacionales no contienen, sin embargo,
dicho nivel de detalle. No obstante, no nos equivocaríamos si afirmáramos que la
central eléctrica tendría una mayor productividad que el centro de detención. La
actividad económica que se ha invertido en la violencia o en la protección contra la
violencia podría experimentar un cambio y desviarse a otras actividades que creen
capacidades futuras o financien necesidades inmediatas.
Asignación sectorial del dividendo de la Paz Dinámica
(no ponderada; en miles de millones de dólares estadounidenses), 2006-2008.
Sector9 2008 % 2007 % 2006 %
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 277,49 5,4 232,06 5,2 201,72 5,0
Administración pública y minería 403,45 7,9 334,93 7,6 307,43 7,6
Producción 905,97 17,7 777,84 17,5 703,80 17,5
Construcción 291,41 5,7 250,76 5,7 226,52 5,6
Comercio al por mayor y al por me-
nor, restauración y hostelería
Transporte, almacenamiento y
comunicación
Otras actividades 2.122,72 41,5 1.873,56 42,2 1.708,57 42,4
Total 5.112,23 100,0 4.434,61 100,0 4.027,06 100,0
Análisis sectorial por países
La investigación examinó igualmente en profundidad los efectos sobre los sectores
económicos de la división del dividendo de la paz en sus componentes interno y
externo para cada sector industrial para el año 2008. Destacó que un gran número
de países mostraron cuáles podrían ser los efectos por sector industrial del dividendo
de la paz interno y externo. A modo de ejemplo, presentamos a continuación el
análisis relativo a España y Brasil.
España
España obtiene algo más del 75% de su dividendo de la paz a partir de la paz interna,
lo que indica que tiene más oportunidades de obtener ganancias económicas
mejorando su paz interna. Dos grupos industriales en concreto, «producción» y
«comercio al por mayor y al por menor, restauración y hostelería» pueden llegar
a ganar como máximo 11.550 millones de dólares estadounidenses y 13.540
millones de dólares estadounidenses, respectivamente. En el ranking 25 del IPG
Análisis sectorial de España, 2008 (miles de millones de dólares estadounidenses).
Sector PIB per
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 2,12 0,69
Administración pública y minería 1,72 0,56
Producción 11,55 3,77
Construcción 8,85 2,89
Comercio al por mayor y al por menor, restauración y hostelería 13,54 4,42
Transporte, almacenamiento y comunicación 5,18 1,69
Total 42,96 14,02
de 2010, España está en el cuartil superior de países pero ocupa una 13a posición
entre los 19 países europeos occidentales del índice. El PIB de España en 2008 fue
de 1,602 billones de dólares estadounidenses.10 La tabla 5 muestra el significativo
beneficio económico de España si éste fuera un país con indicadores de violencia
menos elevados.
Con altos niveles de paz externa, el 92,7% de la ganancia potencial de Brasil
procede de mejoras en su paz interna. Este dato se refleja en la tabla 6 que
muestra un dividendo de la Paz Dinámica superior a 100.000 millones de dólares
estadounidenses para la paz interna por sí sola. El sector que puede avanzar más
en Brasil es «comercio al por mayor y al por menor, restauración y hostelería»,
en el que existe una ganancia potencial de más de 23.000 millones de dólares
estadounidenses. Brasil está situado en la mitad inferior del IPG, en la posición 83a
en 2010, y, por lo tanto, tiene considerables oportunidades de emular a los países
más pacíficos del mundo y reconocer una ganancia económica considerable. El PIB
total de Brasil en 2008 fue de 1,635 billones de dólares estadounidenses.11
Análisis sectorial de Brasil, 2008 (miles de millones de dólares estadounidenses)
Sector PIB per
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 8,64 0,92
Administración pública y minería 7,35 0,78
Producción 22,50 2,40
Construcción 6,05 0,64
Comercio al por mayor y al por menor, restauración y hostelería 23,54 2,51
Transporte, almacenamiento y comunicación 11,07 1,18
Total 101,66 8,44
Conclusiones
La investigación llevada a cabo por el IEP basada en datos a lo largo de cuatro años
del IPG aporta datos cuantificables de que una mejora en la situación de violencia
puede transformar la economía global y liberar la riqueza necesaria para financiar
la expansión económica y crear un entorno económico más sostenible.
El producto mundial bruto de 2009 superó ligeramente los 57 billones de dólares
estadounidenses. Con este punto de partida, si el mundo no hubiera estado
sometido a crisis violentas, el rendimiento económico mundial habría podido
alcanzar los 62,4 billones de dólares estadounidenses, un aumento del 8,5%, muy
por encima de las pérdidas de rendimiento debidas a la crisis económica de 2008-
2009 de cerca del -0,6%. Una reducción de los niveles de violencia de tan sólo
el 15% habría igualado la pérdida de rendimiento debida a la crisis económica
mundial de 2008-2009.
Para los cuatro años en los que se han basado los cálculos, el valor acumulado del
rendimiento perdido ha alcanzado los 18,5 billones de dólares estadounidenses.
Si añadimos el dividendo de la Paz Estática, el impacto económico total de una
reducción en la violencia supera los 28,2 billones de dólares. Las cantidades en
juego son relevantes por lo que es fácil encontrar una justificación que explique la
estrecha relación entre empresa y paz.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Notas
1. Publicado por el IEP, el IPG es el primer índice que ordena los países del mundo en
función de su paz y que identifica causantes potenciales de la paz. Para más información,
véase: <www.visionofhumanity.org>.
2. «Peace, Wealth and Human Potential», GPI 2010 Discussion Paper, IEP (pp. 25-39).
3. Brauer, J. y Tepper Marlin, J. 2009. «Defining Peace Industries and Calculating the Potential
Size of a Peace Gross World Product by Country and by Economic Sector», Economists for
Peace and Security USA for the Institute for Economics and Peace.
4. El Dr. Jurgen Brauer es profesor de Economía de James M. Hull College of Business de
la Universidad Estatal de Augusta, Augusta, Georgia (EE. UU.) <www.aug.edu/~sbajmb> y
profesor visitante de la Universidad Chulalongkorn, Bangkok (Tailandia).
5. En 2007 el crecimiento económico mundial fue del 5,2%: con un 2,7% de crecimiento en
las economías avanzadas, un 2,1% en los EE. UU. y un 7,9% en los países en desarrollo (FMI,
World Economic Outlook, octubre de 2009).
6. Rusia: 1,2 billones de dólares estadounidenses, la India: 1,2 billones de dólares
estadounidenses, Brasil: 1,6 billones de dólares estadounidenses e Indonesia: 540 mil
millones de dólares estadounidenses (Fuente: FMI, 2009).
7. Fuente: calculado a partir de la Penn World Table v6.3.
8. Fuente: calculado a partir de la Penn World Table v6.3.
9. Los sectores se basan en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme.
10. Base de datos World Economic Outlook del FMI.
11. Base de datos World Economic Outlook del FMI.
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Brauer, Jurgen y John Tepper Marlin. 2009. «Defining Peace Industries and
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IEP. 2010. «Peace, Wealth and Human Potential», GPI 2010 Discussion Paper.
Sidney: IEP, pp. 25-39.
Dimensiones económicas de los procesos de
paz: el sector privado como aliado estratégico
para la creación de la paz
Achim Wennmann, Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (CCDP), Graduate
Institute of International and Development Studies, Ginebra
Introducción
Este capítulo explora cómo las dimensiones económicas de un conflicto armado
pueden resolver problemas y tender puentes en apoyo a los procesos de paz. Sitúa
dicha perspectiva económica en el marco de las funciones con miras al futuro
y al pasado de los procesos de paz. Desde este punto de vista, los procesos de
paz tienen el objetivo de poner fin a un conflicto armado y preparar los órdenes
políticos, económicos y sociales que configuran nuevos futuros para las poblaciones
afectadas por conflictos y los ex combatientes (Zartman, 2005). Integrar una
perspectiva económica en los procesos de paz es un ajuste de los procesos de paz
a las nuevas características del conflicto armado después del final de la Guerra Fría.
El capítulo hace un seguimiento de las dimensiones económicas de la mediación
de la paz a lo largo de las fases de compromiso, negociación y transición de los
procesos de paz y muestra cómo el sector privado es un aliado crucial en los
procesos de paz. Subraya que las dimensiones económicas de los procesos de paz
son importantes por diferentes motivos:
- Los objetivos principales de los procesos de paz –el conflicto armado y los
beligerantes– tienen características económicas que requieren ser reconocidas
y tomadas en cuenta. Entre estas se encuentran las condiciones y las agendas
económicas que configuran la organización y la dinámica del conflicto armado,
el coste de la movilización y de la financiación de los grupos armados, así como
costes y transformaciones económicos debidos al conflicto.
- Los instrumentos y los asuntos económicos pueden hacer una contribución
positiva a la dinámica del proceso de paz. Los asuntos económicos pueden
representar un mínimo común denominador entre las partes, proporcionar
incentivos para la cooperación y apoyar tácticamente decisiones informadas
para detener el conflicto. Los instrumentos económicos tienen la intención de
modificar el comportamiento de las partes apelando a sus cálculos de costes-
beneficios por medio del razonamiento y la persuasión.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La mayoría de
los acuerdos
de paz se
centran en la
seguridad y
en el poder
político
mientras
que las
disposiciones
económicas
son mínimas
Algunos
mediadores ya
han reconocido
el potencial
de una mayor
integración
perspectiva
económica en
los procesos
de una
de paz
- La integración de una perspectiva económica en las iniciativas de paz requiere
un nuevo conjunto de alianzas estratégicas. Con el objetivo de apoyar la creación
de nuevos escenarios, los mediadores deberían trabajar con las agencias de
desarrollo y las empresas locales o internacionales, especialmente cuando las
negociaciones se acercan a su conclusión. Estos actores hacen que la promesa
de un futuro mejor sea más creíble y refuerzan el compromiso de las partes con
la paz porque el retorno al desarme y a la desmovilización se hace más creíble.
Dimensiones económicas de los procesos de paz
Cerca de dos décadas de trabajo en el campo académico han establecido una
compleja interpretación de las dimensiones económicas del conflicto armado (Jean
y Rufin, 1996; Keen, 1998; Kaldor, 1999; Berdal y Malone, 2000; Ballentine y
Sherman, 2003; Collier et al., 2003; Pugh y Cooper, 2004; Arnson y Zartman, 2005).
Sin embargo, hasta ahora, no se ha integrado en los procesos de paz entendidos
como las «medidas desplegadas para resolver diferencias y arreglar disputas o
conflictos a través de la diplomacia u otros métodos de arreglo pacífico que no
sean la violencia» (Ramcharan, 2009: 228). Un análisis comparativo de diferentes
disposiciones en 27 acuerdos de paz sugiere que la mayoría de los acuerdos de
paz se centran en la seguridad y en el poder político mientras que las disposiciones
económicas son mínimas (Suhrke et al., 2007: 23). Se ha argumentado que esta
omisión hizo que la aplicación de acuerdos de paz fuera más difícil. El éxito en la
fase inmediatamente posterior al conflicto depende en gran medida del «rápido
resurgimiento económico para generar confianza en el proceso de paz; de la
financiación adecuada para implantar aspectos clave del acuerdo de paz; y [...]
de la financiación suficiente para permitir el establecimiento de instituciones de
gobierno y la transición a una economía de tiempo de paz» (Woodward, 2002: 2).
Por lo tanto, los asuntos económicos normalmente eran «relegados a un secundo
plano en la reconstrucción posterior al conflicto, donde son tratados en gran parte
como un asunto técnico o humanitario y no como una parte integrante un proceso
de paz exitoso» (Nitzschke, 2003: 10).
Algunos mediadores ya han reconocido el potencial de una mayor integración de una
perspectiva económica en los procesos de paz. El Premio Nobel de la Paz, Martti
Ahtisaari, por ejemplo, argumentó que «acordar condiciones prácticas y concretas
durante las negociaciones de paz es crucial. Quizá se pueda incluso afirmar que llegar
a un entendimiento mutuo sobre cuestiones pecuniarias puede verse en realidad
como una manifestación de voluntad política conjunta por la paz» (Ahtisaari, 2008: 11).
Los siguientes apartados introducen diversas dimensiones económicas de los
procesos de paz a lo largo de las tres fases principales de los procesos de paz:
el compromiso de los grupos armados, la negociación de acuerdos de paz y las
transiciones del conflicto a la paz. Las dimensiones económicas pueden tratar
la financiación y las motivaciones de los que están en combate y las costosas
consecuencias de los conflictos armados sobre las sociedades (pero también sobre
los grupos armados). También pueden implicar utilizar discusiones sobre asuntos
económicos tales como el reparto de la riqueza de los recursos naturales como
medio para avanzar en las negociaciones, o el uso de instrumentos y nuevas alianzas
estratégicas con actores económicos para reforzar las transiciones de la guerra a la paz.
El compromiso de los grupos armados
El proceso de compromiso es importante puesto que puede estructurar el
enfoque de los grupos armados cuando exploran la negociación como una
estrategia de salida del conflicto armado. En el mejor de los casos, el proceso
de compromiso «reduce la incertidumbre, clarifica los riesgos y los costes y
gestiona la complejidad mientras los dirigentes contemplan los límites de la
mesa de negociación, quién es probable que participe, las reglas y qué es
probable que se ponga y que se quite en la mesa» (Gross Stein, 1989: 479).
Una mejor comprensión de la dimensión económica de los grupos armados tiene
dos implicaciones específicas para el compromiso de dichos grupos. La primera es
que insistir en un alto el fuego como punto de partida para las negociaciones en
conflictos que se autofinancian puede menoscabar el proceso de paz. Los grupos
armados con agendas políticas fuertes son menos susceptibles de comprometerse.
Utilizan la violencia armada como estrategia económica y, por lo tanto, están menos
predispuestos a bajar las armas porque hacerlo implicaría mermar su negocio (la
violencia armada) y las condiciones sobre las que prospera (la inseguridad).
La segunda implicación es que la situación financiera de los grupos armados
puede ser un indicador importante para planificar iniciativas de paz. El material
de base de un grupo armado puede dar pistas sobre el grado de compromiso con
el diálogo que están predispuestos a asumir y las razones para ello. Por ejemplo,
el Movimiento/Ejército Popular para la Liberación de Sudán intervino en las
conversaciones de paz porque era su última oportunidad de ganar en la mesa de
negociación lo que ya no podía ganar en el campo de batalla (Young, 2007: 32).
En El Salvador, el recorte de la ayuda exterior por parte de la Unión Soviética y de
los Estados Unidos impulsó a ambas partes a buscar una resolución negociada
(Thale, 1997: 199). Se dice que la presión financiera de la Organización de
Liberación Palestina tras la Guerra del Golfo de 1991 contribuyó a su implicación
en las negociaciones de paz de Oslo (Naylor, 2002: 78-79).
Asuntos económicos en las negociaciones de paz
Los asuntos económicos se relacionan con las negociaciones de paz de dos formas
importantes. Por una parte, se relacionan con violencia e injusticias del pasado
y atraen causas económicas o detonantes de conflicto. Los asuntos económicos
pueden incluir la gestión de los recursos naturales, la reducción de las desigualdades
socioeconómicas o la indemnización de las víctimas por atrocidades pasadas.
Por otra parte, los asuntos económicos pueden ser parte de una perspectiva con
miras al futuro que define nuevos órdenes políticos, económicos o sociales. En
este contexto, los asuntos económicos incluyen marcos para nuevas instituciones
económicas, creación de empleo o reforma agraria.
La manera en la cual se abordan estos asuntos afecta a la dinámica del proceso
de paz. En principio, las incompatibilidades sobre asuntos económicos deberían ser
más fáciles de resolver que, por ejemplo, las disputas identitarias. El control sobre las
minas, los mercados o la infraestructura económica puede cuantificarse y dividirse,
cosa que no es posible con el odio asociado a conflictos étnicos. Además, si el conflicto
armado es realmente por codicia, el único requerimiento para ponerle fin sería mostrar
que los beligerantes pueden hacer más dinero dentro de los límites de un Estado en
funcionamiento, gracias a la inversión en el sector privado y con una paz duradera.
Los asuntos económicos a menudo están interrelacionados fundamentalmente
con asuntos culturales o identitarios más amplios, pero considerar que los asuntos
económicos solucionan problemas y tienden puentes puede abrir oportunidades
para la mediación de la paz que hasta ahora no se reconocían.
Las pruebas sobre la manera en la que se han discutido los asuntos económicos en
los procesos de paz muestran resultados mezclados. La posibilidad de racionalizar y
dividir los asuntos económicos puede proporcionar incentivos para la cooperación,
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
En Sri Lanka,
las discusiones
sobre el
desarrollo
económico
consiguieron
tensiones
antes de tratar
otros asuntos
políticos
disipar
En Nepal, las
desigualdades
socio-
económicas
recibieron
poca atención
y, de hecho, se
pospusieron
hasta después
del acuerdo de
paz
tal como lo ejemplificó el Acuerdo de repartición de riqueza de 2004 entre el Norte
y Sudán del Sur (Wennmann, 2009a: 8). En Sri Lanka, las discusiones sobre el
desarrollo económico consiguieron disipar tensiones antes de tratar otros asuntos
políticos, pero finalmente no pudieron superar una situación de seguridad en
deterioro (Mac Ginty, 2006: 152-153).
Los asuntos económicos también pueden omitirse deliberadamente en las
conversaciones para reducir tensiones y aumentar la manejabilidad del
proceso de paz. En Angola, la gestión de los recursos naturales se omitió del
Protocolo de Lusaka de 1992 para facilitar la transición de la UNITA de un grupo
armado a un partido político (Vines, 2004: 89-90). En Nepal, las desigualdades
socioeconómicas recibieron poca atención y, de hecho, se pospusieron hasta
después del acuerdo de paz. En este punto, deberían tratarse a través de un
proceso político «normal» (Wennmann, 2009a: 5).
Además, las negociaciones sobre asuntos económicos a menudo tienen lugar en
el contexto de economías formales o informales. El asunto de los ingresos por
recursos naturales puede de hecho sobrepasar los límites de las conversaciones
de paz puesto que son cruciales en la financiación de las partes o de las economías
políticas locales. Insistir en que se incluyan puede llevar al rechazo rotundo de
todo el proceso de paz como subraya el ejemplo de la República Democrática del
Congo en 2002. Los recursos naturales eran un asunto que no venía al caso y se
consideraban una restricción inaceptable en la movilización y las oportunidades
de negocio de las partes. Insistir en que debían incluirse habría supuesto el fin de
los procesos de paz (Grignon, 2006: 72-75). Bajo estas circunstancias, permitir
tácitamente el control de las economías informales puede ser la mejor de las malas
elecciones para un mediador y una manera de forjar pactos de transición.
Seguimiento de los nuevos futuros
Los asuntos económicos también son fundamentales para preparar lo que sigue
tras un acuerdo de paz. Durante los procesos de paz, las negociaciones pueden
establecer las bases fundacionales iniciales para las transiciones económicas y
políticas posteriores al conflicto y crear una visión económica que se convierta
en los cimientos de una nueva sociedad. Estos esfuerzos tienen el objetivo de
hacer que la vida sin violencia sea una realidad más creíble cuando las partes
consideran una salida negociada de un conflicto. De esta manera, los procesos
de paz facilitan la aplicación de acuerdos de paz, así como programas de
desarme, desmovilización y reintegración. Preparan el trabajo preliminar para
la prevención de futuros conflictos armados al tratar dilemas en materia de
seguridad cerciorándose de que ninguna parte tiene los medios para imponerse
militarmente en el futuro (Siriam, 2008: 25, 182).
Abordar el futuro económico en los procesos de paz tiene un importante valor
político para las negociaciones de paz. Desde la perspectiva de las partes, la
dimensión económica de la mediación de la paz conecta el período entre la firma
de un acuerdo de paz y el surgimiento de los dividendos de la paz. Cuando las
partes firman acuerdos de paz se enfrentan a las demandas inmediatas de dejar
las armas pero a cambio sólo suelen recibir una vaga promesa de un futuro mejor
a largo plazo. El tiempo transcurrido y las evaluaciones individuales de cada parte
sobre la probabilidad de que esto ocurra alguna vez afectan a su compromiso
político en el proceso de paz. En este contexto, los mediadores pueden intentar
reforzar este compromiso poniendo los futuros posibles posteriores al conflicto
sobre la mesa, explorando las maneras de asegurar que una nueva visión del
futuro se convierte en una posibilidad creíble.
Negociar los futuros económicos sigue siendo un reto difícil para los mediadores
porque asegurar un efecto positivo a largo plazo de las provisiones económicas
en acuerdos de paz depende de muchas variables incontrolables. Por ejemplo,
la contribución positiva de las disposiciones relativas a repartir dividendos en la
recuperación económica de Sudán del Sur se ha visto minada por otros problemas
tales como la falta de garantías de seguridad, la persistente desconfianza entre ex
beligerantes, el conflicto armado en Darfur y los nuevos enfrentamientos armados
entre el Norte y el Sur. Sin embargo, el Gobierno de Sudán del Sur recibe hoy en día
pagos periódicos de petróleo (Wennmann, 2009a: 19-21). En Nepal, los asuntos
económicos pasaron a formar parte de la política posterior al conflicto entre el
gobierno y la oposición. A principios de 2009, la oposición quería evitar el éxito del
gobierno en el campo del desarrollo económico para mostrar la incapacidad del
gobierno de cumplir las promesas y, por lo tanto, ilegitimizarlo (Wennmann, 2009b:
18). Por contra y a pesar de retos obvios, en Aceh, la economía posconflicto se
recuperó relativamente rápido porque el tsunami proporcionó ayuda humanitaria
y una atención al desarrollo sin precedentes, y la provincia contaba con una base
económica preexistente mayor que Sudán del Sur (Wennmann y Krause, 2009: 18).
Para superar los retos de crear nuevos futuros, los equipos de mediación necesitan
forjar nuevas alianzas estratégicas. A menudo se perciben las negociaciones de
paz y la recuperación económica después de un conflicto como dos operaciones
distintas que se llevan a cabo en contextos diferentes y por parte de instituciones
diferentes (O’Donnell y Boyce, 2007). Sin embargo, hacer tangibles los futuros
económicos implica cambiar nuestra manera de entender la creación de la paz
desde un proceso formado por dos pasos (antes y después de un acuerdo de paz)
hacia un proceso dinámico en el que la resolución de un conflicto y la preparación
de futuros órdenes políticos y económicos vayan de la mano. Por una parte, por
lo tanto, los conocimientos de las comunidades empresariales y del ámbito del
desarrollo son importantes para los mediadores durante un proceso de paz para
determinar futuros económicos realistas. Por otra parte, los conocimientos de los
mediadores son importantes para las comunidades empresariales y del ámbito
del desarrollo en la fase posterior al conflicto para evitar el resurgimiento de
conflictos y mantener los pactos de transición.
El sector privado como aliado para la paz
Las características del proceso de paz han cambiado rápidamente a lo largo de las
últimas décadas. Históricamente, la construcción de la paz era una cuestión de
reyes, príncipes o generales. Hoy en día se lleva a cabo en diferentes ámbitos que
incluyen enviados de Naciones Unidas, ex jefes de Estado, ancianos de comunidades
locales u ONG especializadas. Los procesos de paz se han vuelto tan complejos que
a veces involucran docenas de actores y un número similar de agendas. Muchos
mediadores, por lo tanto, intentan limitar el número de intermediarios para que el
proceso de paz sea manejable. Las siguientes secciones se centran en el papel del
sector privado para la construcción de la paz (sobre el papel de la comunidad de
desarrollo, véase Wennmann, 2010).
Empresas locales e internacionales han desempeñado diversos papeles en los
procesos de paz en las dos últimas décadas: tender puentes entre comunidades
diferentes o entre el Estado y la sociedad, participar directamente en conversaciones
con beligerantes, proporcionar información y buenos oficios, actuar como
promotores de la paz, pagar por los procesos de paz, ayudar en la entrega de
ayuda humanitaria, reforzar la iniciativa emprendedora, crear confianza, fomentar
la responsabilidad y limitar el acceso a la financiación del conflicto (Nelson, 2001:
73-140). Los ejemplos de Sudáfrica, Irlanda del Norte, Mozambique y Sudán ponen
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
En
Mozambique,
la empresa
multinacional
británica
participó
directamente
en el proceso
de paz tras los
ataques a sus
instalaciones
en 1990
Lonrho
Un mediador
no tiene otra
elección
que incluir
empresas
nacionales o
extranjeras
por el simple
hecho de que
tienen poder
para afectar
la dinámica
negociaciones,
tanto negativa
positivamente
de las
como
de manifiesto el papel positivo que el sector privado ha desempeñado en estos
contextos. En palabras de un empresario de Colombia: “No es cierto que todos nos
sentamos con los brazos cruzados, que no se hace nada, o que todo el mundo está
viviendo en Miami” (Rettberg, 2004, 21).
Durante el proceso de paz de Sudáfrica entre 1990 y 1994, las empresas
aportaron recursos, liderazgo y autoridad y potenciaron la comunicación entre
las comunidades negra y blanca y una nueva visión de la sociedad (Charney,
1999: 183, 200-201). En Irlanda del Norte, confederaciones empresariales nor- y
surirlandesas contribuyeron a los procesos de paz cambiando el discurso sobre el
conflicto pasando de lo nacional-emotivo a lo económico-racional. Enfatizaron que
el desarrollo económico en Irlanda del Norte estaba supeditado al fin del conflicto
e hicieron un llamamiento a una mayor integración económica con Irlanda y con el
mercado común europeo (Ben-Porat, 2005: 336-338).
En Mozambique, la empresa multinacional británica Lonrho participó directamente
en el proceso de paz tras los ataques a sus instalaciones en 1990. Su ejecutivo –
Roland «Tiny» Rowland– actuó de intermediario y puso a disposición los recursos
y la logística de la empresa (Vines, 1998). En Sudán, la empresa sueca Lundin
Petroleum utilizó su red existente para comprometer a todos los beligerantes. Su
miembro del consejo, Carl Bildt –también conocido por su papel como enviado
especial de Naciones Unidas a los Balcanes– encabezó una serie de charlas
en las que se enfatizaba que el petróleo representaba un incentivo para la paz
puesto que no podían buscarse inversiones rentables en petróleo en un contexto
de guerra (Batruch, 2004: 159-160).
La inclusión del sector privado en los procesos de paz crea nuevos retos para
los mediadores, en concreto relativos al momento y a la manera de incluir a las
empresas en un proceso de mediación. Desde un punto de vista, un mediador no
tiene otra elección que incluir empresas nacionales o extranjeras por el simple
hecho de que tienen poder para afectar la dinámica de las negociaciones, tanto
negativa como positivamente. Las empresas pueden hacer sentir su influencia
proporcionando incentivos o amenazas a las partes en la mesa de negociación o a
otras partes interesadas en la resolución del conflicto.
Dadas estas presiones, los mediadores tienen que evaluar cuidadosamente cómo
establecer relaciones con el sector privado. Algunos de los elementos que hay que
considerar son que en muchos contextos de conflicto armado es difícil diferenciar
las élites políticas y las empresariales o los papeles «públicos» y los «privados» de
las personas. Además, los mediadores pueden enfrentarse a la dificultad de cómo
discriminar entre las empresas que buscan su propio interés económico en un
determinado mercado. En este contexto, la competencia entre diferentes empresas
puede complicar el proceso de paz porque divide −en vez de unir− a las partes. Otra
dificultad es que las empresas no representan un actor legítimo y es probable que
sus intereses comerciales estén por encima de la consecución de un objetivo común.
En el peor de los casos, las empresas pueden percibirse como interlocutores no
válidos porque hayan estado involucradas en la economía del conflicto, en abusos
a los derechos humanos o en la contaminación medioambiental.
Los mediadores pueden ser capaces de resolver algunos de estos problemas
participando con el sector privado de manera informal fuera del proceso de paz, sin
hacerlos miembros formales. De hecho, las empresas no esperan nada más que
una asociación informal. En los casos en los que diferentes empresas compiten
unas contra otras, los mediadores pueden facilitar alianzas de inversión y fomentar
que se aprueben proyectos de inversión con el consentimiento de las comunidades
locales. Además, los mediadores pueden identificar asociaciones empresariales
locales o internacionales que tienen un gran número de empresas socias en un
sector concreto. De esta manera, es posible construir grupos de intereses sectoriales,
yendo más allá del interés económico particular de una empresa en concreto.
Conclusiones
Este capítulo ha hecho un seguimiento de las dimensiones económicas de los
procesos de paz y ha mostrado que es oportuno y potencialmente útil reconocerlas
como una oportunidad para reforzar los procesos de mediación. Tanto el conflicto
armado como los diversos actores que combaten en él tienen rasgos económicos
que deberían reconocerse y hacer que trabajen para la resolución del conflicto.
Asuntos económicos como la desigualdad socioeconómica o el acceso a la riqueza
proporcionada por los recursos naturales requieren plena atención por parte de
los mediadores de la paz. Mientras que el contexto de cada proceso de paz es
diferente, si se sitúan en la agenda cuidadosamente, los instrumentos y los asuntos
económicos pueden conformar relaciones de colaboración de los beligerantes y,
por lo tanto, facilitar el fin de un conflicto armado.
Sin embargo, la experiencia de muchos conflictos armados ilustra que un proceso de
paz no termina con un acuerdo de paz. Una salida negociada de un conflicto armado
requiere un pacto de transición fuerte que debe cultivarse y apoyarse cuando las
partes aplican el proceso de paz y preparan lo que venga a continuación. Estas
transiciones de la guerra a la paz requieren un esfuerzo constante para tener éxito,
así como capacidades y mecanismos de apoyo. Mientras que la infraestructura de
la mediación aumenta en los ámbitos bilateral, multilateral y de la sociedad civil,
tiene tendencia a centrarse en el fin del conflicto.
Pero si no se ofrecen nuevos escenarios creíbles, algunos grupos y personas pueden
concluir que la vida es mejor para ellos si continúan usando las armas. Abordar los
asuntos económicos en procesos de paz tiene el potencial de configurar nuevas
visiones para el futuro y reforzar pactos de transición, los cuales deberían incluir
las habilidades y la experiencia del sector privado ya que éstas son un pilar para la
paz posterior al conflicto.
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La participación del sector privado
en la construcción de paz: inventario
e identificación de algunos ejemplos
ilustrativos1
Angelika Rettberg. Profesora asociada, directora del Programa de Investigación sobre
Construcción de Paz y profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad
de los Andes en Bogotá
Introducción
La caída del muro de Berlín en 1989 significó un cambio sustancial para las
organizaciones nacionales e internacionales implicadas en la resolución de
conflictos armados en todo el mundo. El final de la Guerra Fría no sólo cambió
la óptica conceptual mediante la cual políticos y practitioners observaban los
conflictos armados, pasando de la confrontación ideológica, económica y
militar global entre oriente y occidente a intentar comprender las bases locales
y manifestaciones de violencia en su contexto particular. Dicho cambio implicó
también la necesidad de estudiar mejor no sólo las causas del conflicto --
incluidas las condiciones estructurales y las motivaciones de los combatientes—
sino también las bases de una paz duradera.
Asimismo, también ha cambiado significativamente el número y tipo de actores
implicados en actividades diseñadas para la construcción de paz2 en sociedades
desgarradas por los conflictos. A medida que expertos y practitioners expandían su
interés más allá de los grupos implicados directamente en la lucha y examinaban
las condiciones sociales, políticas y económicas de los países que buscaban
resolver el conflicto de una forma más amplia, el foco de atención y el objetivo
de las políticas se centró en nuevos actores sociales y procesos: actores de la
sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales locales, organizaciones
de víctimas, movimientos de ciudadanía, etc. se convirtieron en aliados cruciales
para que los esfuerzos para la construcción de la paz fueran dirigidos a otorgar
voz y voto a los participantes no armados. De las tímidas negociaciones entre los
grupos armados que deseaban un alto el fuego, la cuestión de la construcción
de la paz pasó a ser un problema a gran escala, que conllevaba desde
problemas de reconstrucción física, diseño de instituciones políticas, procesos
de desmovilización, desarmamiento y reintegración (DDR) hasta la reparación
y reconciliación de víctimas (Paris, 2004; Pugh, Cooper, and Turner, ed., 2008;
Rettberg, 2003). Los cambios decisivos atraen actualmente la inversión masiva
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Uno de los
“nuevos”
actores
en dicho
escenario es el
sector privado
El sector
privado no
desempeña un
papel uniforme
conflictos ni en
la construcción
en los
de paz
de los gobiernos y sitúan el énfasis en la participación e implicación de un cada
vez mayor número de actores sociales que actúan más allá del campo de batalla.
Uno de los “nuevos” actores en dicho escenario es el sector privado. Si bien los
esfuerzos realizados en las negociaciones de paz para terminar con las guerras
internacionales y nacionales en las últimas décadas y siglos han contado con la
participación y presión de los intereses económicos para precipitar el fin de los
diferentes tipos de confrontaciones, la referencia explícita a la reciente función
de la empresa en la construcción de paz sienta un precedente. Por el momento,
según se manifiesta en diferentes países, existe el consenso de que, incluso en
caso de ausencia de motivos políticos, las decisiones empresariales —invertir,
producir y contratar— tienen el poder de estimular, limitar o destruir la agenda y
el alcance de la construcción de paz, así como su implementación. Por lo tanto,
los esfuerzos de construcción de paz están centrando su atención en la posible
contribución del sector privado local y en su potencial como “saboteador” (Newman
and Richmond, eds., 2006; Stedman 1997), imponiendo obstáculos al progreso.
En este artículo, voy a describir y discutir los diferentes papeles que el sector privado
ha empezado a desempeñar en la construcción de paz, a partir de diferentes casos.
Asimismo, voy a analizar algunas de las motivaciones a las cuales se ha aludido
para explicar la participación del sector privado en la construcción de paz. Me voy
a centrar concretamente en el argumento que sostiene que los elevados costes
económicos asociados a un conflicto pueden empujar al sector privado a actuar
en la construcción de paz, lo cual implica la necesidad de perfeccionar nuestra
comprensión sobre cuándo, cómo y qué partes integrantes del sector privado
pueden involucrarse en actividades de construcción de paz.
El sector privado en la construcción de paz
Desde inicios de los noventa, cuando los miembros del sector privado tomaron
parte en las negociaciones de paz de países como El Salvador o Guatemala
(Rettberg, 2006, 2007), facilitaron la transición del apartheid a la democracia
y la igualdad racial en Sudáfrica (Gerson, 2001) y negociaron los acuerdos
preliminares entre ambas partes en el conflicto de Irlanda del Norte (International
Alert, 2006), ha habido un debate cada vez mayor acerca del papel que el sector
privado debería y podría desempeñar en situaciones de construcción de paz.
Actualmente, sabemos que el sector privado no desempeña un papel uniforme
en los conflictos ni en la construcción de paz.
Por un lado, para quienes la raíz de los conflictos es la distribución desigual de la
tierra y de los ingresos (Swearingen, 2010; Zartman, 2005), el sector privado --
como propietario de las tierras y generador de riqueza— es visto como beneficiario
o incluso como promotor de conflictos armados. En este sentido, atraer al sector
privado a la agenda de la construcción de paz requiere identificar, desmantelar y
cambiar las estructuras sobre las cuales reposan los privilegios del sector privado,
así como diseñar una nueva estructura de incentivos para motivar al sector privado
a aceptar el cambio. Este hecho se ha asociado con un resistencia en diferentes
niveles, desde apoyar el terrorismo de derechas, como en el caso de Colombia
(Romero, 2003), a denunciar legalmente aspectos de los acuerdos de paz,
como en el caso de Guatemala, a —como ocurre más a menudo— retrasos en el
cumplimiento de los acuerdos. Existe una gran abundancia de publicaciones sobre
los “saboteadores” de los procesos de paz (Newman and Richmond, eds., 2006;
Stedman, 1997) que analizan las diferentes maneras en las que facciones más
recalcitrantes de la sociedad—incluyendo fracciones del sector privado—se han
opuesto a y han impedido el avance en la construcción de paz.
Asimismo, informes de agencias internacionales como el Banco Mundial e
investigaciones académicas como Tripathi (2008) sugieren que la inversión del
sector privado, incluso sin una oposición abierta a la construcción de paz, es
difícil de desatar debido al miedo de los inversores a la inestabilidad recurrente
o debido a fondos de financiación insuficientes (Acs, 2006). En esta situación,
para promocionar la participación del sector privado en la construcción de la paz,
algunas instituciones han identificado la necesidad de empezar con la creación
del sector privado y proporcionar estructuras adecuadas de incentivos para que
las organizaciones formulen y se impliquen en actividades productivas.
A pesar de su contribución real o supuesta en los conflictos y a pesar de su
capacidad para asumir un papel en la construcción de la paz, se ha identificado el
sector privado como una fuente crucial de recursos humanos y materiales —dinero
y conocimientos de administración— para proporcionar los fundamentos para una
paz duradera. Asimismo, algunos grupos políticos consideran que la presencia y
participación del sector privado en la construcción de paz sirve como instrumento
para conseguir el compromiso del sistema y para predecir la estabilidad futura.
En consecuencia, los estados, los donantes internacionales y las ONG reclaman
mecanismos, desde principios de responsabilidad social corporativa (CSR) a
impuestos, para recaudar fondos y conseguir la ayuda necesaria para las tareas de
construcción de la paz. Numerosos códigos de conducta estándar e internacionales3
esbozan un comportamiento empresarial deseable —como Global Compact,
Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), varios proyectos de certificación y
manuales de buen comportamiento (véase International Alert, 2005)— y un número
creciente de organizaciones y países ha desarrollado estrategias para que el sector
privado se suba al tren. En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, la
Comisión para la Construcción de la Paz (UNPBC) ha designado un grupo de trabajo
del sector privado para coordinar los esfuerzos en cuatro países (Rettberg, 2010).
Los esfuerzos realizados para atraer al sector privado a la agenda de construcción de
la paz combinan estrategias individuales y colectivas. Los ejemplos de participación del
sector privado incluyen tomar parte en las negociaciones de paz (como facilitadores),
aportar conocimientos e investigar en beneficio de las negociaciones y otras tareas de
construcción de la paz, invertir en fondos o proyectos de desarrollo dirigidos a participantes
concretos de la construcción de la paz, como los combatientes desmovilizados o las
comunidades y grupos de víctimas (como las mujeres), llevar a cabo evaluaciones
empresariales o industriales sobre los riesgos asociados a la práctica empresarial,
e involucrarse en alianzas con terceros (como otras empresas, el estado o ONG) para
promover el debate y la consciencia sobre la necesidad de la construcción de la paz, a
menudo en relación con códigos de conducta desarrollados a escala global.4
En cuanto a la participación en conversaciones de paz —las cuales son parte
integrante pero no esencial de la construcción de la paz—un gobierno liderado
por el sector privado en El Salvador no sólo llevó a cabo negociaciones con los
insurgentes sino que también fue capaz de promover la paz como proyecto social
y económico de gran valor para resto de la sociedad salvadoreña (Rettberg, 2006,
2007). En Chipre, el Brussels Business Group trabajó para superar las divergencias
entre la parte turca y la parte griega de la isla promoviendo la cooperación
interempresarial y medidas de construcción de confianza (Lende, 2006). De
manera similar, el Peres Center for Peace y el Center for Jewish-Arab Economic
Development trataron de enfatizar la interdependencia económica además de la
necesidad de llegar a una solución política entre Israel y Palestina (Dajani, Dayan,
and Touboul, 2006). En Colombia, las iniciativas de construcción de paz lideradas
por la empresa tienen lugar por la ausencia de cualquier tipo de negociaciones
formales con los grupos armados ilegales y procuran alentar el desarrollo local
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El balance de
esta creciente
actividad
del sector
privado en la
construcción
de paz es
heterogéneo
La ausencia de
inversiones y
la impredecibi-
lidad de los
mercados,
son los costes
más comunes
asociados a
los conflictos
mientras promueven actividades propiamente empresariales (Rettberg, 2004).
Finalmente, en Irlanda del Norte la Confederación de la Industria Británica y el
Grupo de Siete (organizaciones comerciales) se encargaron de subrayar el vínculo
entre el conflicto y el lento crecimiento económico (International Alert, 2006).
En general, estos ejemplos que incluyen o son liderados por la empresa ponen de
manifiesto las numerosas opciones disponibles para las empresas u organizaciones
del sector privado que deseen participar en actividades para la construcción de la
paz. Sin embargo, todavía queda por resolver la cuestión más problemática: ¿cuáles
son las condiciones para incitar a las empresas a participar en la construcción de
la paz y hacer que permanezcan abordo de la agenda? Si bien hallar una respuesta
definitiva a dicha cuestión está fuera del alcance de este artículo, en la siguiente
sección se analizan críticamente algunas suposiciones comunes sobre las
motivaciones empresariales y se sugiere que, para retener y atraer nuevos socios
empresariales, los estados y las organizaciones deben desarrollar un enfoque
diferencial o más complejo sobre el papel de la empresa en la construcción de paz.
Análisis de las motivaciones
En comparación con la variedad de ejemplos que muestran la participación
empresarial y el fervor con el que los estados y las organizaciones afines la defienden,
el balance de esta creciente actividad del sector privado en la construcción de
paz es heterogéneo e, incluso, decepcionante. En la práctica, es difícil movilizar
el capital internacional y local: los estados y las organizaciones internacionales no
suelen disponer de la capacidad institucional para identificar y guiar a empresas
específicas a través del proceso de construcción de la paz; las empresas puede que
dispongan de una capacidad organizativa o financiera insuficiente para asimilar
los costes asociados a la construcción de paz; otras puede que teman la pérdida
de su inversión en el inestable contexto de construcción de la paz después de un
conflicto. Asimismo, las organizaciones compiten entre sí para hacerse con socios
similares del sector privado, y los diseñadores de las políticas y los dirigentes
gubernamentales deben hacer frente al desafío constante de mantener su interés
y ampliar el número de contribuyentes.
Finalmente, la contienda de objetivos, como la creciente necesidad de promover la
seguridad global (Tschirgi, 2003), ha situado un énfasis cada vez mayor en proteger
a las naciones del terror en detrimento de promover la paz a escala mundial, lo
cual explica la reducción de los presupuestos para la construcción de paz. En la
dura realidad social, política y económica que impera después de un conflicto, la
actividad incesante de unos pocos esconde la reticencia e incluso la resistencia de
muchos otros. Esta situación plantea el reto de estudiar mejor las motivaciones del
sector privado y su capacidad para la construcción de paz.
Uno de los argumentos expuestos para atraer al sector privado en la construcción
de paz tiene relación con los costes económicos de los conflictos. Si se pudiera
documentar lo que pierde el sector privado a causa de los conflictos armados y lo
que ganaría si hubiera paz —reza el argumento—, las organizaciones que miran por
sus propios intereses preferirían invertir tiempo y dinero en la construcción de paz
en lugar de tener que soportar la continua devastación de recursos que afecta al
comercio y al intercambio de bienes y servicios, la extorsión y los ataques por parte
de actores armados ilegales (entre los cuales cabe incluir los secuestros recurrentes
de empresarios), la ausencia de inversiones y la impredecibilidad de los mercados,
que son los costes más comunes asociados a los conflictos. La participación del
sector privado será más intensa en alcance y escala donde el coste real o potencial
del conflicto para la empresa sea mayor —continúa el argumento.
Sin embargo, los costes de los conflictos armados son difíciles de contabilizar. No
solamente debido a los graves problemas de fiabilidad de los datos sobre conflictos
armados en diferentes países (véase Andreas and Greenhill, 2010): la información
tiende a ser pobre, incompleta o puede que haya sido manipulada por los estados u
otras organizaciones. Además, la evaluación de los costes es poco precisa: algunos tipos
de empresas —de diferente tamaño, sector y región de un país— son más vulnerables
o son blancos más habituales en los escenarios del conflicto que otras. En tercer lugar,
en países subdesarrollados, como lo son la mayoría que se encuentran enfrascados
en un conflicto, las empresas deben hacer frente a limitaciones de crecimiento
independientemente del conflicto. Sin lugar a dudas, el subdesarrollo y los conflictos
armados se retroalimentan (Stewart y FitzGerald, 2001). Distinguir y aislar las causas
de las dificultades empresariales en escenarios en conflicto es a menudo inviable, y
el caso contrario —qué harían las empresas en el caso de no haber conflictos— difícil
de establecer. En cuarto lugar, la mayoría de los costes relacionados con los conflictos
no son el resultado directo de ataques a empresas y a sus operaciones, sino las
consecuencias indirectas de una situación inestable. Si bien los duros ataques a los
intereses de las empresas han tenido una respuesta inmediata —como cuando un
ataque al aeropuerto de la capital de Sri Lanka por parte de los rebeldes Tamil provocó
que las empresas del país organizaran y exigieran una solución negociada al conflicto
— la ausencia de una “víctima” empresarial evidente es más frecuente y, por lo
tanto, también lo es la dificultad de identificar claramente quienes son los participantes
empresariales en la construcción de la paz. Finalmente, pocas son las empresas que
llevan a cabo cálculos sistemáticos de los costes de los conflictos armados o incluso los
costes de la paz. Especialmente en países que han sufrido conflictos de larga duración
(como Colombia o Guatemala), la actividad económica puede haberse internalizado y
adaptado al contexto del conflicto. Asumir que las empresas son conscientes de lo que
llegan a perder a causa de un conflicto puede ser, por lo tanto, erróneo.
Un estudio sobre los costes de los conflictos armados para el sector privado en
Colombia, un país que se ha visto sumergido en guerras durante cuatro décadas,
sirve para ilustrar algunas de las afirmaciones mencionadas. El estudio muestra
que los costes debidos al conflicto para la actividad económica colombiana no se
reparten de forma equilibrada, y que los costes indirectos, relacionados por ejemplo
con la pérdida de oportunidades de negocio, en lugar del impacto directo en las
operaciones empresariales (como los ataques o la extorsión), son más frecuentes
y, a su vez, más difíciles de calcular y precisar. Las grandes compañías fueron
más proclives a informar sobre costes asociados con el conflicto armado que las
pequeñas, aunque estas últimas también registraron un mayor crecimiento. Las
pequeñas empresas registraron más a menudo pagos por extorsión, y padecieron
más a menudo situaciones de bancarrota. Las compañías con operaciones por todo
el país suelen pagar por la extorsión de los grupos armados ilegales y padecen
más problemas en relación con la distribución en el territorio nacional y con el
sistema de transporte que las empresas con operaciones regionales o locales. Las
compañías mineras, de gas, de electricidad, agrícolas y de transporte son las que
presentaron más costes directos relacionados con el conflicto armado, mientras
que los servicios financieros y los inversores las que menos. Tres cuartas partes de
las empresas entrevistadas manifestaron que invertirían en ampliar su capacidad
productiva, innovación y generación de empleo si hubiera paz en Colombia.6
A pesar de que fue diseñado y llevado a cabo sólo en Colombia, el estudio proporciona
un conocimiento general más profundo sobre los tipos de empresas y sectores más
vulnerables a ciertos costes asociados con los conflictos armados (así como los
menos expuestos y con más capacidad de recuperación). Si se tienen en cuenta
las diferencias dentro de la comunidad empresarial en términos de capacidad
para soportar el peso de los conflictos, no todas las compañías muestran el mismo
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Centrar el
interés sólo en
los costes del
conflicto puede
ser insuficiente
para hacer
que el sector
privado
participe y se
movilice
Es necesario
entender
el modo
operativo de
las empresas,
incentivos
responden y
las condiciones
que limitan
el comporta-
miento
corporativo
a qué
interés en la construcción de la paz: diferencias de sectores y regionales, el origen
del capital y el tamaño de la empresa son buenos elementos para vaticinar las
preferencias de las empresas frente a los conflictos y la construcción de paz.
Una de las conclusiones es que centrar el interés sólo en los costes del conflicto
puede ser insuficiente para hacer que el sector privado participe y se movilice
para la construcción de la paz. La experiencia de estados y organizaciones
internacionales permite destacar otros factores que apuntan a la presión y a los
incentivos de actores locales y externos para participar en la construcción de paz y
a los mecanismos utilizados para superar los problemas de acción colectiva dentro
de la comunidad empresarial.
El primer factor tomaría la forma de resoluciones específicas por parte de los
accionistas que deseen construir una atmosfera positiva para la actividad
corporativa; el acceso a líneas de crédito locales o internacionales; compartir
los costes con organizaciones internacionales, o ser considerado como parte de
una alianza de compañías e instituciones que realizan contribuciones positivas
a la sociedad (como Global Compact o EITI, descritos anteriormente). Si dichas
condiciones no están relacionadas con beneficios o sanciones tangibles (como
la prohibición de acceder a ciertos mercados), dicha presión puede ser difícil de
ejercerse. Sin embargo, para ciertas compañías, el coste de no seguir las directrices
de una acción corporativa positiva, establecidas en base a lo que se ha convertido en
la recomendación estándar para la práctica empresarial en ambientes inestables,
puede ser más elevado que no dar una respuesta. En este sentido, además de
identificar y calcular los costes del conflicto, aparece un nuevo desafío en cuanto a
identificar los incentivos políticos y económicos más adecuados para provocar un
impulso adicional que implique compromiso y acción.
El segundo factor tiene relación con la característica de la paz de ser un bien público
(una vez se ha conseguido, las empresas no pueden quedar excluidas del disfrute
de los efectos positivos de la paz, independientemente de si han pagado el coste;
véase Olson, 1971). ¿Por qué motivo, se podría preguntar una empresa, vale la
pena invertir en la construcción de paz si ello implica pagar un alto precio y no va
a ser la única beneficiaria? Uno de los retos consiguientes para los diseñadores de
políticas es analizar y hacer frente a este clásico problema de acción colectiva, el
cual puede servir para explicar por qué si un resultado es de lo más beneficioso para
la mayoría —la paz— los actores empresariales implicados no quieran invertir en él.
Tomando en consideración los tres factores —costes, incentivos adecuados y
los problemas de la acción colectiva—, para promover la participación del sector
privado en la construcción de la paz, es necesario entender el modo operativo
de las empresas, a qué incentivos responden y las condiciones que limitan el
comportamiento corporativo. La toma de decisiones en las compañías no es una
cuestión homogénea, la capacidad financiera difiere y los procesos organizacionales
toman diferentes formas. Tanto los dirigentes de la construcción de la paz como sus
defensores, así como las diferentes facciones del sector privado necesitan conocer
dichas distinciones para guiar adecuadamente la participación del sector privado en
la construcción de la paz y prevenir la frustración en cuanto a efectos y capacidad.
Conclusiones
No quepa duda de que la participación del sector privado es clave en situaciones
de postconflicto y promocionar la paz en el sector privado como un proyecto
provechoso y que merece la pena continúa siendo uno de los retos cruciales
para todos los actores, tanto locales como externos, que desean poner fin a los
conflictos armados. En este artículo se han mencionado numerosos ejemplos
para reflejar las contribuciones positivas que el sector privado ha realizado en
diferentes países así como los riesgos que implica no tener en cuenta el apoyo del
sector privado. Asimismo, el objetivo de este artículo ha sido advertir respecto de
las expectativas excesivamente optimistas en relación con el papel que el sector
privado puede y debería desempeñar en la construcción de la paz y de los puntos
de vista reduccionistas sobre las motivaciones del sector privado. Para generar
las condiciones que permitan una participación del sector privado constructiva y
duradera, es imprescindible un conocimiento más exhaustivo del entorno y de las
complejas motivaciones que dirigen la actividad económica y el comportamiento
empresarial en condiciones inestables como las que reinan en un país que intenta
realizar la transición de un conflicto armado a una situación de paz.
1. Gracias a Juan Diego Prieto por su asistencia en la investigación.
2. Utilizo la definición ampliada de construcción de la paz proporcionada por el entonces
secretario general Bhoutros Bhoutros Ghali en la obra An Agenda for Peace (1992), según
la cual se trata de “esfuerzos exhaustivos para identificar y dar apoyo a las estructuras que
servirán para consolidar la paz”.
3. Los sistemas de certificación cubren aspectos tales como la sostenibilidad ambiental,
social y de derechos humanos de las empresas, como el Proceso de Kimberley, que
pretende frenar el comercio de “diamantes de sangre”, o el Forest Stewardship Council
(FSC), para proteger los bosques. Algunos de estos sistemas de certificación, como el
FSC y las estipulaciones que rigen la importación de plátanos para los consumidores
europeos son actualmente una condición necesaria para introducirse en ciertos mercados.
El pacto voluntario más importante en relación con las buenas prácticas empresariales
es el UN Global Compact, que incluye a más de 7.700 participantes corporativos de más
de 130 países (véase UN Global Compact, 2009). Otro ejemplo es la Extractive Industry
Transparency Initiative (EITI), que lucha por “una governança mejorada en países ricos en
recursos a través de la verificación y la publicación completa de los pagos y beneficios de los
gobiernos relacionados con el petróleo, el gas y la extracción de minerales” (véase <http://
eitransparency.org/eiti>).
4. Los capítulos y los ejemplos tratados en Banfield, Gündüz y Killick (ed.) (2006) son de una
gran utilidad para conocer las múltiples contribuciones que las empresas locales pueden
aportar a la construcción de la paz.
5. Para más información sobre la First Business Initiative de Sri Lanka, véase <http://www.
srilankafirst.net>.
6. Para más información véase Rettberg (2008). El estudio incluía entrevistas telefónicas
con representantes legales de 1.113 empresas de diferentes tamaños, ubicadas en seis
ciudades colombianas, de todos los sectores de la economía del país y de ámbito nacional,
regional y local (véase un resumen en inglés en <http://www.international-alert.org/pdf/
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Parte 3:
Operando en entornos complejos
Empresas Construcción de Paz y Derechos
Humanos. Colombia: el peor y el mejor de los
mundos
Angela Rivas, Coordinadora, Área Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz,
Fundación Ideas para la Paz (FIP), Bogotá
“Es justo decir que pocas democracias se han enfrentado a desafíos tan graves en el
ámbito de los derechos humanos como Colombia en las últimas dos décadas. Colombia
ha sido un laboratorio para las cuestiones clave a que las empresas deben hacer frente
con respecto a su función y responsabilidad en materia de derechos humanos”.
“Creo que Colombia se dibuja no sólo como ejemplo de graves problemas sino de manera
más positiva, como modelo para soluciones innovadoras”.
En un país como Colombia, la apuesta de las empresas por la construcción de una
paz sostenible parece ir cada vez más de la mano del trabajo del sector empresarial
en el campo de los derechos humanos. Un ámbito que al igual que la construcción
de paz viene cobrando importancia. Las siguientes páginas parten de entender que,
en un entorno complejo como el colombiano, las operaciones empresariales atentas
al conflicto y a los derechos humanos, son un elemento constitutivo de lo que hoy
en día pueden hacer las empresas para contribuir a una paz sostenible. Colombia
se presenta como la encarnación de un entorno complejo de cara a la operación
empresarial y como contexto de iniciativas que, en el campo de construcción de
paz y derechos humanos, pueden considerarse innovadoras y vanguardistas. Por
supuesto éste es un campo en el que, a pesar de los avances, queda aún mucho
por hacer. En este sentido, las páginas que siguen no son concluyentes sino parte
de una reflexión en movimiento sobre las apuestas, los logros y los retos que tienen
cabida en el conjunto de empresas que operan en un país como Colombia y buscan
hacerlo de manera atenta a la construcción de paz y a los derechos humanos.
Operaciones empresariales en entornos complejos, el caso colombiano
La noción de entorno complejo hace referencia a la presencia de uno o más de los
siguientes factores: acciones de grupos armados al margen de la ley, economías
ilegales, fragilidad institucional y débil gobernabilidad.3 Las experiencias recientes
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Colombia
también se
conoce por
ser escenario
del conflicto
interno de
mayor duración
de América
Latina
de países que atraviesan por un conflicto armado o parecen estar saliendo de él,
dan cuenta de variaciones posibles en la existencia y coexistencia de estos factores
y su incidencia sobre las operaciones empresariales. En efecto, la presencia de
estos factores – en sus posibles combinaciones – afectan las dinámicas locales e
imprimen un carácter particular a los territorios en los que operan las empresas.
De igual forma, tales dinámicas y los factores que las acompañan imponen retos
y riesgos de cara a las operaciones empresariales, que precisan respuestas
innovadoras y atentas. Las empresas que operan en entornos complejos parecen
estar, entonces, en el peor y el mejor de los mundos al mismo tiempo.
Por un lado, enfrentan riesgos y retos que probablemente no enfrentarían si
operaran en otro contexto. Por otro lado, es precisamente la existencia de esos
riegos y retos lo que muchas veces lleva a las empresas a trabajar en iniciativas
innovadoras de cara a la superación del conflicto apostando por la construcción de
paz y los derechos humanos.
Para quienes viven en Colombia, la definición de un entorno complejo puede parecer
familiar. En efecto, los factores que lo caracterizan suelen confluir en muchas de
las regiones del país. Más aún, una caracterización general del país incluiría todos
aquellos factores que otorgan la característica de ‘complejo’ a un entorno.
Catalogado como uno de los países más violentos de la región, Colombia también
se conoce por ser escenario del conflicto interno de mayor duración de América
Latina y ser el hogar de diferentes grupos armados al margen de la ley, incluyendo
la guerrilla más antigua del continente y grupos criminales emergentes ligados al
narcotráfico y a otras economías ilegales. De acuerdo con los informes de 2009,
estos grupos tienen presencia en cerca de 600 de los 1.100 municipios del país
(Ávila, 2010) y se calcula que puede haber más de 12.000 hombres y mujeres
vinculados a estos grupos en el país.4 Para 2009, las cifras oficiales informan que
hay algo más de 8.800 personas en las filas de los dos grupos guerrilleros que
hoy en día operan en el país. De acuerdo con estas cifras, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) contarían con 7.297 combatientes y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) con 1.529.5 En cuanto a las llamadas Bandas
Criminales Emergentes (BACRIM), datos de abril de 2010 dan cuenta de 3.749
personas vinculadas a este tipo de organizaciones.6 Si bien los informes oficiales
dan cuenta de logros importantes en la tarea de combatir a estos grupos, lo cierto
es que el accionar de grupos armados al margen de la ley sigue teniendo una
importancia innegable en el entorno colombiano.
En los últimos años, además, Colombia ha sido escenario de escándalos ligados a
las actividades fuera de la ley de miembros de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo en
este sentido es el caso de los llamados “falsos positivos”.7 En su reporte presentado
en marzo de 2010, Philip Alston (reportero especial sobre ejecuciones arbitrarias,
sumarias y extrajudiciales) de Naciones Unidas señaló que si bien aún no hay cifras
exactas, en el marco de este fenómeno que se remonta al menos a 2002, según los
diferentes cálculos, se estima que más de 1.300 personas han sido asesinadas.8.
Esto se suma a los informes sobre la situación de Derechos Humanos, que han
ubicado a Colombia en una posición poco honrosa entre los países con peores
desempeños en esta materia.
Con frecuencia el accionar de actores armados al margen de la ley y la existencia de
economías ilegales resultan fenómenos relacionados. En este sentido, Colombia no
es una excepción. A las dinámicas ligadas al narcotráfico (Cubides, 2004; Restrepo,
Jorge y David Aponte (eds.), 2009, Vargas, 2004; Sánchez, 2004; Thoumi, 1999)
se suman aquellas relacionadas con otras actividades económicas ilegales (ej.
extorsión, control del mercado negro, etc.) e incluso con la captura por parte de
organizaciones criminales de actividades económicas legales (Rubio, 2002).9
Además de ser escenario operativo de grupos armados al margen de la ley y de
organizaciones criminales vinculadas a diferentes economías ilegales Colombia ha
sido también, en los últimos años, testigo de fenómenos que dan cuenta de una
preocupante debilidad institucional y gobernabilidad frágil, en particular a nivel
local. Un ejemplo de ello es la infiltración de la guerrilla y de los paramilitares en las
estructuras de poder local o lo que algunos prefieren describir como complicidad
entre dirigentes políticos (congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados,
concejales, funcionarios, etc.) y grupos armados ilegales. Este fenómeno -que
ha sido reseñado en la prensa nacional bajo denominaciones como farcpolítica,
elenopolítica y parapolítica- revela la permeabilidad de las instituciones y formas de
ejercicio de poder local (López, 2010). En el caso del fenómeno de la parapolítica,
que salió a la luz pública a mediados de 2006, 101 figuras políticas regionales están
siendo procesadas por vínculos con el paramilitarismo.10 Además, se calcula que
115 congresistas están siendo procesados en el marco de este mismo fenómeno.11
Junto a formas de penetración de actores armados en el ejercicio del poder local, se
encuentran también fenómenos de corrupción12 y formas de cooptación del Estado
(López, 2010) que una vez más son sintomáticas de la debilidad institucional y frágil
gobernabilidad en varias regiones del país y cuya descripción y análisis escapan al
alcance de este escrito.
Las empresas frente a un entorno complejo
Más allá de las variaciones regionales, pero sin desconocer su importancia,
Colombia parece claramente encarnar la definición de entorno complejo. Ahora
bien, ¿qué implicaciones se pueden identificar de cara a la operación empresarial?;
¿De qué manera ésto ha incidido en las empresas que operan en el país y de qué
forma tales empresas han buscado responder a los riesgos y retos que encierra
un entorno como el colombiano?; En otras palabras ¿de qué manera Colombia es
el peor y el mejor de los mundos de cara a la operación empresarial atenta a la
construcción de paz y a los derechos humanos?
Las respuestas a estas preguntas no son sencillas pero comencemos por una
cara de la moneda: los riesgos y retos que impone el entorno colombiano a las
empresas que operan en el país.13 Blanco de amenazas y presiones por parte
de grupos armados al margen de la ley, las empresas que operan en el país
enfrentan fenómenos como la extorsión y el secuestro, siendo incluso víctimas de
atentados contra sus instalaciones, sus empleados y/o sus contratistas. Junto a
estos riesgos de seguridad, conviven otros igualmente ligados al conflicto armado
que se expresan en dinámicas locales marcadas por una alta polarización
entre los grupos de interés y actores con los que la empresa busca construir su
legitimidad social para operar. De igual forma, las empresas que operan en un
entorno como el colombiano, enfrentan riesgos de reputación ligados al mayor
escrutinio de ONG y medios (nacionales e internacionales) y a la posibilidad de
ser demandadas dentro y fuera del país.
Además de afrontar riesgos en seguridad y reputación, las empresas que
operan en Colombia también enfrentan retos económicos, políticos y sociales
que se derivan de la complejidad del entorno colombiano. Para empezar, en
el plano de las relaciones laborales las empresas que operan en Colombia
se enfrentan a retos derivados del record histórico de malas relaciones entre
empresas y sindicatos. Si bien los últimos años han sido testigo de cambios
positivos en estas relaciones, lo cierto es que la relación empresas-sindicatos
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El fenómeno
de la extorsión
puede ser
particularmente
problemático
Las empresas
que operan en
zonas remotas
o con poca
presencia
institucional
pueden llegar
a generar
relaciones de
dependencia
respecto a las
poblaciones
locales
sigue siendo problemática a la hora de construir legitimidad social para operar
por parte de las empresas que trabajan en el país.
Por otra parte, las empresas que operan en zonas con problemas de seguridad
y cuyas actividades son de interés nacional deben recurrir a la fuerza pública
para la protección de sus instalaciones a través de convenios. En ocasiones, en la
tarea de construir su legitimidad social para operar, tales empresas se enfrentan
a retos ligados a los excesos que pueda cometer la fuerza pública y sus efectos
sobre grupos de interés locales. Asimismo y dada la complejidad del entorno, las
empresas que operan en este tipo de zonas se enfrentan a riesgos derivados del
incumplimiento de estándares de operación por parte de sus contratistas. En este
caso, el fenómeno de la extorsión puede ser particularmente problemático. Por
otro lado, muchas de las empresas que operan en el país se encuentran en zonas
donde existen, o incluso imperan, economías ilegales ligadas al narcotráfico y otras
formas de crimen organizado. Esto impone retos importantes a la hora de asegurar
la legitimidad social para operar y la sostenibilidad de una operación.
Finalmente, y en no pocas ocasiones, las empresas que operan en zonas remotas o
con poca presencia institucional pueden llegar a generar relaciones de dependencia
respecto a las poblaciones locales. Estas relaciones suelen ser alimentadas por la
precaria presencia del Estado y la ausencia de otros actores económico legales
y, a largo plazo, van en detrimento de la legitimidad social para operar y la propia
sostenibilidad de las operaciones empresariales. También es importante destacar
que, en diferentes lugares del país, las empresas deben enfrentar retos ligados a
la fragilidad de las instituciones y a la débil gobernabilidad. En este sentido, por
ejemplo, deben gestionar a la falta de claridad sobre las regulaciones que rigen
ciertos procedimientos y su aplicación, así como los efectos de la inestabilidad
institucional y la altísima polarización política e ideológica que suelen caracterizar
aquellas zonas del país que, de manera más vívida, encarnan lo que hemos
denominado un entorno complejo.
De manera general, los párrafos anteriores dan cuenta de algunos de los retos y
riesgos que enfrentan las empresas que operan en Colombia en su quehacer diario.
A estos, se suman elementos como costos adicionales debido a la necesidad de
contar con mayor seguridad, la necesidad de generar controles para evitar vínculos
con violaciones de Derechos Humanos, la necesidad de desarrollar mecanismos
que permitan evitar la filtración de dineros ilícitos, la incertidumbre derivada de
la falta de claridad en la tenencia de tierras en algunas zonas del país, etc. Este
panorama poco alentador, suele ser el telón de fondo de varias de las apuestas
por la paz y los derechos humanos que en los últimos años han jalonado el sector
empresarial en el país. Las siguientes páginas pretenden mostrar cómo el trabajo
de las empresas en el campo de los derechos humanos es complementario a la
apuesta empresarial por la construcción de paz. Más aún, en un contexto como el
colombiano, se trata de apuestas íntimamente ligadas.
¿Por qué las empresas hablan hoy en día de derechos humanos?
Aunque sigue siendo un tema relativamente nuevo, cada vez es más común que
las empresas hablen de derechos humanos. La introducción de este tema en
el marco de las operaciones empresariales se remonta a cerca de una década
atrás y se relaciona con la confluencia de transformaciones significativas en las
expectativas de diversos grupos de interés de las empresas y su operación. Este es
el caso de inversionistas y consumidores, para quienes cada vez es más relevante
el desempeño en materia de derechos humanos de las empresas que reciben sus
recursos o producen los bienes y productos que ellos consumen. Este también es el
caso de trabajadores y gobiernos, que hoy en día tienen expectativas más elevadas
frente al desempeño ético, ambiental y social de las empresas.
El surgimiento de los derechos humanos como campo de acción en el sector
empresarial también se relaciona con cambios en las tendencias globales en
responsabilidad social empresarial (RSE). Si bien hasta hace unos años, las
empresas solían concentrar su trabajo con las comunidades a través de actividades
de tipo filantrópico, hoy en día la filantropía es entendida sólo como un aspecto de
la RSE y las actividades propias del negocio han venido ganando terreno en este
campo, como eje de trabajo para aquellas empresas que quieren lograr impactos
positivos mayores y más permanentes entre sus grupos de interés, incluidas
las comunidades que hacen parte de su esfera de influencia. De igual forma el
espectro de temas y esferas que hoy por hoy son considerados propios de la RSE se
ha venido ampliando. Lo que hasta hace unos años era considerado como temas
ajenos a la operación empresarial, hoy comienzan a ser aceptados como parte de las
preocupaciones legítimas – y en buena medida esperables – de las empresas que
operan de manera responsable. Éste, precisamente es el caso de temáticas como
los derechos humanos. La ampliación del espectro de la RSE también ha significado
que hoy por hoy este campo incluya la cadena de producción y distribución de las
empresas. Por último, aunque no menos importante, las iniciativas que vinculan
diferentes actores conocidas como iniciativas multiactores han venido ganando
popularidad en el campo de la RSE y han demostrado las virtudes del trabajo
colectivo en temas de interés mutuo y particularmente sensibles como es el caso
de los derechos humanos.
A pesar de su aparición relativamente reciente, el tema de los derechos humanos
llegó al sector empresarial para quedarse. En efecto, el campo de derechos
humanos y empresas es cada vez más conocido y aceptado, incluso ya se puede
catalogar como esperable y en alguna medida exigible. Los últimos años han sido
testigo de un creciente número de denuncias y acusaciones contra empresas por
su desempeño en derechos humanos o por su vinculación en abusos contra los
derechos humanos. Un ejemplo de ello son las demandas que se han presentado en
Estados Unidos en el marco del Alien Tort Claims Act (ATCA).14 Otro ejemplo son los
informes que varias organizaciones (Human Rights Watch, 2008; ESCR-Met, 2008)
elaboraron en la primera mitad de 2008 en los que se da cuenta del espectro que
incluye – o mejor aún se espera que incluya – el sector empresarial cuando hace a
alusión a los Derechos Humanos. En este sentido el informe elaborado por Michael
Wright de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard
(Wright, 2008)15 es bastante ilustrativo, pues permite identificar puntos centrales
en la materia. De cara a esta caracterización, los siguientes son algunos de los
aspectos centrales que se derivan de dicho informe:
- El impacto de las empresas en los derechos humanos puede darse directamente
o a través de terceros con los que trabaja la empresa.
- Las violaciones de derechos humanos afectan por igual a comunidades locales y
trabajadores, y en un menor porcentaje a consumidores/usuarios.
- La violación de derechos humanos involucra, por lo general, a varios derechos.
Es decir, que el impacto en derechos no es único.
- Las denuncias por violación a los derechos humanos no son asunto de
unos pocos sectores de la actividad empresarial. Involucran prácticamente
a todos los sectores.
- Las denuncias por violación a los derechos humanos no hace referencia a unos
determinados países. Aunque sobresalen ciertas regiones, y dentro de ellas
ciertos países, lo cierto es que estas denuncias abarcan todas las regiones del
globo e involucran a diferentes países.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Las denuncias
por daños
medioambien-
tales suelen
estar ligadas
a denuncias
por violación
de derechos
humanos
Un grupo de
estudiosos
acuñó el
concepto
de peace
entrepeneurs
(empresarios/
emprende-
dores de paz)
- Las denuncias por daños medioambientales suelen estar ligadas a denuncias
por violación de derechos humanos.
- Una primera denuncia de violación de derechos humanos suele ser seguida de
más demandas y denuncias.
Empresas y derechos humanos: Proteger, Respetar y Remediar
A pesar de ser un campo relativamente nuevo en el mundo empresarial los derechos
humanos son cada vez más un tema de obligado cumplimiento para las empresas,
en particular para aquellas que operan en entornos complejos.
El trabajo desarrollado por John Ruggie y su equipo16 ofrece un marco de
referencia para los diferentes actores que tienen un interés legítimo en
los derechos humanos en lo que tiene que ver con empresas, así como
para quienes desde el sector empresarial han asumido un compromiso
con los derechos humanos. Aún cuando sigue siendo un marco que debe
ser traducido en el día a día de la operación empresarial, determina que
las actuaciones en el campo de las empresas y los derechos humanos
se deben entender a partir de tres pilares. En primer lugar, la obligación
de los Estados de proteger contra los abusos de derechos humanos por
terceras partes, incluyendo empresas, a través de políticas, regulaciones y
medidas apropiadas. En segundo lugar, la responsabilidad de las empresas
de respetar los derechos humanos, lo que implica actuar con la diligencia
debida y evitando afectar los derechos de otros. En tercer lugar, el trabajo
de Estados y empresas en pro de lograr un mayor acceso de las víctimas a
medios de reparación efectivos, que pueden ser jurídicos o no.17
Empresarios/emprendedores de paz y derechos humanos en Colombia
En 2006, un grupo de estudiosos sobre la relación entre empresas y construcción
de paz acuñó el concepto de peace entrepeneurs (empresarios/emprendedores
de paz) para describir miembros del sector empresarial que de manera activa se
involucran en iniciativas que buscan promover la paz (Banfield, Jessica, Canan
Günduüz y Nick Killick (eds), 2006). Hoy en día Colombia es escenario de varias de
estas apuestas que incluyen la participación en iniciativas orientadas a contribuir
a la mejora en la calidad de vida de poblaciones en riesgo y en desplazamiento, la
reintegración socio-económica de excombatientes y la promoción del desarrollo y
la paz a nivel local través de lo que en el país se conoce como PDPs (Programas
de Desarrollo y Paz). Varias de estas iniciativas vienen siendo visibilizadas a través,
por ejemplo, de premios como el Premio Emprender Paz. Otras hacen parte de
iniciativas colectivas como la Reconstrucción del Salado liderado por Fundación
Semana. Otras más, hacen parte de alianzas público-privadas como las realizadas
entre la Alta Consejería para la Reintegración ACR y empresas que operan en el
país a través de un banco de tiempo y una serie de proyectos especiales (Amis et al,
2006; (Banfield, Jessica, Canan Günduüz y Nick Killick (eds), 2006).18
Parafraseando este concepto y ampliándolo a miembros de otros sectores de la
sociedad (ej. el gobierno y miembros de organizaciones de la sociedad civil), se
puede decir que las iniciativas que recientemente se han adelantado en Colombia
en el campo de empresas y derechos humanos son ejemplo de lo que se podría
llamar empresarios/emprendedores de paz y derechos humanos. El caso de Guías
Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario da cuenta
de este tipo de apuestas. Otras como el Pacto Global y Principios Voluntarios en
Seguridad y Derechos Humanos, son iniciativas que se remontan a códigos y
estándares de conducta empresarial originados internacionalmente y de cuya
aplicación Colombia ha sido testigo de avances importantes.
El Pacto Global que fue lanzado por Naciones Unidas en 1999, funciona formalmente
en Colombia desde 200419 cuando las primeras 54 empresas colombianas
adherentes a esta iniciativa crearon el capítulo nacional de Pacto Global.20 Hoy en
día, más de 210 empresas que operan en el país forman parte de esta iniciativa.
También en el campo de empresas y derechos humanos destaca el trabajo que
desde 2003 se ha desarrollado en el país en torno a los Principios Voluntarios en
Seguridad y Derechos Humanos (PV).21 En septiembre de ese año, la Embajada
de Estados Unidos lideró una reunión con el fin de iniciar un diálogo para la
implementación de los VP en Colombia. Esta invitación tuvo eco en el gremio
petrolero que desde mediados de los años noventa venía trabajando en temas
afines. El año siguiente, en 2004, y con la ayuda de la Asociación Colombiana
de Petróleo ACP se organizó el Comité Técnico de Principios Voluntarios.22 Tres
años más tarde, en 2007, este Comité pasó a ser el Comité Minero Energético de
Seguridad y Derechos Humanos (CME) y en él, además de las empresas petroleras,
empezaron a participar empresas del sector minero y eléctrico. De igual forma se
invitó a participar a organizaciones de la sociedad civil.23
Hoy en día, el CME es una iniciativa que promueve en Colombia el debate público
y privado en favor de la reputación del país y del sector extractivo. Es un espacio
de diálogo que busca a través del intercambio de buenas prácticas en seguridad y
derechos humanos, y la implementación de los Principios Voluntarios, promover el
mejor desempeño del sector y de las instituciones del Estado colombiano en derechos
humanos, en lo que guarda relación con la seguridad. El trabajo desarrollado en el
marco del Comité Minero Energético en Seguridad y Derechos Humanos destaca
como uno de los pilares importantes en el avance que en términos de PV se ha
hecho en Colombia en los últimos años. Junto al trabajo del CME cabe mencionar
otros logros importantes en esta materia como la inclusión de los PV como referente
en la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
del Ministerio de Defensa.24 En efecto, el caso colombiano se destaca en cuanto a
la implementación de esta iniciativa a nivel de país.
Junto al trabajo que se ha desarrollado en el marco de códigos y estándares de
conducta empresarial atentos a los derechos humanos, en Colombia también se
destacan iniciativas que en esta materia resultan innovadoras y en buena medida
se ubican en la vanguardia en el campo de empresas y derechos humanos.25
Una vez más, el entorno en el que tales iniciativas vienen desarrollándose hace
de ellas una apuesta tan relevante como llena de retos. Este es el caso de las
Guías Colombia en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, una
iniciativa que cabe destacar en el marco de lo que he denominado empresarios/
emprendedores de paz y Derechos Humanos.26 Las Guías Colombia se definen
como “una iniciativa multi-actor compuesta por empresas, organizaciones de la
sociedad civil y Gobierno, unidos por el propósito común de aportar a la mejora de la
situación de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH)
en el país. Guías Colombia parte del diálogo constructivo sobre buenas prácticas
y temas sensibles en DDHH y DIH en el contexto de la actividad empresarial, para
contribuir a su respeto y promoción por parte de todos los participantes.”27
En el marco de Guías Colombia, además, sus miembros adquieren el compromiso
de trabajar colectivamente en el desarrollo de lineamientos en temas que resultan
claves para la operación empresarial en Colombia y que además ocupan un lugar
destacado en la tarea de construir una paz sostenible en el país. Estos temas son
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
A lo largo
de 2007
se hicieron
consultas
con ONG y
sindicatos con
presencia en el
país
La iniciativa
sufrió el retiro
de algunos
participantes
de sus
seguridad (que aborda temas relativos a las relaciones con la fuerza pública y la
contratación de seguridad privada), temas laborales (que incluye consideraciones
relativas a la libertad de asociación), comunidades (en el que se incluyen temas
tan sensibles como tierras, desplazamiento y participación), transparencia (en el
que junto a la corrupción se incluyen temas relativos a la extorsión), fortalecimiento
institucional, medio ambiente, y quejas y reclamos.
El lanzamiento oficial de esta iniciativa, el 14 de julio de 2010, fue el punto de
llegada de cerca de cuatro años de arduo trabajo, en los que quienes hacen parte
de Guías Colombia debieron afrontar varios retos y obstáculos. Quizás la mejor
forma de dimensionar tales retos y obstáculos, junto con el compromiso que una
iniciativa de este tipo encierra, sea repasar el proceso seguido en Guías Colombia
en los últimos cuatro años.
A mediados de 2006 surgió la idea de esta iniciativa. Entonces se redactó una
primera versión del código que se esperaba sirviera como eje de Guías Colombia
y se hicieron consultas con varias empresas que operan en el país. Nueve de las
empresas consultadas manifestaron su interés en participar en la iniciativa y se
comprometieron con ella. En esos momentos la iniciativa se centraba en el tema de
seguridad y derechos humanos y tomaba como referente los Principios Voluntarios
en Seguridad y Derechos Humanos. Unos meses más tarde, en enero de 2007 se
lanzó lo que entonces de llamó el piloto de Guías Colombia en Seguridad y Derechos
Humanos. Este lanzamiento contó con la presencia del Representante Especial de
Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, John Ruggie, quien en esos
momentos calificó a Guías Colombia como una iniciativa de vanguardia en el campo
de empresas y derechos humanos.
A lo largo de 2007 se hicieron consultas con ONG y sindicatos con presencia en
el país sobre su participación en la iniciativa. Tras varias consultas, algunas de
estas organizaciones decidieron sumarse a Guías Colombia. Quienes en esos
momentos hacían parte de Guías Colombia se entregaron entonces a la tarea
de definir colectivamente un código, reglas de juego y roles. Al mismo tiempo,
buscaron avanzar en un proceso tan difícil como clave en este tipo de iniciativas:
construir confianza. La tarea de construir confianza, como lo muestra la experiencia
de muchas iniciativas multiactores, no es sencilla, más si se adelanta en un
entorno que como el colombiano está marcado por la polarización entre quienes
participan en este tipo de iniciativas. ¿Qué implica adelantar una tarea colectiva en
la que actores que en otros escenarios se enfrentan buscan de manera conjunta
definir reglas de juego y temas de interés mutuo?; ¿Cómo abordar el campo de los
derechos humanos de manera colectiva, cuando éste, precisamente, es uno de los
campos en el que los diversos actores ven sus posiciones enfrentadas?; ¿Es posible
construir confianza entre quienes son distintos y, dadas las particularidades del
entorno, no pocas veces se ven involucrados en debates en los que son frecuentes
las acusaciones mutuas?.
El proceso seguido en esta iniciativa entre mediados de 2006, cuando se redactó
un primer código, y mediados de 2010, cuando públicamente se suscribió el
documento base que da vida a la iniciativa, tuvo picos y altibajos. A lo largo de
este periodo la iniciativa fue tomando cuerpo y se fue transformando en lo que
hoy en día es. Entre 2006 y 2010, Guías Colombia fue testigo de transformaciones
importantes. En primer lugar, la iniciativa sufrió el retiro de algunos de sus
participantes, lo que en ocasiones fue sintomático de las dificultades de dar vida a
una iniciativa multiactor de este tipo en un entorno complejo como el colombiano.
En segundo lugar, la iniciativa también presenció el ingreso y el compromiso de
diferentes actores lo que a su vez da cuenta del compromiso y el esfuerzo de
múltiples actores en un entorno como el colombiano. Por último y quizás aún más
revelador, una de las grandes transformaciones en esta iniciativa fue la ampliación
de su espectro: el paso de abordar temas de seguridad y derechos humanos
a abordar temas de derechos humanos y DIH. Esto muestra una iniciativa más
ambiciosa en un entorno complejo como el colombiano, que a la luz de los “temas
emergentes” que se mencionan a continuación encierra además una apuesta por
la construcción de una paz sostenible en Colombia.
Conclusiones
Como lo muestran las páginas anteriores, si bien hay aún muchas cosas por hacer
en Colombia se ha avanzado bastante en esta cuestión. Sin embargo, hay otros
temas que, sin ser necesariamente nuevos, vienen cobrando importancia y pueden
considerarse, en cierta forma, como “emergentes”.28
En el espectro de lo que podríamos llamar “temas emergentes en la relación
empresas, construcción de paz y derechos humanos”, cabe mencionar el tema
de las tierras. Este es un tema que para muchos supone el núcleo del conflicto
armado y sus secuelas en Colombia29, el tema de la extorsión como uno de los
ejes en la financiación de grupos armados al margen de la ley y organizaciones
criminales,30 y distintas formas de cooptación del Estado, que se bosquejaron en
la primera parte de este escrito. Ahora bien, ¿qué implica esto cuando se habla de
operaciones empresariales en entornos complejos y más exactamente hoy por hoy
en Colombia?; ¿Qué iniciativas puede desarrollar el sector empresarial en el tema
de tierras cuando sus operaciones se dan en entornos marcados por las secuelas
del conflicto?; ¿En qué medida las actividades empresariales pueden contribuir a
ahondar estas secuelas, o bien a superarlas?; ¿En qué medida las empresas pueden
ser víctimas y en qué medida cómplices cuando se habla de extorsión?; ¿Qué tipo
de mecanismos puede desarrollar el sector empresarial frente al fenómeno de
la extorsión?; ¿Qué tipo de medidas puede tomar el sector privado frente a las
distintas formas de cooptación de entidades del estado?
Junto con estos temas – tierras, extorsión, cooptación del Estado – se podrían
mencionar muchos más que también hacen parte de ese “espectro de temas
emergentes” y que de manera más amplia permiten dimensionar la apuesta que
encierra el campo de empresas, construcción de paz, derechos humanos y DIH en
un país como Colombia.
En efecto, el actual contexto colombiano – marcado, por ejemplo, por nuevas
dinámicas del conflicto y crimen organizado y las secuelas del conflicto en las
últimas décadas – encierra retos particulares para una operación empresarial
atenta a los derechos humanos y al DIH, e interesada en la superación del conflicto
y la construcción de una paz sostenible.
Para terminar, quienes han dado vida a Guías Colombia en buena medida encarnan
lo que he denominado empresarios/emprendedores de paz y derechos humanos.
Esto, no sólo por el contenido y naturaleza de la iniciativa, sino también y quizás
sobre todo por el contexto en el que ella surge. En relación con el contexto en el
que se desarrolla esta iniciativa, su carácter innovador y vanguardista, junto con
los retos que ella enfrenta pueden ubicarse en al menos dos dimensiones. Por un
lado, la iniciativa misma y su desarrollo y, por otro lado, los temas y propósitos que
persigue. En otras palabras, la apuesta de desarrollar una iniciativa multiactores
en un entorno complejo como el colombiano; y por otro la meta de desarrollar
lineamientos de operación empresarial en temas particularmente sensibles en un
entorno complejo de este tipo.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Notas
1. Traducción propia a partir de: GBI, Global Compact, FIP, Institute for Human Rights and
Bussines, Business and Human Rights in Colombia: Macro trends, micro realitites and ways
forward (en prensa).
2. Traducción propia a partir de: GBI, Global Compact, FIP, Institute for Human Rights and
Bussines, Business and Human Rights in Colombia: Macro trends, micro realitites and ways
forward (en prensa).
3. Sobre esta caracterización y sus implicaciones para la operación empresarial, ver entre
otros: International Alert, 2005. Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for the
Extractive Industries y International Alert, 2006. Business and Human Rights: the Role of
Business in Weak Governance Zones: Business Proposals for Effective Ways of Addressing
Dilemma Situations in Weak Governance Zones.
4. Datos tomados de Arias, Gerson, Conflicto armado colombiano: Dinámicas actuales e
indicadores, Ponencia, Junio 2010.
5. Datos tomados de Arias, Gerson, Conflicto armado colombiano: Dinámicas actuales e
indicadores, Ponencia, Junio 2010.
6. Datos tomados de Arias, Gerson, Conflicto armado colombiano: Dinámicas actuales e
indicadores, Ponencia, Junio 2010.
7. Asesinatos al margen de la ley de civiles por parte de las fuerzas de seguridad del Estado
que son presentados como muertes en combate con grupos guerrilleros o criminales.
8. Véase el Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary and arbitrary
executions, Philip Alston. Mission to Colombia. Naciones Unidas, Marzo 31 de 2010.
9. Ver también El tiempo, “Con oro lavan dinero y se roban regalías”, de 1 de agosto de 2010.
Así como la sección de paraeconomía y otros reportes en <www.verdadabierta.com >.
10. El último informe de Corporación Nuevo Arco Iris CNAI da cuenta de procesos contra 3
gobernadores, 5 alcaldes y 6 concejales elegidos para el periodo de 2007 a 2011; así como
contra 16 ex gobernadores, 38 ex alcaldes, 12 ex diputados y 21 ex concejales elegidos
para periodos anteriores. Para más detalles y los últimos datos sobre este fenómeno Véase:
<http://www.verdadabierta.com/parapolitica/2595-la-para-politica >.
11. De acuerdo con datos recogidos por Corporación Nuevo Arco Iris CNAI, están siendo
procesados 91 congresistas elegidos para el periodo 2006-2010 y 24 elegidos para
periodos legislativos anteriores. Para más detalles y los últimos datos sobre este fenómeno
Ver: <http://www.verdadabierta.com/parapolitica/2595-la-para-politica>.
12. Algunas cifras dan una idea del nivel de corrupción. Según datos de LAPOP 2008, uno de
cada diez colombianos dice haber sido víctima de algún acto de corrupción en su interacción con
instancias policiales, administrativas, judiciales, educativas, laborares u hospitalarias; pero ocho
de cada diez cree que la corrupción entre los funcionarios es algo o muy generalizada. Según la
Primera Encuesta Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas (Transparencia
por Colombia y U. Externado de Colombia, 2007), el 91% de los empresarios considera que hay
empresarios que ofrecen sobornos en sus negocios. El 11% de los empresarios afirma tener
programas integrales y continuos e invierte recursos contra el soborno.
13. Sobre los costes que impone el conflicto a las empresas que operan el país, véase
Rettberg, Angelika, 2008. Explorando el dividendo de la paz: percepción de los impactos del
conflicto armado en el sector privado colombiano. Resultados de una encuesta nacional,
Universidad de los Andes e International Alert.
14. El ATCA (Aliens Tort Claims Act) fue creada en 1789 y amplía la jurisdicción de cortes
estadounidenses para juzgar violaciones a la “ley de naciones” y leyes internacionales. Esta
medida es hoy en día uno de los principales instrumentos legales en el tema de empresas
y derechos humanos. En el marco del ATCA, en los últimos diez años se han multiplicado
las denuncias y demandas contra compañías multinacionales. Esta medida fue revivida en
1980s para casos de violaciones al derecho internacional. Desde 1993 ha sido una vía de
denuncia de casos de violación de DDHH que involucran a multinacionales. Bajo el ATCA ha
habido al menos 36 demandas a empresas domiciliadas en Estados Unidos, de diferentes
sectores, que operan en diversos países y regiones.
15. Este informe fue elaborado como insumo para el trabajo que adelanta John Ruggie en
materia de empresas y derechos humanos. La información recogida en él hace parte de
los anexos del reporte de 2008 del SRSG al Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas (A/HRC/8/5).
16. Véase al respecto <http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home >.
17. Sobre este marco y los tres pilares que se mencionan, ver entre otros Protect, Respect
and Remedy: a framework for Business and Human Rights en <http://www.reports-and-
materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>.
18. Para una mirada general sobre empresas y construcción de paz en Colombia ver, entre
otros, la página Web del Premio Emprender Paz <http://www.emprenderpaz.org/> y el
Observatorio de RSE, Derechos Humanos y Construcción de Paz de la FIP <http://www.
ideaspaz.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=815:observatorio&c
atid=161:otros-proyectos&Itemid= >.
19. Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV) son una iniciativa
multiactor que sale a la luz pública en 2000 y reúne empresas del sector extractivo, ONG
y gobiernos. Para más detalles sobre esta iniciativa y su funcionamiento en el país visitar
<http://www.pactoglobal-colombia.org/ >
20. Véase: <http://www.colombiaincluyente.org/contenido/contenido.aspx?catID=173&conID=690 >.
21. Para más información sobre esta iniciativa véase <http://www.voluntaryprinciples.org>.
22. Este Comité estaba formado por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, BP, Occidental, ChevronTexaco y ACP.
23. Actualmente son miembros de esta iniciativa por parte del gobierno: Presidencia y
Vice-presidencia, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el Ejercito Nacional; por el sector
empresarial: Anglo American, Anglo Gold Ashanti, La Asociación colombiana de Petróleos
(ACP), Cerrejón, ECOPETROL, ISA, Isagen, Greystar Oxy, Río Tinto y Talismán; la iniciativa
cuenta con la participación de organismos internacionales: las embajadas de Estados
Unidos, Países Bajos y Reino Unido; y dos organizaciones de la sociedad civil: La Fundación
Ideas para la Paz (FIP) e International Alert. Ver: <http://www.derechoshumanos.gov.co/
principal/empresa_comiteminero.asp>.
24. Véase: <http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_Home/Politica_DDHH_MDN.pdf>.
25. Existen varias iniciativas que se pueden enumerar bajo esta categoría. Algunos ejemplos
en este sentido se pueden encontrar en: GBI, Global Compact, FIP, Institute for Human Rights
and Bussines Business and Human Rights in Colombia: Macro trends, micro realitites and
ways forward (en prensa).
26. El pasado 14 de julio, Guías Colombia fue suscrito en calidad de miembros por: Coca-
Cola Servicios de Colombia, Indupalma Ltda., Isagen S.A ESP, Nestle de Colombia S.A,
Palmares de la Organización Espinosa, International Alert, Fundación Ideas par la Paz y el
Gobierno Nacional; y en calidad de observadores por Tipiel S.A,
27. Guías Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ver el documento
completo en: <http://www.ideaspaz.org/portal/media/docs/GuiasColombiaDOC.pdf >.
28. Esto, no quiere decir que otros temas que se vienen trabajando desde hace unos años
pierdan importancia. Tampoco quiere decir que los temas “emergentes” sean desconocidos,
de hecho, Algunos de estos temas, incluso, han sido abordados por algunas empresas pero no
necesariamente se reconocen como trabajo en Derechos Humanos, ni se abordan bajo esta
perspectiva. Por ejemplo, temas que se trabajan desde “gestión social” “comunidades” “entorno”
29. Uno de los aspectos que da cuenta de la complejidad y magnitud de este tema es la
falta de claridad sobre cuántas hectáreas han sido abandonadas por población desplazada.
Distintos cálculos muestran un rango de entre 1.2 millones (Ana María Ibáñez) y 10 millones
(MOVICE). Los cálculos oficiales oscilan entre 2.9 millones (Contraloría) y 6.8 millones
(Acción Social). Otro aspecto en este sentido son las distintas modalidades de despojo que
apenas ahora se están empezando a documentar. Ver entre otros El Despojo de Tierras y
Territorios: Aproximación conceptual, IEPRI, CNRR, Memoria Histórica 2009.
30. Algunas cifras y características que dan una idea sobre este fenómeno: Según
Fondelibertad entre 2008 y 2009, la extorsión aumentó en poco más del 65% (paso de 830
a 1373 casos reportados). Para 2009, según datos del GAULA, entre los principales blancos
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
de extorsión figuran 36 sectores económicos. Los más afectados fueron los comerciantes
(208 casos), las empresas de bienes y servicios (58), los ganaderos (41), las asociaciones
gremiales (36), las empresas de transportes (30) y los agricultores (28). Para este mismo
año, los departamentos más afectados fueron: Antioquia (78), Tolima (56), Caquetá (52),
Magdalena (47), Cundinamarca (28), Huila (26) y Bogotá (26).
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[Consulta 12 de septiembre de 2010].
La empresa como actor de la reconstrucción
postbélica1
“La era de la mundialización ha intensificado la comprensión de que la actividad
comercial es parte integrante de la vida económica y política de la sociedad. Junto con
esa comprensión, existe un reconocimiento creciente entre los agentes internacionales
del importante papel que podrían desempeñar los medios empresariales al ayudar a
Kofi Annan, en su Informe sobre Prevención de Conflictos, 7 de junio de 2001.
Carlos Fernández, Asistente especial de la oficina de Naciones Unidas en Santo Domingo
Aitor Pérez, economista especializado en asesoría a ONG
1. Introducción
La participación del sector empresarial en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) es una idea promovida en el propio texto de los ODM
y aceptada por los principales donantes públicos, bilaterales y multilaterales.
En el caso español, el III Plan Director de la Cooperación apoya esta idea con el
anuncio de un Plan de Actuación de fomento de alianzas público-privadas para
el desarrollo (APPD). El propio plan explica el valor añadido de estas APPD como
aporte de conocimiento, tecnología y recursos en determinados sectores y regiones
prioritarios para la cooperación. Subraya también la importancia que puede tener
la incorporación del sector privado empresarial a la agenda global del desarrollo
para la consecución de objetivos como el crecimiento económico orientado a la
reducción de la pobreza.
Si bien las alianzas entre el sector privado y la cooperación despiertan un gran
interés porque otorgan a la empresa el papel de aliado estratégico de la cooperación
e implican la asunción por su parte de los fines últimos de la cooperación, no hay
que minusvalorar la capacidad de la empresa de contribuir a los objetivos de la
cooperación en su papel más tradicional de empresa contratista para la ejecución de
la ayuda internacional. Este papel, puede ser especialmente relevante en contextos
de reconstrucción posconflicto, donde los planes de cooperación persiguen la
normalización de la vida social, política y económica como una dimensión más de
la construcción de la paz y donde a menudo el principal motor de la recuperación
económica tiene que ver con los desembolsos de los donantes internacionales.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Los esfuerzos
de ayuda
humanitaria,
rehabilitación
y desarrollo
deben ser
introducidos
de manera
simultánea y
complemen-
taria
2. La construcción de la paz tiene una dimensión socio económica en la
que puede trabajar activamente la empresa
Si bien tradicionalmente se ha hablado de un continuum en el que la ayuda
humanitaria, la rehabilitación y el desarrollo siguen una secuencia lineal,
sucediéndose uno tras otro a partir del momento de la crisis, hoy en día la
orientación dominante en la comunidad internacional es que los esfuerzos de
ayuda humanitaria, rehabilitación y desarrollo deben ser introducidos de manera
simultánea y complementaria de forma que reflejen una planificación a largo plazo
desde el inicio de la intervención humanitaria en un conflicto o en un desastre
natural, hablándose de contiguum. El objetivo de la reconstrucción postconflicto
desde este enfoque no consiste en regresar a condiciones de pre-crisis sino que
crear las condiciones para la paz y el desarrollo sostenible2.
En línea con lo anterior, la ayuda a la reconstrucción debe tener por objetivo la
superación de las causas previas del conflicto poniendo las bases para una paz
sostenible facilitando la construcción de la paz. Esta puede entenderse como
complementaria a la diplomacia preventiva, a la resolución de conflictos y a las
operaciones de mantenimiento de la paz. Abarca medidas en el contexto de
situaciones emergentes, actuales o post conflicto con el propósito explícito de
prevenir el conflicto violento y promover una paz de largo plazo y sostenible. En
este sentido, la Cooperación Española considera que la construcción de la paz
va más allá de una acción centrada en operaciones militares y/o diplomáticas,
habida cuenta que pretende afrontar las causas que provocan el surgimiento de
la violencia en los conflictos contemporáneos, incluidos los factores estructurales,
socio-culturales, económicos y medio ambientales, lo que supone poner en marcha
un plan holístico, multidimensional, y de largo plazo3.
Bajo estas premisas, la comunidad internacional reconoce la necesidad de encarar
una acción integrada que atienda a los problemas políticos, socio-económicos y
especialmente a los del sector seguridad. Por tanto, para conseguir una paz
sostenible se ha de integrar una acción basada en tres ejes de acción conforme
refleja el diagrama siguiente4:
Dimensión de
Seguridad
Construcción
de la Paz
Para conseguir
una paz
sostenible se
debe integrar
una acción
basada en tres
ejes de acción
Dimensión Social,
Económico
y Ambiental
La intervención en la dimensión económica y social es clave desde la fase de
estabilización, por lo que hay que considerar la participación y fortalecimiento del
sector privado y la sociedad civil desde un inicio. Las elites de la mayoría de los
países periféricos están convencidas, a pesar de que puedan tener aproximaciones
ideológicas muy diferentes, que se requieren la vitalidad, los conocimientos y la
eficiencia de un sector privado vigoroso para generar un crecimiento económico
fuerte. A su vez en los países avanzados se está extendiendo la concepción que, bajo
condiciones correctas, el sector privado puede ayudar a prevenir conflictos violentos y
en la reconstrucción post-bélica. La Estrategia de Construcción de la Paz del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación, por ejemplo, establece explícitamente que se
deben promover actividades de desarrollo y fortalecimiento de la empresa privada
para la creación de empleo, la recuperación de los mercados y los intercambios
comerciales, y el incremento de inversiones en la región afectada. En general, el
rol de la inversión privada extranjera es esencial para facilitar la recuperación de
un sector privado nacional en precarias circunstancias tras una crisis. Para ello,
es importante implicar al sector privado en la estrategia de país, entendiendo
el impacto que sus actividades tienen en sociedades débiles y fracturadas.
3. El caso de Angola: Las empresas constructoras ante los
asentamientos de desplazados y la reconstrucción del sector eléctrico
ante la debilidad institucional.
La salida de los portugueses de Angola en 1975 significó un desmantelamiento
de la estructura productiva del país y el inicio de otra guerra de casi tres
décadas que trajo consigo la destrucción masiva de la infraestructura en la
mayoría de las regiones del país. La guerra generó además grandes masas de
desplazados que dejaron sus territorios de origen para asentarse en la ciudad,
especialmente en Luanda, buscando una mínima seguridad y la oportunidad de
encontrar algún medio de subsistencia.
Con el cese de las hostilidades en 2002, Angola inició su reconstrucción de manera
muy significativa en la capital, Luanda, que sin ser zona de enfrentamientos, fue destino
de millones de desplazados, que multiplicaron por diez el volumen de su población y
con ello, sus necesidades de infraestructuras urbanas, servicios, suelo y vivienda.
Reconstrucción de vivienda en Luanda Sul.
En este contexto, se puso en marcha un gran proyecto urbanístico financiado por
la Corporación Financiera Internacional del grupo Banco Mundial. El proyecto se
articuló sobre la entrega por parte del Estado, de derechos de aprovechamiento
sobre tierras públicas en el sur de Luanda, con el propósito de estimular la inversión
privada y generar una dinámica de mercado que atrajera mayores inversiones, en
un espiral creciente de inversión – plusvalía – venta – reinversión, que tuviera como
uno de sus efectos positivos el financiamiento de proyectos de vivienda social.
Durante la implementación del proyecto Luanda Sul hubo desalojos y demoliciones
forzadas que afectaron a personas que ya habían sido desplazadas por el conflicto.
Estos desalojos practicados durante el desarrollo del gran proyecto urbanístico fueron
documentados tanto por Human Rigths Watch como por Amnistía Internacional.
Ampliación y mejora de la red eléctrica de Viana.
La Cooperación Española, mediante FAD y subvenciones de Estado, financió proyectos
de infraestructura eléctrica durante y después de la guerra. La contratista de uno de
esos proyectos en Viana, además de la ejecución de la obra conforme a los pliegos,
desarrolló acciones de construcción de capacidades locales de forma voluntaria,
en particular la formación del personal de las compañías eléctricas públicas, la
elaboración de planos y la implantación de sistemas informáticos. Según la compañía,
esto se hizo fuera de contrato y con el deseo de contribuir al futuro mantenimiento de
la infraestructura eléctrica, contribuyendo a una buena relación con el gobierno de
Angola, con quien siguen trabajando a día de hoy mediante una empresa filial angoleña.
4. El caso de Bosnia-Herzegovina: infraestructuras conjuntas para
poblaciones enfrentadas.
La guerra que enfrentó a serbios, bosnios y croatas en Bosnia-Herzegovina
entre 1992 y 1995 dejó más de 100.000 muertos, 1,8 millones de refugiados y
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Los donantes
apoyaron en
general la
reconstrucción
infraestruc-
turas
físicas pero
todos ellos
pretendían la
reconstrucción
del país
de las
El beneficio
más valorado
por sus
beneficiarios
fue el carácter
conjunto del
proyecto,
participaron
comunidades
bosniaca y
croata de la
ya que
las
ciudad
desplazados y una economía e infraestructura totalmente destrozadas. Se estima
que, tras el conflicto, más del 80% de la población de Bosnia pudo sobrevivir
gracias a la ayuda humanitaria.
La comunidad internacional desarrolló un plan para Bosnia que incluyó, en un
período inicial de entre 3 y 4 años, una ayuda de 5.100 millones de dólares a través
del Programa de Reconstrucción Prioritaria, proveyendo asistencia humanitaria,
económica y de otra índole, sobre la base de las necesidades evaluadas por
el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. Este programa fue
complementado en 1999 con el Pacto de Estabilidad, enfocado en los procesos de
democratización, promoción de los derechos humanos, reconstrucción económica
y de seguridad en la zona.
Los donantes apoyaron en general la reconstrucción de las infraestructuras físicas
pero todos ellos pretendían la reconstrucción del país en las dimensiones política,
de seguridad y socioeconómica, y siempre con el objetivo último de reconstruir las
relaciones pacíficas entre comunidades antes enfrentadas.
La reconstrucción del Puente de Mostar.
Esta obra universal Otomana, construida en 1663 fue destruida en 1993 por el
bando croata que asediaba a la población musulmana de Mostar, concentrada en el
lado Este de la ciudad. Con financiación del Banco Mundial y otros donantes y con el
acompañamiento de UNESCO, fue reconstruida siguiendo fielmente la metodología
y material originalmente usado, consiguiendo para Mostar, el 17 de julio de 2005,
la declaración de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Consecuentemente,
la actividad económica y social del casco histórico se reactivó para beneficio de
artesanos, comerciantes, tour-operadores y hosteleros. Políticamente, el puente y su
mediática inauguración sirvieron para dar al resto del mundo una imagen de unidad,
contrapunto a las imágenes de la guerra en Mostar retransmitidas diez años antes.
Sin embargo, el beneficio de esta obra civil más valorado por sus beneficiarios
fue el carácter conjunto del proyecto, ya que tanto en su ejecución como en sus
beneficios participaron las comunidades bosniaca y croata de la ciudad. La empresa
adjudicataria del proyecto contribuyo a ello con la contratación de mano de obra
local y la subcontratación de empresas locales, apoyándose en una escuela de
cantería promovida por la cooperación y en una unidad de gestión del proyecto,
codirigida por un croata y un bosnio musulmán e integrada en el ayuntamiento de
Mostar, de composición multiétnica.
La reconstrucción de la presa de Mostar.
Aguas arriba del río Neretva, la planta hidroeléctrica que suministraba energía a la
ciudad de Mostar y sus líneas de distribución Mostar también fueron destruidas. Su
reconstrucción fue financiada por la Cooperación Española con cargo a un crédito
FAD y gestionado sin participación de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC). La
identificación de este proyecto se basó exclusivamente en parámetros técnicos y
económicos, ignorando objetivos y fines de la comunidad internacional en la zona,
dando como resultado la suscripción de un acuerdo con una empresa íntegramente
croata en un territorio multicultural como Mostar. El acuerdo formal del Gobierno
Español fue suscrito con una entidad no reconocida por los Acuerdos de Dayton,
la República Croata de Herzeg Bosnia. Concluido el proyecto, no se rehabilitó la
antigua línea de transmisión eléctrica que partía de la HEP y que recorría la parte
este de la ciudad de población bosnio musulmana, por lo que fue considerado un
proyecto discriminatorio y decepcionante para la mitad de la sociedad civil.
5. Cómo fomentar la contribución de la empresa a la reconstrucción
Códigos de conducta y normas de calidad.
La acción conjunta del sector público y del sector privado pasa por superar en cada
proyecto de reconstrucción la aparente contradicción entre intereses puramente
empresariales, que apuntan al lucro, e intereses públicos, que deberían apuntar al
bienestar de la población afectada. Llegado a este punto, es interesante recordar
como todos los actores de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción postbélica
asumen una serie de principios básicos que provienen del derecho humanitario
como el principio de humanidad, que obliga a aliviar el sufrimiento de aquellos que
sufren calamidades, el de imparcialidad, que proclama la no discriminación por
razones políticas, religiosas, étnicas o de género; o el de neutralidad, que previene
de la incidencia en el conflicto y en los intereses en juego en el mismo.
Además de aceptar unos principios básicos la comunidad humanitaria también
ha ido adoptando códigos de conducta que incorporan las lecciones aprendidas
de la historia reciente, que actúan como fundamentos para la autorregulación del
sector y que son la base de sistemas de rendición de cuentas como por ejemplo y
Humanitarian Accountability Partnerships International5 que es una certificación
sobre gestión de calidad orientada a la rendición de cuentas.
Por su parte, los actores económicos privados, en la medida en que están llamados
a participar en la reconstrucción, están llamados también a integrar estos principios
en su gestión, así como han integrado otros principios sociales y medioambientales
en el marco de sus programas de responsabilidad social corporativa. Idealmente,
esta adhesión a los principios humanitarios se hará inicialmente adoptando un
código de conducta y posteriormente construyendo un sistema de gestión con
responsables, procesos, procedimientos y recursos específicos, así como con
estándares sectoriales y mecanismos de control y rendición de cuentas.
Planificación de la ayuda
La elaboración de estrategias país claras y la programación plurianual favorecen el
alineamiento de la empresa con los objetivos de la cooperación, por cuanto los proyectos
incorporan desde su identificación una visión multidimensional de la reconstrucción
y principios básicos como el Do no harm. Ello implica también la concertación de
estrategias de desarrollo y comercial dentro de la propia administración pública, ya
que algunos de los proyectos de reconstrucción son gestionados y financiados en el
marco de la ayuda a la internacionalización de la empresa.
Gestión de la ayuda
En lo que se refiere a la gestión de la ayuda, el instrumento más importante para
potenciar el alineamiento de la empresa con los planes de reconstrucción son
los contratos de obras, suministros y servicios. Los pliegos de estos instrumentos
pueden incorporar objetivos transversales de la cooperación oficial y principios
básicos de la intervención en contextos de reconstrucción, tanto en los términos
de referencia del proyecto como en la elegibilidad y valoración de la empresa
contratista. De esta manera, objetivos transversales de la cooperación como la
igualdad de oportunidades, serían trasladados a la política de compras, de recursos
humanos o de relaciones con la comunidad.
Cabe destacar que contratar a la empresa internacional para ejecutar proyectos
cuyos términos de referencia tienen en cuenta las posibles externalidades
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La promoción
del crédito
a empresas
instrumento
que puede
sumar a la
empresa a los
esfuerzos de la
reconstrucción
es otro
La cooperación
internacional
considerar a la
empresa como
algo más que
un proveedor
de bienes y
servicios
debe
negativas y los riesgos de reabrir heridas del conflicto, redunda en la reputación de
la empresa y en su adaptación a un país en el que puede aspirar a establecerse.
Créditos a empresas con condiciones de responsabilidad social corporativa.
La promoción del crédito a empresas es otro instrumento que puede sumar
a la empresa a los esfuerzos de la reconstrucción. Utilizado por cooperaciones
multilaterales, como el Banco Mundial (IFC) o el Banco Interamericano de Desarrollo
(FOMIN), es un instrumento de gran capacidad que en España no forma parte de
la cartera de instrumentos de la cooperación aunque sí puede estar integrado en
una agenda de reconstrucción, con la participación de instituciones de crédito de
naturaleza pública.
Teniendo en cuenta que los proyectos que se financian por esta vía forman
parte de un negocio privado, su uso requiere una evaluación previa de impactos
sociales y medioambientales, para lo cual en contextos de debilidad institucional,
es necesario la consulta a las organizaciones de la sociedad civil. El apoyo de
la cooperación oficial a negocios privados por la vía de este instrumento, debe
ser considerado como una oportunidad para elevar la transparencia en Estados
frágiles, incorporando mecanismos de rendición de cuentas.
La gestión de una cartera de instrumentos de cooperación adaptados a la empresa y
al contexto de reconstrucción, sin aumentar la burocracia y poner en peligro la rapidez
de respuesta que requiere un proceso de reconstrucción posbélica, requiere a su vez
de capacidades adaptadas por parte de la Cooperación Oficial. El acompañamiento
de la cooperación permite optimizar la presencia de la empresa contratista a lo largo
de todo el proyecto. Para ello, la cooperación puede necesitar de recursos humanos
especializados que en muchos casos provendrán del mundo empresarial.
Conclusiones
La empresa puede contribuir a los objetivos de la reconstrucción postbélica no
solo ejecutando los proyectos de reconstrucción de infraestructuras físicas, e
impulsando la normalización de la vida económica, sino también incorporando a
sus políticas los objetivos transversales de los planes de reconstrucción.
Para asegurar esta contribución, la cooperación internacional debe considerar a la
empresa como algo más que un proveedor de bienes y servicios y poner en marcha
incentivos a la responsabilidad social corporativa en su sistema de contrataciones,
en sus programas de crédito al sector privado y en el apoyo a códigos de conducta
y sistemas de calidad.
Las experiencias de Angola y Bosnia-Herzegovina enseñan cómo existen distintas
respuestas por parte de la empresa ante problemas que afectan a la reconciliación
entre etnias, el reasentamiento de desplazados o la construcción de capacidades
institucionales en un estado frágil. Actualmente, en otros escenarios de
reconstrucción, como por ejemplo Haití, la comunidad internacional se plantea no
sólo la reconstrucción de las infraestructuras físicas, sino también otros objetivos más
ambiciosos como por ejemplo, la redistribución geográfica de la actividad económica,
la recuperación del medio ambiente, la creación rápida de empleo con prioridad a
las familias de discapacitados y la mujer. Teniendo en cuenta la magnitud del desafío
y la limitación de recursos, sería conveniente aplicar las lecciones aprendidas en
otros países y recabar el compromiso de todos los actores, públicos y privados,
presentes en la zona para que cada una de sus acciones redunde en los objetivos
de la reconstrucción, ya sean de tipo socio-económico, político o de seguridad.
1. El presente artículo es un resumen del documento de trabajo del mismo título publicado
por FRIDE en el marco de un proyecto de investigación financiado por AECID sobre la
contribución de la empresa contratista a los objetivos de la reconstrucción, particularmente
en los casos de Bosnia-Herzegovina y Angola.
2. Sobre planificación de la reconstrucción post conflicto véase DAC, 1997, “DAC Guidelines
on Conflict, Peace and Development Cooperation”, OECD, Paris.
3. MAEC, 2007, “Estrategia de Construcción de la Paz de la Cooperación Española para
el Desarrollo”, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Dirección General
de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
4. DAC, 2005, “Preventing Conflict and Building Peace: A Manual of Issues and Entry
Points”, DAC Network on Conflict, Peace and Development Cooperation
5. Véase <http://www.hapinternational.org>.
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Asuntos Exteriores y Cooperación. Madrid.
Los gorilas y el genocidio: el turismo y
la creación de paz en Rwanda
Rina M. Alluri, investigadora del programa «Business & Peace» en Swisspeace, Berna
Introducción
Este artículo analiza la manera en la que el turismo en Rwanda contribuye a la
creación de paz después del conflicto.1 El turismo se ha transformado en una
industria que ya no es solamente «diversión al aire libre», sino que tiene en cuenta
actividades que respetan más el medioambiente, que son responsables desde el
punto de vista social y que están orientadas al desarrollo. Sin embargo, es un sector
que tiene tendencia a ser muy vulnerable frente a la inseguridad y el conflicto, puesto
que prospera más en épocas de paz que de conflicto (Richter en Burns y Novelli,
2006). Sin embargo, hay pocos casos documentados en que esta vulnerabilidad y
este impacto negativo del conflicto sobre el turismo hayan motivado que los agentes
turísticos locales se hayan involucrado en la promoción de la paz. Solo unos pocos
expertos han investigado y discutido sobre la manera en la que el turismo puede
prevenir el conflicto, facilitar un acuerdo para solucionar un conflicto o crear paz
después de un conflicto (Richter, 1992, 1999; Strong-Cvetich, 2007; Feil, Fischer
et. al, 2008; Joras, 2009). Así pues, este artículo contribuye a discutir el modo en el
que los profesionales del turismo pueden apoyar los procesos de creación de paz a
través de actividades básicas y específicas.
Rwanda es un caso instructivo para esta exploración, puesto que su industria turística
no se desarrolló bien antes de la guerra civil y del genocidio y sólo emergió en la
fase postconflicto. En otros casos en el que el turismo ha desempeñado un papel
de creación de paz, el sector ya estaba bien desarrollado antes de la emergencia
del conflicto (Croacia) o bien era capaz de mantener sus actividades pese a la
presencia del conflicto (Sri Lanka). Así pues, Rwanda representa un ejemplo de país
en el que el turismo ha emergido como una industria capaz de contribuir no sólo al
empleo y al desarrollo económico sino también a tender puentes locales, aumentar
la consciencia sobre el genocidio y conservar el medioambiente.
Este artículo está estructurado en cuatro apartados. En primer lugar, los
antecedentes del conflicto Rwandés establecen el escenario para entender la
manera en la que el turismo puede tratar las brechas existentes en la sociedad.
En segundo lugar, se aporta una visión general acerca del modo en el que se ha
desarrollado el turismo en Rwanda después del conflicto. En tercer lugar, se utiliza
la definición de «creación de paz» de Smith (2004) para evaluar la manera en la
que proyectos específicos del sector del turismo contribuyen a mayores esfuerzos
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El «Hutu
cobró más
importancia
reclutando,
entrenando
y armando
Power»
civiles
El turismo se
identificó como
un mercado
que tenía el
potencial de
atraer divisa
extranjera
y cambiar
la imagen
negativa del
país
hacia la creación de paz. Finalmente, se aportan conclusiones y los caminos que
hay que seguir sobre la materia.
El caso Rwandés: antecedentes y contexto
La guerra civil rwandesa (1990-1994) y el posterior genocidio (1994) representan
manifestaciones violentas de las divisiones socioeconómicas profundamente
arraigadas entre las etnias hutu, tutsi y twa que se remontan a la década de
1800. Sistemas laborales socialmente jerarquizados que favorecían a los tutsi
sobre los hutu y los twa se desarrollan bajo la monarquía tutsi y posteriormente
fueron institucionalizados por el colonialismo belga (Newbury, 1988). Sin embargo,
la revolución hutu de 1959 invirtió esta tendencia e hizo que los gobiernos
poscoloniales de Gregoire Kayibanda (1960-1973) y Juvénal Habyarimana (1973-
1994) usaran la retórica étnica para mantener el poder y el control con una sola
élite hutu en el gobierno (Des Forges, 1999: 41). La guerra civil estalló cuando un
grupo de funcionarios (principalmente) tutsi con un estatus social alto crearon el
Frente Patriótico Rwandés (FPR) e invadieron Rwanda desde Uganda para reclamar
su patria en octubre de 1990. No obstante, el FPR se encaró con el presidente
Habyarimana y las Fuerzas Armadas Rwandesas (FAR).
Durante la guerra civil, Habyarimana aprovechó la mísera situación económica para
influir y manipular a la población local echando la culpa del sufrimiento hutu a
la dominación tutsi. Además, el «Hutu Power» cobró más importancia reclutando,
entrenando y armando civiles en la milicia Interahamwe. Pese al establecimiento de
los Acuerdos de Paz de Arusha en junio de 1992, la guerra civil duró cuatro años,
mató a unas 10.000 personas y creó el marco para el genocidio de 1994. El 6 de
abril de 1994, el derribo del avión que transportaba al presidente Habyarimana y al
presidente de Burundi Cyprien Ntaryamira hizo estallar el comienzo del genocidio
Rwandés, puesto que inmediatamente se culpó de las muertes al FPR y a sus
partidarios. El genocidio fue organizado e instigado estratégicamente por las capas
altas de la élite política y militar, los génocidaires,
en el FPR. El «plan de autodefensa ciudadana» formalizó la selección, la formación
y la movilización de ciudadanos de a pie que siguieron a las milicias Interahamwe
en la persecución y la matanza de los tutsi con machetes y otras herramientas
agrícolas (Human Rights Watch, 2006: 16).
Tiene que entenderse el genocidio como el resultado desesperado de los planes
creados por una pequeña y poderosa élite hutu, que vio la exterminación «del
otro» como una solución más favorable que tener que compartir su poder con
los hutu moderados y los tutsi (Newbury, 1995; 1998). El genocidio se detuvo
finalmente en julio de 1994 con el avance del FPR hacia regiones más débiles
del este y del sur, posteriormente hacia el oeste y el noroeste. Entre el 6 de
abril y el 19 de julio, 100 días aproximadamente, los extremistas de etnia hutu
espolearon a la gente corriente a matar a unos 500.000 tutsi y hutu moderados
políticamente. Se atribuye al FPR haber parado el genocidio, el cual ha liderado
el gobierno Rwandés desde entonces.
Desarrollo del turismo en la Rwanda postconflicto
A partir de la guerra civil y el genocidio de 1994, el FPR estableció rápidamente
como prioridad la seguridad del país. Hacer que Rwanda fuera un destino
turístico atractivo no era una de sus preocupaciones principales. Sin embargo,
sólo siete años después, en 2001, el turismo se identificó como un mercado
que tenía el potencial de atraer divisa extranjera, cambiar la negativa imagen
del país y contribuir al desarrollo económico. Mientras que el sector del turismo
continúa siendo novedoso, centrarse en nichos de mercado como los gorilas, el
turismo ecológico y el turismo basado en la comunidad puede ayudar a tratar la
desigualdad socioeconómica.
El desarrollo del turismo en Rwanda en un lapso de tiempo relativamente breve
puede atribuirse a dos razones principales: las interrelaciones históricas entre el
turismo y la conservación, y la reestructuración de la Oficina de Turismo y Parques
Nacionales de Rwanda (conocida por su sigla en francés «ORTPN»), gestionada
por el gobierno. El turismo de gorilas surgió originariamente en la década de los
ochenta como parte de una estrategia más amplia para proteger el Parque Nacional
de los Volcanes, asegurar el seguimiento de los gorilas de montaña y generar
ingresos externos. El turismo de gorilas se detuvo durante el genocidio Rwandés y
solo se registró la muerte de un gorila. Pese a la continua inseguridad, el personal
del parque nacional que sobrevivió volvió de inmediato a sus puestos y trabajó
junto con organizaciones de conservación como el Programa Internacional para
la Conservación de los Gorilas para llevar a cabo un rápido proceso de desminado
(Plumptre et al., 2001: 13). Para evitar más daños en los parques, en la flora y la
fauna y en los recursos naturales, también ejercieron presión sobre el gobierno
para asegurar que los parques mantenían su tamaño y sus fronteras y que no
se volvían a invadir sus fronteras. Estos esfuerzos fueron una parte integral del
establecimiento de las bases para el surgimiento de una industria que no estaba
bien implantada antes de la guerra civil y del genocidio.
La reestructuración del sector del turismo después de la guerra civil y del genocidio
requirió un gran papel activo por parte del gobierno a través de la ORTPN y no tanto
por parte del sector privado. La ORTPN desarrolló una Estrategia Nacional para
el Turismo en 2001 y estableció un Grupo de Trabajo sobre Turismo, formado por
representantes públicos y privados del sector (entrevista telefónica a un experto
general en turismo, agosto de 2008). La Estrategia para el Turismo apuntaba a la
creación de experiencias con alto valor y poco impacto ambiental para ecoviajeros,
exploradores y personas que viajaban solas por negocios (Government of Rwanda,
2007: 1). El desarrollo de la ORTPN de una estrategia de turismo y de inversiones en
infraestructura e instalaciones se tradujo en más llegadas y recepciones de turistas
para el país (véase la Tabla 1 a continuación).
Turistas Turistas llegados a Rwanda entre 1980 y 2008
50000
40000
30000
20000
10000
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Años
Aunque la ORTPN ha apoyado los procesos de privatización y el surgimiento de
operadores turísticos locales e independientes, continúa siendo la parte de
la industria turística con más poder, tomando decisiones y desempeñando un
papel clave en el establecimiento de licencias, campañas de marketing turístico y
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Las
actividades
turísticas
de Rwanda
hicieron
contribuciones
indirectas y no
intencionadas
a la creación
de paz
Hay algunas
iniciativas que
se centran en
el papel de
las mujeres
emprendedoras
y la creación
de paz
prioridades turísticas. A la larga, el dominio de la ORTPN también puede suponer
restricciones al desarrollo de agentes turísticos privados y la diversificación de los
atractivos turísticos.
El turismo y la creación de paz posterior al conflicto
Las actividades turísticas de Rwanda no se han desarrollado explícitamente en
nombre de la paz, sino que muchas actividades fundamentales y que respondían
a un nicho turístico hicieron contribuciones indirectas y no intencionadas a la
creación de paz. Por lo tanto, el autor ha elegido utilizar la categorización de
Smith (2004) de las cuatro principales áreas de actividades de creación de paz
como herramienta analítica, lo que permite clasificar las actividades turísticas en:
(i) fundamentos socioeconómicos, (ii) reconciliación y justicia, (iii) seguridad y (iv)
marco político (2004: 27-28).
Fundamentos socioeconómicos
Para revitalizar los fundamentos socioeconómicos y contribuir a la recuperación
de Rwanda tras el conflicto, es pertinente que el sector del turismo lleve a cabo
reconstrucciones físicas, contribuciones monetarias, formación en habilidades y
empleo y reasentamiento de desplazados. Por ejemplo, algunos operadores turísticos
independientes han trabajado junto con iglesias, grupos comunitarios y órganos de
gobierno locales para determinar como beneficiarios a grupos vulnerables como
huérfanos y desplazados para proyectos comunitarios, normalmente en forma de
construcción física o donativos monetarios para la construcción de escuelas, chozas
e instalaciones, como depósitos de agua. El Plan para compartir los ingresos afirma
desembolsar el 5% de sus ingresos en proyectos de la comunidad de las inmediaciones
de los parques nacionales. Otra forma de compromiso es a través de proyectos de
empresas conjuntas como un hotel construido por una empresa de safaris cuya
propiedad es de una coalición de empresas de la comunidad, lo que permite a 6.000
Rwandeses con ingresos bajos obtener un medio de vida y participar en procesos de
toma de decisiones sobre la manera de invertir el dinero en la comunidad.
El hecho de dar trabajo a ex cazadores furtivos como porteros y guías de los
parques nacionales ha contribuido positivamente al desarrollo de un medio de
vida, mientras se apoyan los esfuerzos de conservación. Además, en la Iby’Iwacu
Cultural Village, los ex cazadores furtivos y sus familias aportan información a
los turistas sobre las dificultades a las que se han enfrentado, a la vez que les
proporcionan entretenimiento cultural y les cocinan platos tradicionales. Los
fondos obtenidos se destinan a desarrollar la agricultura local, instalaciones
educativas y oportunidades empresariales locales.
Hay algunas iniciativas que se centran en el papel de las mujeres emprendedoras
y la creación de paz. Por ejemplo, una casa de huéspedes pertenece a una
organización de mujeres sin ánimo de lucro, que la gestiona. Los ingresos se
destinan a mantener a mujeres y a hogares encabezados por niños que se vieron
afectados por la guerra civil y el genocidio. Otra organización de mujeres organiza
a las viudas tutsi y hutu para elaborar, comercializar y vender objetos artesanales
tradicionales, en cooperación con la Cámara de la Federación del Sector Privado de
Artistas y Artesanos y la Cámara de Mujeres Emprendedoras.
Aunque hay una gran variedad de actividades en la industria del turismo que
contribuyen indirectamente con fundaciones socioeconómicas, también hay
retos. Como en muchas actividades humanitarias de creación de paz y de
desarrollo el establecimiento de los beneficiarios sigue siendo extremadamente
complejo en Rwanda, un hecho que está relacionado con diversos asuntos como
el origen étnico, la localización geográfica, el nivel de pobreza y la corrupción.
Puesto que el turismo continúa dependiendo de los parques nacionales como
atractivos, las comunidades situadas en las fronteras con los parques también
son las que tienen tendencia a beneficiarse más de los proyectos comunitarios.
Este hecho impide que otros comunidades y pueblos cercanos que pueden
haberse visto más afectados por la guerra civil y el genocidio se beneficien menos
de las oportunidades económicas del turismo, lo que supone un riesgo de que
vuelvan a surgir las históricas brechas socioeconómicas, puesto que el acceso
y la selección de beneficiarios de comunidades locales a menudo se basa en el
origen étnico y en las relaciones con los funcionarios locales.
Al mismo tiempo, es difícil para los operadores turísticos establecer como grupos
diana etnias concretas que pueden haberse visto muy afectadas por el genocidio
pero descuidadas por los procesos de creación de paz. Una iniciativa turística lleva
a los visitantes a poblados twa para ayudar a sus habitantes a superar la pobreza
y la discriminación. Sin embargo, no se permite que los operadores turísticos
lo mencionen en sus folletos, puesto que las identidades étnicas no están de
acuerdo con la protección especial según la Constitución.3 Este hecho también
es relevante para las oportunidades de empleo, dado que no hay políticas de
acción positivas que aseguren que las personas de diferentes orígenes étnicos
tienen acceso con las mismas condiciones al empleo. Estas políticas ayudarían a
combatir las construcciones sociales de la identidad étnica que han sido una de
las principales fuentes de conflicto en Rwanda.
Reconciliación y justicia
Los proyectos que mejoran la superación de diferencias, el diálogo entre antiguos
enemigos y la curación de traumas pueden contribuir a los procesos de reconciliación
y justicia (Smith, 2004: 28). En Rwanda, los turistas tienen la oportunidad de ganar
consciencia sobre la guerra civil y el genocidio visitando el Centro Memorial Gisozi,
que además de ser una fosa común, es un museo y un centro de documentación.
Estos centros educativos pueden ayudar a aportar una experiencia humanitaria a los
turistas que no solo se basa en la tristeza y la muerte, sino también en la esperanza
de futuros caminos a seguir. Puesto que Gisozi representa la sede número uno
en la que los turistas se enfrentan explícitamente con la historia del genocidio,
algunas voces critican que el centro tiene tendencia a presentar una perspectiva
simplificada y sesgada del genocidio que representa a los tutsi como las víctimas y
a los hutu como los autores del crimen (entrevistas con expertos en conflictos y paz,
Rwanda, 9-27 de junio de 2008). Este revisionismo histórico impide al turista ser
capaz de desarrollar una opinión objetiva y abrirse a escuchar diferentes puntos de
vista sobre la guerra civil y el genocidio por parte de otras voces locales.
Cuando finalizó el conflicto, se reestablecieron los tribunales tradicionales gacaca en el
ámbito local para proporcionar una fuente de reconciliación y justicia comunitaria. Los
testigos y los supervivientes del genocidio aportarían sus testimonios, mientras que los
acusados de cometer el delito podrían defenderse o admitir los delitos perpetrados. Dado
que los juicios gacaca recibían mucha atención internacional porque representaban
un caso poco común en el que las comunidades estaban tomando la justicia en sus
manos, había algunos esfuerzos para intentar promocionar el «turismo gacaca». Sin
embargo, no tuvo mucho éxito debido a la escasa demanda, a las limitaciones logísticas
de organizar visitas a los sitios y al hecho de que los operadores turísticos podían
presionar más fácilmente hacia el turismo de la naturaleza, lo que demuestra algunas
de las dificultades de combinar asuntos de paz con el turismo, puesto que los visitantes
continúan atraídos por productos turísticos convencionales.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Los procesos
de selección
pueden ser
sesgados
y provocar
que algunos
grupos reciban
muchos más
beneficios que
otros
Existe un
importante
vínculo entre
la necesidad
de paz y la
seguridad y
el turismo de
gorilas
Para diversificarse del turismo natural, la ORTPN identificó el turismo cultural
como un mercado potencial que había que desarrollar para turistas más exigentes
(Government of Rwanda, 2007: 15). Esto se ha traducido en actividades de
turismo ecológico, basadas en la comunidad y a favor de los más pobres. Las
visitas culturales a poblados locales que muestran a los visitantes costumbres
de la vida cuotidiana y les permiten colaborar como voluntarios en una escuela
durante un día posibilitan aumentar la consciencia, incrementar la interacción
entre turistas y locales y también contribuyen a las oportunidades de sustento
local. Como se ha mencionado en el apartado anterior sobre las fundaciones
socioeconómicas, no está claro cómo seleccionan los operadores turísticos a
los beneficiarios de dichos proyectos. Es probable que identifiquen y escojan
las comunidades, las viudas y los huérfanos en función de su origen étnico, de
su localización geográfica y de redes personales, un hecho que demuestra que
estos procesos de selección a menudo pueden ser sesgados y provocar, a largo
plazo, que algunos grupos reciban muchos más beneficios que otros. Dado que
era difícil obtener datos sobre los antecedentes de los operadores turísticos y
los beneficiarios que habían escogido, llevar a cabo investigación de seguimiento
sobre las políticas del turismo permitiría comprender mejor este asunto.
Seguridad
El restablecimiento de la seguridad era una prioridad máxima para el gobierno
entrante tras la guerra civil y el genocidio. Las medidas de seguridad incluyen acción
humanitaria en materia de minas, desarme, desmovilización y reintegración de
combatientes (Smith, 2004: 28). Debido a los esfuerzos de defensa de sus intereses
posteriores al conflicto por parte de agencias de conservación para la protección de
los parques nacionales, el turismo está prosperando en la Rwanda contemporánea.
Existe un importante vínculo entre la necesidad de paz y la seguridad y el turismo de
gorilas, puesto que los gorilas de montaña son muy apreciados por las agencias de
conservación y por las empresas turísticas. Sin embargo, puesto que los gorilas tienen
tendencia a suponer ganancias en el turismo, inmediatamente después del conflicto
se llevó a cabo el desminado de los parques nacionales, aunque el desminado en
zonas rurales muy pobladas se alargó hasta finales de 2009. Además, pese a que el
mantenimiento de las fronteras de los parques naturales ha sido una parte integral
de la conservación y el turismo, se impidió a muchos refugiados que regresaban a sus
países después del conflicto y a desplazados dentro del país que utilizaran la tierra
y los recursos de los parques nacionales o cercanos a éstos por este motivo. Este
hecho ilustra que a menudo compiten diferentes prioridades en la creación de paz,
un hecho que dificulta la identificación y la implantación de proyectos.
Marco político
En contextos de postconflicto, los esfuerzos para tratar asuntos relacionados con la
democratización, la buena gobernanza, la creación de instituciones y los derechos
humanos son a menudo responsabilidad del gobierno y de la sociedad civil. Los
agentes del sector privado tienen tendencia a desempeñar un papel menor a la hora
de apoyar estas actividades. Algunos operadores turísticos privados trabajan junto
con su gobierno local para identificar comunidades vulnerables para proyectos,
lo que fomenta el hecho de compartir información y la transparencia entre el
sector turístico y el gobierno. Sin embargo, la corrupción se ha identificado como
un problema cada vez más frecuente en Rwanda debido a la competencia por los
ingresos del turismo. Por ejemplo, se acusó a una monja de mala gestión financiera,
puesto que utilizaba con otros propósitos los donativos de los turistas que debían
ir destinados a un orfanato (entrevista a un representante del sector del turismo,
2008). También existe el riesgo de que un operador turístico no proporcione a los
beneficiarios de la comunidad una cuota justa de los beneficios del turismo. Así
pues, pese a la participación del gobierno en la identificación de comunidades
vulnerables, la falta de medidas de responsabilidad y de mantenimiento de los
registros de los viajes de la comunidad hace que la corrupción sea probable.
Una manera de combatirlo sería que la ORTPN, un organismo público, ayudara a
establecer medidas verificables de desembolso y de registro de procesos que las
compañías tuvieran que seguir.
Conclusiones y caminos a seguir
Puesto que el sector turístico Rwandés cambia rápidamente, continúa
habiendo muchas oportunidades para el compromiso futuro. Sin embargo,
para contribuir más directamente a la creación de paz, es necesario desarrollar
mejor algunos elementos.
Aunque muchas compañías turísticas de Rwanda abogan por la conservación del
medioambiente y el turismo a favor de los pobres, pocas han establecido políticas
concretas de responsabilidad social de la empresa que rijan su práctica. Además,
para apoyar específicamente los procesos de creación de paz, las políticas tienen
que dirigirse a los siguientes objetivos: divisiones sociales profundas, distribución
desigual de la tierra, pobreza, explicación distorsionada del pasado e identidades
étnicas construidas socialmente. Por ejemplo, sería útil para las compañías
establecer políticas de acción proactivas que intentaran asegurar que las personas
de orígenes étnicos, geográficos y clases diferentes tuvieran la oportunidad de
formarse y trabajar en el ámbito del turismo. Además, las empresas del sector
del turismo deberían ser más conscientes del impacto que tienen sus actividades
sobre las fracturas sociales ya existentes. Un código de conducta podría ayudar a
guiar las prácticas de las empresas del sector del turismo, a la vez que subrayar
las oportunidades de compromiso en la creación de paz y en actividades sensibles
con el conflicto. Deberían apoyarse las actividades turísticas ya existentes dirigidas
a ciertos grupos, pero sería beneficioso llevar a cabo una evaluación relativa al
hecho de que estas actividades no solo beneficien a ciertos grupos, sino también a
sectores de la población con la máxima necesidad de asistencia.
Cooperación
El turismo no puede actuar en solitario. Las compañías turísticas pueden desarrollar
más su independencia respecto de la ORTPN y a la vez contribuir más a los procesos
de creación de paz si se comprometen con otros agentes y sectores. Por ejemplo,
en vez de huir de su pasado conflictivo, el sector turístico podría hacer un esfuerzo
para mencionar sus tragedias y avanzar hacia el desarrollo de una estrategia
turística sensible con el conflicto, lo que podría implantarse en diferentes ámbitos,
desde programas de formación profesional sensibles con el conflicto hasta viajes
culturales que conciencien sobre los impactos del genocidio en las vidas cotidianas
o cooperativas que fomenten la reconciliación entre antiguos enemigos. Puede ser
útil la cooperación con ONG de paz y conflicto que hayan establecido programas
formativos.
Los diálogos intersectoriales entre el gobierno y la industria turística pueden ser útiles
para identificar cómo se imaginan los agentes locales que el turismo desempeñará
su papel en la creación de paz, si es que tiene este papel. El hecho de que se lleve a
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Aunque la
participación
del gobierno
ha sido clave,
puede implicar,
a largo plazo,
corrupción y
manipulación
del sector
Pese a
contribuciones
positivas hacia
la creación
de paz, las
actividades
turísticas
también tienen
limitaciones
e impactos
negativos
cabo desde el ámbito local sería una clave para su éxito. Este hecho podría implicar
al sector privado más amplio en el desarrollo de prácticas empresariales sensibles
con el conflicto, lo que permitirá al sector privado en general y al sector del turismo
en particular comprometerse con la creación de paz y la reconstrucción tras el
conflicto de más maneras que la exclusivamente monetaria. Aunque la participación
del gobierno ha sido clave para la revitalización del turismo, puede implicar, a largo
plazo, corrupción y manipulación del sector. La interdependencia entre el gobierno y
la industria turística puede ser contraproducente para los objetivos de consolidación
de la paz. Esto es específicamente así si el turismo se explota como un instrumento
de marketing para ejercer una influencia sobre los agentes externos en la creencia
de que el país está en paz, es estable y es una oportunidad de inversión, aunque se
ignoren sus problemas reales. Así pues, los procesos que apoyan un sector turístico
más independiente en Rwanda ayudarían al desarrollo del turismo en su totalidad y a
su capacidad de contribuir a la creación de paz como objetivo global.
Este artículo ha ilustrado cómo, pese a desarrollarse sólo tras la guerra civil y
el genocidio, el turismo en Rwanda se ha establecido como un sector clave que
tiene el potencial de desempeñar un papel mayor a la hora de participar en las
actividades de creación de paz. Parece que hay más oportunidades para que
el turismo contribuya a las fundaciones socioeconómicas y a la reconciliación
y la justicia que a los marcos políticos o a la seguridad. Sin embargo, pese a
contribuciones positivas hacia la creación de paz, las actividades turísticas
también tienen limitaciones e impactos negativos. Para contribuir de manera más
directa y efectiva, el sector turístico de Rwanda tiene que identificar los potenciales
y los retos de participar en actividades de creación de paz y establecer objetivos
como parte de su estrategia global de país. Puesto que se ha llevado a cabo poca
investigación sobre la manera en la que los agentes turísticos pueden apoyar los
procesos de creación de paz, valdría la pena realizar más estudios de caso sobre
este tema para poder establecer futuras comparaciones.
Notas
1. Este artículo se basa en un documento de trabajo publicado por Swisspeace que lleva por
título «The Role of Tourism in Post-Conflict Peacebuilding in Rwanda». La investigación para
el documento de trabajo se llevó a cabo en Rwanda en junio de 2008 y fue posible gracias
a la financiación por parte de la Fundación Alemana para la Investigación sobre la Paz /
Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF).
2. «Génocidaires» («genocidas») es el término utilizado para describir a las personas que se
sospecha que cometieron los crímenes de genocidio.
3. La Constitución revisada de 2003 hace referencias públicas a la ilegal identidad
étnica (artículo 33), criminaliza el divisionismo étnico y trivializa el genocidio (artículo
13). Para más información sobre la Constitución, véase Thomson, 2009. Aunque la
abolición de la identificación de los orígenes étnicos es un intento de eliminar viejas
divisiones y líneas de conflicto, también evita el establecimiento de políticas de acción
afirmativas que tienen como objetivo grupos étnicos que han sido discriminados o
perseguidos por antiguos regímenes. Esto supone limitaciones a la hora de llevar a cabo
la reconciliación de los grupos étnicos en la Rwanda posconflicto. Para más información
sobre este tema, véase Reyntjens, 2004.
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Doctor of Philosophy.
USAID. 2008. Rwanda Tourism Value Chain Case Study. microReport #94, OTF Group.
El papel del sector extractivo en el desarrollo
sostenible y la paz en Nigeria: el caso de
Royal Dutch Shell
Esther Hennchen, Estudiante de Doctorado en Management Sciences (ESADE) y Máster
en Gestión y Cooperación al Desarrollo por la London School of Economics (LSE)
1. Introducción
En los últimos años, las empresas han sufrido una perdida de legitimidad y
confianza (Lodge y Wilson, 2006) originada por una creciente conciencia sobre
el muchas veces irresponsable comportamiento del sector privado y su correlato,
la injusticia social y medioambiental (Epstein, 1987; Matthews, Goodpaster, y
Nash, 1985). Al mismo tiempo, el compromiso de las empresas petroleras en la
construcción de paz y el desarrollo ha sido visto con cierto cinismo por muchos
que ven en él tan sólo un agente de distorsión del desarrollo político de Nigeria y
de la perpetuación de su conflicto.
A pesar de ello, en vista de la expansión global y del incremento de poder1 de las
empresas multinacionales (MNCs),2 se exige cada vez más que las firmas jueguen
un rol (pro-)activo como ‘agentes de beneficio mundial’ (Maak, 2009, p. 361).
Estudios de prácticas de gestión así como del discurso interdisciplinario revelan
que las empresas ya han comenzado a ser parte de la solución. En este sentido, las
empresas están entrando a formar parte de redes de trabajo público-privadas con el
fin de buscar una mejor regulación de los asuntos globales (Reinicke, et al., 2000);
juegan un papel importante en la gobernanza global (Risse, 2002; Wolf, 2005) y en
la producción de productos globales (Braithwaite y Drahos, 2000; Kaul, Conceição,
Le Goulven, y Mendoza, 2003); asumen actividades consideradas tradicionalmente
como estatales (Margolis y Walsh, 2003; Matten y Crane, 2005) o, incluso, un rol
similar al del gobierno en la protección, facilitación, e implementación de derechos
ciudadanos (Marshall, 1965); se comprometen a auto-regular y definir estándares
éticos (Cragg, 2005) con el fin de llenar vacíos legales y de orientación moral
(Scherer y Smid, 2000). Estas tendencias, a su vez, tienen reflejo también en teorías
recientes sobre la preservación de la paz (Dunfee y Fort, 2003; Fort y Schipani,
2004). Por ejemplo, Banfield y Champain (2004) sostienen que “adoptando una
aproximación más sensible al conflicto en las tres áreas centrales, las empresas
extranjeras pueden minimizar impactos perjudiciales y contribuir activamente en la
construcción de paz incluyendo beneficios fundamentales para el negocio durante
el proceso. Estas áreas son: negocio principal, inversión social y diálogo político”
(Banfield y Champain, 2004, p. 5).
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Una de las
causas es
la exclusión
comunidades
participación
en la riqueza
generada
explotaciones
de petróleo
de las
de la
por las
El robo de
petróleo
permite a los
militantes
financiar sus
operaciones y
atraer reclutas
Para investigar las prácticas corporativas en el área definida, este artículo
desarrollará un análisis de caso que se basará en una revisión de la literatura
disponible sobre el tema y en entrevistas a representantes claves de la sociedad
civil (Celestine Akpobari/Social Action) y de la propia empresa Shell (Godson Njoku).
A continuación se señalarán brevemente las dimensiones del conflicto en el Delta
del Níger y el papel que la empresa Shell desempeña allí. En la tercera parte, nos
centraremos en la propuesta de Shell para la construcción de paz, inserta dentro
de su programa de responsabilidad social empresarial (RSE), y en detallar sus
propuestas concretas para las diferentes dimensiones del conflicto.
2. Conflicto en Nigeria: enmarcando la escena
La transformación del Delta del Níger en un espacio de insurgencia viene
marcada por una serie de procesos claves (Watts, 2008a). Primero, el
nacionalismo asociado a etnias (etno-nationalism) es la fuerza central en
una región donde se encuentran unos sesenta o más grupos étnicos y las
instituciones se basan aún en un derecho consuetudinario. Estos hechos han
sido centrales, por ejemplo, en las reclamaciones de los Ogonis en los años
noventa y en las del grupo Ijaw – las minorías más grandes en el Delta – desde
la creación del Congreso de Jóvenes Ijaw (Ijaw Youth Congress) en 1998.
La exclusión de las comunidades de la participación en la riqueza generada
por las explotaciones de petróleo, así como el sufrimiento generado por los
impactos negativos a nivel social y medioambiental derivados de ellas, se han
convertido en los motivos centrales que explican el surgimiento de una nueva
política en la que una generación de jóvenes líderes está encabezado la lucha.
La segunda dimensión a considerar es la falta de voluntad y de capacidad del
Estado nigeriano, ya sea en su forma civil o militar, para encarar esa movilización
política en el Delta sin recurrir a una violencia estatal mediante los indisciplinados
cuerpos militares, de la policía y de las fuerzas de seguridad de los que dispone. En
este sentido, el movimiento pacífico de los Ogoni dejó atrás a una generación de
militantes cuyas frustraciones fueron propulsadas por esta violencia estatal como
forma de asegurar los ‘recursos/activos petrolíferos nacionales’ incluso después de
la vuelta a un gobierno civil en 1999. De esta forma, la movilización política de los
jóvenes evolucionó del nacionalismo cívico-pacifico a una militancia violenta.
Tercero, algunos grupos militantes y la emergencia de esta nueva política comenzaron
a desafiar las formas consuetudinarias de poder de los líderes y la corrupción del
Estado. Mientras que el motivo de lucha para algunos militantes era la exclusión,
la marginalización y las metas no alcanzadas mediante una lucha pacífica, otros
grupos fueron de forma paradójica financiados por el propio Estado o políticos. Por
ejemplo, “la NDF y la NPDVF fueron alimentados por el aparato político durante las
elecciones notoriamente corruptas de 1999 y 2003” (Watts, 2008a, p. 15).
Cuarto, la existencia y proliferación del robo de petróleo o ‘oil bunkering’ provee un
mecanismo que permite a los militantes financiar sus operaciones y atraer reclutas.
La organización de este robo involucra a militares de alto rango, funcionarios del
Estado y comerciantes, recurre a milicias locales para organizar y proteger el
saqueo de los oleoductos y los desplazamientos de las barcazas por los riachuelos
del Delta hasta los grandes tranques de la costa.
La práctica corporativa facilita a su vez un ambiente permisivo respecto a la actividad
militar. Watts (2008) constata, por ejemplo, la contratación de grupos jóvenes como
fuerzas de seguridad, la predisposición a usar las fuerzas de seguridad en contra
de protestas y militantes, y las prácticas corruptas basadas en pagos a las élites de
la comunidad. También el uso de grupos de jóvenes (violentos) para ‘proteger’ las
instalaciones de Shell (Watts, 2008a, p. 16).
La siguiente tabla proporciona una visión general de los actores involucrados en el
conflicto en el Delta del Níger:
Actores en el Delta del Níger
Grupos armados
Movimiento para la
Emancipación del Delta
de Niger (MEND)
Niger Delta Vigilante
Niger Delta People’s
Volunteer Force
Gangs y milicias de
autodefensa o “Cults”
Fuente: elaboración propia a partir de Stakeholder Democracy Network
El análisis de las dimensiones del conflicto del Delta ha mostrado que la práctica
corporativa es esencial en la dinámica de violencia local y en la intensificación
de las actividades insurgentes. Este hecho no sólo ha sido confirmado por varios
investigadores3, sino también por una empresa consultora contratada por Shell. Un
informe de ésta (que se filtró en Diciembre 2003) concluía que la propia empresa
“es parte de la dinámica del conflicto [...] y la práctica corporativa puede llevar a un
conflicto” (WAC Global Services, 2003). El informe añadía que “la ‘licencia social’
para operar de las empresas petroleras está perdiendo legitimidad de manera
significativa” (ibid.). El caso de Nigeria demuestra cómo las operaciones en el sector
petrolífero no sólo pueden generar conflicto y violencia sino también condiciones en
las que se violan los derechos humanos.
A pesar de ello, en los últimos años una conciencia cada vez mayor por parte, tanto
de las empresas como de la sociedad en general, ha llevado a un compromiso
creciente en la construcción de la paz y en la prevención de conflictos, entre otros.
Shell ha sido un pionero en este campo y comenzó a implementar un ambicioso
programa de RSE cuando se vio confrontado con crecientes protestas y violencia
por parte de las comunidades, particularmente después de los acontecimientos
relacionados con los Ogoni a mediados de los noventa.
3. El papel de la multinacional petrolera Shell en la construcción
de la paz en Nigeria
Shell inició sus actividades en Nigeria en 1936. Cuando la empresa se vio
confrontada con la pérdida de reputación tras los incidentes con los Ogoni y Brent
Spar, emprendió una revisión seria de sus actitudes y actividades. Para ello llevó
a cabo consultas internas y externas sobre sus prácticas en la región, conforme a
los principios generales de la empresa (General Business Principles) que adoptó
en 1997. Estos principios están enfocados a garantizar la responsabilidad frente
a los accionistas, consumidores, empleados, socios y la sociedad misma (las
comunidades donde operan). Conforme con las tres áreas estratégicas – económica,
social y medioambiental – analizaremos en la próxima sección el impacto que éstos
han tenido en la prevención de conflictos y en la construcción de la paz.
Movimientos
no violentos y
asociaciones civiles
Movimiento para la
Supervivencia del
Pueblo Ogoni (MOSOP)
Consejo de la Juventud
IJaw (IYC)
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El impacto
económico
de Shell es
importante
tanto para
la empresa
como para
el gobierno
nigeriano
Sin embargo,
la industria
petrolera tiene
pocos efectos
sobre el
empleo
Shell ha
adoptado una
política de
apaciguamiento
consistente en
la contratación
de jóvenes
para proteger
los oleoductos
3.1. Beneficios: impacto económico
El impacto económico de Shell Petroleum Development Company’s (SPDC) es
importante tanto para la empresa como para el gobierno nigeriano. En el año 2009,
las operaciones de SPDC contribuyeron con un nueve por ciento a la producción
global de gas y petróleo de Shell (Royal Dutch Shell, 2009, p. 22). Como líder
de la industria petrolera en Nigeria, SPDC produce el 39 por ciento del petróleo
nacional y contribuyó en unos 36 mil millones de dólares en impuestos y regalías
al gobierno nigeriano en el período comprendido entre 2005 y 2009 (Shell Nigeria,
2010a, p. 1). Además, las operaciones de SPDC tienen un impacto importante en
la economía nacional empleando a unos 6.000 empleados y contratistas, de los
cuales un 95 por ciento es de nacionalidad nigeriana y aproximadamente 20.000
empleados contratados indirectamente por contratistas terceros. Adicionalmente,
un 90 por ciento del número total de contratos concedidos por las empresas de
Shell en Nigeria (con un valor superior a 900 millones de dólares) fueron para
empresas nigerianas (Shell Nigeria, 2010a).
Sin embargo, la industria petrolera tiene pocos efectos sobre el empleo.
Normalmente el sector sólo representa entre un uno o dos por ciento de la
población activa. Müller (2010) informa que “esto produce una ‘aristocracia
laboral’ y subempleo entre los trabajadores no cualificados” (Müller, 2010, p. 10),
los cuales son abundantes en el Delta del Níger. El Plan Máster de Desarrollo
para el Delta del Níger (Niger Delta Regional Development Master Plan) informa
que el índice de alfabetismo en el Delta es aproximadamente de un 78 por ciento
(Federal Republic of Nigeria, 2006, p. 87). Como consecuencia, los trabajadores
son ‘importados’ desde el extranjero o comunidades de fuera de los campos
petrolíferos y pertenecen en muchas ocasiones a otras etnias. Esto último es
especialmente crítico en relación al aumento de conflictos entre diferentes
grupos étnicos. Se señala, así mismo, como alrededor de estos trabajadores
emigrantes se acaba creando un ambiente laboral y de vida similar a una especie
de ‘apartheid’, el cual es propenso a crear tensiones y conflictos (UNRISD,
2002) (Vitalis, 2002). Aún más, Watts encuentra (2004) que en “otros casos,
el crecimiento de las ciudades boom alrededor de los complejos petrolíferos ha
creado una proliferación incontrolada de prostitución y mercado de sexo, los
cuales no han sido regulados por la industria petrolífera” (Watts, 2004, p. 18).
Por otra parte, ante al ascenso de grupos armados y bandas de jóvenes sin empleo
en el Delta, Shell ha adoptado una política de apaciguamiento consistente en
la contratación de jóvenes para proteger los oleoductos y otros instalaciones de
posibles ataques. En esta misma dirección se encontrarían los contratos de limpieza
de derrames. Mientras la empresa ve estas prácticas como el cumplimiento con
sus compromisos con los grupos interesados (stakeholders) y con el de la creación
de empleo en las comunidades donde operan; estos contratos, por el contrario,
perpetúan esencialmente la violencia por dos razones. En primer lugar, esos
contratos de ‘vigilancia’ con grupos jóvenes para ‘proteger’ las instalaciones de otras
bandas jóvenes crean una competición (y finalmente conflicto) por los contratos
entre diferentes grupos. En segundo lugar, en un contexto de pobreza extrema este
sistema proporciona incentivos erróneos porque anima a las comunidades a ‘crear’
trabajo (en otras palabras sabotear los oleoductos). Por lo tanto, el sistema no sólo
se ha convertido en un método de pago para acciones ilegales de vandalismo o
robo a través de un sistema legitimado por contratos, sino también en un sistema
‘monetario’ que otorga poderes a algunos miembros de la comunidad seleccionados
por Shell. Según Celestine Akpobari, estos hechos han distorsionado la estructura
de poder tradicionalmente establecida e iniciado una lucha por la adquisición de un
nuevo estatus social y financiero de este ‘personal contratado’.
El impacto económico de Shell no ha tenido impacto en los niveles de pobreza y
desigualdad. Con una renta per cápita promedio de 1160 dólares, Nigeria es uno
de los países más pobres del mundo. En 1970, justo antes del boom petrolífero,
19 millones de nigerianos vivían bajo del umbral de pobreza. Casi 400 mil millones
de dólares de beneficios después, nos encontramos con 90 millones o más de
nigerianos que viven en la pobreza (Sala-i-Martin y Subramanian, 2003, p. 4). La
tasa de pobreza (1 dólar por día) se incrementó desde un 28 por ciento en 1980 a
un 71 por ciento en 1999. Asimismo, la desigualdad en los ingresos ha aumentado
y las disparidades de ingresos son muy altas comparadas con los estándares
internacionales (Akanji, 2000). Dado que pobreza y conflicto están íntimamente
interconectados, debemos considerar este punto como central en nuestro análisis.
Contrariamente a las intenciones iniciales de Shell en el sentido de contribuir al
desarrollo económico y a la prevención de conflictos, las disputas sobre sistemas
de reconocimiento y recompensa han desembocado en la creación de disturbios
civiles y una creciente violencia, hasta el punto de que “la licencia social de la
empresa se está erosionando significativamente” (WAC Global Services, 2003). La
misma empresa ha reconocido ya que esos “pagos en efectivo – a líderes, políticos,
grupos jóvenes – para asegurar la circulación del petróleo (y con un poco de suerte
algo de estabilidad) deben ser abandonarlos” (Watts, 2004, p. 25). Sin embargo, los
logros de estas propuestas así como el impacto global de la actividad económica de
la empresa sobre las posibilidades económicas locales quedan pendientes. En un
ambiente complejo como el del Delta, el éxito dependerá también de otros factores
tales como la corrupción y la violencia inducida por el Estado, como por ejemplo
durante los períodos de elecciones.4 Parece claro así que un ambiente favorable es
indispensable para el éxito de la construcción de paz.
3.2. Personas: beneficio social
La contribución más importante de Shell a la sociedad se realiza a través del
dinero que paga al gobierno federal en forma de impuestos y regalías. De forma
adicional, Shell y sus socios administraron más de 158.2 millones de dólares
(Shell 56.8 millones) en la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger (Niger Delta
Development Commission o NDDC) como está establecido por ley. En el mismo año,
las operaciones llevadas a cabo por SPDC contribuyeron con unos 84 millones de
dólares más (Shell 25,2 millones) a proyectos de desarrollo comunitario (CD por
sus siglas en inglés) enfocados a una variedad de actividades tales como el apoyo
a pequeños negocios, agricultura, educación, salud y microcréditos entre otros
(Royal Dutch Shell, 2009, p. 22). Como contribución directa a la construcción de la
paz, Shell, como otras compañías petroleras, paga una cuota mensual al gobierno
federal en apoyo del programa de amnistía iniciado a finales de 2009.
Mientras que en el pasado SPDC negociaba los proyectos individualmente en
cada comunidad, la empresa ha introducido recientemente una nueva forma de
entrar en contacto con la gente local y ha creado un equipo CD que emplea a más
especialistas en desarrollo que el gobierno nigeriano (Hertz, 2001, p. 174). El
nuevo modelo está basado en acuerdos con las comunidades y se fundamenta
en el memorándum de acuerdo global (Global Memoranda of Understanding) que
se negocia con la ayuda de intermediarios ante la comunidad (Community Liaison
Officers, CLOs). Los CLOs también responden a quejas de la comunidad, identifican
necesidades mediante un proceso participatorio en la misma y transmiten las
propuestas de asistencia de la comunidad a la empresa.
En un contexto actual de marginalización del Gobierno y en el que la presencia de
SPDC precede a la formación del Estado propiamente dicho, no es sorprendente
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El SPDC
organiza
talleres sobre
gobernanza
y desarrollo
comunitario
para líderes
del gobierno a
nivel estatal y
que las comunidades del Delta perciban a SPDC como un representante a la par
con el Gobierno. Para disipar estas percepciones de las comunidades y aumentar
conjuntamente con el Gobierno, organizaciones internacionales y organizaciones
sociedad en común (partnership), el NDDC, sino que también proporciona apoyo
de manera voluntaria a través de la provisión de infraestructuras para el desarrollo
en el Delta, desarrolla capacidad técnica y de gestión para los empleados del
del gobierno a nivel estatal y local y alinea sus planes de desarrollo comunitarios
con los de otras empresas petroleras (Jacoba Schouten, 2010, p. 221). Dado que
el potencial de obtención de beneficios para todas las partes involucradas depende
de la transparencia entre otros factores (Ite, 2006), Shell se ha embarcado en
local
otra cooperación con el Gobierno: la Iniciativa de Transparencia en la Industria
Extractiva de Nigeria (Nigerian Extractive Industry Transparency Initiative o NEITI).
la eficiencia y legitimidad de su programa CD, Shell ha empezado a trabajar
no gubernamentales (ONG). Con el Gobierno, SPDC no sólo colabora en una
NDDC, organiza talleres sobre gobernanza y desarrollo comunitario para líderes
financieras, sociales y medioambientales (Pegg, 1999, pp. 474-475). Respecto a los
derechos humanos y a la seguridad, el informe de SPDC de 2010 afirma que SPDC
y Derechos Humanos (Voluntary Principles on Security and Human Rights o VPs) en
estatales (incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), fuerzas
de seguridad y otras organizaciones a poner en marcha planes que contribuyan a
En 1997 Shell se convirtió en la primera multinacional petrolera en declarar
públicamente su apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La compañía ha tratado este tema en sus informes sobre las responsabilidades
prioriza la seguridad de sus empleados y apoya la resolución pacífica de los conflictos.
Por lo tanto, Shell y SPDC han implementado los Principios Voluntarios en Seguridad
las operaciones en el Delta y también han animado a una variedad de organismos
mejorar la implementación de los VPs en el país (Shell Nigeria, 2010c, p. 2).
En el área de resolución de conflictos y derechos humanos, el SPDC ha proporcionado
El SPDC ha
proporcionado
entrenamiento
a personal de
seguridad
entrenamiento a personal de seguridad contratado para un trabajo en campo, así
como a la policía asignada por la Fuerza de la Policía Nigeriana a SPDC desde el
año 2007. El objetivo del entrenamiento es aumentar la conciencia sobre los VPs
y las obligaciones que establecen, además de proporcionar ayuda práctica en su
aplicación. Este programa se lleva acabo por la fundación CLEEN, y está aprobado
3.300 empleados de SPDC y contratistas los que han recibido un entrenamiento
similar (Shell Nigeria, 2010c, p. 2).
Aún así, el compromiso de Shell con la RSE ha llegado claramente después de los
sobre la situación apremiante de los Ogoni y contribuyó a aumentar así el interés en
Watch, Greenpeace, the Body Shop y el canal de televisión inglés Channel 4 (Zell,
del Níger ha forzado a la mayoría de los principales actores – el gobierno nigeriano
y MNCs – a revisar sus actitudes hacia la difícil situación de la zona. Su respuesta
conjunta ha sido doble: al mismo tiempo blanda y dura. Y de ambas formas con
deficiencias que cabría definir como esenciales.
Como hemos señalado más arriba, la respuesta blanda ha implicado la creación de
como la NDDC y a la intervención directa en el desarrollo de las comunidades y en
por el Instituto Danés de los Derechos Humanos. Hasta diciembre del 2009 se
había entrenado a 472 personas. Y en el período 2005-2009 fueron alrededor de
hechos. Con la ejecución de Saro-Wiwa, la comunidad internacional volvió sus ojos
la causa de muchas organizaciones civiles, entre ellas, por ejemplo, Human Rights
p.4 quoted in (McLaren, 2000, p. 18). La internacionalización del conflicto del Delta
una agenda del RSC que apunta a las necesidades de desarrollo a través de agencias
la responsabilidad social. Al mismo tiempo se ha establecido el diálogo como una
importante estrategia de implicación de las comunidades. Como hemos descrito,
el diálogo con éstas tiene lugar mediante los ancianos, grupos de jóvenes y otros
grupos con autoridad a nivel local a través de intermediarios o CLOs. Los CLOs
obtienen así una posición de poder, la cual no es raro que se haya utilizado en
algunos casos en provecho propio. Además, los miembros de la comunidad que han
sido excluidos de este rol han mostrado abiertamente sus quejas contra este nuevo
estatus social y financiero de los CLOs.
Estos esfuerzos se perciben a menudo, por otro lado, como irrisorios al ser
confrontados con los beneficios económicos obtenidos a espaldas de las
comunidades y la persistencia de la pobreza y la violencia en la zona. Por ejemplo, en
el memorándum presentado por Shell a la Comisión de Investigación sobre la Crisis
de Warri, la compañía adujo que se habían hecho esfuerzos dirigidos a algunas de las
demandas de la población del Delta. En este mismo sentido, Ojakorotu señala que
el manager de Relaciones Exteriores Corporativas, Mr. Precious Omuku, ha hecho
notar que la contribución de Shell a los servicios sociales e infraestructuras para
el desarrollo de la región podría ser comparados a unas gotas en el océano si las
necesidades de los grupos locales se yuxtaponiesen con lo que la compañía obtiene
en términos de beneficios de sus explotaciones en la región. También confirmó que
las intervenciones a favor del desarrollo de la compañía estaban concentradas en
las ciudades de Warri, Ughelli, Port Harcourt, Aba, Owerri y Bonny mientras que
la mayoría de áreas pantanosas remotas habían permanecido prácticamente sin
cambio alguno (Ojakorotu, 2008, p. 110).
Por otro lado, tanto la multinacional como el Gobierno “han continuado, tanto
abiertamente como de forma encubierta, su militarización de la región con el
pretexto de mejora de la seguridad, infligiendo así más violencia sobre la población
del Delta del Níger” (Ojakorotu, 2008, p. 115). Pegg (1999) revela por su parte
que la compañía ha estado implicada en una serie de violaciones de los derechos
humanos en el Delta desde la declaración de 1997. Por ejemplo, el autor señala que
la compañía no ha estado tan sólo implicada en incidentes en los cuáles fuerzas
de seguridad atacaron a comunidades locales en el Delta, sino que también ha
seguido adquiriendo armas y manteniendo su propia policía – conocida como la
‘Shell-police’ – en la región (Pegg, 1999: 475).
El actual modelo de partenariado (partnership) ha limitado, según algunas voces
críticas, la contribución al desarrollo sostenible necesario para transformar el
Delta del Níger de un enclave en guerra a otro en paz. En primer lugar, el análisis
de Idemudia sugiere que el impacto positivo en las comunidades de acogida
es constreñido básicamente por el hecho de que “los programas CD no han
tenido ningún impacto real en cómo la actividad principal (core business) de las
multinacionales petrolíferas es llevada a cabo, ni tampoco ha disminuido los
impactos sociales y medioambientales negativos que la producción de crudo tiene
sobre las comunidades locales” (Idemudia, 2007, p. 2). Este hecho responde a que
el compromiso con los grupos de interés parece estar más bien motivado por la
gestión de riesgo al nivel de la comunidad y por la preocupación por su imagen de
ciudadano respetable a nivel gubernamental (y asegurarse así sus licencias social y
económica) que no por cambiar en primer lugar sus actividades principales y reducir
sus perniciosos efectos colaterales. En segundo lugar, como Shola Omotola (2007)
ha indicado, la NDDC rinde muy por debajo de lo previsto básicamente debido “al
carácter del estado nigeriano, que permanece predatorio, orientado tan sólo al
enriquecimiento, y, por encima de todo, falto de autonomía” (Shola Omotola, 2007).
También International Alert encuentra que “el objetivo fundamental [de Shell] de
construir una buena reputación distorsiona tanto su significativo compromiso con la
paz y con temas de desarrollo como la calidad de su compromiso con los grupos de
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La cantidad de
crudo vertido
durante los
últimos 50
años es casi
cinco veces
la cantidad
derramada por
BP en el Golfo
de México
El daño de las
operaciones
con crudo
es crónico y
acumulativo
interés. Los procesos de construcción de paz y de desarrollo sostenible no pueden
gestionarse a un nivel micro” (Banfield y Champain, 2004, p. 20).
3.3. Planeta: impacto medioambiental
Las empresas de Shell en Nigeria están oficialmente comprometidas con la
reducción de cualquier impacto negativo sobre el medioambiente. SPDC ha
invertido en proyectos para acabar con la quema de gas, reducir los vertidos de
accidentes y ha pasado a la acción también en la protección de la biodiversidad
en el Delta (Shell Nigeria, 2010b).
Sin embargo, Friends of the Earth estima que la cantidad de crudo vertido por
Shell en Nigeria durante los últimos 50 años es casi cinco veces la cantidad
derramada hasta ahora por British Petroleum (BP) en la costa del Golfo de México
(Real World Radio). En la misma dirección, un estudio llevado a cabo por expertos
nigerianos e internacionales en 2006 estableció que el Delta del Níger es “uno de
los ecosistemas del mundo más severamente dañados por el petróleo” (Nigerian
Conservation Foundation, WWF UK, International Union for Conservation of
Nature, Commission on Environmental, y Environment, 2006). Estos datos no son
nuevos. El Niger Delta Environment Survey, ya denunció en los años 90, aunque
no se llegase a su publicación, que,
“El análisis hecho en este estudio ha mostrado el significativo impacto que la
producción de crudo tiene sobre el medio del Delta del Níger. Muchas categorías
de uso de la tierra que no existían en 1960 ganan cada vez más prominencia [...],
por ejemplo: canales de drenaje, oleoductos, etc. [...] El significativo impacto de las
actividades de producción de crudo se pone de relieve también por la aparición
en el paisaje de categorías de terreno tales como bosque dañado por agua salina,
manglar sumergido, drenaje consentido o superficies abiertas sin vegetación”
Jonathan Amakiri, Executive Director, Niger Delta Environment Survey in (Amnistía
Internacional, 2009, p. 20).
Se ha constatado también que “el daño de las operaciones con crudo es
crónico y acumulativo, y ha actuado sinérgicamente con otras fuentes de estrés
medioambiental con el resultado de unos ecosistemas costeros severamente
dañados y una situación que pone en serio compromiso las formas de vida
tradicionales y la salud de los empobrecidos habitantes de la región” (Nigerian
Conservation Foundation, et al., 2006). De forma similar el informe de UNDP 2006
deja claro que “para mucha gente, esta pérdida ha sido una ruta directa hacia
la pobreza, ya que los recursos naturales habían sido tradicionalmente fuentes
primarias de sustento” (UNDP, 2006).
Sin embargo, la atribución de responsabilidades no deja de generar una fuerte
controversia. Mientras Shell afirma haber reducido significativamente sus vertidos
de crudo y atribuye la mayoría de los actuales derrames a sabotajes, muchas
organizaciones civiles critican las corroídas infraestructuras y el incumplimiento de
la limpieza de los vertidos. Además, como ya hemos mencionado, la propia Shell ha
creado un sistema en la zona que incentiva los sabotajes, el vandalismo o los robos
a través de la “vigilancia” y de los contractos de limpieza.
Más controversia aún ha causado la negativa de Shell a revelar información que
aportaría importantes datos sobre los escapes de crudo de sus oleoductos en el Delta;
incluso dentro de un marco legal. Milieudefensie señala que “el comportamiento de
la empresa muestra que existe información ocultada para evitar tener que limpiar
su contaminación y empezar a compensar a las comunidades locales, (Friends of
the Earth Netherlands in (Real World Radio). Desde 1958, cuando se produjo la
primera extracción de crudo en Oloibiri, se han documentado numerosos problemas
medioambientales relacionados con las operaciones de crudo. UNDP constata en
su informe de 2006 (UNDP, 2006) que los problemas principales son:
- El impacto de las canalizaciones sobre los ecosistemas acuáticos
- Los vertidos de crudo debidos a accidentes o a sabotaje de agentes locales
- Escapes de gas y quema de gas que producen hidrocarburos tóxicos para los
organismos acuáticos, la biodiversidad y que se emiten a la atmosfera (lluvia
ácida, calentamiento)
- Hundimientos del terreno
- Agotamiento de los recursos de los bosques y disminución de la biodiversidad,
así como erosión causada por las canalizaciones y los hundimientos del terreno.
Los problemas medioambientales contribuyen además a la penuria social y
económica y constituyen, en último término, un motivo central que alimenta
muchas de las quejas conducentes al conflicto. “Las cuestiones en juego incluyen
una rápida e incontrolada urbanización, cambios ocupacionales, pérdida de las
zonas de pesca, desaparición de medios de subsistencia y escasez de tierras,
entre otros” (UNDP, 2006, pp. 80-81). De esta forma, las cuestiones de gestión
medioambiental se nos aparecen directamente relacionadas no sólo con el
desarrollo y con cualquier estrategia de reducción de la pobreza para la zona del
Delta, sino también con todos los esfuerzos de gestión de la paz, en un zona donde
cerca del 60 por ciento de la población depende del medioambiente natural para
su sustento (UNDP, 2006, p. 74).
4. Conclusiones
En nuestro análisis hemos subrayado cómo el compromiso a nivel micro o de
proyecto, dentro del programa CD de SPDC, no ha tenido impacto real en las
dinámicas relacionadas con las actividades principales ni tampoco han conseguido
aliviar el negativo impacto a nivel social y medioambiental que la producción de
crudo tiene sobre las comunidades locales. Del mismo modo, como hemos visto,
International Alert encuentra que “el objetivo fundamental [de Shell] de construir
una buena reputación distorsiona tanto su significativo compromiso con la paz y
con temas de desarrollo como la calidad de su compromiso con los accionistas.”
(Banfield y Champain, 2004, p. 20). El problema medioambiental se muestra así,
en último término, como una piedra de toque básica para entender muchas de las
causas que llevan al el conflicto.
La persistente penuria económica y social debida a la falta de posibilidades de empleo
en las compañías petroleras y la pérdida de las formas de sustento tradicionales en
las comunidades han tenido importantes implicaciones para el conflicto tanto a un
nivel local como global. Sobre todo, la instauración en el Delta de una dinámica de
violencia, surgida del enfado y la furia por la exclusión de los beneficios del petróleo,
está transformándose en una enorme iniciativa criminal internacional que amenaza
no sólo a los gobiernos locales sino también a las instituciones de gobierno en áreas
como el contrabando de petróleo, el tráfico de drogas, el fraude y la usurpación de
la identidad. A nivel local, el relativamente bajo porcentaje de personas contratadas
en las comunidades donde las compañías petroleras operan en comparación con
otros grupos emigrantes está siendo percibido como una situación injusta. Del
mismo modo, en un contexto de pobreza severa, el comercio de crudo (‘bunkering’)
y las dinámicas de violencia que se desencadenan habitualmente alrededor de las
elecciones representan una nueva fuente de ingresos para algunos y, en último
término, un paso más hacia el establecimiento de una violencia crónica.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Shell se ha
situado en
un vacío de
gobernanza
en la zona
y económicos que tradicionalmente habían sido adscritas como actividades
del gobierno, al tiempo que se comprometía a una autorregulación con el fin de
esfera política no ha sido suficientemente integrado, ni en la teoría ni en la praxis,
y ha conducido a una cierta ambigüedad con respecto a qué papel debe jugar
ejemplo, en 1996, Philip Watts (director ejecutivo de Shell en Nigeria desde 1991
sociales. Su rol se encuentra en algún lugar entre ambos, como corresponde a
organizaciones responsables, eficientes y aceptables actuando en un escenario
de equilibrar entre estos dos tipos de organización – económica y política – su
es inconstante sino que adolece de integridad.
contribuido al surgimiento del conflicto por dos razones. En primer lugar, al propiciar
que derechos sociales y económicos y responsabilidades, tanto del sector privado
como del público, hayan devenido fluidos hasta el punto de que estas comunidades
(Chandler, 2000, pp. 7-8), con la consecuencia que muchas de ellas han empezado
a dirigir sus demandas directamente a Shell. Así, el enfoque unilateral de Shell ha
sido problemático por diversas razones: minó más si cabe la autoridad del gobierno
(Chandler, 2000, p. 16); el programa de desarrollo no fue efectivo básicamente
Para
de legitimidad ya que formalmente sólo rinde cuentas ante sus accionistas; esta
Nuestro análisis ha servido también para mostrar que Shell se ha situado en
un vacío de gobernanza y ha empezado a actuar en áreas de derechos sociales
proteger la “licencia social que le permitía operar”. Sin embargo, este paso en la
la compañía, no tan sólo respecto a sí misma sino también respecto a otros. Por
hasta 1994) describió la identidad de Shell como sigue: “Las compañías de Shell
no sólo son actores económicos; y, sin embargo, tampoco pueden ser activistas
mundial cambiante” (Mitchell, 1998). Como consecuencia, el intento de la compañía
propuesta de construcción de la paz, basada en los tres pilares analizados, no sólo
Por lo que atañe a las comunidades, esta ambigüedad y falta de consistencia ha
perciben a las compañías petroleras como “el único gobierno que conocen”
transformar
el conflicto
se necesitará
acometer
temas tales
como la
corrupción
por la insuficiente experiencia de Shell en este tipo de programas; Shell adolece
naturaleza politizada de Shell representa un significativo riesgo de negocio, ya que
las percepciones de la comunidad pueden volverse difícilmente gestionables e
incluso se puede desarrollar una relación de dependencia; y, en último término,
promesas y esperanzas incumplidas sólo ayudan a incrementar las tensiones
y conflictos existentes. Para hacer cara a estas ineficiencias, SPDC ha firmado
convenios de colaboración con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
(UNDP), USAID y Africaire, entre otros. No obstante, mientras que los convenios de
colaboración han servido para reunir activos complementarios, y en último término
mejorar la eficacia y la legitimidad de la agenda de RSE de Shell, la paradoja del
Delta del Níger permanece: “De hecho, esto es peor” (Celestine AkpoBari).
En resumen: se necesitarán cambios importantes si se quiere construir una paz
duradera. Algunas de las necesidades que hemos discutido – programas de
formación y de empleo a gran escala, proyectos de infraestructuras mayores y
acciones para rehabilitar el medioambiente – requerirán un compromiso a largo
económico, sino como un proyecto legal, constitucional y político – necesitará
acometer temas tales como la corrupción, la reforma de la comisión electoral y la
transparencia. “Las compañías petroleras deben repensar radicalmente de igual
plazo. El conflicto alrededor del control de los recursos – no como asunto meramente
modo qué consideran una práctica de responsabilidad corporativa” (Watts, 2008b,
p. 19) y qué un enfoque más efectivo de su doble papel de agente económico y
político en un contexto tan complejo y propenso al conflicto como el del Delta del
Níger quieren jugar.
1. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (en Inglés UNCTAD), 51 de las 100 economías más grandes del mundo
son empresas multinacionales.
2. El término empresas multinacionales (MNC en Inglés) se refiere a las entidades
económicas que operan en más de un país o a un grupo de entidades económicas que
operan en dos o más países sea la que sea su forma legal en el país de origen o en el país
donde operen, e independientemente de si se consideran individual o colectivamente.
3. Entre otros (Ikelegbe, 2005) y (Banfield & Champain, 2004).
4. Stakeholder Democracy Networks asegura que “es uno de los secretos peor
guardados que en Bayelsa jóvenes armados han sido reunidos para los elecciones
de 2011 y que los líderes militantes han sido invitados a formar parte de actores
políticos abiertamente” (SDN, 2010)
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Parte 4:
Experiencias y aprendizajes
desde la empresa
El grupo ÉXITO y su atención a la población
vulnerable en Colombia
Luz Angela Zuluaga Giraldo, Atención a Población Vulnerable, Responsabilidad Social,
Almacenes Exito S.A., Medellín
Contextualización
Dadas la problemática de violencia que vive el país y la existencia de una de las tasas
de desempleo más altas en Latinoamérica, se hace indispensable que la empresa
privada en Colombia adquiera algunos compromisos de índole social que la acerquen
a esa realidad que muchas personas afrontan en su vida personal y familiar.
Desde sus orígenes hace 60 años, el Grupo Éxito se ha caracterizado por ir más
allá del cumplimiento de sus propósitos comerciales. Sus fundadores le inyectaron
una sensibilidad social que durante toda su historia ha estado presente, y que hoy
hace parte del ADN de la compañía. Así, además de cumplir su interés comercial,
ha tomado como propios los principios del desarrollo sostenible, en las esferas
económica, social y ambiental. Esto hace que se sensibilice por las realidades
propias de su entorno, ya que allí se ubican sus empleados, sus familias y los
clientes que son la razón de ser de su crecimiento y ganancias. La responsabilidad
social de la Compañía avanza en relación a sus logros y a la respuesta e imagen
que durante su ejercicio económico ha alcanzado.
El Grupo Éxito, consciente de esa situación y siendo consecuente con los principios
y valores que lo fundamentan, como impulsar el progreso de la comunidad,
el servicio, el respeto por el otro y la responsabilidad, entre otros, llega a las
poblaciones menos favorecidas, brindando apoyo y aportando en cierta manera
solución a algunas de sus necesidades.
Específicamente en el tema de la inclusión laboral de poblaciones vulnerables,
busca brindar oportunidades de formación para el trabajo e inserción laboral, a
personas que la sociedad margina por poseer unas características diferentes y
que han sido adquiridas como consecuencia de la violencia urbana o rural, los
prejuicios, la discriminación, las carencias de formación o nutrición, y la inequidad
social y económica que vive el país.
Con esta iniciativa se está favoreciendo la construcción de relaciones humanas
y sociales más armoniosas y equitativas, y nuestro principio de actuación, con el
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Esa estrategia
cuenta con el
apoyo de la
alta dirección
Permitimos
que los
almacenes
sean utilizados
como lugares
de práctica
para los
integrantes del
programa
apoyo ofrecido a la población vulnerable en materia de inclusión social y formación
para el trabajo, está desprovisto de intereses comerciales, económicos, de imagen,
o de mercadeo, y se fundamenta en una convicción y deseo auténtico de ayudar a
una sociedad maltratada por la violencia, la falta de oportunidades y la pobreza.
Descripción del Programa
El Programa de Incorporación Laboral y Formación para el Empleo a Población
Vulnerable, atiende a:
- Personas en situación de desplazamiento
- Personas en situación de discapacidad
- Madres cabeza de familia
- Reinsertados
- Víctimas de la violencia
Para llevar a cabo el programa de inclusión laboral:
- Contamos con el apoyo de la alta dirección y las diferentes áreas y negocios de la
compañía, que permiten hacer realidad esta propuesta en los espacios laborales
que gestionan. Además se cuenta con políticas igualitarias de contratación y
compensación para las personas pertenecientes al programa.
- Se propician espacios de contextualización, sensibilización y educación para el
cambio, en los líderes y todos los empleados de la organización.
- Hemos consolidado una Red de aliados a nivel nacional, que nos apoyan y facilitan
el desarrollo de esta iniciativa, como la ACR (Alta Consejería par la Reinserción),
programa de la Presidencia de la República, el SENA, (Servicio Nacional de
Aprendizaje), las oficinas de Atención a Desplazados y a Víctimas, así como
Fundaciones de atención y manejo de discapacitados, entre otras
En la Formación para el trabajo:
- Patrocinamos espacios educativos de especialidades técnicas de alto impacto
y fácil empleabilidad en nuestra sociedad, para las personas en situación de
vulnerabilidad, objeto de nuestro apoyo.
- Estructuramos planes de formación técnica conjuntamente con el Sena, que es
una institución de formación de alto prestigio y credibilidad, con cobertura nacional e
infraestructura moderna, para formación técnica de alto nivel para la competitividad
- Permitimos que los espacios de los almacenes sean utilizados como lugares de
práctica para los integrantes del programa, permitiéndoles desarrollar habilidades
acordes con el negocio (Orientación comercial, servicio, destrezas técnicas o
específicas etc.) en espacios reales, con clientes reales y en situaciones reales. Así
contribuimos a la incorporación verdadera de los conceptos de aprendizaje y a la
generación de autoestima y autoconfianza para abordar situaciones y públicos con
los que anteriormente se tenían restricciones.
Actividades o acciones que se realizan
- Descripción de perfiles ocupacionales
- Análisis de puestos de trabajo
- Análisis de riesgos
- Selección de candidatos
- Preparación y formación para el cargo
- Inducción y entrenamiento
- Acompañamiento, asesoría y seguimiento permanente a cada uno
de los participantes
- Evaluación profesional personalizada y constante y en compañía de los aliados
con quienes conformamos la Red
Resultados
Aunque el componente de Responsabilidad Social está inmerso desde los orígenes
en la organización, a partir del año 2006 estamos trabajando directamente con
este programa de Inclusión Laboral para población vulnerable y las cifras que hasta
el año 2009 registramos de personas beneficiadas son:
TIPO DE POBLACIÓN NUMERO DE PERSONAS
Reinsertados del conflicto armado / Personas en situación de
ilegalidad por actos delictivos
Discapacitados 182
Situación de pobreza extrema (Desplazados, victimas y madres
cabeza de familia)
TOTAL 479
Adicionalmente a las cifras anteriores (las cuales ya serán superiores a finales
del año 2010), podemos anotar que estas personas que creían no tener más
oportunidades, lograron:
- Demostrar su compromiso con la compañía y la oportunidad recibida
- Adquirieron hábitos y disciplina de estudio y trabajo
- Aprendieron y asumieron, reglamentos, normas y compromisos
- Generaron alta conciencia de respeto por el otro
- Pudieron volver a soñar y creer que existen mejores oportunidades, por eso
mantienen un constante deseo de conseguir un empleo estable y adecuado a la
formación recibida, que les permita seguir viviendo dignamente con sus familias
y asegurarles un mejor futuro
Adicionalmente se calcula que se logró impactar indirectamente a más de 1.300
personas, dado que en Colombia el promedio de componentes de una familia es de 4
y que los beneficiados en su gran mayoría son cabeza de familia (Padre, Madre, Hijo)
Actualmente, el Grupo Éxito es un referente de actuación muy importante para
las empresas en Colombia en cuanto a práctica de inclusión laboral, pues se ha
mantenido constante y firme en su propósito de apoyo a la población vulnerable, de
manera decidida, desinteresada y auténtica, y con un convencimiento absoluto de
que este es uno de los mejores caminos para hacer contribuciones a los procesos
de paz de una sociedad que a su vez nos lo ha dado todo.
‘MI LLAVE’, una iniciativa de integración
social para la generación de oportunidades
productivas
Jorge Silva Luján, Gerente General de Microsoft Colombia, Bogotá
Introducción
MI LLAVE es una de las iniciativas apoyadas por Microsoft en Colombia como
parte de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a través
de la alianza establecida desde el año 2006 con Trust for The Americas
(entidad cooperante de la OEA) y la Alta Consejería para la Reintegración de la
Presidencia de la República (ACR).
MI LLAVE busca brindar oportunidades sociales y económicas sostenibles a
personas en proceso de reintegración a la vida civil, desplazamiento forzado y
en general, a la comunidad afectada por la violencia. A través de la creación de
Centros de Tecnología Comunitarios, el programa ofrece capacitación gratuita en
TICs (tecnologías de la información y la comunicación) como herramienta para
generar capacidades laborales y productivas, al mismo tiempo que cuenta con un
componente de gestión sociocultural que busca apoyar la integración a la sociedad
y el desarrollo de habilidades interpersonales y ciudadanas de los participantes.
Este tipo de capacitación garantiza que los beneficiados no sólo adquieran
conocimientos técnicos que les abrirán las puertas en la consecución de un
empleo o en la creación de un proyecto de emprendimiento, sino que también
se formen como personas integras, capaces de reintegrarse a la sociedad con
una formación en valores. Porque más allá de personas capaces y preparadas,
el proyecto enfatiza en la necesidad de forjar calidades humanas para que se
dé un verdadero cambio social.
MI LLAVE cuenta con 11 centros en diferentes ciudades a lo largo del territorio
colombiano, ciudades afectadas por el conflicto como son Valledupar, Montería,
Barrancabermeja, Buenaventura, Ibagué, Tierralta, Barranquilla, Cartagena,
Villavicencio, Santa Marta, Apartadó y Medellín. Los centros MI LLAVE son
establecidos en alianza con diferentes socios locales quienes están encargados
de su gestión y funcionamiento, y entre los cuales se encuentran universidades,
instituciones educativas y ONG de diferentes tipos.
El programa cuenta adicionalmente con un importante componente que consiste
en el apoyo a la construcción de capacidades para las organizaciones locales
aliadas, permitiendo que los centros sean proyectos sostenibles de largo plazo,
donde además puedan participar empresas locales apoyando la inserción laboral
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Microsoft es
consciente del
aporte que
sus acciones
pueden
generar a la
construcción
de la paz
Desde el año
2007 más
de 3.000
personas
han sido
capacitadas
de los participantes de MI LLAVE. Para esto se vienen desarrollando encuentros
que buscan involucrar a las empresas y al sector productivo local, contándoles en
qué consiste el proyecto y explorando las posibles alianzas y oportunidades para la
creación de empleos, unidades asociativas o acciones de micro-emprendimiento y
productividad que puedan beneficiar a los participantes.
Apoyo en la construcción de paz
El compromiso de Microsoft a nivel mundial es habilitar a las personas, los
negocios y las organizaciones para que alcancen su máximo potencial a
través de la tecnología. Este compromiso se extiende al apoyo de aquellas
iniciativas que busquen disminuir la brecha digital y ofrecer oportunidades a
las comunidades más vulnerables. En Colombia, Microsoft es consciente de
su compromiso con el país y del aporte que sus acciones pueden generar a la
construcción de la paz como uno de los retos más importantes para avanzar
en la búsqueda del desarrollo y la equidad.
Además de alinearse con las necesidades sociales específicas de Colombia,
Microsoft tiene en cuenta a la hora de seleccionar y ejecutar programas de
responsabilidad social aquellas prioridades que a nivel mundial se han establecido
en iniciativas como son los ”Objetivos del Milenio” y el “Global Compact” de las
Naciones Unidas. En lo referente a los Objetivos del milenio, MI LLAVE aporta a la
consecución del objetivo # 1 buscando erradicar la extrema pobreza y el hambre,
a través de la generación de un empleo productivo para todos, así como al objetivo
# 8 que busca la construcción de alianzas globales para el desarrollo, en lo que
respecta a la cooperación con el sector privado para hacer disponibles los beneficios
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
En este proyecto la tecnología se convierte en una herramienta poderosa que
permite a los excombatientes, desplazados y a la comunidad en general, visualizar
un futuro distinto lleno de nuevas posibilidades. Los centros Mi Llave brindan a
la comunidad un acceso cercano a la tecnología a través de capacitaciones, al
mismo tiempo que desarrollan habilidades que les permiten potencializar nuevas
oportunidades de empleo y tener una mejor calidad de vida. Los centros también
están abiertos a la comunidad en general, y benefician a aquellas personas que no
tienen la posibilidad de acceder a estas oportunidades de formación.
Miles de personas han sido beneficiadas con el proyecto MI LLAVE. Desde el
año 2007 más de 3.000 personas han sido capacitadas y más de 50.000 han
recibido acceso a ordenadores e internet en los diferentes centros de todo el
país. Sin embargo, el impacto del programa no se traduce solamente en números,
sino también en las habilidades que los participantes adquieren, y los trabajos y
entrenamiento posteriores a los cuales pueden acceder al completar la capacitación
recibida durante su paso por el programa: hasta la fecha el 12 % de los participantes
han logrado un trabajo después de haber completado su capacitación en MI LLAVE.
Pero definitivamente el mayor impacto del programa consiste en la construcción
de un verdadero sentido de “comunidad” que se da en los lugares donde se
desarrolla. Las ciudades donde están ubicados los centros MI LLAVE han sido
cuidadosamente seleccionadas teniendo en cuenta la situación de conflicto,
concentración de población objeto del programa y la existencia de socios locales
fuertes que puedan ejecutarlo de manera exitosa. Es así como esta iniciativa ha
logrado que personas que en el pasado se encontraban en lados opuestos del
conflicto y eran enemigos naturales, hoy se sienten codo a codo en el centro MI
LLAVE para encontrarse con aquél mundo lleno de oportunidades que les ofrece
la tecnología y buscar un futuro diferente, permitiéndoles relacionarse y apoyarse
mutuamente en un ambiente de paz y armonía.
El poder de las alianzas
El programa MI LLAVE reconoce que los problemas a los cuales se enfrenta la
población desmovilizada y desplazada no pueden ser resueltos por una sola
organización. Es necesario el establecimiento de alianzas que permitan ofrecer
alternativas a las comunidades y generar oportunidades para el mejoramiento
de su calidad de vida y su desarrollo personal. Por ello Microsoft apuesta por la
unión de esfuerzos con las ONG, el sector privado y el sector público, además de la
coordinación con socios locales de manera que se puedan unir esfuerzos desde las
fortalezas de cada uno que permitan la construcción de un mejor país para todos.
Las alianzas hacen posible la alineación de recursos y capacidades para la ejecución
del proyecto. Es así como Microsoft ha participado con aportes en dinero, software
y cursos de capacitación, mientras que Trust for The Americas está encargado
de la administración y ejecución del proyecto con su experticia en el manejo de
proyectos sociales, la selección de socios locales y su capacitación y fortalecimiento
institucional; y, la ACR por su parte, ha aportado fondos, entrenamiento y su
conocimiento sobre el conflicto armado colombiano.
Así mismo, las alianzas con los socios locales hacen parte fundamental del éxito
del proyecto asegurando su sostenibilidad y ofreciendo acceso a la tecnología a
un sector de la comunidad más amplio teniendo en cuenta sus necesidades
específicas. Estas organizaciones proporcionan a la alianza equipos, fondos y
conocimiento para ofrecer una capacitación completa y promover la apropiación
del programa de la comunidad local.
Alianzas adicionales con diferentes sectores han permitido apoyar el proyecto,
incluyendo la alianza con RCN, un canal de TV colombiana que ha patrocinado la
realización de videos para generar conocimiento del proyecto a la comunidad.
La movilización de diferentes actores, hace de este proyecto un modelo a seguir por
otras empresas y organizaciones que quieran contribuir al desarrollo del país. La
alineación de los objetivos de los diferentes aliados, el conocimiento de cada uno
sobre sus fortalezas y su compromiso de aportar soluciones al conflicto armado en
Colombia y a la generación de oportunidades para los más vulnerables, han hecho
de MI LLAVE un proyecto viable y exitoso.
Recursos sugeridos
<http://www.microsoft.com/localimpactmap>
<www.millave.net>
La asistencia sanitaria de Heineken en
entornos complejos
Katinka C. van Cranenburgh, coordinadora y co-creadora de la Fundación Heineken África
y profesora visitante en ESADE.
Daniel Arenas, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE-
Universitat Ramon Llull y responsable de investigación del Instituto de Innovación Social
de ESADE.
La preocupante situación sanitaria mundial debe ser tenida en cuenta por el
sector privado a la hora de establecer una estrategia de negocios para operar
en estados frágiles y en zonas en posconflicto, como África central. ¿Qué implica
esto para la toma decisiones del sector privado en lo referente a la provisión
de asistencia sanitaria, al establecimiento de límites y a su estrategia de
comunicación? Este artículo explica el aumento a nivel mundial de enfermedades
crónicas e infecciosas, así como la estrategia de atención médica de Heineken en
los estados frágiles más complejos.
La carga sanitaria mundial y el sector privado
Las enfermedades crónicas e infecciosas se extienden por el mundo con magnitud
y velocidad ingentes. Las enfermedades crónicas o no contagiosas tales como las
patologías cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y
la diabetes representan más de la mitad de los problemas sanitarios en los países
en desarrollo. Las enfermedades infecciosas o contagiosas como el VIH/SIDA, el
paludismo y la tuberculosis son la principal carga para los países en desarrollo y,
en menor medida, en el mundo desarrollado (Suhrcke, et al. 2006; OMS 2008).
Todos los estudios sobre el impacto de la asistencia sanitaria en los niveles micro,
meso y macro sitúan la carga mundial de enfermedades como un importante
desafío para las sociedades del mundo. África es la más afectada (OMS 2008).
Varios investigadores han elaborado previsiones negativas para el sector privado.
En el informe de Gupta y Taliento titulado How Business Can Combat Global
Disease (2003), los autores señalan tanto las consecuencias como el papel que
las empresas han de desempeñar, “Las multinacionales se ven directamente
afectadas por las epidemias mundiales. No se pueden controlar sin su ayuda.” Esta
declaración hace un llamamiento a las empresas a asumir cierta responsabilidad
en el reparto de la carga mundial de enfermedades. La esencia de la participación
empresarial se aborda desde la visión ética y deontológica de que uno debe
utilizar los medios a su disposición para hacer el bien. Gupta y Taliento hacen
referencia al hecho de que las empresas podrían brindar la propiedad intelectual,
las habilidades de marketing y los canales de relaciones públicas, el desarrollo
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El lugar de
trabajo puede
proporcionar
un punto
de acceso
fundamental
asistencia
sanitaria
para la
El impacto de
las epidemias
mundiales
en el sector
privado está
aumentando
de forma
dramática
de productos farmacéuticos, la distribución y la gestión de proyectos. Además de
estas donaciones en especie, las empresas multinacionales también proporcionan
plataformas físicas donde reunir y asesorar a un gran número de asistentes. El lugar
de trabajo puede proporcionar un punto de acceso fundamental para la asistencia
sanitaria, los mensajes de prevención y los centros de tratamiento. Como si se
tratara de una extensión del lugar de trabajo, se podría llegar a las familias de
los trabajadores mediante la planificación de jornadas especiales de la familia o
mediante la comunicación directa con éstas. Aunque la tendencia empresarial de
externalización de trabajadores está creciendo rápidamente, las posibilidades de
llegar a las comunidades a través de las empresas sigue siendo un medio muy
atractivo para los trabajadores sanitarios.
Sin embargo, la mayoría de las empresas no están colaborando con los médicos
ni abriéndoles las puertas de sus instalaciones. Existen diferentes razones. Gupta
y Taliento (2003) apuntan que la posición pasiva de los directivos para con los
trabajadores sanitarios es el resultado de que los directivos no son conscientes
del impacto que sus empresas pueden causar en el sector de la salud pública. Por
una parte, los autores acusan a los directivos de intentar perseguir los beneficios
de la globalización sin vistas al futuro y, por otra parte, de no asumir ninguna
responsabilidad para ayudar a gestionar la crisis sanitaria mundial. Ser un actor
en los mercados mundiales entraña, implícitamente, una responsabilidad moral,
estratégica y financiera en la lucha contra las enfermedades del mundo. Este
enfoque se ajusta, además, a los supuestos de las estrategias empresariales a
largo plazo y a la gestión con visión de futuro.
Con todo, los sistemas de gestión del rendimiento en la mayoría de las empresas
actuales dan lugar a que los directivos fijen las prioridades en base a objetivos que rara
vez exceden los períodos de 3 años. La velocidad rotatoria de los puestos directivos
dentro de las empresas (más de 3 años o 4 en una misma función es cada vez menos
común), junto con la estructura de bonificaciones por cumplimiento de metas y los
sistemas similares de evaluación, hace que un director casi nunca sea instado a
emplear tiempo o esfuerzo en programas tan dispares como puede ser el apoyo a
actividades de control de enfermedades. Por otra parte, los directivos no cuentan
el tiempo para desarrollar la experiencia necesaria que les permita desenvolverse
adecuadamente en asuntos que no sean fundamentalmente empresariales.
En cualquier caso, el impacto de las epidemias mundiales en el sector privado
está aumentando de forma dramática, en correlación con la expansión del sector
privado en los países en desarrollo. El sector privado, al menos por su supervivencia,
no puede abandonar un cierto grado de reacción y responsabilidad. Existe un
pensamiento cada vez más respaldado por los actores internacionales de que
ocuparse de la miseria social a nivel mundial es responsabilidad de todos. Esto es
especialmente necesario en situaciones de conflicto y posconflicto en las que se
necesitan disposiciones sobre sanidad concretas para atender a una amplia gama
de la población afectada −tanto física como psicológicamente− por las armas,
minas u otras violaciones de los derechos humanos.
Estrategia de asistencia sanitaria de Heineken
La cervecera holandesa Heineken tiene la mayor presencia global de todas las
cerveceras internacionales, con 125 fábricas de cerveza en más de 70 países y con
más de 65.000 trabajadores en todo el mundo. Con unas ventas totales de más
de 150 millones de hectolitros en 2008, Heineken también se encuentra entre los
mayores fabricantes de cerveza del mundo. Heineken cuenta con una larga historia
de operaciones en muchos países subsaharianos, como los dos Congos, Ruanda,
Burundi, Nigeria y Sierra Leona, todos ellos países que se han visto afectados por
conflictos armados en las últimas décadas o que aún están en guerra. En estos
países del África subsahariana, el sistema público de asistencia sanitaria se
deterioró rápidamente durante las dos décadas posteriores a la descolonización y
debido a los conflictos armados.
En este contexto de sistema sanitario público muy limitado, Heineken dirige sus
propias clínicas con un personal de médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio,
matronas y farmacéuticos. Los empleados Heineken y sus familiares tienen
derecho a diversos tipos de atención sanitaria, que van desde el tratamiento de
enfermedades relacionadas con el trabajo y los accidentes, al tratamiento de
enfermedades complejas como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA (Van der
Borght et al. 2006). Solamente en el África subsahariana, casi 35.000 personas
tienen acceso a los servicios proporcionados por Heineken. La asistencia sanitaria
ha pasado a ser un beneficio de recursos humanos y es cada vez más una prioridad
clave en la agenda global de Responsabilidad Corporativa de Heineken. Los
factores de motivación por los que se puso en marcha el sistema sanitario difieren
de las motivaciones actuales para mantener el sistema. Los límites del sistema de
salud están en una constante necesidad de someterse a revisión, sobre la base de
distintos inversores y cuestiones sociales.
Las motivaciones de la empresa
¿Por qué Heineken ofrece asistencia sanitaria a los empleados y a sus familias?
Si la mano de obra es barata y abundante, se podría argumentar de forma cínica
que no existe necesidad económica de prestar asistencia sanitaria. ¿Es Heineken,
entonces, la única compañía en la que los directivos realizan negocios de acuerdo
a altos estándares éticos? Las motivaciones e intenciones, y su estatus son temas
de cierta complejidad dentro los campos de la psicología, la ética y la gestión.
Frecuentemente, coexisten varias motivaciones e intenciones posibles implicadas
en la toma de una decisión. La recopilación de pruebas concluyentes y adecuadas
para determinar qué motivaciones estaban realmente implicadas puede ser
espinoso o incluso imposible. Los cuestionarios y las entrevistas a protagonistas
posteriores al evento suelen ser poco fiables, ya que los actores tienden a
racionalizar lo que realmente ocurrió. Esto ocurre particularmente cuando el paso
del tiempo ha demostrado que las decisiones tomadas fueron cuestionables,
y dieron lugar a ataques o críticas. Incluso los puntos de vista previos al evento
no son completamente fiables. En nuestro enfoque, podemos hacer poco más
que presentar algunas hipótesis respaldadas por algunas pruebas preliminares
tomadas de la experiencia laboral de uno de los autores de este artículo, que ha
pasado ocho años en el Departamento de Asuntos Sanitarios de Heineken, junto
con entrevistas (Rijckborst 2007a) y el análisis de los discursos de un Simposio de
la Salud de Heineken en 2007 (Rijckborst 2007b; Van Boxmeer 2007).
En un nivel más general, la estrategia social de Heineken se relaciona con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. A través del Pacto Mundial, así
como de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las Naciones Unidas han hecho
hincapié en que las empresas desempeñan un papel en la promoción de los
derechos humanos, y que este papel es particularmente importante en los países
con una capacidad estatal limitada para garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos. Las obligaciones de las empresas, sin embargo, no están completamente
claras, y no se han establecido los mecanismos para hacerlas cumplir. Las
regulaciones nacionales de los países en desarrollo apenas tienen leyes con
respecto a este tema. También existe una falta de cumplimiento de la ley. Frente a
esta situación de ambigüedad, en la mayoría de los países en desarrollo, Heineken
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Uno de los
retos es que
no está claro
hasta dónde
abarca este
derecho
Heineken basó
sus decisiones
responsabilidad
de “hacer lo
correcto, justo
y equitativo y
evitar daños”
en la
sigue las mejores prácticas y tiene políticas1 más fuertes de lo que se establece
en el entorno jurídico y reglamentario. En particular, brinda a los empleados y a
aquellos a su cargo derechos formales de asistencia sanitaria como parte del
paquete de remuneración de los empleados. Sin embargo, uno de los retos es que
no está claro hasta dónde abarca este derecho a la asistencia sanitaria, ya que las
políticas se basan en esquemas globales que pueden ser adaptados a nivel local.
Una posible motivación empresarial para ir más allá de los estándares nacionales
y contribuir realmente a la expansión de los derechos humanos podría consistir
en centrarse en sus oportunidades y riesgos empresariales. Con ello se podrían
obtener ventajas competitivas y, por tanto, acceder más fácilmente a los mercados
internacionales de capital. Ahora bien, a pesar de la existencia de una amplia
literatura sobre las conexiones entre el desempeño social corporativo y el desempeño
financiero corporativo (Allouche y Laroche 2005; Griffin y Mahon 1997; Margolis y
Walsh 2003; Orlitzky, et al. 2003; Romano, et al. 1999), las conclusiones no van
más mucho más allá del hecho de que el desempeño social corporativo tiene cierto
efecto positivo en el desempeño financiero corporativo, pero este impacto positivo
depende en gran medida del área geográfica y el tipo, la presentación y el tema de
la actividad social. En el caso del suministro asistencia sanitaria por las empresas,
las oportunidades podrían incluir la reducción de los costos de la sustitución de las
personas que están de baja por enfermedad, de la formación del nuevo personal, de
los costos de hospitalización, funerales, otros médicos y muchos otros gastos que
están presentes cuando no se toman medidas. La razón para ofrecer un servicio
sanitario interno también podría ser la de evitar el ausentismo debido a las largas
horas de espera en los centros de salud, asesores o farmacéuticos nacionales.
Pero aparte de los factores instrumentales a tener en cuenta, ¿Heineken se vió
impulsado por motivos éticos? En este sentido, se puede hacer una distinción
entre el inicio y la continuación de un sistema de asistencia sanitaria. Según lo
comprobado en las entrevistas y la observación directa, los factores instrumentales
parecen tornarse frecuentes cuando se tiene que defender las disposiciones
sanitarias existentes. Pero al principio, los expatriados de Heineken a países del
África subsahariana, simplemente sentían que no podían gozar de tranquilidad
espiritual cuando sus ventajas sanitarias eran mucho mayores que las del personal
local (Rijckborst 2007a). Los directivos expatriados de Heineken consideraron
que la empresa en ese momento tenía la responsabilidad moral de otorgar un
conjunto mínimo de parámetros de vida a sus trabajadores. Estos sentimientos
y percepciones surgieron de consideraciones morales basadas en una serie de
principios y teorías éticos. Así, desde el punto de vista deontológico, podría decirse
que basaron sus decisiones en la responsabilidad o la obligación éticas de “hacer
lo correcto, justo y equitativo y evitar daños”. Según el doctor Rijckborst2, este
argumento del deber moral de prestar asistencia sanitaria fue la base principal para
la puesta en marcha de las clínicas en África a finales de los ochenta. Esta reacción
inicial coincide con la opinión sostenida por algunos defensores de la teoría de los
“stakeholders” de la empresa (Evan 1983) que han insistido en la necesidad de
tomar a los “stakeholders” como fines en sí mismos y no sólo como medios.
Aunque no parece que los directivos de Heineken formulasen la idea de esta
manera en un principio, es necesario saber si el utilitarismo ético también pudo
desempeñar un papel importante. Si este es el caso, la prestación de asistencia
sanitaria a los empleados en los países emergentes sería la alternativa que
maximiza la utilidad, es decir, que proporciona el mayor bienestar a un mayor
número de personas, independientemente de los costos y dificultades. El problema
de asumir el utilitarismo ético como la base de la decisión inicial de poner en
marcha un servicio sanitario es que surge la pregunta sobre por qué Heineken no
toma más medidas para aumentar el bienestar social de más gente, más allá de los
empleados y de sus familias, en las zonas donde opera, o incluso más allá de estas.
En sus discursos públicos, el director ejecutivo de Heineken, Jean-Francois van
Boxmeer (Van Boxmeer 2007) mostró una aguda conciencia acerca del problema
de las limitaciones y del temor a incursionar en las competencias gubernamentales.
Por un lado, había la imposibilidad de que una única empresa hiciera frente a la
inmensidad del problema sanitario de un país, y por otro, podría surgir posibles
conflictos con las responsabilidades fiduciarias para con los accionistas. En otras
palabras, hay que tener en cuenta el entorno de limitaciones en el que tienen lugar
estas acciones, es decir, la forma en que los demás accionistas se verían afectados
si Heineken fuera demasiado lejos, cuánto estarían dispuestos a aceptar, y en qué
lugares se pueden planear esfuerzos realmente eficaces.
De hecho, los directivos de Heineken se dieron cuenta de que podían participar en
asuntos de sanidad en la comunidad, más allá de los empleados y de sus familias.
Pero vieron que ésto podría hacerse mejor mediante asociaciones con ONG y los
gobiernos. También anunciaron un generoso apoyo de Heineken a la comunidad
sanitaria a través del Fondo de Seguro de Salud, una fundación que suministra un
seguro privado de salud a los grupos con bajos ingresos en el África subsahariana.3
Es decir, vieron que una manera de extender su impacto social era mediante
alianzas, en vez de actuaciones unilaterales.
En la siguiente sección veremos las consecuencias en la esfera económica que,
tras las consideraciones iniciales, actualmente sientan las pautas para la toma
de decisiones sobre atención sanitaria en las nuevas operaciones adquiridas
por Heineken. La puesta en pie de clínicas puede partir de un punto de vista
moral o ético, pero una empresa no puede ejecutar una estrategia completa de
asistencia sanitaria en los países en vías de desarrollo basándose simplemente en
consideraciones éticas.
La cuestión sobre los límites
Los problemas sanitarios globales y los avances médicos, la expansión de la
empresa en países en desarrollo y el auge de la tecnología de comunicación y de
información han llevado a Heineken a formularse preguntas sobre cuáles son las
fronteras de atención sanitaria que debe proporcionar y cómo se determinan estos
límites. ¿Hasta qué punto se extienden las responsabilidades de una empresa para
con sus propios empleados? ¿Estas incluyen a aquellos a su cargo, a sus familias
y a sus parientes? ¿O acaso la responsabilidad va más allá del empleado y de su
familia? ¿El nivel de atención pública existente en el país es el que define estos
parámetros? ¿El presupuesto a disposición de un individuo o colectivo es el que fija
las fronteras? ¿Y quién establece este presupuesto; debe mantenerse el nivel de
atención que se ha establecido a través del tiempo?
En el pasado, las acciones de gestión local con los empleados se basaban en los
conocimientos disponibles sobre el terreno y en un sentido de paternalismo ilustrado.
Los médicos locales también contribuyeron a este desarrollo. Se centraron en los
intereses de los pacientes más que en cualquier otra cosa (finanzas/ presupuestos).
La asistencia médica fue creciendo con los años. Los avances en la medicina,
así como en el acceso de los pacientes a la información (principalmente a través
de Internet) también desempeñaron su papel. Una enfermera de Heineken en el
Congo lo hizo evidente para la sede central de Heineken al pedir una consulta FIV
de fertilidad (Fertilización In Vitro) en Amsterdam, ya que había leído en Internet que
era gratis. Un gerente de Recursos Humanos en Europa del Este pidió medicación
para el VIH / SIDA para un colega seropositivo, ya que había llegado a sus oídos
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Heineken está
continuamente
reconsiderando
los límites de
la atención que
presta
La asistencia
sanitaria
contribuye
significativa-
mente a la
estabilidad y al
desarrollo
que Heineken estaba tratando a pacientes de SIDA en el África subsahariana. En
consecuencia, el acceso inmediato a la información local a escala global hace que
Heineken está continuamente reconsiderando los límites de la atención que presta
(Van der Borght et al. 2006).
Incluso antes de tomar en cuenta la economía, los gerentes deben evaluar los
costos y beneficios sociales de las decisiones para la sociedad en general y para los
distintos “stakeholders” en particular. Esto no contradice el ideal de imparcialidad
que está en la base de la ética basada en el deber. De acuerdo a este ideal, nuestros
propios familiares, y los más cercanos a nosotros, no deben prevalecer sobre terceras
partes no vinculadas o desconocidas. Todo lo que vemos como éticamente correcto
debe aplicarse por igual a todas las situaciones, sin diferenciación. Sin embargo,
¿la exigencia ética de imparcialidad y universalidad hace que el deber de Heineken
sea ampliar sus programas propios de asistencia sanitaria a personas ajenas a sus
empleados, más allá de los miembros de las familias de estos? La parcialidad hacia
sus propios empleados y sus familiares directos, ¿tiene justificación ética? Existen
críticos de la imparcialidad que argumentan que no se puede ser imparcial en todos
los aspectos de la vida, que a menudo el deber ético de un individuo es cuidar de
sus seres queridos en primer lugar, es decir, sus padres, cónyuge, hijos, amigos.
Estos autores contraponen dos tipos de lenguaje moral, cada uno con su propia
esfera (Walzer, 1994), el fino lenguaje de la imparcialidad y un grueso lenguaje de
parcialidad. Desde una perspectiva empresarial, dar preferencia a los empleados
propios puede ser entendido como parte de una moral gruesa (“thick morality”).
Incluso, desde el punto de vista del utilitarismo ético también es posible encontrar
una justificación imparcial para las preferencias parciales, en tanto que es un modo
más eficiente de contribuir al bienestar general.
Conclusiones
El estudio de este caso nos ha permitido constatar, en primer lugar, que parecen
existir motivaciones éticas en el inicio de los programas de asistencia sanitaria
en los estados frágiles, y que éstos se encuentran bajo una perspectiva ética
deontológica, mucho más que bajo una perspectiva ética utilitarista. Sin embargo,
la perspectiva ética utilitarista desempeña un papel importante en el tratamiento de
las cuestiones que surgen una vez iniciados los programas de asistencia sanitaria,
y cuando es necesario lidiar con las cuestiones de límites. Desde esta perspectiva,
se podría argumentar que favorecer a los propios empleados y a sus familias no va
necesariamente en contra del ideal ético de imparcialidad. Una empresa que se
enfrenta a limitaciones y a la incertidumbre de las consecuencias debe centrarse
en la alternativa que produzca los mejores resultados en materia de beneficios
para la sociedad en general, animando a otros actores a afrontar sus propias
responsabilidades y colaborando con ellos, si es necesario y factible.
En segundo lugar, ha quedado patente que el impacto de las epidemias mundiales
en el sector privado está aumentando de forma dramática, en correlación con la
expansión del sector privado en los países en desarrollo y las posibilidades de
asistencia sanitaria existentes en el mundo desarrollado. El impacto de la carga de
enfermedades crónicas en el sector privado es cada vez más alarmante, en sintonía
con el comportamiento y los patrones de gasto en mano de obra, y las crecientes
posibilidades técnicas en la asistencia sanitaria. El sector privado, incluso desde
el punto de vista de su propia supervivencia, no puede evitar un cierto grado de
reacción y de responsabilidad. Finalmente, en un contexto de gobernanza frágil
y en entornos de posconflicto, la provisión de asistencia sanitaria desde el sector
privado contribuye significativamente a la estabilidad y al desarrollo.
1. Heineken se adhiere a las directrices de la OCDE, a las directrices sobre informes de la
Iniciativa de Información Global (GRI), las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y la Coalición Mundial de Empresas, entre otras normas. Así como con todas las directrices
externas, Heineken ha creado una serie de políticas que son obligatorias para todas las
plantas de Heineken consolidadas en todo el mundo. Estas incluyen la política sobre el VIH/
SIDA, el Código de Conducta, la Promotion Girls Policy y –aún sin aprobar– los principios
médicos. Todos estos documentos internos tienen una relación directa con la prestación de
asistencia sanitaria.
2. El Dr. Rijckborst MD fue asesor médico internacional para Heineken Internacional de
1986 a 2007 y fue responsable de la definición de una estrategia sanitaria en la sede de
Heineken y de la construcción de una infraestructura que proporciona atención médica para
los empleados y sus familias en el África subsahariana. También integró la estrategia de
asistencia sanitaria en la estrategia comercial de la empresa.
3. El Fondo de Seguro de Salud es una fundación una fundación que suministra un seguro
privado de salud a los grupos con bajos ingresos en el África subsahariana. El seguro cubre
una atención sanitaria básica de calidad, que incluye el tratamiento para el VIH/SIDA.
Véase: <http://www.hifund.eu/index2.php>.
Bibliografía
Allouche, J. y Laroche, P. 2005: “A Meta-Analytical Investigation of the Relationship
between Corporate Social and Financial Performance.” En Revue de Gestion des
Ressources Humaines (57): 18-41.
Griffin, J. y Mahon, J. 1997: “The Corporate Social Performance and Corporate
Financial Performance Debate”. En Business and Society (36): 5-31.
Gupta, R. K. y Taliento, L. 2003: “How businesses can combat global disease”, En
The McKinsey Quarterly Edición Especial (Global directions): 4.
Margolis, J. D. y Walsh, J. P. 2003: “Misery loves companies: rethinking social
initiatives by business”. En Administrative Science Quaterly 48: 268-305.
Orlitzky, M., Schmidt, F. L. and Srynes, S. L. 2003: “Corporate Social y Financial
Performance: A Meta analysis”.
Rijckborst, H. 2007: a ‘Interview with Katinka van Cranenburgh’, sin publicar.
— 2007b: “What are the responsibilities of the private sector in health care? International
visions on the future of health care in resource-poor settings”, Amsterdam.
Roman, R., Hayibor, S. y Agle, B. 1999: ‘The Relationship Between Social and
Financial Performance’. En Business and Society (38): 109-125.
Suhrcke, M., Nugent, R. A., Stuckler, D. y Rocco, L. 2006: “Chronic disease: an
economic perspective”. En Oxford Health Alliance.
Van Boxmeer, J. F. 2007: “What are the limits of health care responsibilities?”
Amsterdam: Heineken NV.
Van der Borght, S., Rinke de Wit T.F., Janssens V., Schim van der Loeff M.F.,
Rijckborst H., Lange J.M. 2006: “HAART for the HIV-infected employees of large
companies in Africa.” En The Lancet (368): 547-550
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Relación de autores
Relación de autores
Rina M. Alluri es investigadora del programa «Business & Peace» en Swisspeace
(Berna) y doctoranda del programa «NCCR North-South». Su tesis se centra en el
papel de los agentes del sector privado en la creación de paz en Sri Lanka. Tiene
una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia Británica
(Canadá) (2004) y un máster en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios
Sociales (Países Bajos) (2006).
Daniel Arenas es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE-
Universitat Ramon Llull y responsable de investigación del Instituto de Innovación
Social de ESADE. Obtuvo su PhD y MA por el Comité de Pensamiento Social de la
Universidad de Chicago. Es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona
y Diplomado del Programa de Desarrollo Ejecutivo de ESADE. Imparte asignaturas
de Sociología, Ética Empresarial y Responsabilidad Social de la Empresa. Sus
intereses se centran en la responsabilidad social de la empresa, y las relaciones
entre empresas y ONG.
Carlos Fernández es Asistente Especial de la oficina de Naciones Unidas en Santo
Domingo, ha trabajado durante más de diez años en contextos de reconstrucción
posbélica y desarrollo con el PNUD, la AECID y Acción contra el Hambre.
Esther Hennchen es Diplomada en Administración de empresas por la Universidad
de Gutenberg, Master en Gestión y Cooperación al Desarrollo por la London Business
School, Actualmente se encuentra cursando el doctorado en ESADE Business School
- Universidad Ramon Llull, Barcelona. Ha obtenido diferentes postgrados sobre
gestión del desarrollo y derechos humanos. Experta en desarrollo y cooperación
internacional ha trabajado para diferentes entidades no lucrativas como UNICEF e
Intermón Oxfam y organismos internacionales como el Banco Mundial, además de
proyectos de consultoría en el sector.
Josep M. Lozano es profesor e investigador senior en RSE en el Instituto de Innovación
Social (ESADE-Universidad Ramón Llull). Sus líneas de investigación se centran en la
ética empresarial, la RSE, y las relaciones entre valores, liderazgo, calidad humana
y espiritualidad. Ha publicado diversos artículos y libros, el último de los cuales es
La empresa ciudadana como empresa responsable y sostenible. En su página web
(www.josepmlozano.cat) mantiene activo el blog “Persona, empresa y sociedad”.
Aitor Pérez es economista especializado en asesoría a ONG, colabora como
investigador con instituciones como FRIDE y el Real Instituto Elcano en temas de
cooperación internacional y desarrollo. Es socio de la Asociación Trípode Proyectos
dedicada al análisis, la consultoría y la formación para la calidad de la ayuda.
Maria Prandi es investigadora y profesora del Programa de Derechos Humanos
de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona y
coordinadora de la línea de investigación sobre Empresa y Derechos Humanos.
Es también investigadora asociada del Instituto de Innovación Social de ESADE.
Ha trabajado en el ámbito de los derechos humanos a través de su participación
en diversos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Es
licenciada y Master en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de
Barcelona y está actualmente desarrollando sus investigaciones sobre el papel del
sector privado con relación a los tres ejes de trabajo de Naciones Unidas: derechos
humanos, desarrollo y construcción de paz. Es la autora de varios libros, entre ellos,
Guía práctica de derechos humanos para empresas (2006), ¿Pueden las empresas
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Claves para comprender y
actuar (2009) y A Practical Handbook on Business and Human Rights (2009).
Es co-editora del libro Justicia transicional y derechos humanos: gestionando el
pasado (2010). Participa desde su primera edición en la redacción del anuario
internacional Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción
de paz que publica desde el año 2002 (Icaria).
Angelika Rettberg es profesora asociada y directora del Departamento de Ciencia
Política de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). También dirige el Centro
de Estudios Internacionales (CEI) y el Programa de Investigación sobre Construcción
de Paz (ConPaz), adscritos a la misma. Sus investigaciones se han enfocado en
el sector privado como actor político y, específicamente, en el comportamiento
empresarial en contextos de conflicto armado y construcción de paz. También
ha liderado investigaciones sobre la economía política de los conflictos armados
internos, especialmente sobre la relación entre recursos y conflicto regional.
Igualmente, ha trabajado en temas relacionados con el papel de la sociedad civil y
la justicia transicional en sociedades que buscan superar los conflictos armados.
Angela Rivas dirige desde el año 2008 el Área de Sector Empresarial, Conflicto
y Construcción de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en Colombia.
Su trabajo tiene como eje central la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
con especial énfasis en los Derechos Humanos, la prevención y reducción del
conflicto, y la construcción de paz. Antes de ocupar este cargo, Angela trabajó
como consultora para la división de Responsabilidad Social Corporativa de la
Occidental Petroleoum Corporation. Además ha trabajado, como investigadora
social, en diversos temas como el Desarme, Desmovilización y Reinserción de
excombatientes (DDR), la justicia, las políticas públicas de prevención del crimen
y de la violencia, y seguridad urbana. Detenta un Ph.D en Antropología Social y
Cultural por la Rice University (Houston).
Camilla Schippa es directora del Institute for Economics and Peace (IEP), que
produce el Índice de Paz Global. Se encarga de la elaboración del índice, así como
de la investigación llevada a cabo, a nivel internacional, sobre el índice. Schippa
también es responsable del portafolio de la Paz y la Seguridad de The Charitable
Fundation, un fideicomiso privado, destinado a mejorar la calidad de vida a través
de las intervenciones que implican un cambio de vida considerable. Schippa ha
ocupado cargos en las Naciones Unidas durante más de una década. Hasta principios
de 2008, fue jefa de la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de
Colaboración. Con los años, Schippa ha impulsado el desarrollo de asociaciones
público-privadas de alto impacto que apoyan los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y ha contribuido a la creación de numerosas alianzas estratégicas entre las
Naciones Unidas y las corporaciones, fundaciones y filántropos. Como secretaria
de la Junta Consultiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración
Internacional (UNFIP), Shippa supervisó la planificación de las reuniones de la
Junta y fue responsable de carteras de fondos con valor de más de 100 millones de
dólares EE.UU. En Naciones Unidas, Schippa también colaboró en la supervisión de
las actividades del Fondo de la ONU para la Democracia y formó parte del equipo
responsable de la creación de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz.
Jorge Silva es Gerente General de Microsoft Colombia desde 2008. Ingeniero
Industrial por la Universidad de los Andes, se especializó en Sistemas de Información
en Arthur Andersen Center for Professional Education. Tras completar un MBA por
la California State University, hizo estudios en Negociación en la UCA – Universidad
Católica Argentina. Ha complementado otros estudios en Universidades como MIT,
Wharton y Babson College. Jorge Silva ha puesto énfasis en aumentar el compromiso
de la subsidiaria con el país, abrir espacios de negocio, mejorar la inversión dentro
del sector y promover el uso de la tecnología en todos los ámbitos. Esta labor se
ha visto reflejada durante la reunión de empleados de Microsoft de 2010 en la
que Colombia fue destacada como la mejor subsidiaria del mundo dentro de su
categoría de mercado. Su preocupación por el tema de la seguridad de los niños
en Internet le ha llevado a ser el promotor del programa de Children Online Safety,
programa que ha se ha implementado en varios países.
Katinka C. van Cranenburgh es coordinadora y co-creadora de la Fundación
Heineken África, una organización que lucha por la mejora de la salud en África.
Desde hace más de 8 años, ha contribuido al desarrollo de las políticas de Heineken
International y a la estrategia de salud para los países en desarrollo en el área de
sostenibilidad / responsabilidad social corporativa y específicamente en negocios
para la salud. Coordinó programas relacionados con la salud y la sostenibilidad
que van desde Programas de venta de cerveza de manera segura para los
promotores, campañas de sensibilización acerca del alcohol para los trabajadores
de Heineken en todo el mundo hasta un gran número de programas de prevención,
tratamiento y relación con la comunidad con relación al VIH/SIDA en Asia y África.
Además, van Cranenburgh es secretaria general de 3iG, el Interfaith International
Investment Group. Desde esta posición construye una red de “capitalistas activos”
pertenecientes a instituciones religiosas dispuestos a hacer una inversión
socialmente responsable. También es profesora visitante en ESADE, en Barcelona,
donde da conferencias e investiga sobre la responsabilidad social empresarial y las
inversiones socialmente responsables. Asimismo es vice-presidenta de la junta de
negocios de la Academy of Business in Society (EABIS).
Achim Wennmann es investigador del Centre on Conflict, Development and
Peacebuilding (CCDP) y del Small Arms Survey del Graduate Institute of International
and Development Studies en Ginebra, Suiza. Sus áreas de investigación incluyen la
dinámica de los conflictos armados y la violencia, la economía política del conflicto
y los grupos armados, los procesos de paz y la reducción de la violencia armada,
las economías de los conflictos y las redes de delincuencia transnacional, las
transiciones de la guerra a la paz y el conflicto posterior a la recuperación económica,
y el estado de fragilidad y las órdenes políticas híbridas. El Dr. Wennmann es el
autor de The Political Economy of Peacemaking (Londres: Routledge, de próxima
publicación 2011), y co-editor (con Mats Berdal), de Ending Wars, Consolidating
Peace (Londres: Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y Routledge, de
próxima publicación 2010).
Luz Angela Zuluaga empezó a trabajar en el Grupo Éxito en el año 2006 con el objeto
de asesorar y atender el programa de Responsabilidad Social, específicamente
en el tema que tiene que ver con la generación de empleo para las poblaciones
vulnerables. Durante diez años se desempeñó como docente y jefe de la Unidad
Académica de la Escuela Colombiana de Mercadotecnia. Asimismo, trabajó durante
25 años en el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), desempeñándose como
instructora en las áreas de marketing, ventas, logística, servicio, comportamiento
social y humano; y como formadora de maestros en competencias docentes y
laborales. Realizó estudios de Marketing en la Escuela Colombiana de Marketing,
y adelantó diplomados en Logística, Ventas y Servicio en diferentes universidades
de la ciudad de Medellín. Además cuenta con el título de Formadora de Docentes
del Sena, Institución de carácter nacional en Colombia.
Escola de Cultura de Pau
Universidad Autónoma de Barcelona
Edificio MRA (Mòdul Recerca A)
E-08193 Bellaterra
Tel. +34 93 586 88 46
Fax. + 34 93 581 32 94
escolapau.uab.cat
Hoy en día son muchas las empresas que han incorporado políticas de
derechos humanos y rinden cuentas al respecto. Sin embargo, son po-
cas aún las que tienen en cuenta en sus políticas de RSE la especifici-
dad de operar en contextos de conflicto o de reconstrucción postbélica.
El papel de las empresas en estos contextos, a través de su política de
RSE, posee un gran potencial para incentivar la paz desde su esfera de
influencia. Su incidencia puede ir desde su papel como actor económi-
co (facilitando empleo y oportunidades de emprendimiento) hasta su
contribución a la reconciliación o su apoyo explícito a las negociaciones
de paz. Este libro aporta no sólo reflexiones respecto al papel de la em-
presa en la construcción de paz sino que brinda ejemplos significativos
de la práctica empresarial en este ámbito.
Con el apoyo de:
conflicto y postconflicto:
de la gestión del riesgo a la
creación de valor
Maria Prandi y Josep M. Lozano (Eds.)
Diseño: Lucas Wainer
Foto portada: Fotolia
Edición: Escola de Cultura de Pau (UAB)/ Instituto de Innovación Social (ESADE)
Impresión: Gramagraf
Producción: Servei de Publicacions de la UAB
ISBN: 978-84-614-4160-0
Depósito legal: B.43.935-2010
Este libro ha sido impreso en papel 100% reciclado, Cyclus Offset.
Introducción
Parte 1: Construyendo la paz desde la empresa
De los conflictos armados a la construcción de paz
Maria Prandi, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Escola de Cultura de Pau (UAB)
La responsabilidad social de la empresa en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del
riesgo a la creación de valor
Maria Prandi, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Escola de Cultura de Pau (UAB)
Parte 2: La dimensión económica de la paz
El valor de la paz para la economía
Camilla Schippa, Vicepresidenta Senior del Global Peace Index, Sidney
Dimensiones económicas de los procesos de paz: el sector privado como aliado estratégico para la
creación de la paz
Achim Wennmann, Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (CCDP), Graduate Institute
of International and Development Studies, Ginebra
La participación del sector privado en la construcción de paz: inventario e identificación de algunos
ejemplos ilustrativos
Angelika Rettberg, Profesora Asociada y directora del Programa de Investigación sobre
Construcción de Paz y directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los
Andes, Bogotá
Parte 3: Operando en entornos complejos
Empresas, Derechos Humanos y Entornos Complejos. Colombia: el peor y el mejor de los mundos
Angela Rivas, Coordinadora, Área Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz, Fundación
Ideas para la Paz, Bogotá
La empresa como actor de la reconstrucción postbélica
Carlos Fernández, Asistente Especial de la oficina de Naciones Unidas en Santo Domingo
Aitor Pérez, economista especializado en asesoría a ONG
Los gorilas y el genocidio: el turismo y la creación de paz en Rwanda
Rina M. Alluri, investigadora del programa «Business & Peace» en Swisspeace, Berna
El papel del sector extractivo en el desarrollo sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell
Esther Hennchen, Estudiante de Doctorado en Management Sciences (ESADE) y Máster en
Gestión y Cooperación al Desarrollo por la London School of Economics (LSE)
Parte 4: Experiencias y aprendizajes desde la empresa
El grupo ÉXITO y su atención a la población vulnerable en Colombia
Luz Angela Zuluaga Giraldo, Atención a la Población Vulnerable, Responsabilidad Social, Almacenes
Exito S.A., Medellín
‘MI LLAVE’, iniciativa de integración social para la generación de oportunidades productivas
Jorge Silva Luján, Gerente General de Microsoft Colombia, Bogotá
La asistencia sanitaria de Heineken en entornos complejos
Katinka C. van Cranenburgh, coordinadora y co-creadora de la Fundación Heineken África y
profesora visitante en ESADE.
Daniel Arenas, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE-Universitat
Ramon Llull y responsable de investigación del Instituto de Innovación Social de ESADE.
Relación de autores
Introducción
Este libro que aquí se presenta cierra una trilogía que busca identificar, evaluar
y promover el papel de la empresa respecto a los tres pilares fundacionales de
Naciones Unidas: los derechos humanos, el desarrollo y la construcción de paz. En
el año 2006 se publicó la Guía práctica de derechos humanos para empresas y,
posteriormente, en el año 2009 una reflexión sobre el potencial de las empresas
para luchar contra la pobreza a escala mundial a través del libro ¿Pueden las
empresas contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Claves para
comprender y actuar. Ahora se ofrece, a través de este volumen un recorrido por
las diferentes aproximaciones del sector privado a la construcción de paz en países
en conflicto y postconflicto. Esta reflexión tiene que ver, de hecho, con una cuestión
tan relevante hoy en día como es la del papel de los actores no estatales en la
gobernanza mundial. Si este papel es un riesgo o una oportunidad, y para quién, es
algo de lo que pretende debatir esta publicación.
La primera idea que surge de esta reflexión conjunta es la de que cada uno de
estos tres ámbitos - derechos humanos, desarrollo y paz - se hallan interconectados
entre sí, -especialmente en los llamados entornos complejos- y que esta conexión
debe verse reflejada intrínsecamente en las políticas de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), pero no sólo en su contenido sino también en la manera cómo
dicha política se construye. Efectivamente, en un país en reconstrucción postbélica
con una importante destrucción física pero también graves fracturas sociales, es
la suma de cada uno de estos elementos lo que le da a la política de RSE una
perspectiva integrada. Por el contrario, la falta de uno de estos ingredientes en las
políticas de RSE hipoteca de manera clara el avance en los demás ámbitos.
Otra de las reflexiones que propicia el libro es que la RSE no puede ir desligada
del contexto en el que opera, sino que debe reflejar y dar respuesta a los retos
(humanos, tecnológicos, medio ambientales, etc.) que se plantean en el entorno
inmediato de la empresa, es decir a escala local, que de hecho no están muy
desligados de los desafíos que enfrenta la humanidad de manera global. Una parte
importante de las operaciones empresariales y de la inversión directa extranjera a
escala mundial tiene lugar en países en conflicto o postconflicto. A grandes rasgos,
son países que pueden contar con diversos atractivos en el ámbito de los negocios
como son la explotación de recursos naturales, mercados importantes o costes de
producción ventajosos, entre otros. Así pues, y a pesar de que constituyen entornos
complejos y, a menudo, inseguros, han atraído a empresas que actúan a nivel
global, o albergan un cierto tejido empresarial de carácter nacional que alimenta,
desde la economía formal o informal, a las cadenas de suministro a escala global.
La aportación de estos capitales privados es, en algunos casos y a lo largo del
tiempo, equivalente o superior a la ayuda procedente de donantes internacionales
por lo que su peso en la economía del país, tanto a nivel micro como macro, es
de una importancia central. Sin embargo, en estos entornos frágiles y tal y como
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
muestran los diferentes autores, la orientación o perspectiva de la empresa y de
su política de RSE puede sentar las bases para la consolidación de la paz o, por el
contrario, puede contribuir a reavivar las causas del conflicto.
Por otra parte, se ha creído tradicionalmente en la importancia de la aportación de
países donantes y en los programas de ayuda al sector público para la reconstrucción
de un país. Sin embargo, algunos teóricos afirman que cada vez son más los gobiernos
de los países en desarrollo en situación de postconflicto que reclaman un papel
más importante del comercio y menor de la ayuda internacional argumentando,
además, que la crisis económica mundial merma los fondos destinados a la ayuda
internacional. De esta forma, el modelo estatista está dejando paso a modelos de
desarrollo híbridos en los que algunos países emergentes (Brasil o China) empiezan
a invertir en términos similares a las grandes agencias de ayuda internacional,
sobretodo en el sector de minería e hidrocarburos, dando así respuesta a su propio
modelo de desarrollo. Este fenómeno otorga así una importancia creciente a la
inclusión de la perspectiva de construcción de paz en las políticas de RSE.
Para que la empresa contribuya a la paz es vital que ésta adopte lo que se ha
llamado en el argot humanitario una perspectiva de “sensibilidad al conflicto”. Ésta
significa que, partiendo del análisis del conflicto, la empresa debería comprender
y anticipar su interacción con el contexto evitando los impactos negativos y
maximizando los positivos en el proceso de construcción de paz. De la mano de
la teoría del Do no harm, la empresa debería también ser capaz de fomentar los
elementos “conectores”, es decir aquellos que reducen la tensión, y minimizar los
elementos “divisores”, aquellos que incrementan potencialmente la violencia en
su área de influencia. Ser sensible al conflicto no significa necesariamente que la
empresa deba implicarse en acciones de construcción de paz pero sí que significa
que ésta, como mínimo, no debe impactar negativamente en el conflicto o en el
proceso de consolidación de la paz.
Hoy en día son muchas las empresas que han incorporado políticas de derechos
humanos y rinden cuentas al respecto, sin embargo son pocas aún las que tienen
en cuenta la especificidad de operar en estos contextos en sus políticas de RSE.
Sin embargo, y tal y como presenta este libro, existen experiencias significativas de
empresas que participan en diversos países en la construcción de paz jugando así
un papel cada vez más relevante en cuestiones que afectan a la gobernanza global.
El papel de la empresa privada como actor en los conflictos armados ha sido una
cuestión objeto de intenso estudio y controversia en las últimas décadas. Otras
corrientes más recientes, identifican y describen un potencial papel de la empresa
en la construcción de paz. Empresas nacionales o internacionales han desarrollado
políticas de construcción de paz apoyando la generación de oportunidades de
emprendimiento y empleo para las poblaciones vulnerables, tendiendo puentes
entre comunidades, apoyando activamente negociaciones de paz o adaptando sus
productos. Sin analizar en profundidad los pros y los contras de esta participación,
esta publicación muestra los elementos que componen una RSE sensible al conflicto
y al postconflicto y se ofrecen orientaciones a las empresas que quieran adoptar
una visión estratégica en este ámbito.
El libro se divide en cuatro partes. En la primera parte, se presenta una visión general
de los conflictos armados actuales, sus características e impactos. Tras analizar las
responsabilidades del sector privado respecto al Derecho Internacional Humanitario
(DIH) y su implicación en la gestión de la seguridad por parte de la empresa, se
presentan las dinámicas económicas que rigen los contextos de reconstrucción
postbélica. El capítulo cierra con la presentación de las teorías de sensibilidad al
conflicto y su traslación al sector empresarial. En el capítulo siguiente se presenta
cómo el papel de la empresa privada en la construcción de paz pasa por cumplir
una serie de condiciones tales como el conocimiento del conflicto y sus actores, la
necesidad de adaptar su política de RSE al entorno complejo mediante la relación
con los stakeholders y la generación de alianzas público-privadas potenciando, a
su vez, los elementos conectores en su área de influencia. Tomando como punto
de partida la relación con los diferentes grupos de interés, se ofrecen ejemplos
prácticos y orientaciones generales para construir una política de RSE sensible
al conflicto que tenga como eje de trabajo prioritario a las poblaciones que se
encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia del conflicto armado.
En la segunda parte Camilla Schippa resalta en su artículo el valor económico de
la paz y cómo ésta puede ser medida en términos económicos. Según esta experta,
una mejora en la situación de violencia puede transformar la economía global y
liberar la riqueza necesaria para financiar la expansión económica y crear un
entorno económico más sostenible. Por su parte, Achim Wennmann explora cómo
las dimensiones económicas de un conflicto armado pueden resolver problemas
y tender puentes en apoyo a los procesos de paz. El sector privado se convierte
así en un aliado crucial en los procesos de paz. Para Wennmann, abordar los
asuntos económicos en procesos de paz tiene el potencial de configurar nuevas
visiones para el futuro y reforzar pactos de transición, los cuales deberían incluir
las habilidades y la experiencia del sector privado ya que éste es un pilar para la
paz posterior al conflicto. Como cierre a esta segunda parte, Angelika Rettberg
describe los diferentes papeles que el sector privado ha empezado a desempeñar
en la construcción de paz, a partir de diferentes casos. Analiza algunas de las
motivaciones que explican la participación del sector privado en la construcción
de paz centrándose en el argumento que sostiene que los elevados costes
económicos asociados a un conflicto pueden empujar a la empresa a actuar
en la construcción de paz. Sin embargo, advierte también que para generar las
condiciones que permitan una participación del sector privado constructiva y
duradera, es imprescindible un conocimiento más exhaustivo del entorno y de las
complejas motivaciones que dirigen la actividad económica y el comportamiento
empresarial en condiciones inestables.
En la tercera parte, los distintos autores exponen los riesgos y oportunidades que
se presentan a las empresas que operan en entornos complejos. Angela Rivas
analiza las innovadoras acciones de construcción de paz que han llevado a cabo
diversas empresas en Colombia enfrentadas a un entorno de alto riesgo. Para
ello, habla del concepto de “emprendedores de paz” y de la necesidad de seguir
trabajando en iniciativas multiactores para abordar temas de elevada complejidad
como la seguridad, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario
vinculados a la acción empresarial. Por su parte, Carlos Fernández y Aitor Pérez
explican porqué la empresa internacional puede jugar un importante papel
como actor del desarrollo en el ámbito de la reconstrucción postbélica y cómo la
cooperación puede aumentar su eficacia incorporando a la empresa a la estrategia
de desarrollo y consolidación de la paz, mediante la adaptación de sus instrumentos
y mediante la difusión en el sector privado de determinados principios de la acción
humanitaria. Su investigación incorpora dos estudios de caso en Angola y Bosnia-
Herzegovina en los que participaron empresas internacionales en distintos sectores
de la construcción. Por su parte, el artículo de Rina Allura analiza la manera en la
que el turismo en Rwanda contribuye a la creación de paz después del conflicto.
Partiendo de una visión general acerca del modo en el que se ha desarrollado
este sector tras el conflicto, Alluri evalúa la manera en la que algunos proyectos
específicos contribuyen a mayores esfuerzos hacia la creación de paz. Según esta
experta, Rwanda representa un ejemplo de país en el que el turismo ha emergido
como una industria capaz de contribuir no sólo al empleo y al desarrollo económico
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
sino también a tender puentes locales, aumentar la consciencia y conservar el
medio ambiente. Como cierre a esta tercera parte, Esther Hennchen presenta el
papel del sector extractivo en el desarrollo sostenible y la paz en Nigeria a través
del estudio de caso de Royal Dutch Shell. Tras analizar las dimensiones del conflicto
en el Delta del Níger y el papel que la empresa Shell desempeña allí, Hennchen
concluye que la política de Shell no ha conseguido aliviar el impacto negativo a nivel
social y medioambiental que la producción de crudo tiene sobre las comunidades
locales. Según la autora, las compañías petroleras deben repensar radicalmente
qué consideran una práctica de responsabilidad corporativa en la zona y cuál es
el enfoque más efectivo de su doble papel de agente económico y político en un
contexto tan complejo y propenso al conflicto como el del Delta del Níger.
Finalmente, en la cuarta parte del libro se presentan tres iniciativas empresariales
de construcción de paz, dos de ellas desarrolladas en Colombia y la tercera en
países del África Subsahariana. El Grupo Éxito presenta su estrategia relativa a la
población vulnerable en Colombia, que incluye a aquella que ha sido actor o víctima
del conflicto armado (personas en situación de desplazamiento, personas en
situación de discapacidad, madres cabeza de familia, reinsertados, víctimas de la
violencia). Según Luz Angela Zuluaga, dadas la problemática de violencia que vive el
país y la existencia de una de las tasas de desempleo más altas en Latinoamérica, se
hace indispensable que la empresa privada adquiera compromisos de índole social.
Según el Grupo Éxito, el tema de la inclusión laboral de poblaciones vulnerables
es prioritario dentro de su política de RSE y busca brindar oportunidades de
formación para el trabajo e inserción laboral, a personas que la sociedad margina
por poseer unas características diferentes, características que han sido adquiridas
como consecuencia del conflicto armado. Para Microsoft, el programa MI LLAVE
reconoce que los problemas a los cuales se enfrenta la población desmovilizada y
desplazada no pueden ser resueltos por una sola organización. Según Jorge Silva,
es necesario el establecimiento de alianzas que permitan ofrecer alternativas a las
comunidades y generar oportunidades para la mejora de su calidad de vida y de su
desarrollo personal. Por ello Microsoft apuesta por la unión de esfuerzos con las
ONG, el sector privado y el sector público, además de la coordinación con socios
locales de manera que se puedan unir esfuerzos desde las fortalezas de cada uno.
Finalmente, Heineken explica su estrategia de provisión de asistencia sanitaria en
entornos complejos. Tras estudiar las necesidades sanitarias de este tipo de países,
los autores, Katinka C. van Cranenburgh y Daniel Arenas, detallan las motivaciones
que llevan a la empresa a desarrollar una política de asistencia así como el debate
sobre los límites de ésta. Desde esta perspectiva, y en contextos de gobernanza
frágil y de postconflicto, Heineken considera que la provisión de asistencia sanitaria
desde el sector privado contribuye significativamente a la estabilidad y al desarrollo.
Por último desearíamos agradecer a la Fundación ICO, y muy especialmente a la
responsable del Área de Economía, Silvia Consuegra, así como a la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) su acompañamiento para
la consecución de este proyecto. Sin su incondicional apoyo esta publicación no
hubiera podido ver nunca la luz.
Asimismo agradecer a los coautores de esta publicación sus aportaciones y sus
reflexiones respecto a una cuestión tan innovadora y compleja como ésta. Ha sido
un placer compartir con ellas y ellos un espacio de diálogo en torno a los grandes
temas de debate y los dilemas que se plantean cuando se analiza el papel que
pueden jugar los actores no estatales en la construcción de paz.
Igualmente queremos manifestar nuestro agradecimiento a las personas de la Escola
de Cultura de Pau, Cécile Barbeito, Maria Cañadas, Dorys Ardila, Gema Redondo,
Eneko Sanz, Lucas Wainer y Vicenç Fisas, su tiempo, apoyo y asesoramiento para
la elaboración de algunos de los materiales presentados. Asimismo resaltar el
apoyo logístico de todo el equipo del Instituto de Innovación Social para que este
proyecto sea una realidad. Agradecer también la complicidad de Josep Ma Garcia,
Pep Maria, Myriam Criado, Ketevan Knozadze y Maite Muller por sus pertinentes
ideas y sugerentes reflexiones.
Esperamos, finalmente, que esta publicación sea de utilidad para sus lectores y
contribuya, en la medida de sus posibilidades, a avanzar hacia lo que debería ser
la RSE del siglo XXI.
Parte 1:
Construyendo la paz desde la empresa
De los conflictos armados a la
construcción de paz
Maria Prandi, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Escola de Cultura
de Pau y responsable del área de Empresa y Derechos Humanos (UAB)
Introducción
Una parte importante de las operaciones empresariales y de la inversión directa
extranjera a escala mundial tiene lugar en países en conflicto o postconflicto. A
grandes rasgos, son países que pueden contar con diversos atractivos en el
ámbito de los negocios como son la explotación de recursos naturales, mercados
importantes o costes de producción ventajosos, entre otros. Así pues, y a pesar de
suponer entornos complejos y, a menudo, inseguros, han atraído a empresas que
actúan a nivel global o albergan un cierto tejido empresarial de carácter nacional
que alimenta, desde la economía formal o informal, a las cadenas de suministro
a escala global. La aportación de estos capitales privados es, en algunos casos y
a lo largo del tiempo, equivalente o superior a la ayuda procedente de donantes
internacionales por lo que su peso en la economía del país, tanto a nivel micro
como macro, es de gran importancia. Sin embargo, en estos entornos frágiles, la
orientación o dirección que tome esta inyección de divisas puede sentar las bases
para la consolidación de la paz o, por el contrario, puede contribuir a reavivar las
causas del conflicto según se analiza en este artículo.
1. Conflictos armados actuales
Si analizamos la conflictividad a nivel internacional, se observa que el final de la
guerra fría no conllevó una disminución del número de conflictos armados. En todo
caso, en el año 2009 se registraron 31 conflictos armados en el mundo, 14 en
Asia, 10 en África, estando localizados los restantes en Europa (tres), Oriente Medio
(tres) y América (uno). Los conflictos armados de mayor intensidad se produjeron
en Afganistán, Colombia, Iraq, R.D. Congo (este), Pakistán (noroeste), Somalia,
Sri Lanka, Sudán (meridional) y Uganda (norte). Algunos de ellos son de especial
relevancia para los intereses comerciales de las empresas españolas.1
En estos entornos de violencia, una amalgama de actores armados, tanto regulares
como irregulares, ejercen su poder en alguna parte del territorio.2
conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La empresa
no debe
permanecer
ajena al
contexto en
el que opera
uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos
no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos
entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico
más utilizado es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son
las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos
se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso
el hambre (Escola de Cultura de Pau, 2010). Esto es de especial relevancia por cuanto
las características de las guerras han cambiado en las últimas décadas pasando de ser
conflictos entre Estados a guerras internas con mayores impactos en la población civil.
Cabe resaltar finalmente que tanto las víctimas como los responsables de crímenes
de guerra forman parte del conjunto de stakeholders que la empresa deberá tener
en cuenta cuando opere en este tipo de contextos. La empresa no debe permanecer
ajena al contexto en el que opera, no sólo con el objetivo de minimizar riesgos, sino
también para identificar en qué medida puede aportar elementos de construcción
de paz que sirvan a la vez a sus intereses y a la consolidación de la paz en el país.
Países en conflicto armado en 2009
Tailandia Fuente: Escola de Cultura de Pau (2010).
Oriente Medio
Iraq
Israel - Palestina
Yemen
Europa
Rusia
Turquía
Según la Escola de Cultura de Pau (2010), la mayoría de los conflictos armados en
2009 (aproximadamente dos terceras partes) estuvieron vinculados a aspiraciones
identitarias y demandas de mayor autogobierno por parte de alguno de los
contendientes. Además de estos casos, existen varios países en los que el control
por los recursos naturales y del territorio fue fundamental para entender el origen
y la dinámica de las disputas. Ello fue especialmente evidente en los casos de Iraq,
Nigeria (Delta del Níger), Pakistán (Baluchistán), RD Congo (este), Sudán (Darfur)
y Sudán (meridional), aunque en muchos otros casos el control o acceso a los
recursos también alimentó y agudizó en alguna medida la disputa.
Si se contabilizan los conflictos a escala global siguiendo un criterio regional, se
observa la preeminencia de Asia y África, muy por delante del resto de continentes
tal y como muestra el gráfico siguiente.
Distribución regional del número de conflictos armados (2009)
América
Oriente Medio
Europa
África
Asia
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Por otra parte, si se analizan las características de los conflictos por regiones, se
pueden establecer ciertos paralelismos así como divergencias entre las mismas tal
y como muestra el cuadro adjunto.
Análisis de los conflictos por regiones (2009)
Por regiones, cabe señalar que la mayoría de los conflictos en África están
vinculados a la lucha por acceder o erosionar el poder debido a la oposición
a la política interna o internacional del Gobierno. La segunda característica
principal de los conflictos en África es su dimensión regional, tanto por el rol
destacado que en muchas ocasiones juegan los Gobiernos de países vecinos
como por las bases que numerosos grupos armados tienen en países limítrofes.
Otra característica de los conflictos armados en África es el elevado número
de actores armados. Así, en los casos de RD Congo (este), Somalia, Sudán
(Darfur) y Nigeria (Delta del Níger) el número de actores armados implicados
activamente en las hostilidades se eleva a más de 10, mientras que en otros
siete casos existe un mínimo de cuatro actores armados.
En Asia, al contrario de lo que sucede en África, más del 70% de los conflictos
armados están vinculados a demandas de autogobierno o aspiraciones
identitarias y la mayoría (64%) tiene un carácter eminentemente interno. Sin
embargo, también existen casos con una clara y determinante dimensión
internacional, como los casos de Afganistán, India (Jammu y Cachemira) y
Pakistán (nordeste). La media de duración de los conflictos en Asia supera
los 26 años y es claramente la más alta del mundo. En cuanto a los actores,
en el continente asiático conviven conflictos con grupos armados con una
gran capacidad bélica e incluso de control territorial, el CPI-M en India, el
NPA y el MILF en Filipinas o el LTTE en Sri Lanka (antes de ser derrotado en
los primeros meses del 2009). Otra de las características de la conflictividad
en Asia es que algunos Estados, como India, Filipinas o Pakistán, albergan
varios conflictos armados simultáneamente, con distintas causas, dinámicas
de guerra y localizaciones en el territorio.
En América, el conflicto en Colombia siguió contándose entre los más
longevos y letales de todo el mundo, con un gran impacto en la población civil
en términos de mortalidad y desplazamiento forzado.
En Europa, el centro neurálgico de la conflictividad fue de nuevo la zona
situada entre los mares Negro y Caspio. En dicha región se incrementaron
las hostilidades armadas en las repúblicas rusas vecinas de Chechenia e
Ingushetia, con fronteras porosas y ciertos nexos entre sus insurgencias y
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
políticas contrainsurgentes. Sin embargo, en términos comparativos, la
intensidad del conflicto en ambos contextos siguió siendo baja.
Finalmente, en Oriente Medio, cabe destacar que la violencia se incrementó
en Iraq y, especialmente, en el Yemen. Por otra parte, disminuyó la intensidad
del conflicto entre Israel y Palestina, especialmente por el fin de la ofensiva
militar israelí sobre Gaza en el mes de enero de 2009.
Los conflictos
armados
conllevan crisis
humanitarias
de gran
envergadura
También cabe destacar que, a menudo, los conflictos armados conllevan crisis
humanitarias de gran envergadura en las que la situación de violencia genera
víctimas mortales, desplazamientos forzados, epidemias y hambrunas que afectan
a gran parte de la población. Todo ello se combina con un debilitamiento o colapso,
total o parcial, de las estructuras económicas, sociales y políticas. Por otra parte, y
desde los años ochenta, se han generalizado las llamadas “Emergencias Políticas
Complejas”, originadas por la proliferación de guerras civiles y caracterizadas por
la quiebra del Estado de la economía formal, las hambrunas, el desplazamiento de
población y las crisis alimentarias y sanitarias.
Las crisis humanitarias conllevan, inevitablemente, el fenómeno del desplazamiento
interno de población, es decir, cuando la población se ve obligada a desplazarse
dentro del territorio de su propio país para huir de una situación de tensión o
Número de personas desplazadas internas en 20093
Países con crisis humanitarias durante 2009
Afganistán Iraq Palestina
Burundi Kenya R. Centroafricana
Chad Madagascar RD Congo
Colombia Malí RPD Corea
Costa de Marfil Mauritania Somalia
Eritrea Myanmar Sri Lanka
Etiopía Nepal Sudán
Filipinas Níger Uganda
Guatemala Nigeria Yemen
Guinea Pakistán Zimbabwe
peligro. Según el Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) el número de
desplazados internos en el mundo se mantuvo estable en los últimos años con
un total de 26 millones de personas desplazadas en 52 países, siendo África la
región más afectada y el sur y el sudeste de Asia las regiones que experimentaron
un mayor aumento en el número de desplazados internos (Filipinas, India, Pakistán
y Sri Lanka). Colombia cuenta con aproximadamente 3,5 millones de personas
desplazadas internas en su territorio.
Por otra parte, ACNUR contabilizó un total de 15,2 millones de personas refugiadas
en el mundo, es decir, personas que salen del territorio de su país para refugiarse
en otro al verse amenazados sus medios de subsistencia o su vida. Asia continuó
siendo el continente con mayor número de refugiados, con más de 3,5 millones
de personas pero Somalia (561.154), Sudán (419.248), Colombia (373.532)
y RD Congo (367.995) fueron algunos de los países más afectados en números
absolutos. Es en todo caso relevante que la empresa, que opera en este tipo de
contextos, tenga en cuenta la existencia y características de estos colectivos ya que
formarán parte de sus stakeholders.
2. La empresa en contextos de conflicto armado
Con relación a los contextos de conflicto armado, el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) indica que, si bien es cierto que muchas empresas han adoptado
políticas de derechos humanos, son todavía pocas las que incorporan políticas
relativas al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que es el derecho que regula
las situaciones de conflicto armado o de guerra.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas reconocido
internacionalmente que reglamenta las situaciones de conflicto armado y determina
los métodos y los medios utilizados por los actores armados. Los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977 constituyen los principales
instrumentos del DIH (otros protocolos posteriores ponen el acento en la prohibición
o restricción en el uso de determinadas armas). Éstos son de especial relevancia
para las empresas que producen o comercializan cualquier tipo de armamento,
pesado o ligero y para las que operan en países en conflicto. Casi todos los Estados
del mundo han ratificado estos Convenios pero, generalmente, sus normas no
son respetadas por los actores armados en conflicto, ya sean gubernamentales o
grupos armados de oposición.
4
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El DIH
comporta
una serie de
derechos y
obligaciones
para las
empresas
Las empresas
deben ser
especialmente
cuidadosas
a la hora de
evitar ser
cómplices de
violaciones
de derechos
humanos
Así pues, son muy pocas las empresas que tienen presente que en estos entornos,
no sólo deben respetarse los derechos humanos en su área de influencia (Prandi y
Lozano, 2006), sino que también impera el DIH, que comporta una serie de derechos
y obligaciones para las empresas. Según el informe del CICR, titulado “Empresas y
derecho internacional humanitario”, el DIH es relevante para las empresas ya que
asigna protección tanto al personal (local, expatriado o contratantes) como a sus
activos e inversiones de capital. Por el principio de inmunidad de la población civil,
las fábricas, oficinas, vehículos, terrenos y recursos de carácter civil también están
protegidos de ataques deliberados o indiscriminados así como del pillaje o de las
violaciones a la propiedad privada, que debería ser restituida o indemnizada al
finalizar el conflicto. El DIH también asigna protección a las personas secuestradas,
delito reiterativo de que son objeto algunas empresas en determinados contextos.
Igualmente establece que las empresas deben responder penal o civilmente en caso
de incumplimiento o de complicidad en algún hecho relacionado con el conflicto. En
este sentido, las empresas con actividades en estos países deben ser especialmente
cuidadosas a la hora de evitar ser cómplices de violaciones de derechos humanos
o de participar indirectamente en el conflicto a través, por ejemplo, de proporcionar
apoyo logístico a alguna de las partes en conflicto, ya sean gubernamentales o
grupos armados de oposición. En la demanda judicial presentada ante un tribunal
de Estados Unidos contra Royal Dutch Shell por su actuación en Nigeria en los años
noventa, diversas fuentes apuntaban presuntamente a un apoyo logístico de la
empresa a las unidades militares que reprimieron las protestas de las comunidades
Ogoni siendo éste uno de los factores clave en la admisión de la demanda.5
Por lo tanto, esta rama del derecho otorga protección a la empresa pero, al mismo
tiempo, impone ciertas obligaciones jurídicas a los directivos y al personal de la
misma. En concreto, las cuestiones que tienen que ver con la provisión de servicios
de seguridad a las empresas en estas situaciones de conflicto, ya sean de carácter
público o privado, requieren una especial atención por parte de los responsables de
la política de RSE tal y como se recoge en el cuadro adjunto.
Las responsabilidades de la empresa respecto al DIH
¿Puede una empresa ser culpable de un crimen de guerra?
Las empresas que operan en zonas de conflicto, así como su personal, tienen
responsabilidad jurídica, que va desde lo penal, por cometer o ser cómplices,
de un crimen de guerra, hasta lo civil por daños y perjuicios. El DIH dispone
que, no sólo los autores de las violaciones sino también sus superiores, pueden
ser responsables penalmente de la comisión de un crimen de guerra. Por
ejemplo, un intermediario de armas que venda un cargamento a un cliente a
sabiendas de que van a ser utilizadas para cometer crímenes de guerra podría
ser cómplice de dichos crímenes, independientemente de que comparta o
no las intenciones de su cliente. Asimismo, una empresa que proporcione
apoyo logístico (en términos comerciales) que pueda facilitar la comisión de
violaciones del DIH podría ser responsable ante la ley. Así pues, la posibilidad
de la responsabilidad corporativa o individual por crímenes perpetrados en un
conflicto armado es un elemento cada vez más importante para las empresas
a la hora de evaluar los riesgos derivados de las actividades que llevan a cabo
en esos entornos complejos.
Por lo tanto, la empresa que opera en contextos de conflicto armado deberá estar
atenta a sus obligaciones, pero también a sus derechos, respecto al DIH, y prestar
¿Se aplica también el DIH a las compañías militares y de seguridad
privadas que protegen las instalaciones de una empresa en una
zona en conflicto?
Sí. Normalmente, las compañías de seguridad privadas contratadas por las
empresas para su protección en una zona de conflicto se rigen por la legislación
nacional del lugar en el que operan. Esto suele permitir al personal de seguridad
hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en una medida
proporcional a la amenaza. Sólo si el personal de seguridad participa en las
hostilidades, entonces el uso de la fuerza estará regulado por el DIH y las normas
aplicables serán diferentes. Las empresas que contraten compañías de seguridad
privadas que no se ajusten al derecho internacional humanitario cuando
intervengan en un conflicto armado podrán ser consideradas responsables de
ayudar a que se cometan violaciones de este derecho.
especial atención a las personas o empresas encargadas de garantizar la seguridad,
tanto del personal como de las instalaciones, así como a la gestión de cuestiones
derivadas de la violencia como puede ser la privación de libertad de su personal.
En todo caso, deberá ser especialmente vigilante respecto al tipo de relación que
desea mantener con la comunidad local y el grado de conflictividad de la zona.6
Otra cuestión relevante resaltada en este mismo estudio, es la de conocer si la
empresa que opera en una situación de conflicto adquiere recursos y bienes con
el correspondiente libre consentimiento del proprietario. Es importante para la
empresa que se trate de un consentimiento libre sin la intervención de amenazas,
intimidaciones o abusos de poder, que a menudo se pueden dar a través de terceros.
De lo contrario podría ser acusada de pillaje según el DIH. La cuestión de la explotación
de los recursos naturales en contextos de conflicto armado es compleja y ha sido en
muchas ocasiones motivo de acusaciones de complicidad en abusos a los derechos
humanos. Algunos autores resaltan, sin embargo, que el dejar de adquirir estas
materias primas de la zona no es siempre la solución más fácil y que los sistemas
de certificación suelen precisar largos periodos de preparación y ejecución mientras
los medios y las ONG ejercen fuertes presiones contra la empresa (Mitchell y Garret,
2009). Durante un conflicto armado, la empresa debe ser también especialmente
vigilante con la utilización de personas en situación de trabajo forzoso.
¿Qué es el trabajo forzoso?
Según la OIT, el trabajo forzoso incluye dos elementos básicos: la prestación
de un trabajo o servicio bajo la amenaza de una sanción y su realización no
voluntaria. Esta amenaza puede ir acompañada de formas extremas, como la
violencia física, pero también puede manifestarse por medio de formas sutiles,
como las amenazas de denuncia a las autoridades policiales, en el caso de los
inmigrantes irregulares, o la imposición de horas extras impagadas, bajo pena
de perder el empleo. Así, una situación de trabajo forzoso se determina por la
naturaleza de la relación existente entre una persona y un «empleador», y no
por la actividad realizada en sí misma. Latinoamérica y el Caribe cuentan con
cerca de un millón y medio de víctimas del trabajo forzoso, de las cuales el 75%
son resultado de la explotación económica de actores privados.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La cuestión
relativa a
temas de DIH
y de seguridad
se presenta
aún de forma
embrionaria
en las políticas
corporativas de
responsabilidad
social
La experiencia nos demuestra que pueden presentarse demandas contra empresas
ante tribunales de diversos países (Estados Unidos, Francia o Bélgica) cuando se
demuestra que una empresa se benefició, incluso indirectamente, de la utilización
de trabajo forzoso. Esta acusación de complicidad fue la que se planteó, en los años
noventa, en la demanda contra la petrolera Total por su asociación con la empresa
nacional birmana MOGE para la construcción de las infraestructuras necesarias
para llevar cabo su actividad de explotación gasística en Myanmar.
La cuestión relativa a temas de DIH y de seguridad se presenta aún de forma
embrionaria en las políticas corporativas de responsabilidad social pero irá
ganando terreno paulatinamente, llegando incluso a constituirse en un elemento
con carácter decisorio en lo que a Inversión Socialmente Responsable (ISR) y
rendición de cuentas se refiere en un plazo relativamente corto de tiempo. Así pues,
las empresas que gestionen esta cuestión de manera innovadora tomando una
posición pionera en este aspecto serán las mejor preparadas para afrontar este
nuevo reto de la responsabilidad social empresarial (RSE) a escala global.
3. Tras el conflicto armado, la paz
En paralelo, numerosos países han conseguido poner fin a un conflicto armado en
las últimas décadas pasando de una situación de conflicto a otra, a menudo no
menos complicada, de paz y de reconstrucción postbélica. Por ejemplo, y según
un análisis de Fisas (2010) respecto a los procesos de paz acontecidos en diez
países7, los motivos para iniciar el proceso de paz fueron diversos, pero en todos los
casos fue determinante el cansancio de la guerra y el deseo de paz de la población.
En cada país tuvo más o menos peso algún que otro factor, pero fue en Irlanda del
Norte y en Sudáfrica donde tuvo especial relevancia la necesidad económica de
lograr el fin del conflicto. Este estudio también resalta que, al finalizar los acuerdos,
se procedió en todos los casos a una amnistía de los combatientes y que todos los
grupos de oposición que lucharon durante el conflicto acabaron ocupando puestos
Países con proceso de paz o negociaciones en marcha
En Irlanda
del Norte y
en Sudáfrica
tuvo especial
relevancia la
necesidad
económica de
lograr el fin del
conflicto
de responsabilidad en los nuevos gobiernos surgidos tras los Acuerdos de Paz. En todo
caso, la empresa debe estar atenta a las cláusulas de los Acuerdos de Paz que hacen
referencia a aspectos de la actividad económica como, por ejemplo, los Acuerdos de Paz
que cerraron el conflicto en Guatemala y que establecen que debe haber una consulta
previa, libre e informada en el caso de desarrollarse grandes infraestructuras en el
país, aspecto que algunas empresas extractivas no han contemplado, ni integrado
en sus políticas de responsabilidad social en la era postconflicto.
En estos contextos de transición, el sector privado, a través de las agencias
nacionales e internacionales, puede proveer de servicios y productos dirigidos
a la reconstrucción del país de acuerdo con unas prioridades y calendarios
preestablecidos y una estrategia a nivel nacional. En este sentido, tanto desde la
Unión Europea como desde otros organismos multilaterales como Naciones Unidas
se pueden ofertar licitaciones con relación a una gran variedad de sectores en un
gran número de países en postconflicto. El reto colectivo reside en que, tanto por
parte del sector privado como por parte de los organismos multilaterales, se conciba
y se implemente un nuevo paradigma de reconstrucción que deje de considerar a
la empresa como un mero proveedor de productos o servicios y le otorgue un papel
más avanzado como constructora de paz en contextos de reconstrucción postbélica
en su área de influencia.8
En las conferencias internacionales de donantes, organizadas principalmente por
Naciones Unidas y por el Banco Mundial, se presentan las primeras estimaciones
económicas para la reconstrucción de un país y, junto con el Gobierno
correspondiente, se establecen planes de desarrollo y se asignan los fondos a
determinados objetivos de reconstrucción. La principal justificación de esta acción la
constituye el concepto “la responsabilidad de proteger”, estrechamente relacionado
con el de “Estado fallido”. Según este argumento, la comunidad internacional debe
intervenir en favor de la población cuando un Estado es incapaz de protegerla
(Estado fallido), tal y como sucede en una situación de reconstrucción postbélica,
aplicándose también el principio de “injerencia” con el objetivo de preservar los
derechos humanos de sus ciudadanos (Escola de Cultura de Pau, 2009).
En este marco, y fruto de la era posguerra fría y del proceso de globalización
económica, la comunidad internacional ofrece una fórmula para la reconstrucción
basada en la existencia de un consenso que prima determinados procesos por
encima de otros. Destacan, entre otros, la reconstrucción del Estado nación, la
economía de mercado, la democracia liberal y los derechos humanos. Este
consenso constituye la llamada doctrina de la “paz liberal” (Paris, 1997; Richmond,
2006; Heathershaw, 2008) que ha imperado en los últimos años pero que también
ha sido criticada ampliamente por determinados círculos académicos En todo
caso, cabe destacar que aproximadamente la mitad de los países en situación
de reconstrucción postbélica reanudan el conflicto en el plazo de 5 años y que
el 72% de las operaciones internacionales de ayuda y reconstrucción dejan el
país estableciendo un régimen autoritario (Collier, 2003; Call y Cook, 2003). Ante
este escenario, las motivaciones económicas por las que el sector privado decide
participar o no en cuestiones de paz son diversas y van desde la posibilidad de
ampliar su negocio en un escenario de paz (Bray, 2005) o reducir los costes ligados
al conflicto hasta la necesidad de garantizar las inversiones.9
En todo caso, vale la pena destacar que, a menudo, la reconstrucción de un país
no debería presuponer una vuelta al statu quo que imperaba antes del conflicto
sino que debería ofrecer una oportunidad para refundar las bases económicas del
país y, por lo tanto, trabajar en favor de la reducción de las causas coyunturales
o estructurales en el ámbito económico que actuaron, en parte, como causas o
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Cuestiones
como la
propiedad
de la tierra o
de la riqueza
que genera la
explotación
de recursos
naturales
pueden ser,
entre otros,
algunos de
estos puntos
más sensibles
Costes directos
Seguridad Pagos más elevados a empresas públicas o privadas; tiempo del personal de
Gestión del riesgo Primas de seguros más elevadas, reducción de la movilidad y costes de trans-
porte más altos
Material Destrucción de la propiedad e infraestructuras
Producción Disrupción de la producción, retrasos
Personal Secuestros, amenazas, asesinatos, dificultades de contratación, salarios más
Reputación Campañas de consumidores, fluctuaciones de las acciones, pérdida de competitividad
Costes indirectos
Humano Pérdida de vidas, de salud, de capacidades intelectuales y físicas
Social Debilitamiento del capital económico, social y político
Económico Daños a la infraestructura financiera, pérdida de mercados
Medio ambiental Contaminación, degradación
Político Debilitamiento de las instituciones, de la gobernanza, del imperio de la ley
la empresa dedicado a la gestión de la seguridad
altos para compensar el riesgo
catalizadoras de la violencia. Cuestiones como la propiedad de la tierra o de la
riqueza que genera la explotación de recursos naturales pueden ser, entre otros,
algunos de estos puntos más sensibles que requieren especial atención pero que
entroncan, con frecuencia, con los intereses del sector privado.10
Países que resolvieron una situación de conflicto en los últimos 20 años
País Año del acuerdo de paz
El Salvador 1992
Sudáfrica 1994
Guatemala 1996
Tayikistán 1997
Irlanda del Norte 1998
Angola 2002
Sierra Leona 2002
Liberia 2003
Indonesia (Aceh) 2005
Sur del Sudán 2005
Nepal 2006
Burundi 2008
La Comisión de Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (PBC, por sus siglas
en inglés) es el organismo designado para coordinar la intervención internacional
y asegurar el compromiso sostenible de los donantes. Sin embargo, las empresas
negocian también sus contratos directamente con los representantes de las
autoridades reconocidas como legítimas o los gobiernos de transición. En este
sentido, es importante resaltar que los procesos de paz entendidos según Fisas
(2010b: 9) como “un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así
como para implementarlo, mediante negociaciones” implican muy a menudo que
las personas que estuvieron, política o militarmente, al mando de las operaciones,
tanto de los bandos regulares como de los grupos armados de oposición ocupen, en
la era postbélica y tras gozar de una amnistía, posiciones relevantes en el Gobierno
o en los órganos económicos del país a modo de compensación por el hecho de
haber dejado la actividad armada.11
La empresa debe conocer los riesgos que implica para su reputación el “hacer
negocios” con determinadas personas o élites que, según datos o informes de
agencias de las Naciones Unidas, no sólo fueron las responsables de graves
violaciones de los derechos humanos durante el conflicto sino que también pueden
tener determinados intereses en discriminar y reprimir de manera desproporcionada
algún territorio o etnia en el periodo postbélico.12 Determinadas situaciones
podrían suponer, incluso, la complicidad de la empresa en abusos a los derechos
humanos aun cuando la empresa desconozca estas circunstancias. En el caso de
Costa de Marfil, por ejemplo, la mayoría de las empresas de seguridad del país son
propiedad de la mujer del presidente, Laurent Gbagbo, uno de los bandos en el
conflicto armado, por lo que se puede producir un sesgo importante en las tareas
de mantenimiento de la seguridad en el caso de contratar sus servicios.
Cabe destacar finalmente que un país en postconflicto se encuentra generalmente
inmerso en lo que se ha denominado “proceso de justicia transicional”, entendido
como el conjunto de mecanismos judiciales y extrajudiciales que se ponen en
marcha en sociedades en transición con el fin de afrontar un pasado de guerra
y de violaciones y abusos sistemáticos a los derechos humanos. Las principales
estrategias de justicia transicional son enjuiciar a criminales de guerra (tribunales
internacionales, mixtos, híbridos o internacionalizados y tradicionales), reformar las
instituciones del Estado (fuerzas de seguridad y cargos públicos), buscar la verdad
y el esclarecimiento histórico (comisiones de la verdad), reparar a las víctimas
(restitución, indemnización, rehabilitación, compensación), así como impulsar la
reconciliación estableciendo garantías de no repetición de violaciones de derechos
humanos e infracciones al DIH. Durante estos periodos de conflicto y transición
pueden cerrarse determinados tipos de inversiones y contratos que en el periodo
postbélico pueden resultar no acordes con la lesgilación vigente. Eso sucedió,
por ejemplo, en la R.D. Congo donde el Senado recomendó la renegociación de
importantes contratos mineros por no ajustarse a la legislación vigente abriendo
así una puerta a la inseguridad jurídica de estas inversiones.
Por lo tanto, la empresa que opere en estos contextos deberá tener presente la
evolución de los indicadores de justicia transicional en el país y si éstos tienen algún
punto de intersección con las políticas o actividades que desarrolla, por ejemplo, en
el ámbito de la reconciliación. Algunas empresas se han visto forzadas, por ejemplo,
a modificar su política de contratación para emplear de manera equilibrada a
personas de distintas etnias anteriormente enfrentadas o a subcontratar y terciarizar
considerando cuáles fueron los actores enfrentados y las víctimas para no privilegiar
a unos en detrimento de otros evitando propiciar así un nuevo estallido de violencia.
Una política de contratación a nivel corporativo que elimine las discriminaciones
puede evitar que, por ejemplo, mandos intermedios de origen local y pertenecientes
a una determinada etnia puedan ejercer de facto algún tipo de discriminación en la
contratación y trato que se da a empleados de otra etnia.
La discriminación es, sin duda, una de las causas de fondo del bajo perfil de los
derechos laborales en la mayoría de los países. Esta se puede dar por razón de
género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, opinión política, origen social o
cualquier otra distinción. Según la OIT, la discriminación en el entorno laboral es un
fenómeno cotidiano y universal, y se produce cada vez que se rechaza o se prefiere a
un trabajador con igual cualificación por ser o no de una determinada etnia o grupo
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La empresa
consultar de
manera muy
amplia a sus
stakeholders
para conocer
a fondo la
debe
verdad
El término
“construcción
de paz” fue
acuñado por
primera vez
por el entonces
secretario
general de
Naciones
Unidas,
Boutros
Boutros-Ghali
social o se le atribuye un sueldo inferior al de un colega con la misma productividad.
La OIT identifica tres tipos de discriminación en el trabajo: por distinción, exclusión o
preferencia; y ésta puede darse con respecto a las condiciones laborales, al salario,
a los beneficios o a las opciones de promoción y formación.
Por lo tanto, estas políticas deben tomar en consideración que las personas que
la empresa vaya a contratar o subcontratar puedan estar viviendo un proceso,
individual o colectivo, de reconciliación y cómo ésto puede suponer un riesgo o
una oportunidad para la contribución de la empresa a la construcción de paz. Por
otra parte, los conceptos de víctima de violaciones de derechos humanos y de
responsable de éstas, pueden resultar a menudo en una zona gris y en todo caso
la empresa debe consultar de manera muy amplia a sus stakeholders para conocer
a fondo la verdad que, con frecuencia, se oculta a través de políticas de Estado
dirigidas a la discriminación de alguno de los bandos que estuvieron en conflicto.13
4. ¿Qué es la perspectiva de construcción de paz?
El término “construcción de paz” fue acuñado por primera vez por el entonces
secretario general de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, en el informe de
1992 titulado Un programa de paz. En este documento, el antiguo secretario general,
definía la construcción de paz como “las medidas destinadas a individualizar
y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar
una reanudación del conflicto” (Naciones Unidas, 1992). Estas medidas incluyen
la desmilitarización, la promoción de los derechos humanos y de la participación
política, los proyectos de desarrollo económico y social y otras que, de manera
genérica, establecen las condiciones para la recuperación y la reconciliación.
Esta definición se refiere a la etapa en la que ha finalizado la fase armada de
un conflicto, y corresponde esencialmente, a tareas de rehabilitación postbélica.
Posteriormente, Boutros-Ghali añadió en el Suplemento a la Agenda de Paz, la
creación de estructuras para la institucionalización de la paz. En todo caso, y desde
entonces, académicos, practitioners y organismos multilaterales e internacionales
han intentando definir este concepto proponiendo diversas variaciones. Algunos no
han definido el concepto de construcción de paz pero sí otros que pueden aplicarse
en el caso que nos ocupa (Barnett, et al. 2007: 37-40). Según estos autores, el Banco
Mundial habla de “reconstrucción postbélica” como las “actividades que apoyan la
transición de un conflicto a la paz en un país a través de la reconstrucción del marco
socioeconómico de la sociedad”. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional
hace referencia a la “recuperación postconflicto” definiéndola como “actividades
que restablecen los bienes y el nivel de producción en la economía”, ciñéndose al
carácter exclusivamente económico de la reconstrucción. Finalmente, la Comisión
Europea hace referencia a la “reconstrucción” como “el restablecimiento del
funcionamiento de la economía y de las capacidades institucionales necesarias
para restablecer la estabilidad social y política en países en desarrollo que han
sufrido fuertes daños debido a la guerra, desórdenes civiles o desastres naturales”.
Para referentes académicos, como John-Paul Lederach (Lederach, 1998), la
construcción de la paz es un “concepto global que abarca, produce y sostiene
toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar
los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles”. En este sentido, la paz
es más dinámica y la construcción de paz se da independientemente de si estas
medidas se toman en un contexto de tensión, de confrontación armada abierta, o
de postconflicto armado. Según Barbeito et al. (2009), algunas de estas medidas
pueden ser la presión política para reducir el riesgo de enfrentamiento (diplomacia
preventiva), el impulso de medidas de confianza entre partes enfrentadas; la
mediación o facilitación de negociaciones; la presión para limitar la producción y
exportación de armas; el desminado; el desarme, la desmovilización y la reintegración
(DDR) de soldados; medidas para el respeto del derecho internacional humanitario;
la promoción de la reconciliación; la educación para la paz, etc. En todo caso, se
entenderá en este artículo la construcción de paz en un sentido amplio, como
aquellas acciones encaminadas a crear condiciones para avanzar hacia la paz en
una sociedad marcada por un conflicto armado o tensión ya sea en situación de
conflicto o postconflicto.
La teoría de sensibilidad al conflicto
Se suele identificar el genocidio de Rwanda de 1994 como un punto de inflexión
respecto al papel que puede jugar la ayuda humanitaria internacional en contextos
de conflicto y postconflicto (DANIDA, 1996). Así pues, el fracaso en la gestión de
la crisis y de la ayuda “bien intencionada” dio origen, en los años noventa, a una
preocupación real entre los actores de la ayuda internacional sobre cómo operar en
entornos de violencia tomando conciencia de que cualquier acción per se, llevada
a cabo en este tipo de contextos, puede ejercer una influencia, positiva o negativa,
sobre ellos, incluso cuando los proyectos no presentan ningún objetivo relativo al
conflicto o a la construcción de paz.
Es en ese contexto en el que surge la teoría de “sensibilidad al conflicto” que
sostiene que es necesario que la intervención en países en tensión o conflicto
armado adopte una “mirada sensible” al contexto, y evite así tener un impacto
negativo en el grado de violencia del país mediante una serie de herramientas y
recursos. Uno de ellos nació a mediados de los noventa bajo el nombre de “Do
No Harm” – Acción sin daño- (Anderson, 1999). En su libro del mismo nombre
(Do no harm, 1999), Mary Anderson hace aportaciones importantes al debate:
identifica algunos de los elementos que pueden reducir o reforzar la tensión en un
contexto de conflicto armado, como son los elementos “conectores” y “divisores”
de la sociedad en conflicto. Este énfasis en analizar los aspectos positivos
“conectores” y no sólo los negativos es una de las aportaciones más novedosas
del enfoque de Mary Anderson (Barbeito et. al., 2007). Esto indica que la empresa
podría potenciar los elementos “conectores” de la sociedad en conflicto y evitar
fomentar los elementos “divisores”.
La sensibilidad al conflicto es, por lo tanto, una forma de planificar y evaluar la
intervención internacional que se lleva a cabo en contextos de tensión o de conflicto
armado. Su función es “analizar el contexto de paz y conflicto, comprender y anticipar
la interacción entre la propia intervención y el contexto, y evitar los impactos negativos
y maximizar los impactos positivos de las acciones emprendidas” (Fewer et. al., 2004).
Este marco de trabajo originado en los círculos que se ocupan de cuestiones de ayuda
humanitaria es, sin embargo, en parte trasladable al ámbito del sector privado.
“Ser sensibles” no significa que las empresas deban implicarse necesariamente en
acciones de construcción de paz sino que existen distintas formas de aproximación
de la empresa al conflicto. Interpretando a Jonathan Goodhand (2006), las
intervenciones internacionales en contextos de tensión o conflicto armado pueden
clasificarse según tres tipos de aproximaciones:
- Intervención alrededor del conflicto (around the conflict): Incidencia en
distintos ámbitos de la construcción de paz (como la actividad en el sector
primario, secundario o terciario) sin tener en cuenta el contexto de tensión o de
conflicto armado. Esta aproximación considera la tensión o el conflicto como una
externalidad al proyecto que no hay que tener en cuenta a menos que influya
negativamente en el proyecto desarrollado.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
- Intervención en el conflicto (in the conflict): Incidencia en distintos ámbitos de la
construcción de paz (como el desarrollo o la acción humanitaria), pero teniendo
en cuenta el contexto de tensión o de conflicto armado, tanto para minimizar los
riesgos que el contexto pueda suponer para el proyecto, como para minimizar los
riesgos que el proyecto pueda significar para el contexto.
- Intervención sobre el conflicto (on the conflict): Incidencia en ámbitos de
construcción de paz, para actuar sobre las causas o consecuencias directamente
relacionadas con la situación de tensión o de conflicto armado.
INTERVENCIONES Actividad empresarial clásica EN el conflicto ALREDEDOR del conflicto
Construcción de Paz SOBRE el conflicto -
Debería
existir, como
mínimo, la
responsabilidad
de no incidir
negativamente
en el contexto
de violencia
Trasladando esta distinción a la práctica operativa de las empresas en contextos de
conflicto armado, se podría distinguir a empresas que intervienen en un contexto
de tensión o conflicto armado sin tener en cuenta el contexto diferencial (alrededor
del conflicto); empresas que se implican en la construcción de paz en un país (sobre
el conflicto); o empresas que se encuentran en el punto intermedio, es decir, sin
modificar su actividad habitual, tienen en cuenta las especificidades del contexto
de tensión o conflicto armado, y actúan en consecuencia.
En esta misma línea, Joras (2009) lleva a cabo una distinción de las diferentes
estrategias y métodos que utilizan las empresas en situaciones de postconflicto
en los siguientes términos: intentar mitigar los costes del conflicto en la empresa;
intentar evitar los efectos negativos de la empresa en el conflicto; contribuir a la paz
por la generación de riqueza y empleo pero sin contar con una política deliberada al
respecto; comprometerse y apoyar las negociaciones de paz y el desarrollo económico.
En este sentido, la adopción de una perspectiva o “mirada” de construcción
de paz puede contribuir a tener más presente el entorno complejo en el que se
opera, a evaluar la repercusión de las actuaciones, positivas o negativas ya sea
antes, durante o después del desarrollo de la actividad empresarial, y a reforzar la
gestión empresarial teniendo en cuenta los intereses y las relaciones de todos los
actores involucrados. Si bien es difícil exigir a las empresas que se comprometan
a contribuir a la paz en los contextos en los que operan, si debería existir, como
mínimo, la responsabilidad de no incidir negativamente en el contexto de violencia o
post violencia. Por ello, se requiere a las empresas, entre otros actores, que tengan
“sensibilidad al conflicto”, es decir, que sean sensibles al hecho de que actúan en
un contexto con un pasado violento y de una extrema complejidad.
Conclusiones
La responsabilidad primaria para la paz, la seguridad y el desarrollo reposa
en los Estados pero el sector privado también puede tener un papel relevante
como constructor de paz en su área de influencia. Las actividades comerciales
y de inversión pueden tener impactos positivos, pero también negativos, en los
indicadores de violencia de un país o territorio y esto, a su vez, puede generar
riesgos financieros y riesgos en la capacidad operativa por lo que puede verse
mermada la reputación de la empresa.
Así pues, la responsabilidad social de la empresa en contextos de conflicto
armado debe pues adaptarse a este tipo de entornos complejos y este requisito
es válido tanto para empresas globales como pymes, empresas públicas como
privadas, así como para empresas nacionales o extranjeras. La empresa debe,
por lo tanto, conocer el contexto de conflicto en el que opera, así como sus
actores, y adaptar su negocio y las relaciones con sus stakeholders desde una
perspectiva de “sensibilidad al conflicto”.
1. El Country Risk Portal del Danish Institute for Human Rights ofrece información
relevante por países sobre el riesgo en derechos humanos para empresas. Más
información en: <http://www.humanrightsbusiness.org/?f=country_risk_portal>. La
Base de Datos de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau
proporciona datos detallados sobre la situación de conflictividad por países. Véase
<http://escolapau.uab.cat/conflictosypaz/index.php>.
2. Por regulares, se entienden las fuerzas armadas o policiales pertenecientes a un Estado
mientras que el término irregulares se refiere generalmente a grupos armados de oposición.
3. <http://www.internal-displacement.org/>.
4. Tomando a Mark Freeman como referencia, se entiende por stakeholders todas las
personas u organizaciones que tienen una influencia en las actividades de la empresa o
pueden verse influidas por ellas.
5. Véase el artículo de Esther Hennchen “El papel del sector extractivo en el desarrollo
sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell”.
6. En este sentido, el Global Compact de Naciones Unidas ha desarrollado una serie
de materiales sobre cómo la empresa puede minimizar los riesgos y, al mismo tiempo,
contribuir a la construcción de paz en situaciones de conflicto armado. Véanse
<http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/guidance_material.html>
y <http://business.un.org/es>.
7. Los países estudiados son: El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica,
Tayikistán, Sierra Leona, sur del Sudán, Burundi, Indonesia (Aceh) y Nepal.
8. Véase el artículo de Carlos Fernández y Aitor Pérez “La empresa como actor de la
reconstrucción postbélica”.
9. Véase el artículo de Angelika Rettberg “La participación del sector privado en la
construcción de paz: inventario e identificación de algunos ejemplos ilustrativos”.
10. Véase el artículo de Achim Wennmann “Dimensiones económicas de los procesos de
paz: el sector privado como aliado estratégico para la creación de la paz”.
11. Más información en Fisas, V. 2010. Anuario de procesos de paz, Barcelona: Icaria en
<www.escolapau.org>.
12. Más información en Danish Institute for Human Rights, Doing Business in High-
Risk Human Rights Environments en <http://www.humanrights.dk/business> y Jungk,
M. 2001. Deciding whether to do Business in states with bad governments, Danish
Institute for Human Rights.
13. Un ejemplo de esta zona gris entre víctima y victimario se refleja en la orden de
detención por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en el año 2005 del ugandés
Dominic Ongwen, que con 10 años de edad fue reclutado de manera forzosa por el grupo
armado LRA. Entrenado para combatir, asesinar y mutilar a lo largo de sus 18 años en
la selva fue promocionado a ocupar un puesto de liderazgo en el LRA, por su eficacia y
lealtad al grupo. Ongwen fue acusado de crímenes contra la humanidad y reclutamiento
de menores y fue, por lo tanto, la primera persona acusada por la CPI de los mismos
crímenes de los que fue también víctima.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
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La responsabilidad social de la empresa en
contextos de conflicto y postconflicto: de la
gestión del riesgo a la creación de valor
Maria Prandi, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Escola de Cultura
de Pau y responsable del área de Empresa y Derechos Humanos (UAB)
1. Introducción
El papel de la empresa privada como actor en los conflictos armados ha sido
una cuestión objeto de intenso estudio y controversia en las últimas décadas.
Efectivamente, una extensa literatura considera a la empresa como motor o factor
clave en la generación y perpetuación de conflictos, en especial en aquellos países
en los que los grupos armados se financian a través del control de la extracción y
comercialización de recursos naturales. Otras corrientes más recientes, identifican
y describen un potencial papel de la empresa en la construcción de paz y afirman
que la ayuda internacional es incapaz, por sí sola, de romper el ciclo del conflicto.
Defienden que la empresa privada, especialmente la local, es indispensable para la
creación de empleo y de oportunidades de emprendimiento a largo plazo si se dan
las condiciones necesarias para ello (sociales, financieras, políticas, de seguridad,
etc). Esta visión no está exenta de críticas y algunas voces resaltan, a su vez, la
incompatibilidad de los intereses de la empresa con los cambios estructurales
económicos que precisa a menudo la paz y contraponen igualmente la visión
cortoplacista de la empresa poco apropiada para contextos de postconflicto en los
que determinadas cuestiones económicas pueden reavivar fácilmente la violencia
y ser incompatibles con la consolidación de la paz.
En todo caso, la globalización de la economía ha ofrecido nuevas oportunidades
comerciales a las empresas a escala global y éstas operan habitualmente en
países emergentes pero también, y cada vez más a menudo, en zonas afectadas
por conflictos o en fase de reconstrucción postbélica tras haber alcanzado un
acuerdo de paz. También es cierto que hoy en día son muchas las empresas que
han incorporado políticas de derechos humanos y rinden cuentas al respecto, sin
embargo todavía son pocas las que tienen en cuenta la especificidad de operar
en estos contextos en sus políticas de responsabilidad social empresarial (RSE)
influidas, además, por el hecho de que aún son pocos los instrumentos de rendición
de cuentas que los incorporan.1 No obstante, tal y como presenta este capítulo,
existen experiencias significativas de empresas que participan en diversos países
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Cualquier
aportación
positiva
del sector
privado es tan
sólo posible
desde el
conocimiento
del contexto
de conflicto y
postconflicto
Sería
recomendable
un estudio
ex post del
impacto y del
riesgo de las
operaciones
comerciales
en la construcción de paz por lo que juegan un papel cada vez más relevante en
cuestiones que afectan a la gobernanza global. Sin analizar en profundidad los pros
y los contras de esta participación, se muestran a continuación los elementos que
componen una RSE sensible al conflicto y al postconflicto y se ofrecen orientaciones
a las empresas que quieran adoptar una visión estratégica en este ámbito.
2. Consideraciones preliminares
Antes de llevar a cabo un análisis descriptivo de las iniciativas de paz empresariales
y de sus características, se debe tener en cuenta una serie de consideraciones
previas de carácter general.
Una primera premisa relevante es que cualquier aportación positiva del sector
privado a la construcción de paz es tan sólo posible desde el conocimiento y
la comprensión integral, por parte de la empresa, del contexto de conflicto y
postconflicto en el que va a desarrollarse la actividad empresarial, es decir, sus
causas (sobre todo aquellas que tienen algún punto de intersección con su actividad
empresarial, ya sea en el ámbito económico o social), su desarrollo, los actores
implicados (actores, armados, gobiernos, víctimas y responsables de violaciones
de derechos humanos, etc.) y sus consecuencias (no sólo las económicas sino
también las sociales). Esto es válido para las empresas que llegan a un escenario
en reconstrucción, pero también lo es para las que ya estaban presentes durante
la guerra y continúan operando, directamente o a través de terceros, en el periodo
posterior al acuerdo de paz. Con esta información la empresa puede llevar a cabo
un análisis de posibles riesgos, prever posibles incidencias, sus respectivos costes
y establecer medidas de mitigación de impactos.
En el caso de las empresas que se implantan por primera vez en un escenario
de postconflicto, sería recomendable llevar a cabo, antes de cualquier inversión,
un estudio ex post del impacto y del riesgo de las operaciones comerciales que
incorporara indicadores de construcción de paz. De la misma manera que se hace,
por ejemplo, un estudio de impacto medioambiental con el objetivo de prever y mitigar
posibles impactos negativos en el medioambiente, sería conveniente realizar un
estudio sobre los posibles impactos de la empresa en el periodo de reconstrucción en
clave de construcción de paz que permitiera identificar riesgos específicos y medidas
de control. Si la empresa ya estaba presente en el territorio es importante que este
estudio identifique además las relaciones que se habían establecido en el periodo
de guerra, a qué actores se podía haber beneficiado, directa o indirectamente, qué
consecuencias había tenido la violencia en la actividad empresarial y qué influencia
había tenido ésta en el desarrollo del conflicto y sus diferentes actores.
Brainstorming para un estudio de impacto en construcción de paz
¿Qué implicaciones tuvo el país de origen de la empresa en el conflicto?
¿Qué implicaciones, directas o indirectas, ha tenido la empresa en el conflicto?
¿Quiénes son los demás actores y qué relación tiene la empresa con ellos?
¿Cómo se define el grado de compromiso de la empresa y se considera como
un proceso dinámico?
¿Cuáles son las expectativas que puede generar la empresa en clave de paz?
¿Cómo se identifican elementos y procesos que producen tensión o división
en el área de influencia de la empresa?
¿Cómo se identifican las fuentes de información y cómo se organiza la
información?
¿Qué debe evitar la empresa para no exacerbar las tensiones intergrupales ni
debilitar las relaciones comunitarias?
¿Qué hacer para apoyar desde la posición económica el proceso de
consolidación de la paz?
¿Qué hacer para promover la reconciliación en el lugar de trabajo?
¿Qué hacer para subcontratar en clave de paz y fomentar los saberes locales?
¿Cuáles son las limitaciones de la empresa y los límites de la política de RSE
que contempla aspectos de paz?
¿Qué elementos aumentan las capacidades locales?
¿Cuáles han sido otras experiencias del sector en el país?
Al igual que para los estudios de impacto medioambiental, las empresas pueden
recabar la ayuda de organizaciones especializadas para la realización de este
estudio. Esta tarea de análisis del tejido socioeconómico del conflicto es compleja y,
a menudo, las empresas no cuentan con las capacidades técnicas suficientes para
llevarla a cabo de manera plenamente satisfactoria por lo que debería hacerse de la
mano de personas u organizaciones con experiencia teórica y práctica sobre el terreno
en esos contextos. La experiencia de otras empresas del sector en circunstancias
similares tampoco debe ser desdeñada. En todo caso, las causas de los conflictos son
múltiples (Escola de Cultura de Pau, 2010) e incluyen factores de diversa índole con
implicaciones más o menos directas para las actividades empresariales tales como:
Causas del conflicto y grado de implicación de la empresa
Más implicación
- control de los recursos o del territorio
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado
- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias
Menos implicación
La empresa debe tener presente que no se inserta en un territorio neutro
sino que lo hace en un contexto en el que se han producido graves fracturas
económicas, políticas y sobre todo sociales y que, por lo tanto su política de
RSE debe incorporar una perspectiva de sensibilidad al conflicto. Asimismo
debe ser capaz de detectar los elementos “divisores”, es decir, los que, en su
área de influencia, aumentan la división o alimentan el conflicto y los elementos
“conectores”, o sea las relaciones, actitudes, procedimientos o valores que,
desde la empresa, promueven la paz (Anderson, 1999). La empresa puede,
por lo tanto, aprender a valorar si su mera presencia, operaciones o relaciones
en el periodo de reconstrucción actúan, o no, como divisores o conectores.
Una empresa dedicada a la construcción de grandes infraestructuras deberá
valorar, por ejemplo, si la reconstrucción que va a llevar a cabo puede provocar
nuevos desplazamientos de población entre grupos y personas que ya habían
sido desplazados durante la guerra o si los impactos medioambientales de su
actividad fueron algunos de los detonantes del conflicto y cómo mitigarlos. Por
el contrario debería valorar qué aporta su actividad a la reconstrucción social o
económica de la zona en condiciones de equidad con relación a las comunidades
más cercanas. La empresa puede efectivamente, desde su posición y área de
influencia, incentivar la violencia o crear, en cambio, incentivos para la paz.
En cualquier caso, también debe tener presente que tendrá que adoptar una
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Se deben
incorporar
indicadores
de paz en
las políticas
macroeco-
nómicas así
como en las
políticas de
RSE de las
empresas
Un contexto
de conflicto ha
conllevado la
destrucción
física de un
país pero
también
profundas
fracturas
sociales
perspectiva de largo plazo si pretende que sus intereses económicos se vinculen
con los condicionantes de la paz.2
Otra premisa importante es la que tiene que ver con la capacidad de generar desarrollo
y crecimiento económico por parte de las empresas (Prandi, M y J. M. Lozano, 2009)
en países empobrecidos y, en particular, en contextos de reconstrucción postbélica.
Éste es un factor extremadamente relevante para que un proceso de paz prospere
a medio y largo plazo y se substituya una economía de guerra, en la que algunos
actores se beneficiaban financieramente del conflicto, por una economía de paz en
la que el conjunto de la población aprende a desarrollar sus capacidades, tanto a
nivel individual como colectivo o comunitario y a transformar por ende algunas de las
raíces económicas de la violencia en oportunidades de paz y desarrollo.
Diversas teorías afirman que el predominio de la economía de libre mercado y
el crecimiento liderado por el sector empresarial son por sí solos equivalentes y
suficientes para conseguir el desarrollo económico, disminuir los indicadores
económicos de pobreza y por lo tanto afianzar las estrategias de paz. Sin embargo,
esta relación no es siempre válida y en contextos de postconflicto, la incorporación
de indicadores de paz en las políticas macroeconómicas así como en las políticas
de RSE de las empresas son condición sine qua non para que el rol de la economía
en el desarrollo, pero también en la construcción de la paz, sea eficaz y consistente.
Paralelamente, en las últimas décadas, el sector privado ha adquirido un peso más
relevante en la economía de estos países como resultado de la liberalización y
privatización de servicios básicos por lo que tener en cuenta estos factores resulta
aún más relevante por parte de la empresa. Su presencia y peso no deja de
aumentar en las economías de estos países.
En este contexto es importante tener en cuenta que la pobreza no debe contemplarse
únicamente como una cuestión relativa a escasos ingresos o a indicadores
económicos y financieros sino que reside, en último término, en las dificultades para
desarrollar las capacidades y libertades personales (Sen, 2000). Así lo corroboran
las estadísticas de diversos organismos especializados que muestran cómo, a pesar
de las tasas de crecimiento económico sin precedentes durante la última década
a escala mundial, ha aumentado la cifra absoluta de personas en situación de
pobreza y se han incrementado asimismo las desigualdades económicas y sociales
siendo, por ejemplo, algunas de las causas las dificultades de acceso al agua, a la
energía, a la asistencia sanitaria o a la educación. La magnitud y gravedad de esta
situación se exacerba al constatarse, además, un traspaso de la pobreza entre
generaciones y una preponderancia de la pobreza en los países en postconflicto. En
estos contextos, puede ser incluso necesario considerar, tanto desde el nivel macro
como desde el micro, la transición hacia un modelo productivo distinto al que existía
en el momento de estallar el conflicto, sobre todo en aquellos casos en los que las
raíces económicas del conflicto tenían un peso importante en la generación de
violencia. Sin embargo, esto suele ser difícil en la fase de negociación política de un
proceso de paz y, posteriormente, no se incorpora a la agenda política o económica
de la reconstrucción.
Por otra parte, la empresa debe considerar que un contexto de conflicto ha
conllevado la destrucción física de un país pero también, y sobre todo, un número
importante de víctimas y profundas fracturas sociales. La empresa debería,
por tanto, prestar atención no sólo a las necesidades de reconstrucción de las
infraestructuras básicas (con determinados ejes prioritarios tales como energía,
vivienda, agua y alimentación, sanidad o educación) sino que debería también
ser capaz de percibir cómo esta reconstrucción puede dar respuesta o facilitar la
superación de las fracturas, tanto individuales como colectivas, que tienen que ver
con la reconciliación, la justicia y la recuperación de la dignidad otorgando un nuevo
papel en la sociedad, tanto a las víctimas como a los actores armados durante el
conflicto. Así pues, en contextos de postconflicto se da la necesidad de incorporar
en las políticas de RSE criterios de lucha contra la pobreza y de reconstrucción física
pero también de contribución a la superación de las fracturas sociales desde una
perspectiva de transparencia y equidad. Efectivamente existen experiencias exitosas
de empresas que han apostado por lo que se ha llamado “la reconciliación en el
puesto de trabajo” al emplear simultáneamente a personas de bandos anteriormente
enfrentados en Bosnia y Herzegovina, Colombia o Filipinas tras un periodo de
formación técnica y en valores. En todo caso, un proceso de reconciliación no puede
verse forzado sino que debe fluir de manera natural entre las personas implicadas.
Asimismo, una política de relación con los stakeholders que incorpore una
perspectiva de construcción de paz debe ser clave para garantizar una correcta
inserción de la empresa en contextos de postconflicto. Sin esta perspectiva la
empresa difícilmente podrá afianzarse en el mercado a largo plazo o establecer
una relación fluida con las comunidades con las que interactúe. Las estrategias
de diálogo con los stakeholders pueden diferir de las habituales por el particular
contexto en el que se encuentra el país. Importantes sectores de la población se
encuentran en situación de crisis humanitaria y de pobreza generalizada, además
de estar sometidos al miedo, a una intensa desconfianza y a un fuerte rencor
respecto a otras comunidades, regiones, etnias o miembros de grupos armados y
fuerzas militares. En este sentido, la empresa debería prestar una especial atención
a determinar la presencia y su relación con grupos como, entre otros:
• víctimas, individuales y colectivas, de violaciones de derechos humanos (incluidos:
mujeres cabeza de familia, menores y huérfanos, discapacitados);
• desplazados internos, refugiados y retornados (incluidos: mujeres cabeza de
familia, menores y huérfanos, discapacitados, poblaciones indígenas);
• desmovilizados y excombatientes (incluidos mujeres y menores);
• minorías y poblaciones históricamente discriminadas (o cuyas reivindicaciones
son parte del origen del conflicto);
• miembros de las fuerzas armadas y empresas de seguridad privadas.
Aunque cada uno de estos grupos tiene tanto características comunes como
diferenciales entre ellos y éstas también varían de un país a otro, suelen tener un
pasado reciente de violencia que no debe, necesariamente, marcar la relación
con ellos pero sí debe ser tenida en cuenta por la empresa. En todo caso, existen
organismos internacionales o nacionales encargados de la identificación y atención a
estos colectivos por lo que cuentan, con sus perfiles profesionales. Puede ser útil para
la empresa identificar su presencia ya que serán, en algunos casos, sus empleados
y en otros, sus proveedores o socios o simplemente serán las comunidades cercanas
a la zona de operaciones de la empresa o sus clientes potenciales.
En la práctica, el diálogo con los stakeholders debe ayudar a la empresa a:
- Comprender las relaciones y los valores de los distintos stakeholders para
anticipar riesgos y gestionarlos mejor;
- Construir relaciones de manera activa para identificar posibles interlocutores
(personas u organizaciones) y acciones a favor de la paz;
- Evaluar ex post la performance de la política empresarial de construcción de paz.
El diálogo con los stakeholders no se limita a la “recogida de información”: la
empresa debe estar dispuesta a iniciar un proceso de innovación y de aprendizaje
participativo, tanto interno como externo, basado en los inputs que genera su
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Es importante
que el diálogo
sea sincero y
transparente
El sector
empresarial
constituir una
línea de unión
del ámbito
económico
entre los
demás actores
puede
nuevo papel en la sociedad. En este sentido, es importante que el diálogo sea
sincero y transparente y que, a ser posible, se desarrolle en un clima de confianza
y respeto mutuo y en un lugar que permita la libre expresión de todas las partes.
La empresa, asimismo, deberá asegurarse de que los colectivos con los que se
establece la relación representan efectivamente a los que afirman representar,
para evitar malentendidos que comprometan todo el proceso. Para ello, puede ser
preciso contar con la colaboración de personas, entidades o asociaciones locales
de confianza que pueden actuar como facilitadoras del proceso. La empresa puede
recurrir a la figura de un facilitador, que le permitirá, en casos especialmente
complejos, comprender mejor los contextos locales y avanzar con seguridad frente
a una amplia variedad de temas conflictivos en una sociedad en reconstrucción.
En definitiva, se trata de un proceso interactivo que debe permitir conocer
al ‘otro’, y aprender de él, para construir conjuntamente una red de valores
e intereses que cree valor e innovación en la empresa, pero también en la
sociedad. En este contexto, es tan importante para la empresa el proceso en sí
mismo como su contenido. Por medio de este proceso, en última instancia, la
empresa se percibe a sí misma de forma más interconectada con la sociedad;
además, gracias a este diálogo, la empresa aprende a entender qué es y qué se
espera de ella en un entorno complejo.
Otra premisa relevante es que ningún actor u organización puede por sí solo afrontar
los retos que supone la reconstrucción social, política y económica de un país. La
clave está en la articulación coordinada y eficaz de las capacidades de cada uno
de los actores implicados. En este sentido, se va a considerar a la empresa como
un actor más en el complejo entramado de relaciones y actores considerados
relevantes por las teorías sobre la construcción de paz, con un papel preponderante
en el ámbito económico y social. Por otra parte, el sector empresarial, con una
presencia más o menos destacada en los diferentes niveles, puede constituir una
línea de unión del ámbito económico entre los demás e incluso llegar a ocupar un
lugar relevante en alguna de las fases de un proceso de paz3.
La empresa y otros actores en la construcción de paz
Tipos de actores:
Nivel 1: Liderazgo de alto nivel
Líderes militares/políticos/
religiosos
Con alta visibilidad
Nivel 2: Liderazgo de rango medio
Líderes respetados en sus
sectores
Líderes étnicos/religiosos
Académicos/intelectuales. ONG
Nivel 3: Liderazgo de base
Líderes locales
Líderes de indígenas
Líderes de desarrollo comunitario
Funcionarios locales de salud
Líderes de campamentos de
refugiados
Finalmente, otro aspecto importante a destacar es la necesidad de llevar a cabo
alianzas para la consecución efectiva de los objetivos de la empresa en cuestiones
que tienen que ver con la inclusión de la perspectiva de construcción de paz en las
políticas de RSE. En este sentido, la mayoría de las acciones analizadas en esta
publicación resaltan esta característica ya que se han llevado a cabo en colaboración
con fundaciones, gobiernos, organizaciones del tercer sector u organizaciones
multilaterales.4 La experiencia parece indicar que este tipo de estructura, en el
que la combinación de financiación y know-how implica a una multitud de actores
nacionales e internacionales, es el más indicado para estos contextos.
Según Naciones Unidas, una alianza público-privada es un conjunto de relaciones
voluntarias y de colaboración entre partes, públicas y privadas, en las que todos los
participantes acuerdan colaborar para alcanzar un objetivo común o emprender
una tarea concreta y compartir los riesgos y las responsabilidades, los recursos y
las ventajas. Las alianzas son un potente instrumento para abordar la cuestión de
la reconstrucción postbélica ya que permiten combinar la perspectiva local con la
global. Son también decisivas para iniciativas que precisan soluciones basadas en
el desarrollo de las capacidades locales mediante un apoyo puntual externo como
en el caso de la reconstrucción postbélica. Deberían permitir articular distintos
tipos de conocimientos, experiencias y recursos potenciando los esfuerzos locales
a medio plazo. Los retos a los que se enfrentan las sociedades en postconflicto sólo
pueden resolverse en clave relacional, es decir, mediante la colaboración entre los
diferentes actores implicados y prestando una especial atención a las fuentes y
métodos utilizados para llevar a cabo el diálogo con los stakeholders.
Multitud de estudios e informes recientes han analizado las características de las
alianzas así como los componentes que las deben integrar para que éstas operen de
manera eficaz. A continuación se presentan los elementos que se han considerado
más relevantes y que deberían ser tenidos en cuenta por las empresas en entornos
complejos y de alto riesgo. Una alianza exige un trabajo suplementario de puesta
en común con otros actores por lo que la empresa deberá percibir cuáles son sus
beneficios de manera clara. Será importante también acordar un lenguaje común
entre los actores y fijar las expectativas de cada uno de ellos de manera que se
evite el mayor número de malentendidos posible. La clarificación del lenguaje debe
permitir que éste pase de ser un obstáculo a una oportunidad para la innovación
dentro de la empresa y para la creación de valor fuera de ella.
Las alianzas público-privadas en entornos complejos
Una primera cuestión que hay que tener en cuenta es la de valorar el perfil
no sólo de las organizaciones sino también de las personas con las que se
va a trabajar conjuntamente. Es importante seleccionar a nuestros socios
conociendo su perfil en derechos humanos y qué lugar pueden haber ocupado
en el mapa del conflicto. Hay que ser especialmente cauteloso y contrastar
las informaciones a través de diversas fuentes fiables. En entornos complejos
y de alto riesgo la información facilitada por el Gobierno puede ser sesgada
o provocar la invisibilización de determinados colectivos. Por otra parte, la
desconfianza e inseguridad generalizadas que reinan entre la población en
un contexto de postconflicto (por ejemplo, persecuciones o intimidaciones
del Gobierno hacia un grupo étnico o social) pueden mermar la capacidad de
la empresa de percibir distintas sensibilidades u opiniones.
La alianza debe dar lugar a un proceso participativo y equilibrado entre las
partes y, a su vez, debe generar nuevas maneras de verse a sí mismo y de
ver a los demás actores huyendo de los estereotipos. Ésta debe funcionar
como un “conector” que fomenta, incluso, la reconciliación entre las partes
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Es de vital
importancia
operar, tanto
interna como
externamente,
con total
transparencia
mediante la generación de nuevos objetivos comunes y compartidos. Por
ello, debería implicar un cambio en la percepción que cada parte tiene del
conflicto y postconflicto y, a su vez, de la que tiene el “otro”. En este sentido,
es importante conocer los mecanismos que unen a cada uno de los actores,
y los que los separan, y también se debe saber a quién se excluye y por qué.
La exclusión de determinados stakeholders en contextos de postconflicto
puede ser motivo de un nuevo estallido de violencia; por ejemplo, cuando
un determinado grupo social o etnia es excluida o no es tomada en cuenta
en la política de contratación de una empresa o como beneficiaria de la
reconstrucción del tendido eléctrico o del sistema de provisión de agua
en una localidad determinada. Así pues es de vital importancia operar,
tanto interna como externamente, con total transparencia potenciando al
máximo las capacidades de los socios locales desde una perspectiva de
construcción de paz.
Cada una de las partes, así como el conjunto, debe tener confianza en el
proyecto y debe haber empatía entre ellas. También internamente, dentro de
cada una de las organizaciones. Se debe ser consciente del valor añadido
de cada uno y de la suma y complementariedad individual en el conjunto.
Tampoco se deberá olvidar el talento y la capacidad de liderazgo de cada
parte en su propia red y qué influencia puede tener ésta en el contexto de
postconflicto. Por ello, es importante el apoyo de organizaciones locales y el
papel que éstas pueden jugar para contribuir a que la empresa se afiance en
el mercado. Finalmente, pero no menos importante, la alianza debe disponer
de mecanismos para aprender de los errores y permitir cambios de rumbo
tras identificar errores de contenido o método.
Es importante saber qué está haciendo cada uno de los actores en el
contexto de postconflicto y en qué proyectos está involucrado. A menudo, las
organizaciones que van a formar parte de una alianza comparten un mismo
objetivo pero difieren en la manera de abordarlo. Por otra parte, desconocen
que forman parte de un sistema en el que interactúan más actores que aportan
otras soluciones parciales. Es necesario que cada participante conozca a fondo
a los demás para que sea posible construir sinergias efectivas y nuevas formas
de colaboración público-privadas sin dejar de lado su razón de ser primaria.
En este sentido, es recomendable que las partes implicadas en la alianza
conozcan las cuestiones en las que se va a incidir desde el terreno y compartan
este espacio conjuntamente. Esto debe permitirles contrastar las perspectivas
y empezar a compartir experiencias, percepciones y programas de actuación.
Posteriormente, las partes podrán integrar y trabajar conjuntamente en las
propuestas en un espacio de diálogo inclusivo.
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta en entornos complejos es la
ausencia del Gobierno en algunas partes del territorio. A pesar de ello, esta
presencia es deseable por cuanto implica una mejor gobernabilidad desde
todas las perspectivas. En este sentido, las alianzas deberían promover una
presencia más activa de éste mediante el apoyo a las instituciones públicas,
centrales, regionales o locales. La alianza público-privada debe, en definitiva,
permitir que el objetivo sea más eficiente, de más alcance y contribuya
además a una mayor legitimidad y credibilidad de las partes. Para la empresa
debe ser una puerta a la innovación.
En definitiva, la alianza debe ser estratégicamente decisiva, metodológicamente
clara y se debe basar en una definición conceptual consensuada previamente con
el objetivo de evitar malentendidos. A menudo, un mismo concepto es entendido
de manera diferente por los diversos colectivos o sectores implicados, sobre todo
en contextos de postconflicto en los que puede haber intereses o percepciones
contrapuestas. En todo caso, la empresa debería contactar con todas las partes en
conflicto (aunque después algunas de ellas no participen) para que no se perciba
que la empresa apoya, incluso involuntariamente, a alguna de ellas.
Sin duda, la primera dificultad a la que se enfrenta la empresa es la de cómo
identificar a las organizaciones que se van a convertir en sus partners, qué objetivos
comunes o complementarios realistas pueden plantearse y cómo deberá mantener
una relación de confianza en una situación en la que el conflicto armado ha
mermado las capacidades organizativas de las sociedades y del Estado. Ante este
dilema, la empresa debería valorar que, para crear una relación de construcción de
paz en la sociedad en la que operará, determinadas organizaciones especializadas
locales (fundaciones, ONG u otras) pueden asesorarle tanto respecto al diseño
como respecto a la implementación de los objetivos de responsabilidad social. Toda
alianza en entornos complejos deberá no sólo ser la vía para la innovación sino
también para incorporar la sensibilidad al conflicto a la empresa.
3. Análisis de experiencias de incorporación de la perspectiva de
construcción de paz en las políticas de RSE
3.1. El potencial económico de la empresa en la reconstrucción
La política de RSE debe tener en cuenta que los países en situación de reconstrucción
postbélica son países empobrecidos con, además, importantes fracturas y heridas
sociales que han mermado su capital humano y social.
Tradicionalmente se ha creído en la importancia de la aportación de países
donantes y en los programas de ayuda al sector público para la reconstrucción de
un país. Sin embargo, algunos teóricos afirman que cada vez son más los gobiernos
de los países en desarrollo en situación de postconflicto que reclaman un papel
más importante del comercio y menos de la ayuda internacional argumentando,
además, que la crisis económica mundial merma los fondos destinados a la ayuda
internacional (Berdal, M. y N. Mousavizadeh, 2010). De esta forma, el modelo
estatista está dejando paso a modelos de desarrollo híbridos en los que algunos
países emergentes (Brasil o China) empiezan a invertir en términos similares a
las grandes agencias de ayuda internacional, sobre todo en el sector de minería e
hidrocarburos para dar respuesta a su propio modelo de desarrollo. Este fenómeno
otorga así una importancia creciente a la inclusión de la perspectiva de construcción
de paz en las políticas de RSE.
En un contexto de reconstrucción, cualquier tipo de organización económica, ya sea
local o externa, tiene un papel preponderante en la creación de oportunidades de
empleo, auto-empleo, o en la generación de algún medio de subsistencia para las
poblaciones a través de la adquisición de materias primas, productos o servicios.
Se ha escrito mucho acerca del papel de la empresa como actor en la lucha contra
la pobreza en los países empobrecidos pero este rol es aún más determinante en
contextos de reconstrucción postbélica debido a la necesidad de crear oportunidades
de desarrollo de las capacidades, tanto individuales como colectivas, como medio
esencial para apuntalar la consolidación de la paz y evitar un repunte de la violencia
armada por parte de colectivos faltos de alternativas de subsistencia. Otra vía para
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La empresa
debería estar
atenta a la
actividad
económica
apoyar sus
capacidades
local y
Es importante
la capacidad
empresa para
fomentar la
empleabilidad
personas
de la
de las
que la empresa fortalezca las expectativas económicas y sociales de un país es
mediante el pago de impuestos. Siempre que éstos sean gestionados de manera
responsable y transparente por los gobiernos, serán una de las principales fuentes de
financiación para la reconstrucción del país de manera sostenida. Para contribuir a
ello, la empresa deberá aplicar políticas relativas a corrupción y transparencia. En todo
caso, este rol económico debe ir acompañado, en los contextos de reconstrucción,
no sólo de elementos de lucha contra la pobreza sino también de una perspectiva de
construcción de paz, tal y como se describe en este artículo.
En una economía de mercado, las empresas pueden contribuir al aumento
de los ingresos per cápita mediante diversas vías, siendo las dos principales la
compra de materias primas, bienes y servicios y la creación de oportunidades
de trabajo y de emprendimiento. Para ello, la empresa debería estar atenta a la
actividad económica local y apoyar sus capacidades. Por otra parte, si bien una
de las principales aportaciones del sector privado al desarrollo es la creación o
subcontratación de empleos, éstos deben ser sostenibles y de calidad además de
retribuidos con salarios que satisfagan las necesidades básicas de los empleados y
de sus familias. La principal vía para salir de la pobreza es, según la OIT, el trabajo
decente.5 Según esta organización más de la mitad de la población de los países
en desarrollo y de las economías en transición vive bajo el umbral de la pobreza
(con un dólar, o menos, al día) cuando, por el contrario, el 50% se encuentra en
edad de trabajar (de 15 a 64 años).
Más importante aún que la creación de empleo es la capacidad de la empresa para
fomentar la empleabilidad de las personas. El término empleabilidad hace referencia
a las posibilidades que tiene un profesional de encontrar empleo. Entre los factores
que entran en juego se encuentran la formación, la experiencia y las cualidades y
actitudes personales. En países en reconstrucción la empresa no sólo puede fomentar
la empleabilidad de sus empleados, es decir las competencias para que sean buenos
profesionales, sino que al mismo tiempo tiene la oportunidad de promover que esas
capacidades reviertan en la comunidad. Hay empresas, por ejemplo, que han promovido
especialmente la formación en TIC de los empleados, porque su lugar de trabajo así lo
requería, y éstos han “reutilizado” esta formación en su tiempo libre para colaborar con
ONG o asociaciones comunitarias precisamente utilizando estas capacidades técnicas.
Fomentando el desarrollo local
HEINEKEN desarrolla un proyecto local en Sierra Leona que ha servido para
estimular las relaciones comerciales locales, ya que crea cientos de nuevos
empleos para la población, aumenta significativamente los ingresos de
productores locales y mejora así los indicadores de pobreza a escala local.
Además, este proyecto forma parte de la estrategia que Heineken lleva a cabo
en África cuyo objetivo es obtener al menos el 60 % de las materias primas que
necesitan en ese continente a partir de fuentes locales. El presidente regional
de Heineken en África y en Oriente Medio, Tom de Manm, ha señalado que este
proyecto es uno de los muchos esfuerzos que realiza la compañía para reforzar
las comunidades en las que actúa. Además, lo ha resaltado como ejemplo
de una exitosa cooperación entre instituciones públicas y sector privado.
Es también especialmente importante subrayar en entornos complejos el papel de las
pymes y el rol que puede jugar la empresa como impulsadora del tejido empresarial
local. La subcontratación de pymes locales representa un motor para el desarrollo,
si se realiza de acuerdo con las normas internacionales del trabajo y se incorporan
aspectos de transferencia de tecnología, aumento de productividad, formación y
financiación a medida. A través de las pymes se establecen redes a nivel local a
través de las cuales se lleva a cabo la transferencia de tecnología de arriba abajo
generando ingresos pero también avances tecnológicos y el consiguiente aumento
de la productividad. Las pymes permiten igualmente atraer a la economía formal
buena parte de los negocios y empleos de la economía informal, que tiene un fuerte
peso en los países en reconstrucción. Cabe recordar que las economías locales que
se han adaptado a la situación de guerra cuentan con las capacidades de innovación
y emprendimiento para adaptarse de nuevo rápidamente a una economía de paz,
aunque el peso de la economía informal se mantenga de manera importante.
Más allá de este papel como promotoras del tejido productivo local, las empresas
pueden adaptar sus productos específicamente a los entornos de postconflicto
siguiendo la línea de algunas teorías que tienen que ver con la Base de la Pirámide
(Prandi, M. y J. M. Lozano eds. 2009). Para ello, deberá recurrir preferiblemente al
sistema de alianzas y de diálogo con los stakeholders tal y como ilustran las dos
siguientes experiencias.
La adaptación del negocio a la construcción de paz
Ejemplo 1: Dos empresas asiáticas del sector de la maquinaria pesada adaptan
sus productos destinados al movimiento de tierras (bulldozer) para que sean
adecuados para actividades de desminado en países en postconflicto.
Ejemplo 2: Una aplicación de móviles permite a los refugiados que están en
zonas de conflicto y áreas de desastre volver a contactar con sus familiares.
Concretamente, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones
Unidas, Ericsson y la operadora MTN en Uganda han puesto en marcha este
primer proyecto en 2010 que permite localizar y reconectar a los refugiados y
a sus familias a través del teléfono móvil e Internet. El programa permite a los
refugiados utilizar el móvil para registrarse y buscar información de sus seres
queridos en una base de datos anónima que pretende que estos refugiados
vuelvan a encontrarse a través de un mensaje de texto o de Internet. La
información registrada debe ser accesible para los refugiados y para las ONG
que atienden a los desplazados de manera que sirva para poner en contacto
rápidamente a los desplazados con sus familias. Esta aplicación está siendo
trasladada a otros campos de refugiados del este de África. A día de hoy más
de 4.500 refugiados se han registrado en esta base de datos, muchos más
de los que se estima que lo hubieran hecho por un método más tradicional.
Fuente: United Nations Global Compact y PRI (2010) y seguimiento propio de prensa.
3.2. Construyendo la paz de la mano de los stakeholders
Más allá de la mera función de creación de riqueza en la reconstrucción, la
empresa puede incorporar criterios de construcción de paz en su política de RSE
apoyando la construcción de paz desde su área de influencia. Se ha observado
que el compromiso de las empresas de capital nacional6 o de las pymes locales
con la construcción de paz puede ser más firme cuanto mayor sea el vínculo que
existe con el país o con la comunidad en la que se inserta el negocio. En el caso de
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Las
motivaciones
dependerán
de los costes,
tanto humanos
económicos,
que supuso
la actividad
armada para
la actividad
empresarial
como
pymes locales (talleres, pequeños comercios), éstas se benefician, a menudo, de
programas de ayudas directas o desgravaciones fiscales por parte del Gobierno u
otras instituciones económicas. Pero este factor no es determinante y numerosas
experiencias de empresas globales con acciones concretas de construcción
de paz en sus políticas de RSE, demuestran que éste no es un coto cerrado a
las empresas nacionales sino todo lo contrario. Las motivaciones, así como las
acciones concretas que la empresa pueda emprender en temas de construcción
de paz dependerán, a menudo, de los costes, tanto humanos como económicos,
que supuso la actividad armada para la actividad empresarial y de la necesidad de
implementar una estrategia de arraigo en el territorio.
Según algunos autores (Banfield, J., Canan Günduz y Nick Killlick, Eds. (2006),
la construcción de paz tiene que ver con la implicación de la empresa en los
siguientes ámbitos: político, económico, de seguridad y reconciliación, tal y como
muestra la figura adjunta.
Emprendimiento en acciones de paz desde la dimensión económica de la empresa
Dimensiones políticas
Sensibilización y cabildeo
en favor de la paz
Facilitación y apoyo a
procesos de paz
Participación en procesos de paz
con múltiples grupos de interés
Reconciliación
Participación en iniciativas de
diálogo
Promoción de la reconciliación en
el lugar de trabajo
Participación en proyectos
conjuntos entre grupos dividido
Dimensiones económicas y sociales
Atender la exclusión socioeconómica
Acabar con las economías de guerra
Creación de empleos
Cabildeo por reformas gubernamentales
Actividad económica conjunta entre grupos enfrentados en el conflicto
Siguiendo este esquema, se van a presentar a continuación experiencias en las
distintas dimensiones partiendo del análisis de las poblaciones beneficiarias de
las políticas de RSE. La mayoría de estas experiencias pasan por la inclusión de la
perspectiva de paz:
• en el núcleo del negocio;
• en la política de empleo y contratación;
• en la relación con las comunidades y otros actores locales;
• en el apoyo explícito a un proceso de paz (dimensión política)
En todo caso, diversas experiencias a nivel internacional nos indican que la
incorporación de elementos de construcción de paz en la gestión empresarial pasa
generalmente por el diálogo y una mayor vinculación de las políticas de RSE a las
poblaciones generalmente presentes en estos contextos de postconflicto.
Tipología de población presente en contextos de reconstrucción
postbélica
• víctimas, individuales y colectivas, de violaciones de derechos humanos
(incluidos: mujeres cabeza de familia, menores y huérfanos, discapacitados);
• desplazados internos, refugiados y retornados (incluidos: mujeres cabeza
de familia, menores y huérfanos, discapacitados, poblaciones indígenas);
• desmovilizados y excombatientes (incluidos mujeres y menores);
• minorías y poblaciones históricamente discriminadas (o cuyas
reivindicaciones son parte del origen del conflicto);
• miembros de las fuerzas armadas y empresas de seguridad privadas.
Las políticas de RSE en los ámbitos económicos y sociales que incorporan
criterios de construcción de paz tienen, principalmente, un doble objetivo.
En primer lugar, un objetivo económico centrado en crear oportunidades de
subsistencia y emprendimiento y en favorecer la actividad económica a nivel
local de manera responsable centrándose, especialmente, en estos colectivos.
En segundo lugar, el objetivo social de atender, en paralelo, la exclusión
social surgida a raíz del conflicto, favoreciendo la reconciliación7 entre grupos
enfrentados y fomentando las relaciones comunitarias no violentas desde el
área de influencia de la empresa. Mediante la RSE, y actuando como conectores,
las empresas pueden contribuir a reparar las fracturas sociales entre las
comunidades enfrentadas propiciando actividades económicas conjuntas que
deberán ser diseñadas con gran cautela y desde el conocimiento profundo del
conflicto y de sus consecuencias. No se debe olvidar que la primera obligación
de la empresa es la de evitar cualquier impacto negativo que su actividad pueda
tener en la consolidación de la paz (Do no harm).
Tras un screening de buenas prácticas a escala global se ha determinado que, para
alcanzar estos objetivos, las empresas han actuado grosso modo en las siguientes
líneas (no excluyentes):
• Facilitando formación técnica y en valores (derechos humanos y paz) a colectivos
involucrados en el conflicto para fomentar así su empleabilidad y el desarrollo de
sus capacidades tanto técnicas como personales;
• Empleando o subcontratando a colectivos involucrados en el conflicto mediante
un acompañamiento y una atención personalizada, que contempla una visión
integral del empleado, de su familia y de la comunidad en la que se inserta;
• Forjando alianzas con las comunidades locales y sus organizaciones políticas,
económicas y sociales y apoyando su desarrollo comunitario.
En este sentido, existen experiencias empresariales en las que se ha empleado a
ex miembros de grupos armados desmovilizados o a desplazados tras una etapa
de formación. Otras han fomentado la creación de cooperativas a manos de otras
víctimas del conflicto mediante la capacitación y la transferencia de tecnología,
convirtiéndolas en sus proveedores o socios en el medio plazo y apoyando en
paralelo proyectos familiares o comunitarios vinculados a ellas. Como ya se ha
mencionado anteriormente, estos objetivos se traducen, en la práctica, en pautas
de diálogo con los stakeholders adaptadas a escenarios de reconstrucción en los
que las metodologías y las temáticas pueden ser diferentes a las que se llevan a
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Será
importante que
la empresa
contemple
de manera
integral a la
familia y a la
comunidad
A medio plazo
estas personas
son tan
productivas,
o más, que
el resto de la
plantilla
cabo habitualmente en contextos de paz prestando una especial atención a las
huellas que el conflicto y la violencia han dejado en los diferentes actores.
3.3. La RSE con perspectiva de paz: estrategias de formación, empleo y
trabajo comunitario
Se van a describir a continuación algunas orientaciones generales
para una RSE con perspectiva de paz mediante la puesta en marcha de
estrategias de formación, empleo (o subcontratación) y trabajo comunitario.
Será importante, en cualquier caso, que la empresa establezca no sólo
una relación individual con el potencial beneficiario sino que, además,
contemple de manera integral a su familia y comunidad. Esto puede plantear
importantes dilemas acerca de hasta dónde alcanza la responsabilidad de
la empresa. Estos límites deberán ser, por tanto, discutidos internamente
antes de cualquier acción por parte de la empresa.
Si la empresa decide contratar a algunas de las personas habitualmente
presentes en países en reconstrucción (véase cuadro anterior) deberá, en
primer lugar, identificarlas mediante los canales establecidos, que pueden
variar de un país a otro, y proporcionarles, internamente o a través de una
organización especializada, una formación técnica específica. En cualquier
caso, esta formación debe ser facilitada por personas conocedoras de estos
colectivos y debería comportar un acompañamiento personalizado a lo largo
de todo el proceso y unas reglas claras acerca de los compromisos que se
contraen y de los beneficios que comporta (por ejemplo, subsidio económico y
asistencia sanitaria para la familia). La formación y capacitación técnica (desde
la alfabetización hasta la formación especializada) debería ir acompañada,
si es necesario, de un acompañamiento psicosocial personalizado (técnicas
de recuperación de la autoestima, superación de traumas y fomento de la
confianza) durante la formación y parte del periodo de empleo a cargo de un
organismo externo. En todo caso, la experiencia demuestra que a medio plazo
estas personas son tan productivas, o más, que el resto de la plantilla.
La RSE con perspectiva de paz también puede implicar políticas de contratación
sensiblemente diferentes a las que la empresa desarrolla en países que no han
sufrido un conflicto armado. La empresa deberá ser especialmente vigilante
en aplicar políticas no discriminatorias respecto a la contratación o promoción
de etnias o grupos sociales determinados y, si fuera necesario, capacitar a las
personas con menor formación. Ningún contexto es similar a otro en el grado de
destrucción o descomposición social y la empresa debe estar atenta, además, a
las especificidades culturales e históricas propias de cada país para construir su
política de RSE y de diálogo con sus stakeholders en estos escenarios.
Construyendo la paz desde la política de contratación
Escenario: La empresa A (que no desea ser mencionada) ha estado presente
en el país B durante un genocidio que ha enfrentado a la etnia minoritaria
bata contra la mayoritaria mumi. El conflicto ha causado un gran número de
víctimas mortales y graves violaciones de derechos humanos, especialmente
en uno de los bandos. Tras el conflicto, el Gobierno saliente, de mayoría mumi
y apoyado por la comunidad internacional, emprende progresivamente una
política de Estado de discriminación, vigilancia y represión hacia la etnia bata
a la que aparta de la actividad política y del poder económico.
Reto: La empresa no ha tomado parte en el conflicto pero tampoco ha
diseñado una política de contratación que no discrimine a ninguna etnia
en el periodo postconflicto. Descuidado este aspecto, los empleados del
departamento de contratación de etnia mumi reproducen la política de
discriminación del Gobierno, rechazando la contratación de aspirantes
de etnia bata con igual cualificación. Por otra parte, los empleados de la
etnia bata que se encuentran en departamentos dirigidos por personas
mumi son hostigados y despojados de posibilidades de promoción dentro
de la empresa. De facto, la empresa se convierte en un aliado de la política
gubernamental de discriminación hacia una parte de la población y tiene
un impacto negativo en la consolidación de la paz.
Solución: La empresa opta por diseñar una política de recursos humanos no
discriminatoria y capacitar a todas las personas implicadas respecto a ésta.
En segundo lugar se debe tener presente que la actividad empresarial puede
ofrecer un nuevo espacio de convivencia en el que los diferentes colectivos pueden
asumir nuevos roles y descubrir la posibilidad de dejar atrás un pasado de violencia.
Algunos de estos grupos valoran muy positivamente una posibilidad de empleo en
la empresa privada y se suele observar un aumento de la autoestima y confianza
tras una existencia fuertemente golpeada por situaciones de violencia extrema. Un
empleo significa, en la mayoría de los casos, obtener un medio de subsistencia
estable que permita mantener las estructuras familiares y abandonar la violencia.
En otros, significa también abandonar unas ideas o convicciones que constituían un
proyecto de vida. No hay que olvidar, sin embargo que el hecho de que una empresa
contrate a personas pertenecientes a estos grupos puede generar inquietud o
rechazo interno por lo que se suele llevar a cabo de manera confidencial y con el
apoyo de la alta dirección. En el caso de desmovilizados es importante resguardar
la identidad de estas personas por cuestiones de seguridad, tanto dentro como
fuera de la empresa. Tan sólo los altos directivos conocerán el origen de estas
personas que, una vez incorporadas a la empresa, recibirán un trato igualitario en
términos de condiciones laborales y salario.
Atención personalizada a la población vulnerable8
El Grupo Éxito (Colombia) lleva a cabo una política de atención a las
poblaciones en situación de vulnerabilidad (víctimas, desplazados,
desmovilizados, discapacitados, etc.) que permite, tras un periodo de
formación personalizado, incorporar a estas personas como empleados
en la empresa. La apuesta del Grupo pasa por un seguimiento
personalizado de manera continuada y un coaching para el fomento de
las capacidades y responsabilidades de los beneficiarios. La atención
es integral e incorpora a la familia del participante así como aspectos
de salud. La empresa vela por una estricta confidencialidad respecto
a la identidad de estas personas. Por otra parte, y debido al pasado
de violencia de los aspirantes, este programa ha trabajado de manera
interna para evitar el rechazo y ganar apoyos de los directivos implicados.
El resultado ha sido conseguir que esta línea de RSE sea percibida como
política de empresa.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
“reconciliación
en el lugar
de trabajo”
no puede
ser nunca
un proceso
forzado
La
Se han identificado experiencias de empresas con proyectos de construcción de
paz que han involucrado, por ejemplo, de forma simultánea a víctimas, desplazados
y desmovilizados. En este sentido, se puede dar cierta controversia respecto al
hecho de si una empresa debe o no llevar a cabo estrategias de formación y empleo
de manera conjunta destinada a beneficiarios, que anteriormente formaron parte
de bandos enfrentados. Algunas voces advierten de que la empresa actúa en falso
al pretender apoyar en su área de influencia una supuesta “reconciliación” entre,
por ejemplo, miembros de grupos armados y sus víctimas cuando el país no ha
iniciado, como tal, un proceso a nivel institucional o colectivo de justicia, verdad
y reparación. Sin embargo, algunas de las experiencias estudiadas muestran
que, a menudo, los beneficiarios se sienten finalmente víctimas comunes de un
entorno de pobreza, violencia y conflicto del que quieren dejar de formar parte
sacrificando, en algunos casos, las víctimas sus anhelos de justicia y reparación.
En todo caso, la denominada “reconciliación en el lugar de trabajo” no puede ser
nunca un proceso forzado sino que debe contar con la aprobación de todas las
partes implicadas.
Proyecto “Mi Llave”, una alianza público-privada para la construcción
de paz en Colombia9
El proyecto “Mi llave” es una iniciativa de integración social para la generación
de oportunidades liderada por Trust for Americas, Microsoft y la Alta Consejería
para la Reintegración (ACR) que implica la colaboración de empresas y
organizaciones sociales a nivel local. Tiene como objetivo la creación de centros
de formación en informática en poblaciones afectadas por la violencia con
una alta proporción de desmovilizados, desplazados y víctimas del conflicto
con la finalidad de contribuir a su integración en el mercado laboral y a crear
alternativas de emprendimiento basadas en el uso de las TIC. Siguiendo
estas orientaciones, los dos primeros centros se crearon en el año 2007 en
Valledupar y Montería. Actualmente el proyecto cuenta con 11 centros y más
de 100.000 personas han pasado por sus aulas.
El proyecto busca establecer lazos entre las comunidades, las organizaciones y las
empresas locales. Además de las competencias tecnológicas se abordan temas
de desarrollo comunitario, de cultura y valores de reconciliación, reconocimiento
de habilidades y talentos personales y fomento de la autoestima que fomenten la
empleabilidad de los participantes. El objetivo es conocer “al otro” y comparten
aula personas desmovilizadas (50%) y víctimas de la violencia o población
receptora (50%). En todo caso, se conocen las dificultades que cada uno ha vivido
y se comparten por lo que finalmente los participantes advierten que existen más
similitudes que diferencias entre ellos respecto a su pasado de violencia. Por otra
parte, todo el material está pensado para discapacitados. Se presta atención a la
accesibilidad al aula y hay un acompañamiento continuado a los participantes.
A nivel organizativo, OEA Trust capta los recursos de los donantes y busca un
aliado local (empresa, ONG, Gobierno local). Esta organización facilita recursos
durante el primer año y compra los ordenadores necesarios. Microsoft ofrece
gratuitamente el software legal. El socio local recibe financiación pero debe
también cofinanciar y asegurar la sostenibilidad buscando nuevos socios para
proseguir el proyecto tras el primer año de apoyo ya que se compromete a
gestionar las aulas durante dos años más. El trabajo de OEA Trust es el de
sensibilizar al empresario, crear redes para que el proyecto sea sostenible y
trabajar con las comunidades.
El 9 ó el 10% de los participantes genera una nueva actividad económica
y algunas de las personas que siguen los cursos se insertan a través de la
misma red que gestiona el aula ‘Mi llave’ en la región. Según OEA Trust, la
experiencia demuestra que todos los grupos afectados han sido víctimas
y que comparten, en realidad, el sufrimiento pero también las ganas de
tener nuevas oportunidades.
En todo caso, la incorporación a la empresa (urbana o rural) de personas en
situación de vulnerabilidad a causa del conflicto debe hacerse no sólo en base al
trabajo decente y a la no discriminación sino prestando además atención al papel
que jugó cada persona en el conflicto y a las capacidades que la empresa puede
potenciar en su área de influencia. En este sentido, la empresa puede también
apoyar las habilidades que esas personas habían desarrollado antes del conflicto
o durante el mismo (por ejemplo, desmovilizados/as que han sido expertos/as en
telecomunicaciones, sastres, cocineros, enfermeros o campesinos que conocen las
labores de la tierra y la ganadería) o promover nuevos aprendizajes adaptados a la
demanda real del mercado o de la propia empresa. En todo caso, es necesario evitar
que la experiencia fracase debido a una formación sin recursos o mal orientada.
La empresa debe recordar que esta formación suele ser financiada por organismos
públicos o internacionales por lo que no siempre implica un coste adicional y que
puede ser gestionada por organizaciones especializadas externas.
El sector privado puede también favorecer, en su entorno, la creación de
cooperativas por parte de estos colectivos o de sus familiares dándoles formación
y asegurándoles la compra de sus productos o servicios cuando éstos cumplan,
a medio plazo, sus requisitos de calidad. Algunas empresas u organizaciones
empresariales o sectoriales ofrecen también, mediante el voluntariado corporativo,
la capacitación en planes de negocio para las personas que han mostrado interés
en crear su propia empresa, cooperativa o proyecto comunitario.10
Por otra parte, en la última década, Naciones Unidas ha apostado de manera
decisiva por la equidad de género y por el empoderamiento de mujeres y niñas
como una de las principales vías para salir de la pobreza. Esto es aún más cierto
en escenarios en reconstrucción. A pesar de que, según los datos disponibles, las
mujeres se hallan sobrerrepresentadas entre los pobres, estudios recientes han
puesto de manifiesto que, facilitando a las niñas un nivel educativo similar al de los
niños, y a las mujeres oportunidades de empleo en términos de equidad respecto
a los hombres, se dispara el crecimiento económico y la productividad, se reduce
la morbilidad y mortalidad infantil y materna y se mejoran de manera determinante
los niveles de nutrición y de salud de la población en general. Por estas razones,
la comunidad internacional insta a las empresas a establecer políticas no sólo no
discriminatorias respecto a la mujer, sino también proactivas respecto al papel
que ésta puede desempeñar con relación al crecimiento económico y al desarrollo
humano a través de su capacitación y la generación de ingresos y autonomía propios.
El sector privado y, en particular los sectores que tradicionalmente emplean a mujeres
como el manufacturero o el agrícola, deben tener presente que las mujeres que cuentan
con ingresos dignos y propios contribuyen de manera muy significativa a la disminución
de la pobreza, debido a que emplearán estos ingresos de manera prioritaria en
nutrición y educación en su círculo familiar. Las mujeres y las madres son, por tanto, las
emprendedoras que la empresa debería priorizar, como demuestran las experiencias
de microfinanciación llevadas a cabo en las últimas décadas en países empobrecidos.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El trabajo con
discapacitados
en países en
postconflicto
ha sido
desarrollado
por HANDICAP
INTERNACIONAL
Peace factories en Myanmar
La ONG Birmania por la Paz lanza una iniciativa para apoyar a los colectivos
birmanos que buscan una salida pacífica al conflicto. La primera fábrica
que contribuye a crear en el año 2010 es un taller textil con capacidad para
aproximadamente 300 mujeres birmanas y tailandesas. La fábrica, que
contará con 100 máquinas de coser y una guardería, producirá artículos
textiles bajo condiciones de trabajo decente. Más información en:
<http://birmaniaporlapaz.org/jml/>.
Por otra parte, el trabajo con discapacitados en países en postconflicto ha sido
especialmente desarrollado por la organización no gubernamental HANDICAP
INTERNACIONAL mediante alianzas público-privadas en más de 69 países. A través
de esta ONG, diversas empresas locales e internacionales han contribuido a la
contratación de personas que mostraban algún tipo de discapacidad a raíz del
conflicto propiciando su reinserción económica y social.11
Respecto a las políticas de RSE con desplazados y refugiados cabe señalar que, a
menudo este grupo de personas son los grandes olvidados tanto en los programas
internacionales o gubernamentales de ayuda como en las políticas de RSE de las
empresas.12 A pesar de ello, su reintegración económica, ausente de la agenda oficial
de la reconstrucción, puede convertirse en una oportunidad para la contribución de
la empresa a la construcción de paz.
Refugiados, desplazados y retornados
La Convención de Refugiados de 1951 describe al refugiado como una persona
que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. Los
desplazados internos (IDPs por sus siglas en inglés) son personas que, como
una reacción ante amenazas de todo tipo, huyen de las zonas de conflictos
o de persecuciones civiles. Su número es elevado, aproximadamente 26
millones en todo el del mundo. La diferencia con los refugiados radica en
que son desplazados dentro de su propio país. La Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que entre 2,3 y 3,3 millones de las personas desplazadas
viven con discapacidad, un tercio de ellos son niños.
Los retornados son personas que fueron forzadas a abandonar sus
hogares, y realizan un regreso voluntario a su país de origen. Sólo una
minoría tiene la oportunidad de ser reasentada en terceros países o de
ser integrada localmente a la sociedad de los países de acogida. Dentro
de estos grupos, por lo menos la mitad de las personas desarraigadas son
mujeres adultas y niñas. Las mujeres no sólo son sometidas a amenazas
personales y a la consecuente estigmatización social, sino que deben
encargarse de la seguridad física, el bienestar y la supervivencia de sus
familias. Los hombres adultos y los niños son, a menudo, descuidados en los
debates sobre desplazamiento forzado. Sin embargo, se ven directamente
afectados, por los conflictos armados y están en riesgo de reclutamiento
forzado en ejércitos y grupos armados. Con frecuencia experimentan
una grave pérdida de autoestima al convertirse en beneficiarios de la
asistencia internacional. En las áreas urbanas, los hombres refugiados y
los niños son, a menudo, amenazados con la detención y la explotación,
especialmente en los países en los que les está oficialmente prohibida
la entrada en el mercado de trabajo. A este respecto, la empresa deberá
consultar cúal es la reglamentación nacional vigente en el país.
Según diversas encuestas publicadas por el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la situación de provisionalidad en la
que viven estos colectivos hace que sean más proclives a las ayudas o a
iniciativas que promuevan la autogeneración de ingresos que a ser empleados
directamente por una empresa, aunque existen también diferencias entre
países. En este sentido, puede ser interesante que la empresa invierta en
acciones de microemprendimiento y formación que permitan a este colectivo
convertirse en sus proveedores a través de microempresas, empresas
familiares o cooperativas. Además, y principalmente los jóvenes y adultos de
este grupo, suelen provenir de las áreas rurales por lo que serán prioritarias
las acciones en éste ámbito si se quiere ofrecer capacitación y oportunidades
de empleo de acuerdo a este perfil.
La RSE orientada a la población desplazada
Para atender el carácter rural de los colectivos de desplazados y tomarlo
en consideración en su reintegración económica, la Asociación Colombiana
de Exportadores de Flores (Asocolflores) llevó a cabo una actividad pionera
creando en Cundinamarca una escuela de floricultura en colaboración con el
SENA. Se dio respuesta así a la dificultad de adaptación de los desplazados
de origen rural que debían cubrir empleos en fábricas del área urbana.
Durante algunos años, esta experiencia facilitó una formación remunerada
siendo posteriormente empleados los participantes en Asocolflores.
Una empresa del sector eléctrico, en colaboración con ACNUR, facilita las
tareas de retorno de los desplazados y refugiados apoyando de manera
prioritaria la reconstrucción de las infraestructuras eléctricas en las zonas
de retorno. Esto no sólo ha permitido a la empresa recuperar parte de su
negocio y mercado sino también afianzarse como un actor con un impacto
social en la zona.
Se ha identificado igualmente que, algunas empresas que han promocionado,
por ejemplo, proyectos de educación infantil en países que están saliendo de un
conflicto armado no han tenido en cuenta que un número muy elevado de éstos
eran desplazados y que, por lo tanto, debían ser objeto de acciones sensiblemente
diferentes a las que suelen ir dirigidas a menores que se encuentran simplemente
en situación de pobreza. En este sentido, ACNUR y su delegación en cada país
puede ofrecer orientaciones al respecto.
En lo que respecta específicamente a comunidades indígenas objeto de
desplazamiento a causa del conflicto, no se han podido identificar experiencias
de relevancia en el ámbito empresarial. En todo caso, la empresa debe ser
especialmente vigilante en evaluar si una determinada actividad de reconstrucción
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Los excomba-
tientes
son objeto de
prejuicios y
estigma-
tización
El perfil del
excombatiente
varía mucho de
un país a otro
puede acarrear nuevos desplazamientos de población y cómo gestionarlos si las
consultas previas a los implicados así lo permiten.13
Finalmente la empresa es especialmente reticente a contribuir, desde su área de
influencia, a la reintegración económica de excombatientes (hombres y mujeres)
debido a la actividad armada de este colectivo. Es, sin embargo, uno de los actores
que más puede poner en peligro la consolidación de la paz si retoma la vía armada
debido a la falta de alternativas económicas de subsistencia y el que también es
objeto de prejuicios y estigmatización.
En este sentido, la empresa debe saber que, tras la firma de los acuerdos de
paz, los combatientes suelen dejar las armas, desmilitarizarse y reintegrarse a la
vida civil. Este complejo proceso recibe el nombre de Desarme, Desmovilización
y Reintegración (DDR) de antiguos combatientes. Así, un número determinado de
combatientes, ya sea de forma individual o colectiva, y pertenecientes a fuerzas
armadas o a grupos armados de oposición, se desarman, desmilitarizan y reintegran,
bien a la vida civil o a las fuerzas armadas o de seguridad del país.
¿Qué es la reinserción y reintegración de excombatientes?
La sigla “R” de los programas de DDR se puede subdividir entre reinserción
y reintegración, llegando a formar lo que se entiende como DDRR, en
función de su longitud en el tiempo.
• Reinserción: asistencia ofrecida a los excombatientes durante la
desmovilización, pero previa al proceso a largo plazo de la reintegración.
Se trata de una forma de asistencia transicional para cubrir las
necesidades básicas de los excombatientes y sus familias y que puede
incluir prestaciones para la seguridad, alimentos, ropa, servicios médicos,
educación a corto plazo, formación, empleo y herramientas.
• Reintegración: proceso por el que los excombatientes adquieren la
condición de civiles y obtienen un empleo sostenible e ingresos regulares. Se
trata esencialmente un proceso social y económico con un marco cronológico
abierto, que se produce en primer lugar en las comunidades. Forma parte
del desarrollo general de un país constituye una responsabilidad nacional
y a menudo necesita de la asistencia exterior a largo plazo. Originalmente,
la reintegración se concebía como las oportunidades económicas para los
excombatientes, especialmente en el aspecto de la formación vocacional.
Progresivamente se fue tomando conciencia de la necesidad de indagar
en el ámbito social de esta fase, en aras de una mayor reconciliación de
una sociedad en un contexto de rehabilitación posbélica.
El colectivo de excombatientes ha podido vivir situaciones de extrema violencia
(especialmente graves violaciones de derechos humanos, incluidas masacres,
crímenes de lesa humanidad, genocidio, etc.). Esta es la principal razón por la que
la empresa se muestra, de entrada, reluctante a emplear a este tipo de personas.
Sin embargo, el perfil del excombatiente varía mucho de un país a otro. En algunos
casos se trata de un hombre, joven, soltero, agricultor, pobre, analfabeto (en
Somalia) pero en otros casos son mujeres (en Nepal, más del 30% son mujeres). En
África Occidental, son muy numerosos los menores-soldados mientras que en las
guerrillas de países asiáticos de cariz comunista suelen ser jóvenes procedentes de
contextos urbanos con un nivel educativo medio.
En el caso de la implicación del sector privado como proveedor de empleo para
este grupo, cabe resaltar que las empresas pueden proporcionar un empleo directo
o hacerlo por medio de una Fundación propia o externa. Efectivamente, cuando la
empresa percibe algún tipo de dificultad para la contratación o subcontratación
directa de excombatientes, puede optar por hacerlo a través de una fundación o de
una organización del tercer sector a nivel local o incluso contratar a algún miembro
de la estructura familiar. Se han dado casos de contratación de mujeres de
desmovilizados por parte de empresas que no han querido vincularse directamente
con este colectivo. La empresa debe saber que puede recibir un incentivo económico
por parte del Gobierno para la contratación de estas personas.14 En todo caso,
el sector privado también puede preferir un tipo de desmovilizado frente a otro
debido a sus características socioeducativas.15 En algunos casos, las empresas
han ofrecido programas de voluntariado corporativo de ayuda a la generación de
emprendimiento con resultados muy exitosos y algunas experiencias han promovido
la generación de negocios de tipo familiar que han resultado ser más sostenibles
en el tiempo que las cooperativas.
Empleos generados por planes de negocios en Colombia (2010)
2007: 503
2008: 578
2009: 806
2010 (hasta mayo): 211
Por operador integral: 1308
En total: 3406 empleos generados por planes de negocios.
En algunos casos, la empresa privada ha contratando a excombatientes para ser
empleados en tareas de seguridad. Sin embargo, ésta no es una función recomendable
en términos de construcción de paz porque no conlleva para las personas implicadas
el abandono de la actividad armada y puede suscitar, al contrario, problemas
relacionados con la seguridad de la población y de las propias empresas.
Alternativas a la contratación de desmovilizados
Una empresa no considera prudente emprender la contratación de
desmovilizados por cuestiones de seguridad por lo que opta por facilitarles
capacitación y oportunidades de emprendimiento a través de su Fundación
o de una organización local especializada. Paralelamente ofrece a las
mujeres de éstos la posibilidad de crear una cooperativa con el objetivo
de que suministre el catering a la empresa en el medio plazo. Para ello, les
proporciona tanto formación específica como apoyo logístico.
Por otra parte, cabe señalar que el empleo de mujeres desmovilizadas ha sido
tradicionalmente relegado a un segundo plano por constituir éstas habitualmente un
grupo minoritario dentro de este colectivo. Éstas han optando consecuentemente por
la vía del autoempleo en la economía informal. Aparte de las mujeres desmovilizadas
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Se aconseja
priorizar los
oficios o artes
personales o
familiares
Las personas
indígenas
o mestizas
son las que
registran un
mayor déficit
de trabajo de
calidad según
datos de los
organismos
especializados
como tales, se han creado en numerosos conflictos redes conformadas por mujeres
(esposas, hermanas, hijas, etc.) que han dado apoyo a sus familiares presentes
en los grupos armados (información, manutención, alojamiento, etc.) y que, una
vez finalizado el conflicto, sienten la necesidad de una reintegración económica y
social para pasar de una economía de guerra a otra de paz. Desde esta perspectiva
amplia, el papel de la empresa con relación a este colectivo es de gran relevancia
para la consolidación de la paz; más aún cuando este grupo es el que lidera, según
diversos análisis, las experiencias de construcción de paz en las comunidades que
fueron afectadas por el conflicto.
El perfil de estas personas es diverso pero la actividad llevada a cabo durante
el conflicto les ha proporcionado, por ejemplo, capacidades en medicina (sobre
todo medicina natural a base de recursos naturales), enfermería, logística, trabajo
comunitario, confección, agricultura, asistencia familiar, asistencia y fortalecimiento
psicológico, etc. Estas capacidades contrastan, sin embargo habitualmente, con un
bajo nivel de escolaridad y dificultades de adaptación a un nuevo proyecto de vida. En
todo caso se aconseja priorizar los oficios o artes personales o familiares así como
la preparación académica que se habían desarrollado antes del conflicto. Cualquier
propuesta desde el sector privado deberá ofrecer oportunidades de formación y
promoción, tanto social como económica, así como un apoyo a la estructura familiar.
Será importante también generar oportunidades de organización que incentiven
el liderazgo de estas personas y estimular sus logros para generar autoconfianza
desde el área de influencia de la empresa.
Finalmente, cabe destacar algunas experiencias empresariales respecto a las
minorías y poblaciones históricamente discriminadas, cuyas reivindicaciones
pueden ser parte del origen del conflicto o que se ven directamente afectadas
por la violencia de éste. El eje principal de esas experencias es la formación y
capacitación de las comunidades locales con el objetivo de favorecer el empleo
y el emprendimiento así como actividades que beneficien a sus familias y al resto
de la comunidad. En entornos complejos, la empresa debe ser aún más vigilante
respecto a la diversidad étnica y cultural del país para construir su política de RSE.
Las personas indígenas o mestizas son las que registran un mayor déficit de trabajo
de calidad según datos de los organismos especializados. Frente a esta situación,
la política de recursos humanos de la empresa deberá adoptar, en la medida de
lo posible, medidas correctoras a largo plazo mediante una inversión en formación
profesional, para así no excluir de facto a determinados colectivos que son
tradicionalmente marginados de determinados puestos de trabajo. Para empezar,
es recomendable que la empresa conozca cuál es la proporción de determinadas
etnias o minorías con respecto a la población total en el ámbito local, de manera que
pueda contrastarla con su presencia en la empresa, teniendo en cuenta también el
lugar que ocupan y la perspectiva de género. La empresa, así mismo, deberá tener
en cuenta que determinadas personas precisarán seguramente de un esfuerzo
sostenido en el campo de la formación continuada que les permita equiparar sus
oportunidades respecto a los demás empleados en el medio plazo.
La empresa, sin embargo, debe saber que ésta no es una tarea fácil de llevar a
cabo en sociedades donde se da una discriminación estructural en el sistema
económico, social y cultural. Por lo tanto, puede serle útil recurrir a organizaciones
locales y sindicales conocedoras del contexto social para recibir el asesoramiento
pertinente. No se debe olvidar tampoco que esta política puede llevar consigo
fuertes tensiones internas entre empleados, por lo que se deberá acometer tras
haber trabajado en el ámbito interno la apuesta por determinados valores que
fomenten el respeto y la inclusión por encima de prejuicios raciales, religiosos,
etc. En definitiva, la empresa deberá buscar a menudo un difícil equilibrio entre
la apuesta por la diversidad y el respeto cultural hacia costumbres que parecen
inalterables.
La diversidad que crea valor en la empresa
B
? A
Mejor reputación internacional
Mayor reconocimiento e integración en la comunidad
local. Oportunidad para ampliar la perspectiva de negocio
Mayor cuota de mercado y diversificación de productos
C
La estructura de la sociedad La sociedad en la empresa
En este sentido, la apuesta por la no discriminación, la diversidad y la formación
interna —profesional, pero también en valores— será la herramienta más eficaz
para que las empresas contribuyan desde su área de influencia a la promoción
de los derechos humanos de las poblaciones mestizas y multiétnicas, tanto en
las sociedades donde ocupan un segmento importante de la población como en
aquellas donde representan una minoría. La empresa, asimismo, tendrá que cultivar
la transparencia en este ámbito, por lo que no deberá olvidar hacer referencia a
esta política, a sus objetivos y resultados, en los correspondientes informes de
responsabilidad social.
La experiencia de PAVCO con comunidades discriminadas
El Grupo Amanco establece en los años noventa una planta de producción
(PAVCO) en el Norte del Cauca, una de las regiones más pobres de
Colombia afectada, además, por diversos actores del conflicto. El grupo
AMANCO de MEXICHEM es líder en Latinoamérica en la producción y
comercialización de soluciones para la conducción de agua y control de
fluidos (Tubosistemas). La empresa decide implementar una estrategia de
desarrollo de capacidades locales con el objetivo de incorporar a la gente
de la región oriunda del Norte del Cauca en las operaciones de la empresa.
Esta iniciativa se materializa con la contratación de 100 personas con
vinculación directa y contrato indefinido. El parque industrial está rodeado
de poblaciones pequeñas de comunidades de afrodescendientes.
A diferencia de otras empresas presentes en los parques industriales
de la zona, Pavco decidió trabajar con personal originario de la región
procedente de comunidades afectadas por la violencia. La empresa
invirtió por lo tanto en programas de capacitación intensiva y, si bien se
partió de una imagen positiva del personal presente en la región, no se
desconocieron sus limitaciones. Mediante este esfuerzo en formación y
con la ayuda de entidades estatales, los empleados de PAVCO elevaron
sus niveles de competencias básicas y específicas para el desarrollo de su
actividad. Los empleados, que nunca antes habían trabajado en el sector
manufacturero, cuentan actualmente con estudios técnicos e incluso
profesionales y ocupan en algunos casos, cargos de dirección en la planta
como supervisor o ingeniero de proceso.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Es relevante
empresa
desarrolle un
trabajo de
apoyo a las
necesidades
básicas de la
comunidad
en la que se
que la
inserta
Cuando se iniciaron las operaciones en el año 1998, existía en la zona
un prejuicio generalizado por parte de los empresarios acerca de los
trabajadores de la región. Tras 11 años operando, la planta de PAVCO
en Guachené, presenta indicadores de productividad muy positivos, con
el 82% de la gente originaria de la región, por lo que es considerada una
planta modelo en el grupo Mexichem.
Durante estos años PAVCO ha desarrollado, en paralelo, programas con
las mujeres familiares de los trabajadores de la región, implementando
negocios inclusivos (asociación Minga Mujer) como estrategia de
integración socioeconómica de las comunidades del entorno a la cadena
de valor. Interesada en el desarrollo de las comunidades vecinas y
tomando en cuenta que algunas de estas mujeres pertenecían a las
familias de sus colaboradores, PAVCO convirtió a la Asociación en la
proveedora del catering en su planta. Desde hace algo más de tres años,
la asociación Minga Mujer los provee también de wipe, (telas para limpiar
las máquinas) y, dada la calidad de los suministros, inició un proceso
de divulgación en la zona industrial y posibilitó que otras empresas las
tomaran como proveedoras de servicios, no sólo de alimentación, sino
también de confecciones.
PAVCO realiza, además, una inversión social, en alianza con los gobiernos
locales y UNICEF a través de obras de infraestructura en el sistema
educativo de la zona. Se han invertido cerca de 230 mil dólares ($450
millones de pesos) y se gestiona directamente la ejecución de las obras,
donde aparte del gobierno local y de la empresa, también participan
comunidad y trabajadores. Igualmente, PAVCO lidera el proyecto para que
el agua potable sea una realidad a través de la implicación del gerente
general de PAVCO y de toda la organización. Esto ha traído, según la
empresa, compromiso y lealtad por parte de los trabajadores y de la
comunidad de la región.
Según PAVCO, esta visión estratégica ha generado los siguientes beneficios:
a. Oportunidades de empleo formal para las comunidades, lo que
disminuye el riesgo de que se vean inmersas en el conflicto por la situación
económica extrema en la que viven;
b. Mejora del nivel de capacitación de la gente de la región, convirtiéndose
en un referente de progreso para sus comunidades;
c. Obtención de indicadores de producción y rentabilidad positivos como
resultado del reconocimiento de unos derechos a las comunidades
locales hasta ahora excluidas. El respeto por el medio ambiente, clave
en la cultura de estas comunidades, ha sido también un aspecto decisivo
para el compromiso de los empleados.
Finalmente, es relevante que la empresa cuya política de RSE persigue contribuir a
la paz y afianzarse en el mercado mediante la generación de confianza desarrolle
un trabajo de apoyo a las necesidades básicas de la comunidad en la que se inserta
atendiendo, especialmente, a los contextos en postconflicto. Éste es el caso de
diversas experiencias empresariales que han apostado por reforzar el sistema de
salud en contextos de reconstrucción atendiendo tanto las enfermedades endémicas
de la zona como a las surgidas a consecuencia del conflicto.16 El coste-beneficio es
claramente favorable a la empresa como muestra, por ejemplo, el caso de la política
de una empresa de petróleo en Asia cuyo coste para establecer una política de
relación con la comunidad fue estimado en 6 millones de dólares o el equivalente
al 0,13% del coste total de proyecto (United Nations Global Compact y PRI, 2010).
3.4. La dimensión política de la RSE en la construcción de paz: el papel
de la empresa en la negociación de la paz
La empresa tiene un fuerte potencial de reconstrucción tanto a través del desarrollo
económico como de sus políticas de RSE pero puede desarrollar igualmente un
papel como constructora de paz mediante acciones que sobrepasan en algunos
casos y como se verá a continuación, la concepción tradicional de las teorías de
la RSE basada en un papel que se limita a los ámbitos económico, social y medio
ambiental. Efectivamente, la empresa ha desarrollado, en diferentes contextos y
países en conflicto o reconstrucción postbélica, políticas y actividades que han
ido más allá apoyando, por ejemplo, activamente la negociación de un proceso
de paz entre las partes implicadas. Estas actividades ilustrarían las dinámicas de
cambio que se están produciendo entre Estado, economía y sociedad civil (Scherer
y Palazzo, 2007) y la consiguiente descentralización de la autoridad y la emergencia
del poder a manos de actores no estatales al cuestionar el concepto de Estado-
nación (Rondinelli, 2002). En este contexto, diversos autores hablan de la empresa
como un nuevo actor político en la escena mundial (Scherer, Palazzo y Baumann,
2006) e incluso proponen un concepto político de RSE (Sherer y Palazzo, 2010).
Los tres pilares de la RSE + 1
papel politico RSE
económico
El sector privado ha participado en los últimos años en procesos de paz formales
promoviéndolos desde dentro, como parte del equipo negociador, o desde fuera,
movilizando a la opinión pública, haciendo de puente entre las partes enfrentadas
u ofreciendo apoyo logístico. Esto ha sucedido en países con conflictos de diversa
índole como Colombia, El Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Mozambique,
Sudáfrica, R.D. Congo o Sri Lanka.
En todo caso, estudios recientes indican que en los contextos en los que el sector
privado ha contado con un alto grado de credibilidad (incluso mayor que el de
algunos actores formales en el conflicto), ha tenido acceso directo a las partes en
conflicto y ha tenido un interés estratégico en su resolución, puede convertirse en
un actor directo y tener un impacto significativo en el desarrollo del proceso de paz
(Tripathi y Gündüz, 2008).
En cualquier caso, la motivación de las empresas, que ha sido tan diversa
como conflictos ha habido en el mundo, parece haber respondido en un gran
número de ocasiones a la necesidad de la paz como única vía para desarrollar
una actividad económica de mayor envergadura que conlleve el consiguiente
aumento de beneficios y la reducción de los costes asociados al conflicto17, lo
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
En Sudáfrica
una parte
importante
de la clase
empresarial
apoyó el
paulatino
desman-
telamiento del
apartheid
que se ha llamado “el dividendo de la paz”.18 Otra motivación ha sido, en algunos
casos, la alianza con la élite política para un “reparto” político-económico del
país en el periodo de reconstrucción a pesar de que, a menudo, dichas élites han
estado estrechamente vinculadas a las raíces socioeconómicas del conflicto. En
estos casos, los intereses de las élites políticas y económicas de un determinado
país que, en algunos contextos, formaban parte de las causas estructurales
del conflicto y de la violencia armada, pueden subyacer en los acuerdos de paz
manteniéndose así un statu quo poco proclive al rediseño de un país en términos
de paz, seguridad humana o justicia social.
Algunos factores que explican la implicación del sector
privado en la construcción de paz
- Reducción de los costes financieros y humanos asociados al conflicto
- Aumento de los beneficios asociado a la resolución del conflicto
- Reducción de los altos niveles de violencia de la que es objeto la empresa
- Motivación moral, perfil y liderazgo de algunos empresarios
- Embargos económicos internacionales o regionales
- Ausencia del Estado
- Necesidad de preservar los intereses de las élites económicas en la era postconflicto
- Peso relativo de cuestiones económicas en la resolución del conflicto
- Importancia del peso del sector empresarial y su credibilidad frente los
demás actores
- Capacidad de mediación entre las partes
- Cultura empresarial de relación con la comunidad local
- Llamada explícita a implicarse por parte de alguno de los actores en el conflicto
- Aparente neutralidad del sector privado en comparación con los actores políticos
- Capacidad para desbloquear negociaciones
- Capacidades financieras, técnicas y logísticas
A pesar de que este artículo va a centrarse en los aspectos aportados por el
sector privado que pueden suponer un apoyo al proceso de paz y a la negociación
de la paz, no deben olvidarse algunos de los aspectos más relevantes que pueden
desaconsejar una intervención del sector privado en estas cuestiones como, por
ejemplo, la desconexión del sector privado con los factores de resolución del
conflicto, una postura intransigente frente a los cambios que precisa el país en
términos de modelo y poder económico o la defensa de intereses económicos
contrarios a los intereses generales.
El caso de Sudáfrica
En Sudáfrica, país sometido al régimen del apartheid hasta el año 1994, una
parte importante de la clase empresarial apoyó el paulatino desmantelamiento
del apartheid de manera discreta desde finales de los años setenta (Theuns,
2007). Este apoyo culminó con la creación, a principios del año 1989, del
Consultative Business Movement (CBM), organización que empezó a romper
barreras entre los distintos actores (principalmente el Congreso Nacional
Africano y el Frente Democrático Unido) e incluso actuó como mediador cuando
el Inkatha Freedom Party (ICF) amenazó con retirarse de las elecciones de
1994. Su credibilidad e imparcialidad dieron al sector empresarial un papel
preeminente durante gran parte del proceso debido a la importancia de las
cuestiones económicas en el mantenimiento y resolución del conflicto. El
CBM fue también el instrumento empresarial para el mantenimiento de la
estabilidad económica a lo largo del proceso de transición, ofreciendo cierta
seguridad a las empresas, tanto locales como extranjeras. En todo caso, el
CBM estableció un diálogo con el Congreso Nacional Africano (CNA) cuando
éste se encontraba todavía en el exilio, fue uno de los iniciadores del proceso
formal de paz al apoyar activamente el Proceso Multipartidista de Negociación,
constituyó el National Economic Forum en 1992 y participó activamente en la
política de cambios y aplicación de un ambicioso programa socioeconómico
post- apartheid (Reconstruction and Development Programme).
Más adelante, en el año 1995, el apoyo de la clase empresarial a la era post-
apartheid se plasmó en la National Business Initiative (NBI) que, con el claro
apoyo del presidente Mandela, desarrolló dos iniciativas relevantes: la Business
Against Crime (BAC), organización creada en el año 1996 para tratar cuestiones
vinculadas a la seguridad y estabilidad de la nueva democracia y Business Trust
(BT), fundada en 1998, con el objetivo de diseñar estrategias de crecimiento
económico, capacitación de futuros trabajadores y creación de empleo. Ambas
iniciativas representan una alianza activa entre el sector empresarial y el
Gobierno y son ejemplos de la incorporación de aspectos de construcción de paz
en acciones distintas a las políticas de RSE clásica.
A partir del año 1999, el programa de desarrollo económico fue lenta y
políticamente reemplazado por una llamada hacia una mayor redistribución del
poder económico a favor de la población negra y de otras minorías. De hecho,
éste era uno de los factores clave en la reconstrucción del país que debía
permitir evitar la vuelta al statu quo económico previo. Las empresas tuvieron
entonces que responder a las nuevas necesidades políticas que instaban a una
mayor redistribución del poder económico en términos de equidad. El 10% de la
población sudafricana, la población blanca, continuaba controlando la mayoría de
los negocios importantes en el país. Esta tendencia llegó incluso a ser plasmada
legislativamente en el controvertido Black Economic Empowerment Act (Ley de
Empoderamiento Económico de la Población Negra) 53/2003 que obligaba, entre
otros, a una mayor equidad en el empleo y a una redistribución equitativa de la
propiedad de determinadas empresas entre la población blanca y la negra.19
En una fase más reciente, el presidente Mbeki se refirió como “Estado del
Desarrollo” al papel del Estado en la transformación de Sudáfrica, basándose en
la idea de que las fuerzas del mercado no pueden por sí solas resolver la pobreza
y la desigualdad, por lo que es necesaria una fuerza de contrapeso, en este caso
el Estado, con tareas redistributivas. Posteriormente, se añade un nuevo criterio
interpretativo (broad-based – amplia base - BB) al principio de redistribución del
poder económico a la población negra (BEE) visto anteriormente, por el hecho
de que su implantación no alcanzaba los niveles más humildes de la sociedad
y sólo enriquecía a las clases altas negras. El nuevo criterio acuñado es el de
empoderamiento económico a la amplia base de la población negra (BBBEE). Sin
embargo, estas políticas se ven bloqueadas por la imposibilidad de incrementar
el gasto público y por la falta de personal cualificado.
Es indudable que, en términos generales, la participación de las empresas
en la construcción de paz en Sudáfrica fue determinante para el éxito de la
transición hacia un régimen democrático. Sin embargo, y paralelamente a estas
iniciativas, cabe señalar que diversas empresas presentes en el país durante
el apartheid son actualmente objeto de una demanda ante un tribunal de los
Estados Unidos por su presunta connivencia con el régimen y complicidad en
abusos a los derechos humanos.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El caso Khulumani
En el año 2002 un grupo de ciudadanos sudafricanos demandó a 33
empresas ante una corte federal de Estados Unidos bajo la Alien Tort
Claims Act. Los demandantes alegaron que la presencia de éstas durante
el apartheid facilitó los abusos a los derechos humanos hacia la población
negra a manos del Gobierno y que el régimen del apartheid se nutrió de
manera importante del apoyo financiero y logístico que proporcionaron
dichas empresas. Según el juez a cargo del caso, Ford, GM o Daimler
facilitaron, por ejemplo, vehículos especialmente blindados a las fuerzas
de seguridad del país e IBM facilitó documentos de identidad con perfiles
discriminatorios. El Gobierno de Sudáfrica, que inicialmente se opuso a
esta demanda, que prosigue actualmente contra un número reducido de
empresas, anunció sin embargo a finales de 2009 su apoyo de principio
al proceso legal.
En el caso
de Colombia,
el sector
empresarial
rubricó su
firma en
el acuerdo
de 1998
alcanzado por
el Gobierno
con el Ejército
de Liberación
Nacional de
Colombia (ELN)
El caso de Colombia
En el caso de Colombia, el sector empresarial rubricó su firma en el acuerdo de
1998 alcanzado por el Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia
(ELN) en Mainz (Alemania). Con relación a las negociaciones con las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia), el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-
2002) buscó el apoyo inicial del sector privado en la negociación pero el proceso
se rompió en febrero de 2002, tras 3 años de recorrido, debido a un aumento
significativo de la violencia guerrillera y a la falta de propuestas de peso por parte
del Gobierno.20 En el Comité Temático hubo siempre un representante de alto
nivel del sector empresarial21 aunque en el último periodo de las negociaciones
el comisionado del presidente relegó la presencia del sector empresarial a un
segundo plano circunscribiéndolo a cuestiones técnicas. En este sentido, el
Gobierno esperaba que el sector privado colombiano interpretara y diera respuesta
a las cuestiones económicas suscitadas por las FARC.
Esta posición del sector privado a favor de una paz negociada, contrasta con la
del periodo del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) en la que, la aplicación de
la llamada “política de seguridad democrática” y la vía militar para la resolución
del conflicto, recibe el apoyo del sector empresarial porque comporta de facto
una mayor y mejor movilidad de los negocios en el conjunto del territorio
nacional. El apoyo del sector privado a la reintegración de desmovilizados bajo
el Gobierno de Uribe responde por lo tanto, a menudo, a una respuesta de
“agradecimiento” de la empresa colombiana a los esfuerzos del Gobierno para
mejorar la capacidad operativa de las empresas en el territorio. Es también una
respuesta a la llamada expresa del presidente Uribe para que las empresas
colombianas colaboren, desde su área de influencia, a la provisión de empleo a
los más de 50.000 desmovilizados en los últimos años.
Otra implicación destacable del sector privado en la negociación de un proceso
de paz se produce en países en los que la explotación de los recursos naturales
ha sido uno de los factores clave en la negociación para el cese de hostilidades.
En estos casos, la explotación de los recursos naturales (gas, petróleo, diamantes,
minerales, etc.), a menudo circunscrita a una parte del territorio, supone no sólo
una de las principales fuentes de ingreso nacional, y por lo tanto de la capacidad
militar de un país, sino que es también una de las causas profundas del conflicto y
de la fractura social que vive el país. En numerosos casos, el control de los recursos
ha generado división entre las distintas comunidades, así como un descontento
general de la población que observa cómo la generación de ingresos no repercute
en una mejora de las condiciones de vida de la población en general mientras ésta
asume el coste directo de la degradación medioambiental. En algunos conflictos,
como el del Delta del Níger o el de Filipinas, la explotación de los recursos forma
parte de algunas de las agendas de negociación y las empresas encargadas de
su explotación son, por consiguiente, interpeladas al respecto.22 Más aún cuando
estas comunidades perciben a las compañías petroleras como “el único gobierno
que conocen”.23 En este sentido, la resolución de los temas que afectan a la gestión
de recursos y el papel que en él juegan las empresas, puede crear oportunidades
de paz o, por el contrario, exacerbar los detonantes del mismo (PNUMA, 2009). Esto
es especialmente relevante ya que, según datos de este organismo, el 40% de los
conflictos intraestatales desde 1960 están relacionados con los recursos naturales.
Según estudios recientes (Haysom y Kane, 2009), el tratamiento que los recursos
naturales han recibido en las negociaciones de paz es variable. En algunos casos,
se ha incluido una referencia a su propiedad y gestión en el articulado de una
nueva constitución o de un acuerdo de paz. En otros casos se ha relegado a un
segundo plano en los acuerdos a pesar de ser relevante para la trasformación del
conflicto. Según el PNUMA, menos de un cuarto de los acuerdos de paz de conflictos
relacionados con recursos naturales tratan la gestión y la forma de gobierno de los
recursos naturales (ibid.). En todo caso, ésta es una cuestión que se sitúa a la raíz
de muchos conflictos, puede perpetuar economías de guerra, aun en contextos de
paz, y supone por lo tanto la semilla para el resurgimiento de la violencia.
El papel del sector privado en algunos de estos contextos puede ser controvertido
ya que, en algunos casos suele ser cómplice en el mantenimiento de un statu
quo (una determinada distribución de los beneficios de la explotación de recursos
naturales, o distribución de la propiedad de las tierras, etc.) que no permite afianzar
los cambios indispensables para superar algunas de las causas del conflicto y
una mejor distribución de las riquezas. Estas situaciones han llevado a algunos
países a renegociar sus contratos con empresas que habían firmado concesiones
y licencias de explotación en términos poco ventajosos para la economía del
país y el beneficio de la población en general en el periodo de guerra (como por
ejemplo en la R.D. Congo). En todo caso, la gestión de los recursos naturales debe
crear las condiciones para que se desarrolle una economía local alternativa más
sostenible en el tiempo.
3.5. De la gestión del riesgo al control de la seguridad
Una de las cuestiones más relevantes para las empresas en determinados
contextos de conflicto y postconflicto es la de cómo compatibilizar la legítima
necesidad de proteger sus instalaciones y su personal garantizando al mismo
tiempo el máximo respeto a los derechos humanos y al DIH. La experiencia
reciente muestra que, tanto si se recurre a fuerzas armadas regulares como a
una empresa de seguridad privada, las tareas de seguridad deben llevarse a
cabo siguiendo un determinado protocolo de actuación en derechos humanos
reconocido internacionalmente y la correspondiente ley interna.
Para garantizar que nuestra empresa no sea acusada de complicidad en abusos
a los derechos humanos y al DIH se deberá recabar información, en primer lugar,
acerca del expediente en derechos humanos de las personas u organizaciones
que vayan a garantizar nuestra seguridad. No olvidemos que actualmente éste
es también un tema especialmente sensible para nuestra reputación, tanto en
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La empresa
mostrarse
especialmente
vigilante
cuando solicite
o apruebe la
militarización
de su área de
explotación
debe
La cuestión de
la seguridad
determina la
relación de la
empresa con
la comunidad
local
el ámbito local como en el internacional. La magnitud de esta cuestión para la
reputación de la empresa se refleja en el caso de la pérdida de cotización, hace
unos años, de las acciones de la minera Free Port McMoRan cuando ésta fue
investigada por agencias gubernamentales estadounidenses por pagos ilegales a
las fuerzas de seguridad que protegían sus instalaciones en Indonesia.
En segundo lugar, la empresa deberá establecer los límites de las tareas de seguridad
por medio de un protocolo o de un código interno regido por los correspondientes
estándares internacionales de derechos humanos y DIH. Si es necesario, se deberá
proveer mecanismos de formación ad hoc, así como mecanismos de sanción
efectivos en caso de incumplimiento. Una empresa que conoce o autoriza algún
caso de abusos a los derechos humanos por parte de los servicios de seguridad
que ha contratado puede incurrir en responsabilidad penal y civil.
La empresa debe mostrarse especialmente vigilante cuando solicite o apruebe la
militarización de su área de explotación en un contexto en el que el Gobierno y sus
fuerzas de seguridad sean considerados represivos respecto a los derechos de
sus ciudadanos, a tenor de los informes internacionales de derechos humanos.
En estos contextos de gran complejidad y de abusos sistemáticos a los derechos
humanos, a menudo, la comunidad local no puede distinguir entre las actividades
de seguridad de la empresa y la política represora del régimen, si las personas
que protegen las instalaciones de la empresa son exactamente las mismas que
las que se encargan de llevar a cabo actividades de represión o de abusos de los
derechos humanos en la zona a instancias del Gobierno. Esta situación implica
un riesgo mayor para la empresa si ésta cede, por acción u omisión, material o
infraestructuras para el desarrollo de acciones militares o de represión a alguna
de las partes enfrentadas. En este sentido BP acordó con el Gobierno indonesio
condiciones específicas para la protección de su proyecto de gas Tangguh
LNG. Por este acuerdo se redujo la presencia militar (limitada tan sólo a casos
excepcionales) y se reforzó el papel de la policía local. Asimismo, la empresa
confirmó que todos los pagos relativos a servicios de seguridad que se realizarían
se harían de forma transparente y pública.24
Por tanto, es fundamental que la empresa establezca una serie de condiciones
para que las fuerzas de seguridad no cometan abusos a los derechos humanos
contra las personas de las comunidades cercanas en sus acciones de protección
de las instalaciones, ya que serían, en última instancia, responsabilidad de la
empresa contratante. El sector privado debe tener presente que esta cuestión es
de particular importancia en contextos de reconstrucción postbélica pues puede
poner en serio peligro su reputación en los mercados financieros internacionales.
En definitiva, la cuestión de la seguridad es de especial importancia por cuanto
condiciona a menudo de manera determinante la relación de la empresa con
la comunidad local. En este sentido, determinadas empresas han empezado a
apostar por una política activa en la comunidad que aporte elementos de desarrollo
a la zona en el sentido de reforzar la seguridad humana y el diálogo frente a una
seguridad más clásica, basada en el uso de la fuerza.
Así pues, y a título de ejemplo, cabe mencionar que durante los disturbios de
Los Ángeles de 1992, también conocidos como la revuelta de Rodney King,
miles de personas llevaron a cabo numerosos actos violentos y pillajes en los
establecimientos de la ciudad. Sin embargo, los asaltantes evitaron atacar las
instalaciones de una de las cadenas de comida rápida presente en la ciudad,
como consecuencia de la intensa política de cercanía a la comunidad y arraigo
que ésta estaba llevando a cabo en la zona. Ésta consistía en una acción directa
y de proximidad con las comunidades locales que tuvo como consecuencia que la
comunidad percibiera sus activos (edificios y personal) como propios y no como
ajenos y susceptibles de ser atacados.
Relación de la empresa con la comunidad local
Empresa Comunidad local
¿Uso de la fuerza o seguridad humana?
Uso de la fuerza
Diálogo
Seguridad humana
Finalmente, cabe resaltar que una de las principales iniciativas internacionales
diseñadas para asesorar a las empresas sobre cómo puede abordarse la seguridad
son las de los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza
y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
el Código de conducta de Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley o los Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos.
Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos
-El tipo y el número de las fuerzas de seguridad pública desplegadas
deberán ser apropiados y proporcionales a la amenaza, de acuerdo con la
ley y los códigos internacionales.
-Las funciones de la seguridad privada son defensivas y preventivas.
-Las transferencias de equipos, material o instalaciones a los servicios de
seguridad debe implicar que su uso no se destinará a cometer abusos de
los derechos humanos.
-Las personas implicadas en abusos de los derechos humanos no deberán
prestar este servicio.
-La fuerza se utilizará cuando sea estrictamente necesaria, y de forma
proporcional a la amenaza.
-Los derechos de las personas no se deberán violar mientras estén
ejerciendo el derecho de libertad de asociación y de asamblea pacífica.
-Cuando se deba utilizar la fuerza, se deberá suministrar ayuda médica a
todas las personas heridas.
-A menudo será necesario llevar a cabo un esfuerzo de formación.
-Las empresas deberán informar a las autoridades competentes de
cualquier abuso cometido por las fuerzas públicas en su área de protección,
instando a investigar el caso y a realizar el seguimiento pertinente.
Las empresas deberán monitorizar las fuerzas de seguridad privadas,
investigar cualquier queja al respecto y, llegado el caso, denunciarlas ante
las autoridades competentes.
Finalmente, cabe destacar que el Gobierno suizo ha presentado a finales de
2010 el Código Internacional de Conducta para los Proveedores de Servicios
Privados de Seguridad (International Code of Conduct for Private Security
Service Providers), elaborado a través de la participación activa del sector
empresarial y en el que se han definido una serie de estándares operativos
para las empresas del sector que conjugan el respeto por los derechos
humanos así como la protección de los intereses empresariales. Esta
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Existe un gran
potencial de la
empresa para
la construcción
de paz desde
una posición
privilegiada
pero a la
vez de gran
responsabilidad
herramienta se suma a otras existentes como, por ejemplo, la desarrollada
en Colombia para el sector extractivo.
Conclusiones
El conjunto de estos aprendizajes nos muestra, en definitiva, el gran potencial de
la empresa para la construcción de paz desde una posición privilegiada pero a
la vez de gran responsabilidad. Una de las claves del éxito de estas acciones de
RSE es sin duda el de forjar alianzas con socios que compartan esta misma visión
innovadora y de gestión eficaz en entornos complejos. Sin las alianzas, la RSE en
contextos de reconstrucción postbélica se torna extremadamente compleja.
Es igualmente imprescindible que la política de RSE orientada a la construcción de
paz se construya de la mano de los stakeholders presentes en estos contextos o fin
de entender los aspectos en los que la empresa actúa como conector o divisor. Esta
relación con los stakeholders no sólo ofrece a la empresa una mayor legitimidad para
operar sino que es una fuente de ventaja competitiva por el grado de innovación que
genera dentro y fuera de la empresa. Estas relaciones, que pueden ser complejas,
deben convertirse en un tema clave de la gestión empresarial en estos entornos en
los que la creación de medidas de confianza mutua es indispensable.
Notas:
1. El GRI no incluye, por ejemplo, ningún indicador específico sobre construcción de paz en
el conjunto de sus indicadores del apartado sociedad.
2. Véase el apartado ‘De los conflictos armados a la construcción de paz’.
3. Las fases serían las de: prenegociación, negociación y postacuerdo.
4. Véase Parte 4.
5. La OIT define el trabajo decente como aquel que se realiza en condiciones de libertad,
igualdad, seguridad y dignidad humana. Dentro de esos cuatro grandes componentes la OIT
prioriza la libertad sindical, la negociación colectiva y la lucha contra el trabajo forzoso; la
igualdad y la lucha contra la discriminación en el empleo por razones de raza, etnia, origen
nacional, religión, edad o género; la seguridad social y la protección contra los riesgos del
trabajo y el desempleo; la erradicación del trabajo infantil y el diálogo social.
6. En Local Business, Local Peace: The Peacebuilding Potential of the Domestic Private
Sector de International Alert describe experiencias de políticas de construcción de paz por
parte de empresas locales en Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Colombia, Chipre,
R.D. Congo, El Salvador, Guatemala, Israel/Palestina, Kosovo, Nepal, Nigeria, Irlanda del
Norte, Filipinas, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sur del Cáucaso y Sri Lanka.
7. Lederach (1998) entiende la reconciliación como la restauración y reconstrucción
de relaciones que implican una manera de construir la paz arraigada a las realidades
personales y necesidades de las personas.
8. Véase el artículo de Luz Angela Zuluaga “El grupo ÉXITO y su atención a la población
vulnerable en Colombia”.
9. Véase artículo de Jorge Silva “MI LLAVE, Iniciativa de Integración Social para la Generación
de Oportunidades Productivas”.
10. Véase la experiencia del Banco de tiempo promovida por la Alta Consejería para la
Reintegración en Colombia.
11. Más información en <http://www.handicap-international.org/>.
12. A título de ejemplo, los 3,5 millones de desplazados en Colombia en el año 2010
constituyen un colectivo que no sólo ha sido víctima del conflicto sino que además ha sido
estigmatizado por su presunta implicación en él.
13. Véase artículo de Carlos Fernández y Aitor Pérez, “La empresa como actor de la
reconstrucción postbélica”.
14. En Colombia puede suponer el 30% del salario durante un año lo que es especialmente
apreciado por PYMES.
15. En el caso de Colombia, el sector empresarial ha mostrado su preferencia por los
desmovilizados de las guerrillas frente a los paramilitares por el mayor sentido de disciplina
y trabajo que suelen mostrar.
16. Véase el artículo de Katinka C. van Cranenburgh y Daniel Arenas “La asistencia sanitaria
de Heineken en entornos complejos”.
17. Véase el artículo de Angelika Rettberg “La participación del sector privado en la
construcción de paz: inventario e identificación de algunos ejemplos ilustrativos”.
18. Véase el artículo de Camilla Shipa “El valor de la paz para la economía”.
19. Una iniciativa similar se repite en 2010 en Zimbawe donde una ley pretende potenciar la
entrada de la población negra en la dirección de las empresas extranjeras de forma gradual.
La ley aprobada a principios de 2010 obliga a las compañías extranjeras, entre ellas minas
y bancos, a transferir a largo plazo el 51 por ciento de sus participaciones a zimbabwenses
negros. El Gobierno baraja la posibilidad de empezar con un umbral del 10 por ciento para
la población local. La iniciativa ha despertado los temores de los inversores foráneos, pese
a que Zimbabwe necesita del capital extranjero para mantener su economía, especialmente
después de una década convulsa en el aspecto político y, por extensión, en el económico,
bajo la presidencia de Robert Mugabe.
20. El Gobierno y las FARC sólo pactaron una tregua en una parte del territorio (San
Vicente del Caguán y cuatro municipios más) y en el resto del país no acordaron el
cese de las hostilidades.
21. Nicanor Restrepo, Pedro Gómez, Ramón de la Torre, Ricardo Correa.
22. Véase artículo de Esther Hennchen “El papel del sector extractivo en el desarrollo
sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell”.
23. Véase artículo de Esther Hennchen “El papel del sector extractivo en el desarrollo
sostenible y la paz en Nigeria: el caso de Royal Dutch Shell”.
24. Algunas empresas ya están siendo investigadas en Estados Unidos por pagos ilícitos,
en lo que constituye una clara violación de las leyes anticorrupción de este país (Foreign
Corrupt Practices Act, 1977).
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Parte 2:
La dimensión económica de la paz
El valor de la paz para la economía
Camilla Schippa, Vicepresidenta Senior del Global Peace Index, Sidney
Introducción
Es extremadamente difícil definir la paz y aún más medirla. Sin embargo, el Institute
of Economics and Peace (IEP) ha hecho notables progresos al respecto que se han
concretado con su trabajo relativo al Índice de Paz Global (IPG).1 En este sentido,
el IEP ha creado un marco para medir la paz e identificar los factores que generan
paz y permiten valorar monetariamente la paz, lo que, a su vez, permite que las
empresas entiendan el impacto de la paz en sus mercados, costes y márgenes.
La investigación llevada a cabo, utilizando datos procedentes del IPG, ha mostrado
que las sociedades con gobiernos que funcionan adecuadamente, que presentan
un entorno empresarial sólido, niveles altos de libertad de información, baja
corrupción, una tasa elevada de educación, un profundo respeto por los derechos
humanos y buenas relaciones con sus países vecinos son más propensas a
presentar niveles bajos de violencia.2
Los beneficios aportados por la paz también pueden medirse en términos
económicos. La paz tiene, de hecho, un valor monetario independiente de los
valores humanos asociados a la misma. Este valor puede expresarse en términos
del valor adicional del PIB global que resultaría de crear un mundo en paz.
Si el coste de invertir en la creación de paz proactiva fuera mínimo en comparación
con el potencial perdido a causa de la violencia, ¿No serían más propensos los
gobiernos a liberar los recursos necesarios para construir una sociedad en paz? ¿Y
no sería adecuado para los negocios implicarse, con el gobierno y la sociedad civil,
en crear paz en los mercados en los que operan?
Las páginas que siguen presentan los resultados de nuestra investigación sobre
el impacto de la paz en la economía global. Presenta el valor monetario que la paz
aportaría a los principales sectores industriales globales y se muestra el valor de la
paz en diversos sectores económicos en dos países seleccionados, lo que permite
una mejor comprensión de los sectores de la economía que crecerían y la medida
en la que lo harían gracias a la disminución de la violencia.
Antecedentes
En 2009, Brauer y Tepper Marlin3 calcularon que el cese de la violencia generaría
un «dividendo de la paz» equivalente aproximadamente al 13,1% del producto
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Estudios sobre
la violencia en
países latino-
americanos
muestran que
la pérdida de
crecimiento
del PIB por la
violencia no es
recuperable
El impacto
económico
total del cese
de la violencia
habría sido de
28 billones de
dólares estado-
unidenses
para los
últimos cuatro
años (2006-
2009). El
12,9% del
producto
mundial bruto
mundial bruto de 2007. Este se dividió en dos categorías a las que se denominó
«Paz Dinámica» y «Paz Estática», respectivamente. La Paz Dinámica es el
rendimiento económico total adicional que es probable que se obtenga a causa de
la liberación del capital humano, social y físico, eliminado por la violencia y que se
ha calculado que es equivalente al 8,7% del PIB de 2007 o a 4,8 billones de dólares
estadounidenses. La Paz Estática atrae la actividad económica que se transferiría
de las industrias bélicas a las industrias pacíficas, es decir, el gasto en seguridad
privada podría transferirse a más inversión en el sistema educativo. Se calculó que
suponía un 4,4% del PIB global o 2,4 billones de dólares estadounidenses. Juntos,
los dividendos de la Paz Estática y Dinámica suman un dividendo de la paz total del
13,1% o 7,2 billones de dólares estadounidenses.
El IEP encargó una ampliación de este análisis para 2010 con el objetivo de
identificar tendencias en el dividendo de la paz a lo largo del tiempo y estimar
el impacto por sector industrial de cada uno de los países incluidos en el
IPG. Este análisis adicional se llevó a cabo en colaboración con el Dr. Jurgen
Brauer,4 profesor de Economía de la Universidad Estatal de Augusta (EE. UU.).
Antes de presentar los resultados de la investigación cabe resaltar algunas
observaciones generales basadas en la literatura al respecto.
- Las cifras utilizadas son conservadoras; los cálculos podrían situar el dividendo
de la paz en una posición significativamente más elevada.
- El crecimiento adicional en el PIB mundial de cualquier año podría multiplicarse
como mínimo por dos en el caso de producirse un cese de la violencia a nivel global.5
- La crisis financiera global supuso que las economías globales se contrajeran un
0,6% en el período 2008-2009. Cada diez años aproximadamente tiene lugar
un descenso económico; sin embargo, el crecimiento económico mundial podría
haber sido un 8,5% mayor si el mundo hubiera estado en situación de paz.
- Estudios sobre la violencia en países latinoamericanos muestran que la pérdida de
crecimiento del PIB por la violencia no es recuperable, es decir, que hay un efecto
agravante en la diferencia entre la economía real y la potencial que aumenta con el
descenso de la paz. Cuando mejora la paz la pérdida de crecimiento no se recupera.
- Los países con ingresos per cápita y PIB altos y niveles más bajos de paz tienen
mayores posibilidades de obtener ganancias en términos absolutos, lo que es
muy relevante para las empresas multinacionales atraídas por el rendimiento del
dividendo de la paz.
Costes generales de la violencia para la economía mundial
El impacto económico total del cese de la violencia habría sido de 28 billones de
dólares estadounidenses para los últimos cuatro años (2006-2009) o de 7,4 billones
(12,9% del producto mundial bruto) en el año 2009. Esta cantidad incluye la nueva
actividad económica que se habría generado si hubiera habido paz (dividendo
dinámico), así como la actividad que habría cambiado de las actividades bélicas a las
actividades pacíficas (dividendos estáticos).
Una manera de valorar estas cifras es observando que el dividendo de la Paz
Dinámica es mayor que el crecimiento anual del resultado económico mundial total.
Otra forma es observando que la crisis económica y financiera mundial de 2008-
2009 redujo el producto mundial bruto un poco por encima del uno por ciento.
Por contra, los cálculos sobre el producto mundial bruto de la paz sugieren que la
violencia ha tenido un impacto mucho mayor en el rendimiento económico general.
El descenso del rendimiento económico mundial per cápita tiene lugar con una
periodicidad del orden de una vez cada diez años, mientras que la supresión del
Dividendo de la paz dinámica, estática y total
(en miles de millones de dólares estadounidenses), 2006 – 2009.
Año PIB real Dividendo dinámico Dividendo estático Dividendo total
2006 48.802 $ 4.026 $ 2.147 $ 6.173 $
2007 54.975 $ 4.435 $ 2.418 $ 6.854 $
2008 60.755 $ 5.112 $ 2.673 $ 7.785 $
2009 57.522 $ 4.889 $ 2.531 $ 7.420 $
Total 222.054 $ 18.460 $ 9.770 $ 28.232 $
rendimiento a causa de la violencia está habitualmente en curso y es de carácter
anual. Si los dirigentes políticos hubieran dedicado tanto tiempo en el pasado
a centrarse en la reducción de la violencia como el que han dedicado a la crisis
financiera global, la recompensa económica habría sido mucho mayor. Además, si
nos centramos en el caos causado por la crisis financiera global, un aumento de
la paz podría fácilmente tener el efecto contrario con aumentos notables en los
beneficios, la cooperación y el bienestar.
La riqueza económica adicional también crea la oportunidad de financiar actividades
que podían hasta entonces difícilmente obtener los recursos necesarios. Este
hecho es especialmente relevante para muchos de los principales retos a los
que se enfrenta la humanidad actualmente. Aunque es difícil imaginar un mundo
totalmente en paz, en el que no exista la violencia, es hasta cierto punto razonable
pensar que un aumento del 25% de la paz está al alcance de la humanidad. Si se
hubiera logrado una mejora del 25% de la paz global durante los pasados cuatro
años, habría generado 1,75 billones de dólares estadounidenses disponibles para
otras actividades económicas.
Es evidente que solo una reducción parcial de la violencia produciría un aumento
notable del PIB global, con lo que se liberaría suficiente riqueza para hacer
frente a muchos de los principales retos a los que se enfrenta el mundo. Estos
fondos podrían utilizarse para financiar otras actividades imprescindibles como
inversiones en infraestructura, la mejora de las políticas sociales, el desarrollo de
las energías renovables, el pago de la deuda de los países empobrecidos, la mejora
de la seguridad alimentaria global o del uso del agua. A modo de ejemplo, los 1,75
billones de dólares estadounidenses serían más que suficientes para pagar la
deuda griega, financiar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y alcanzar
el objetivo 20/20/20 de la UE en materia de clima y energía.
Efectos acumulados
Medir los efectos acumulados de la paz en el rendimiento económico total puede
mostrar la brecha en el desarrollo causada por la violencia. Respecto a los cuatro
años, para los que se han llevado a cabo los cálculos del dividendo de la Paz Dinámica,
el valor acumulado del rendimiento perdido ha alcanzado los 18,4 billones de dólares
estadounidenses, una cifra equivalente a la suma de las economías combinadas de
Rusia, Brasil, India e Indonesia.6
El ejemplo de la figura 1 muestra que la diferencia en el PIB entre un país en paz
y un país sin paz se incrementará para siempre, incluso en el caso de una guerra
relativamente poco importante y de corta duración.
El ejemplo muestra dos países, uno marcado en rojo y el otro en negro, con
cinco años de igual crecimiento del PIB (2% per cápita al año). En 1985, el País
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Dividendo de la paz acumulado
Miles de millones de dólares EE.UU.
Diferencia acumulada
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
rendimiento económico perdido. Para que el País 2 vuelva al nivel del País 1 para
el año 2015, la tasa de crecimiento posviolencia del País 2 tendría que ser un 2,8%
más alta anualmente, es decir, un 40% más rápida que la del País 1, una meta
muy difícil de alcanzar en términos generales. Incluso así, la diferencia acumulada
representaría cuatro veces el PIB inicial de 100 del País 2, o el equivalente a cuatro
años de pérdida de rendimiento.
En vez de hablar de los Países 1 y 2, consideremos el ejemplo de Costa Rica en
la figura 2 que aparece a continuación. Mientras que este país no sufrió conflictos
armados, ni guerras civiles, sus países vecinos sufrieron una conflicto armado
de diez años de duración en la década de los ochenta. Los efectos colaterales
afectaron negativamente a Costa Rica a causa de la interrupción del comercio y
del turismo. En el año 2007 el país no se había recuperado todavía del coste que
sus vecinos le habían impuesto, tal y como muestra la línea roja del Gráfico 2.
PIB real per cápita, Costa Rica,
paridad de poder adquisitivo
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Fuente: Penn World Table v6.3
investigación ha revelado también
que las ganancias estimadas varían
considerablemente entre países. En
términos porcentuales, la ganancia
más pequeña de 2009 se acumularía
en Japón, con un 3,2%, mientras que
la mayor sería para Zimbabwe, con
un 65,2%. En términos absolutos,
la ganancia más pequeña sería
para Bután, con 1.140 millones
de dólares estadounidenses, y la
mayor correspondería a los Estados
Unidos, con 1,14 billones de dólares
estadounidenses.
Para los estados que son relativamente
pacíficos las ganancias postuladas son
menores que en el caso de los estados
que sufren violencia externa o interna
de mayor escala. Si consideramos dos
estados con un IPG casi igual, el más
rico tendrá menos potencial al alza en
términos relativos, aunque puede tener un potencial absoluto mucho mayor si también
tiene una economía mayor con la que empezar. Para un gran número de países, la paz
interna genera el 80%, o más, de su dividendo de la paz global, en muchos casos mucho
mayor de lo que podría esperarse a partir de las medidas de sus IPG internos. En cambio,
países como Japón y Suecia tienen mucho menos que ganar de una paz interna mayor,
un 20% y un 28% de sus dividendos de paz totales respectivamente.
Análisis sectorial
La investigación también se ha centrado en estudiar cuál sería el dividendo si se
eliminara la violencia en diversos sectores económicos. El valor del dividendo de
la paz variará entre los diferentes países dependiendo del tamaño de cada uno
de estos sectores. Por ejemplo, la economía de la India depende en gran medida
de la agricultura, la cual en 2008 supuso el 19% de la economía. Por lo tanto, el
dividendo de la paz sumaría 31.000 millones de dólares estadounidenses para
el sector agrícola, mientras que el dividendo de la paz del sector de la venta al
por mayor y al por menor sumaría 26.000 millones de dólares estadounidenses,
unas cifras que se diferencian de las estadounidenses, en que el sector agrícola
supone el 1,1% de la economía y el sector de la venta al por mayor y al por menor
supone un 15,2%. El dividendo de la paz para estos dos sectores se calcularía
en 13.100 millones de dólares estadounidenses y 185.010 millones de dólares
estadounidenses respectivamente.
Globalmente, se evidenció que hay dos sectores en concreto que pueden llegar a
beneficiarse significativamente de una disminución de la violencia y de mayores
niveles de paz. Se trata del sector de la producción, que en 2008 podría haber ganado
hasta 906.000 millones de dólares estadounidenses (el 17,7% del dividendo de la
Paz Dinámica), y el sector de la hostelería, restauración y el comercio al por mayor
y al por menor global, que podría haber ganado hasta 742.000 millones de dólares
estadounidenses (el 14,5% del dividendo de la Paz Dinámica). La tabla 4 resume
la estimación de la magnitud del dividendo de la paz para cada sector en miles de
millones de dólares estadounidenses. No se ha intentado estimar el dividendo de la
Paz Estática para los sectores industriales puesto que es difícil discernir qué parte
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La actividad
económica que
se ha invertido
en la violencia
desviarse
actividades
que creen
capacidades
futuras
podría
a otras
del sector industrial se destina a actividades bélicas y qué otra parte va dirigida a
actividades no bélicas. Un ejemplo de ello podría ser una empresa constructora,
que podría invertir tanto en la construcción de un centro de detención como en
la de una central eléctrica. Los informes nacionales no contienen, sin embargo,
dicho nivel de detalle. No obstante, no nos equivocaríamos si afirmáramos que la
central eléctrica tendría una mayor productividad que el centro de detención. La
actividad económica que se ha invertido en la violencia o en la protección contra la
violencia podría experimentar un cambio y desviarse a otras actividades que creen
capacidades futuras o financien necesidades inmediatas.
Asignación sectorial del dividendo de la Paz Dinámica
(no ponderada; en miles de millones de dólares estadounidenses), 2006-2008.
Sector9 2008 % 2007 % 2006 %
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 277,49 5,4 232,06 5,2 201,72 5,0
Administración pública y minería 403,45 7,9 334,93 7,6 307,43 7,6
Producción 905,97 17,7 777,84 17,5 703,80 17,5
Construcción 291,41 5,7 250,76 5,7 226,52 5,6
Comercio al por mayor y al por me-
nor, restauración y hostelería
Transporte, almacenamiento y
comunicación
Otras actividades 2.122,72 41,5 1.873,56 42,2 1.708,57 42,4
Total 5.112,23 100,0 4.434,61 100,0 4.027,06 100,0
Análisis sectorial por países
La investigación examinó igualmente en profundidad los efectos sobre los sectores
económicos de la división del dividendo de la paz en sus componentes interno y
externo para cada sector industrial para el año 2008. Destacó que un gran número
de países mostraron cuáles podrían ser los efectos por sector industrial del dividendo
de la paz interno y externo. A modo de ejemplo, presentamos a continuación el
análisis relativo a España y Brasil.
España
España obtiene algo más del 75% de su dividendo de la paz a partir de la paz interna,
lo que indica que tiene más oportunidades de obtener ganancias económicas
mejorando su paz interna. Dos grupos industriales en concreto, «producción» y
«comercio al por mayor y al por menor, restauración y hostelería» pueden llegar
a ganar como máximo 11.550 millones de dólares estadounidenses y 13.540
millones de dólares estadounidenses, respectivamente. En el ranking 25 del IPG
Análisis sectorial de España, 2008 (miles de millones de dólares estadounidenses).
Sector PIB per
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 2,12 0,69
Administración pública y minería 1,72 0,56
Producción 11,55 3,77
Construcción 8,85 2,89
Comercio al por mayor y al por menor, restauración y hostelería 13,54 4,42
Transporte, almacenamiento y comunicación 5,18 1,69
Total 42,96 14,02
de 2010, España está en el cuartil superior de países pero ocupa una 13a posición
entre los 19 países europeos occidentales del índice. El PIB de España en 2008 fue
de 1,602 billones de dólares estadounidenses.10 La tabla 5 muestra el significativo
beneficio económico de España si éste fuera un país con indicadores de violencia
menos elevados.
Con altos niveles de paz externa, el 92,7% de la ganancia potencial de Brasil
procede de mejoras en su paz interna. Este dato se refleja en la tabla 6 que
muestra un dividendo de la Paz Dinámica superior a 100.000 millones de dólares
estadounidenses para la paz interna por sí sola. El sector que puede avanzar más
en Brasil es «comercio al por mayor y al por menor, restauración y hostelería»,
en el que existe una ganancia potencial de más de 23.000 millones de dólares
estadounidenses. Brasil está situado en la mitad inferior del IPG, en la posición 83a
en 2010, y, por lo tanto, tiene considerables oportunidades de emular a los países
más pacíficos del mundo y reconocer una ganancia económica considerable. El PIB
total de Brasil en 2008 fue de 1,635 billones de dólares estadounidenses.11
Análisis sectorial de Brasil, 2008 (miles de millones de dólares estadounidenses)
Sector PIB per
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 8,64 0,92
Administración pública y minería 7,35 0,78
Producción 22,50 2,40
Construcción 6,05 0,64
Comercio al por mayor y al por menor, restauración y hostelería 23,54 2,51
Transporte, almacenamiento y comunicación 11,07 1,18
Total 101,66 8,44
Conclusiones
La investigación llevada a cabo por el IEP basada en datos a lo largo de cuatro años
del IPG aporta datos cuantificables de que una mejora en la situación de violencia
puede transformar la economía global y liberar la riqueza necesaria para financiar
la expansión económica y crear un entorno económico más sostenible.
El producto mundial bruto de 2009 superó ligeramente los 57 billones de dólares
estadounidenses. Con este punto de partida, si el mundo no hubiera estado
sometido a crisis violentas, el rendimiento económico mundial habría podido
alcanzar los 62,4 billones de dólares estadounidenses, un aumento del 8,5%, muy
por encima de las pérdidas de rendimiento debidas a la crisis económica de 2008-
2009 de cerca del -0,6%. Una reducción de los niveles de violencia de tan sólo
el 15% habría igualado la pérdida de rendimiento debida a la crisis económica
mundial de 2008-2009.
Para los cuatro años en los que se han basado los cálculos, el valor acumulado del
rendimiento perdido ha alcanzado los 18,5 billones de dólares estadounidenses.
Si añadimos el dividendo de la Paz Estática, el impacto económico total de una
reducción en la violencia supera los 28,2 billones de dólares. Las cantidades en
juego son relevantes por lo que es fácil encontrar una justificación que explique la
estrecha relación entre empresa y paz.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Notas
1. Publicado por el IEP, el IPG es el primer índice que ordena los países del mundo en
función de su paz y que identifica causantes potenciales de la paz. Para más información,
véase: <www.visionofhumanity.org>.
2. «Peace, Wealth and Human Potential», GPI 2010 Discussion Paper, IEP (pp. 25-39).
3. Brauer, J. y Tepper Marlin, J. 2009. «Defining Peace Industries and Calculating the Potential
Size of a Peace Gross World Product by Country and by Economic Sector», Economists for
Peace and Security USA for the Institute for Economics and Peace.
4. El Dr. Jurgen Brauer es profesor de Economía de James M. Hull College of Business de
la Universidad Estatal de Augusta, Augusta, Georgia (EE. UU.) <www.aug.edu/~sbajmb> y
profesor visitante de la Universidad Chulalongkorn, Bangkok (Tailandia).
5. En 2007 el crecimiento económico mundial fue del 5,2%: con un 2,7% de crecimiento en
las economías avanzadas, un 2,1% en los EE. UU. y un 7,9% en los países en desarrollo (FMI,
World Economic Outlook, octubre de 2009).
6. Rusia: 1,2 billones de dólares estadounidenses, la India: 1,2 billones de dólares
estadounidenses, Brasil: 1,6 billones de dólares estadounidenses e Indonesia: 540 mil
millones de dólares estadounidenses (Fuente: FMI, 2009).
7. Fuente: calculado a partir de la Penn World Table v6.3.
8. Fuente: calculado a partir de la Penn World Table v6.3.
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Dimensiones económicas de los procesos de
paz: el sector privado como aliado estratégico
para la creación de la paz
Achim Wennmann, Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (CCDP), Graduate
Institute of International and Development Studies, Ginebra
Introducción
Este capítulo explora cómo las dimensiones económicas de un conflicto armado
pueden resolver problemas y tender puentes en apoyo a los procesos de paz. Sitúa
dicha perspectiva económica en el marco de las funciones con miras al futuro
y al pasado de los procesos de paz. Desde este punto de vista, los procesos de
paz tienen el objetivo de poner fin a un conflicto armado y preparar los órdenes
políticos, económicos y sociales que configuran nuevos futuros para las poblaciones
afectadas por conflictos y los ex combatientes (Zartman, 2005). Integrar una
perspectiva económica en los procesos de paz es un ajuste de los procesos de paz
a las nuevas características del conflicto armado después del final de la Guerra Fría.
El capítulo hace un seguimiento de las dimensiones económicas de la mediación
de la paz a lo largo de las fases de compromiso, negociación y transición de los
procesos de paz y muestra cómo el sector privado es un aliado crucial en los
procesos de paz. Subraya que las dimensiones económicas de los procesos de paz
son importantes por diferentes motivos:
- Los objetivos principales de los procesos de paz –el conflicto armado y los
beligerantes– tienen características económicas que requieren ser reconocidas
y tomadas en cuenta. Entre estas se encuentran las condiciones y las agendas
económicas que configuran la organización y la dinámica del conflicto armado,
el coste de la movilización y de la financiación de los grupos armados, así como
costes y transformaciones económicos debidos al conflicto.
- Los instrumentos y los asuntos económicos pueden hacer una contribución
positiva a la dinámica del proceso de paz. Los asuntos económicos pueden
representar un mínimo común denominador entre las partes, proporcionar
incentivos para la cooperación y apoyar tácticamente decisiones informadas
para detener el conflicto. Los instrumentos económicos tienen la intención de
modificar el comportamiento de las partes apelando a sus cálculos de costes-
beneficios por medio del razonamiento y la persuasión.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La mayoría de
los acuerdos
de paz se
centran en la
seguridad y
en el poder
político
mientras
que las
disposiciones
económicas
son mínimas
Algunos
mediadores ya
han reconocido
el potencial
de una mayor
integración
perspectiva
económica en
los procesos
de una
de paz
- La integración de una perspectiva económica en las iniciativas de paz requiere
un nuevo conjunto de alianzas estratégicas. Con el objetivo de apoyar la creación
de nuevos escenarios, los mediadores deberían trabajar con las agencias de
desarrollo y las empresas locales o internacionales, especialmente cuando las
negociaciones se acercan a su conclusión. Estos actores hacen que la promesa
de un futuro mejor sea más creíble y refuerzan el compromiso de las partes con
la paz porque el retorno al desarme y a la desmovilización se hace más creíble.
Dimensiones económicas de los procesos de paz
Cerca de dos décadas de trabajo en el campo académico han establecido una
compleja interpretación de las dimensiones económicas del conflicto armado (Jean
y Rufin, 1996; Keen, 1998; Kaldor, 1999; Berdal y Malone, 2000; Ballentine y
Sherman, 2003; Collier et al., 2003; Pugh y Cooper, 2004; Arnson y Zartman, 2005).
Sin embargo, hasta ahora, no se ha integrado en los procesos de paz entendidos
como las «medidas desplegadas para resolver diferencias y arreglar disputas o
conflictos a través de la diplomacia u otros métodos de arreglo pacífico que no
sean la violencia» (Ramcharan, 2009: 228). Un análisis comparativo de diferentes
disposiciones en 27 acuerdos de paz sugiere que la mayoría de los acuerdos de
paz se centran en la seguridad y en el poder político mientras que las disposiciones
económicas son mínimas (Suhrke et al., 2007: 23). Se ha argumentado que esta
omisión hizo que la aplicación de acuerdos de paz fuera más difícil. El éxito en la
fase inmediatamente posterior al conflicto depende en gran medida del «rápido
resurgimiento económico para generar confianza en el proceso de paz; de la
financiación adecuada para implantar aspectos clave del acuerdo de paz; y [...]
de la financiación suficiente para permitir el establecimiento de instituciones de
gobierno y la transición a una economía de tiempo de paz» (Woodward, 2002: 2).
Por lo tanto, los asuntos económicos normalmente eran «relegados a un secundo
plano en la reconstrucción posterior al conflicto, donde son tratados en gran parte
como un asunto técnico o humanitario y no como una parte integrante un proceso
de paz exitoso» (Nitzschke, 2003: 10).
Algunos mediadores ya han reconocido el potencial de una mayor integración de una
perspectiva económica en los procesos de paz. El Premio Nobel de la Paz, Martti
Ahtisaari, por ejemplo, argumentó que «acordar condiciones prácticas y concretas
durante las negociaciones de paz es crucial. Quizá se pueda incluso afirmar que llegar
a un entendimiento mutuo sobre cuestiones pecuniarias puede verse en realidad
como una manifestación de voluntad política conjunta por la paz» (Ahtisaari, 2008: 11).
Los siguientes apartados introducen diversas dimensiones económicas de los
procesos de paz a lo largo de las tres fases principales de los procesos de paz:
el compromiso de los grupos armados, la negociación de acuerdos de paz y las
transiciones del conflicto a la paz. Las dimensiones económicas pueden tratar
la financiación y las motivaciones de los que están en combate y las costosas
consecuencias de los conflictos armados sobre las sociedades (pero también sobre
los grupos armados). También pueden implicar utilizar discusiones sobre asuntos
económicos tales como el reparto de la riqueza de los recursos naturales como
medio para avanzar en las negociaciones, o el uso de instrumentos y nuevas alianzas
estratégicas con actores económicos para reforzar las transiciones de la guerra a la paz.
El compromiso de los grupos armados
El proceso de compromiso es importante puesto que puede estructurar el
enfoque de los grupos armados cuando exploran la negociación como una
estrategia de salida del conflicto armado. En el mejor de los casos, el proceso
de compromiso «reduce la incertidumbre, clarifica los riesgos y los costes y
gestiona la complejidad mientras los dirigentes contemplan los límites de la
mesa de negociación, quién es probable que participe, las reglas y qué es
probable que se ponga y que se quite en la mesa» (Gross Stein, 1989: 479).
Una mejor comprensión de la dimensión económica de los grupos armados tiene
dos implicaciones específicas para el compromiso de dichos grupos. La primera es
que insistir en un alto el fuego como punto de partida para las negociaciones en
conflictos que se autofinancian puede menoscabar el proceso de paz. Los grupos
armados con agendas políticas fuertes son menos susceptibles de comprometerse.
Utilizan la violencia armada como estrategia económica y, por lo tanto, están menos
predispuestos a bajar las armas porque hacerlo implicaría mermar su negocio (la
violencia armada) y las condiciones sobre las que prospera (la inseguridad).
La segunda implicación es que la situación financiera de los grupos armados
puede ser un indicador importante para planificar iniciativas de paz. El material
de base de un grupo armado puede dar pistas sobre el grado de compromiso con
el diálogo que están predispuestos a asumir y las razones para ello. Por ejemplo,
el Movimiento/Ejército Popular para la Liberación de Sudán intervino en las
conversaciones de paz porque era su última oportunidad de ganar en la mesa de
negociación lo que ya no podía ganar en el campo de batalla (Young, 2007: 32).
En El Salvador, el recorte de la ayuda exterior por parte de la Unión Soviética y de
los Estados Unidos impulsó a ambas partes a buscar una resolución negociada
(Thale, 1997: 199). Se dice que la presión financiera de la Organización de
Liberación Palestina tras la Guerra del Golfo de 1991 contribuyó a su implicación
en las negociaciones de paz de Oslo (Naylor, 2002: 78-79).
Asuntos económicos en las negociaciones de paz
Los asuntos económicos se relacionan con las negociaciones de paz de dos formas
importantes. Por una parte, se relacionan con violencia e injusticias del pasado
y atraen causas económicas o detonantes de conflicto. Los asuntos económicos
pueden incluir la gestión de los recursos naturales, la reducción de las desigualdades
socioeconómicas o la indemnización de las víctimas por atrocidades pasadas.
Por otra parte, los asuntos económicos pueden ser parte de una perspectiva con
miras al futuro que define nuevos órdenes políticos, económicos o sociales. En
este contexto, los asuntos económicos incluyen marcos para nuevas instituciones
económicas, creación de empleo o reforma agraria.
La manera en la cual se abordan estos asuntos afecta a la dinámica del proceso
de paz. En principio, las incompatibilidades sobre asuntos económicos deberían ser
más fáciles de resolver que, por ejemplo, las disputas identitarias. El control sobre las
minas, los mercados o la infraestructura económica puede cuantificarse y dividirse,
cosa que no es posible con el odio asociado a conflictos étnicos. Además, si el conflicto
armado es realmente por codicia, el único requerimiento para ponerle fin sería mostrar
que los beligerantes pueden hacer más dinero dentro de los límites de un Estado en
funcionamiento, gracias a la inversión en el sector privado y con una paz duradera.
Los asuntos económicos a menudo están interrelacionados fundamentalmente
con asuntos culturales o identitarios más amplios, pero considerar que los asuntos
económicos solucionan problemas y tienden puentes puede abrir oportunidades
para la mediación de la paz que hasta ahora no se reconocían.
Las pruebas sobre la manera en la que se han discutido los asuntos económicos en
los procesos de paz muestran resultados mezclados. La posibilidad de racionalizar y
dividir los asuntos económicos puede proporcionar incentivos para la cooperación,
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
En Sri Lanka,
las discusiones
sobre el
desarrollo
económico
consiguieron
tensiones
antes de tratar
otros asuntos
políticos
disipar
En Nepal, las
desigualdades
socio-
económicas
recibieron
poca atención
y, de hecho, se
pospusieron
hasta después
del acuerdo de
paz
tal como lo ejemplificó el Acuerdo de repartición de riqueza de 2004 entre el Norte
y Sudán del Sur (Wennmann, 2009a: 8). En Sri Lanka, las discusiones sobre el
desarrollo económico consiguieron disipar tensiones antes de tratar otros asuntos
políticos, pero finalmente no pudieron superar una situación de seguridad en
deterioro (Mac Ginty, 2006: 152-153).
Los asuntos económicos también pueden omitirse deliberadamente en las
conversaciones para reducir tensiones y aumentar la manejabilidad del
proceso de paz. En Angola, la gestión de los recursos naturales se omitió del
Protocolo de Lusaka de 1992 para facilitar la transición de la UNITA de un grupo
armado a un partido político (Vines, 2004: 89-90). En Nepal, las desigualdades
socioeconómicas recibieron poca atención y, de hecho, se pospusieron hasta
después del acuerdo de paz. En este punto, deberían tratarse a través de un
proceso político «normal» (Wennmann, 2009a: 5).
Además, las negociaciones sobre asuntos económicos a menudo tienen lugar en
el contexto de economías formales o informales. El asunto de los ingresos por
recursos naturales puede de hecho sobrepasar los límites de las conversaciones
de paz puesto que son cruciales en la financiación de las partes o de las economías
políticas locales. Insistir en que se incluyan puede llevar al rechazo rotundo de
todo el proceso de paz como subraya el ejemplo de la República Democrática del
Congo en 2002. Los recursos naturales eran un asunto que no venía al caso y se
consideraban una restricción inaceptable en la movilización y las oportunidades
de negocio de las partes. Insistir en que debían incluirse habría supuesto el fin de
los procesos de paz (Grignon, 2006: 72-75). Bajo estas circunstancias, permitir
tácitamente el control de las economías informales puede ser la mejor de las malas
elecciones para un mediador y una manera de forjar pactos de transición.
Seguimiento de los nuevos futuros
Los asuntos económicos también son fundamentales para preparar lo que sigue
tras un acuerdo de paz. Durante los procesos de paz, las negociaciones pueden
establecer las bases fundacionales iniciales para las transiciones económicas y
políticas posteriores al conflicto y crear una visión económica que se convierta
en los cimientos de una nueva sociedad. Estos esfuerzos tienen el objetivo de
hacer que la vida sin violencia sea una realidad más creíble cuando las partes
consideran una salida negociada de un conflicto. De esta manera, los procesos
de paz facilitan la aplicación de acuerdos de paz, así como programas de
desarme, desmovilización y reintegración. Preparan el trabajo preliminar para
la prevención de futuros conflictos armados al tratar dilemas en materia de
seguridad cerciorándose de que ninguna parte tiene los medios para imponerse
militarmente en el futuro (Siriam, 2008: 25, 182).
Abordar el futuro económico en los procesos de paz tiene un importante valor
político para las negociaciones de paz. Desde la perspectiva de las partes, la
dimensión económica de la mediación de la paz conecta el período entre la firma
de un acuerdo de paz y el surgimiento de los dividendos de la paz. Cuando las
partes firman acuerdos de paz se enfrentan a las demandas inmediatas de dejar
las armas pero a cambio sólo suelen recibir una vaga promesa de un futuro mejor
a largo plazo. El tiempo transcurrido y las evaluaciones individuales de cada parte
sobre la probabilidad de que esto ocurra alguna vez afectan a su compromiso
político en el proceso de paz. En este contexto, los mediadores pueden intentar
reforzar este compromiso poniendo los futuros posibles posteriores al conflicto
sobre la mesa, explorando las maneras de asegurar que una nueva visión del
futuro se convierte en una posibilidad creíble.
Negociar los futuros económicos sigue siendo un reto difícil para los mediadores
porque asegurar un efecto positivo a largo plazo de las provisiones económicas
en acuerdos de paz depende de muchas variables incontrolables. Por ejemplo,
la contribución positiva de las disposiciones relativas a repartir dividendos en la
recuperación económica de Sudán del Sur se ha visto minada por otros problemas
tales como la falta de garantías de seguridad, la persistente desconfianza entre ex
beligerantes, el conflicto armado en Darfur y los nuevos enfrentamientos armados
entre el Norte y el Sur. Sin embargo, el Gobierno de Sudán del Sur recibe hoy en día
pagos periódicos de petróleo (Wennmann, 2009a: 19-21). En Nepal, los asuntos
económicos pasaron a formar parte de la política posterior al conflicto entre el
gobierno y la oposición. A principios de 2009, la oposición quería evitar el éxito del
gobierno en el campo del desarrollo económico para mostrar la incapacidad del
gobierno de cumplir las promesas y, por lo tanto, ilegitimizarlo (Wennmann, 2009b:
18). Por contra y a pesar de retos obvios, en Aceh, la economía posconflicto se
recuperó relativamente rápido porque el tsunami proporcionó ayuda humanitaria
y una atención al desarrollo sin precedentes, y la provincia contaba con una base
económica preexistente mayor que Sudán del Sur (Wennmann y Krause, 2009: 18).
Para superar los retos de crear nuevos futuros, los equipos de mediación necesitan
forjar nuevas alianzas estratégicas. A menudo se perciben las negociaciones de
paz y la recuperación económica después de un conflicto como dos operaciones
distintas que se llevan a cabo en contextos diferentes y por parte de instituciones
diferentes (O’Donnell y Boyce, 2007). Sin embargo, hacer tangibles los futuros
económicos implica cambiar nuestra manera de entender la creación de la paz
desde un proceso formado por dos pasos (antes y después de un acuerdo de paz)
hacia un proceso dinámico en el que la resolución de un conflicto y la preparación
de futuros órdenes políticos y económicos vayan de la mano. Por una parte, por
lo tanto, los conocimientos de las comunidades empresariales y del ámbito del
desarrollo son importantes para los mediadores durante un proceso de paz para
determinar futuros económicos realistas. Por otra parte, los conocimientos de los
mediadores son importantes para las comunidades empresariales y del ámbito
del desarrollo en la fase posterior al conflicto para evitar el resurgimiento de
conflictos y mantener los pactos de transición.
El sector privado como aliado para la paz
Las características del proceso de paz han cambiado rápidamente a lo largo de las
últimas décadas. Históricamente, la construcción de la paz era una cuestión de
reyes, príncipes o generales. Hoy en día se lleva a cabo en diferentes ámbitos que
incluyen enviados de Naciones Unidas, ex jefes de Estado, ancianos de comunidades
locales u ONG especializadas. Los procesos de paz se han vuelto tan complejos que
a veces involucran docenas de actores y un número similar de agendas. Muchos
mediadores, por lo tanto, intentan limitar el número de intermediarios para que el
proceso de paz sea manejable. Las siguientes secciones se centran en el papel del
sector privado para la construcción de la paz (sobre el papel de la comunidad de
desarrollo, véase Wennmann, 2010).
Empresas locales e internacionales han desempeñado diversos papeles en los
procesos de paz en las dos últimas décadas: tender puentes entre comunidades
diferentes o entre el Estado y la sociedad, participar directamente en conversaciones
con beligerantes, proporcionar información y buenos oficios, actuar como
promotores de la paz, pagar por los procesos de paz, ayudar en la entrega de
ayuda humanitaria, reforzar la iniciativa emprendedora, crear confianza, fomentar
la responsabilidad y limitar el acceso a la financiación del conflicto (Nelson, 2001:
73-140). Los ejemplos de Sudáfrica, Irlanda del Norte, Mozambique y Sudán ponen
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
En
Mozambique,
la empresa
multinacional
británica
participó
directamente
en el proceso
de paz tras los
ataques a sus
instalaciones
en 1990
Lonrho
Un mediador
no tiene otra
elección
que incluir
empresas
nacionales o
extranjeras
por el simple
hecho de que
tienen poder
para afectar
la dinámica
negociaciones,
tanto negativa
positivamente
de las
como
de manifiesto el papel positivo que el sector privado ha desempeñado en estos
contextos. En palabras de un empresario de Colombia: “No es cierto que todos nos
sentamos con los brazos cruzados, que no se hace nada, o que todo el mundo está
viviendo en Miami” (Rettberg, 2004, 21).
Durante el proceso de paz de Sudáfrica entre 1990 y 1994, las empresas
aportaron recursos, liderazgo y autoridad y potenciaron la comunicación entre
las comunidades negra y blanca y una nueva visión de la sociedad (Charney,
1999: 183, 200-201). En Irlanda del Norte, confederaciones empresariales nor- y
surirlandesas contribuyeron a los procesos de paz cambiando el discurso sobre el
conflicto pasando de lo nacional-emotivo a lo económico-racional. Enfatizaron que
el desarrollo económico en Irlanda del Norte estaba supeditado al fin del conflicto
e hicieron un llamamiento a una mayor integración económica con Irlanda y con el
mercado común europeo (Ben-Porat, 2005: 336-338).
En Mozambique, la empresa multinacional británica Lonrho participó directamente
en el proceso de paz tras los ataques a sus instalaciones en 1990. Su ejecutivo –
Roland «Tiny» Rowland– actuó de intermediario y puso a disposición los recursos
y la logística de la empresa (Vines, 1998). En Sudán, la empresa sueca Lundin
Petroleum utilizó su red existente para comprometer a todos los beligerantes. Su
miembro del consejo, Carl Bildt –también conocido por su papel como enviado
especial de Naciones Unidas a los Balcanes– encabezó una serie de charlas
en las que se enfatizaba que el petróleo representaba un incentivo para la paz
puesto que no podían buscarse inversiones rentables en petróleo en un contexto
de guerra (Batruch, 2004: 159-160).
La inclusión del sector privado en los procesos de paz crea nuevos retos para
los mediadores, en concreto relativos al momento y a la manera de incluir a las
empresas en un proceso de mediación. Desde un punto de vista, un mediador no
tiene otra elección que incluir empresas nacionales o extranjeras por el simple
hecho de que tienen poder para afectar la dinámica de las negociaciones, tanto
negativa como positivamente. Las empresas pueden hacer sentir su influencia
proporcionando incentivos o amenazas a las partes en la mesa de negociación o a
otras partes interesadas en la resolución del conflicto.
Dadas estas presiones, los mediadores tienen que evaluar cuidadosamente cómo
establecer relaciones con el sector privado. Algunos de los elementos que hay que
considerar son que en muchos contextos de conflicto armado es difícil diferenciar
las élites políticas y las empresariales o los papeles «públicos» y los «privados» de
las personas. Además, los mediadores pueden enfrentarse a la dificultad de cómo
discriminar entre las empresas que buscan su propio interés económico en un
determinado mercado. En este contexto, la competencia entre diferentes empresas
puede complicar el proceso de paz porque divide −en vez de unir− a las partes. Otra
dificultad es que las empresas no representan un actor legítimo y es probable que
sus intereses comerciales estén por encima de la consecución de un objetivo común.
En el peor de los casos, las empresas pueden percibirse como interlocutores no
válidos porque hayan estado involucradas en la economía del conflicto, en abusos
a los derechos humanos o en la contaminación medioambiental.
Los mediadores pueden ser capaces de resolver algunos de estos problemas
participando con el sector privado de manera informal fuera del proceso de paz, sin
hacerlos miembros formales. De hecho, las empresas no esperan nada más que
una asociación informal. En los casos en los que diferentes empresas compiten
unas contra otras, los mediadores pueden facilitar alianzas de inversión y fomentar
que se aprueben proyectos de inversión con el consentimiento de las comunidades
locales. Además, los mediadores pueden identificar asociaciones empresariales
locales o internacionales que tienen un gran número de empresas socias en un
sector concreto. De esta manera, es posible construir grupos de intereses sectoriales,
yendo más allá del interés económico particular de una empresa en concreto.
Conclusiones
Este capítulo ha hecho un seguimiento de las dimensiones económicas de los
procesos de paz y ha mostrado que es oportuno y potencialmente útil reconocerlas
como una oportunidad para reforzar los procesos de mediación. Tanto el conflicto
armado como los diversos actores que combaten en él tienen rasgos económicos
que deberían reconocerse y hacer que trabajen para la resolución del conflicto.
Asuntos económicos como la desigualdad socioeconómica o el acceso a la riqueza
proporcionada por los recursos naturales requieren plena atención por parte de
los mediadores de la paz. Mientras que el contexto de cada proceso de paz es
diferente, si se sitúan en la agenda cuidadosamente, los instrumentos y los asuntos
económicos pueden conformar relaciones de colaboración de los beligerantes y,
por lo tanto, facilitar el fin de un conflicto armado.
Sin embargo, la experiencia de muchos conflictos armados ilustra que un proceso de
paz no termina con un acuerdo de paz. Una salida negociada de un conflicto armado
requiere un pacto de transición fuerte que debe cultivarse y apoyarse cuando las
partes aplican el proceso de paz y preparan lo que venga a continuación. Estas
transiciones de la guerra a la paz requieren un esfuerzo constante para tener éxito,
así como capacidades y mecanismos de apoyo. Mientras que la infraestructura de
la mediación aumenta en los ámbitos bilateral, multilateral y de la sociedad civil,
tiene tendencia a centrarse en el fin del conflicto.
Pero si no se ofrecen nuevos escenarios creíbles, algunos grupos y personas pueden
concluir que la vida es mejor para ellos si continúan usando las armas. Abordar los
asuntos económicos en procesos de paz tiene el potencial de configurar nuevas
visiones para el futuro y reforzar pactos de transición, los cuales deberían incluir
las habilidades y la experiencia del sector privado ya que éstas son un pilar para la
paz posterior al conflicto.
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La participación del sector privado
en la construcción de paz: inventario
e identificación de algunos ejemplos
ilustrativos1
Angelika Rettberg. Profesora asociada, directora del Programa de Investigación sobre
Construcción de Paz y profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad
de los Andes en Bogotá
Introducción
La caída del muro de Berlín en 1989 significó un cambio sustancial para las
organizaciones nacionales e internacionales implicadas en la resolución de
conflictos armados en todo el mundo. El final de la Guerra Fría no sólo cambió
la óptica conceptual mediante la cual políticos y practitioners observaban los
conflictos armados, pasando de la confrontación ideológica, económica y
militar global entre oriente y occidente a intentar comprender las bases locales
y manifestaciones de violencia en su contexto particular. Dicho cambio implicó
también la necesidad de estudiar mejor no sólo las causas del conflicto --
incluidas las condiciones estructurales y las motivaciones de los combatientes—
sino también las bases de una paz duradera.
Asimismo, también ha cambiado significativamente el número y tipo de actores
implicados en actividades diseñadas para la construcción de paz2 en sociedades
desgarradas por los conflictos. A medida que expertos y practitioners expandían su
interés más allá de los grupos implicados directamente en la lucha y examinaban
las condiciones sociales, políticas y económicas de los países que buscaban
resolver el conflicto de una forma más amplia, el foco de atención y el objetivo
de las políticas se centró en nuevos actores sociales y procesos: actores de la
sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales locales, organizaciones
de víctimas, movimientos de ciudadanía, etc. se convirtieron en aliados cruciales
para que los esfuerzos para la construcción de la paz fueran dirigidos a otorgar
voz y voto a los participantes no armados. De las tímidas negociaciones entre los
grupos armados que deseaban un alto el fuego, la cuestión de la construcción
de la paz pasó a ser un problema a gran escala, que conllevaba desde
problemas de reconstrucción física, diseño de instituciones políticas, procesos
de desmovilización, desarmamiento y reintegración (DDR) hasta la reparación
y reconciliación de víctimas (Paris, 2004; Pugh, Cooper, and Turner, ed., 2008;
Rettberg, 2003). Los cambios decisivos atraen actualmente la inversión masiva
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Uno de los
“nuevos”
actores
en dicho
escenario es el
sector privado
El sector
privado no
desempeña un
papel uniforme
conflictos ni en
la construcción
en los
de paz
de los gobiernos y sitúan el énfasis en la participación e implicación de un cada
vez mayor número de actores sociales que actúan más allá del campo de batalla.
Uno de los “nuevos” actores en dicho escenario es el sector privado. Si bien los
esfuerzos realizados en las negociaciones de paz para terminar con las guerras
internacionales y nacionales en las últimas décadas y siglos han contado con la
participación y presión de los intereses económicos para precipitar el fin de los
diferentes tipos de confrontaciones, la referencia explícita a la reciente función
de la empresa en la construcción de paz sienta un precedente. Por el momento,
según se manifiesta en diferentes países, existe el consenso de que, incluso en
caso de ausencia de motivos políticos, las decisiones empresariales —invertir,
producir y contratar— tienen el poder de estimular, limitar o destruir la agenda y
el alcance de la construcción de paz, así como su implementación. Por lo tanto,
los esfuerzos de construcción de paz están centrando su atención en la posible
contribución del sector privado local y en su potencial como “saboteador” (Newman
and Richmond, eds., 2006; Stedman 1997), imponiendo obstáculos al progreso.
En este artículo, voy a describir y discutir los diferentes papeles que el sector privado
ha empezado a desempeñar en la construcción de paz, a partir de diferentes casos.
Asimismo, voy a analizar algunas de las motivaciones a las cuales se ha aludido
para explicar la participación del sector privado en la construcción de paz. Me voy
a centrar concretamente en el argumento que sostiene que los elevados costes
económicos asociados a un conflicto pueden empujar al sector privado a actuar
en la construcción de paz, lo cual implica la necesidad de perfeccionar nuestra
comprensión sobre cuándo, cómo y qué partes integrantes del sector privado
pueden involucrarse en actividades de construcción de paz.
El sector privado en la construcción de paz
Desde inicios de los noventa, cuando los miembros del sector privado tomaron
parte en las negociaciones de paz de países como El Salvador o Guatemala
(Rettberg, 2006, 2007), facilitaron la transición del apartheid a la democracia
y la igualdad racial en Sudáfrica (Gerson, 2001) y negociaron los acuerdos
preliminares entre ambas partes en el conflicto de Irlanda del Norte (International
Alert, 2006), ha habido un debate cada vez mayor acerca del papel que el sector
privado debería y podría desempeñar en situaciones de construcción de paz.
Actualmente, sabemos que el sector privado no desempeña un papel uniforme
en los conflictos ni en la construcción de paz.
Por un lado, para quienes la raíz de los conflictos es la distribución desigual de la
tierra y de los ingresos (Swearingen, 2010; Zartman, 2005), el sector privado --
como propietario de las tierras y generador de riqueza— es visto como beneficiario
o incluso como promotor de conflictos armados. En este sentido, atraer al sector
privado a la agenda de la construcción de paz requiere identificar, desmantelar y
cambiar las estructuras sobre las cuales reposan los privilegios del sector privado,
así como diseñar una nueva estructura de incentivos para motivar al sector privado
a aceptar el cambio. Este hecho se ha asociado con un resistencia en diferentes
niveles, desde apoyar el terrorismo de derechas, como en el caso de Colombia
(Romero, 2003), a denunciar legalmente aspectos de los acuerdos de paz,
como en el caso de Guatemala, a —como ocurre más a menudo— retrasos en el
cumplimiento de los acuerdos. Existe una gran abundancia de publicaciones sobre
los “saboteadores” de los procesos de paz (Newman and Richmond, eds., 2006;
Stedman, 1997) que analizan las diferentes maneras en las que facciones más
recalcitrantes de la sociedad—incluyendo fracciones del sector privado—se han
opuesto a y han impedido el avance en la construcción de paz.
Asimismo, informes de agencias internacionales como el Banco Mundial e
investigaciones académicas como Tripathi (2008) sugieren que la inversión del
sector privado, incluso sin una oposición abierta a la construcción de paz, es
difícil de desatar debido al miedo de los inversores a la inestabilidad recurrente
o debido a fondos de financiación insuficientes (Acs, 2006). En esta situación,
para promocionar la participación del sector privado en la construcción de la paz,
algunas instituciones han identificado la necesidad de empezar con la creación
del sector privado y proporcionar estructuras adecuadas de incentivos para que
las organizaciones formulen y se impliquen en actividades productivas.
A pesar de su contribución real o supuesta en los conflictos y a pesar de su
capacidad para asumir un papel en la construcción de la paz, se ha identificado el
sector privado como una fuente crucial de recursos humanos y materiales —dinero
y conocimientos de administración— para proporcionar los fundamentos para una
paz duradera. Asimismo, algunos grupos políticos consideran que la presencia y
participación del sector privado en la construcción de paz sirve como instrumento
para conseguir el compromiso del sistema y para predecir la estabilidad futura.
En consecuencia, los estados, los donantes internacionales y las ONG reclaman
mecanismos, desde principios de responsabilidad social corporativa (CSR) a
impuestos, para recaudar fondos y conseguir la ayuda necesaria para las tareas de
construcción de la paz. Numerosos códigos de conducta estándar e internacionales3
esbozan un comportamiento empresarial deseable —como Global Compact,
Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), varios proyectos de certificación y
manuales de buen comportamiento (véase International Alert, 2005)— y un número
creciente de organizaciones y países ha desarrollado estrategias para que el sector
privado se suba al tren. En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, la
Comisión para la Construcción de la Paz (UNPBC) ha designado un grupo de trabajo
del sector privado para coordinar los esfuerzos en cuatro países (Rettberg, 2010).
Los esfuerzos realizados para atraer al sector privado a la agenda de construcción de
la paz combinan estrategias individuales y colectivas. Los ejemplos de participación del
sector privado incluyen tomar parte en las negociaciones de paz (como facilitadores),
aportar conocimientos e investigar en beneficio de las negociaciones y otras tareas de
construcción de la paz, invertir en fondos o proyectos de desarrollo dirigidos a participantes
concretos de la construcción de la paz, como los combatientes desmovilizados o las
comunidades y grupos de víctimas (como las mujeres), llevar a cabo evaluaciones
empresariales o industriales sobre los riesgos asociados a la práctica empresarial,
e involucrarse en alianzas con terceros (como otras empresas, el estado o ONG) para
promover el debate y la consciencia sobre la necesidad de la construcción de la paz, a
menudo en relación con códigos de conducta desarrollados a escala global.4
En cuanto a la participación en conversaciones de paz —las cuales son parte
integrante pero no esencial de la construcción de la paz—un gobierno liderado
por el sector privado en El Salvador no sólo llevó a cabo negociaciones con los
insurgentes sino que también fue capaz de promover la paz como proyecto social
y económico de gran valor para resto de la sociedad salvadoreña (Rettberg, 2006,
2007). En Chipre, el Brussels Business Group trabajó para superar las divergencias
entre la parte turca y la parte griega de la isla promoviendo la cooperación
interempresarial y medidas de construcción de confianza (Lende, 2006). De
manera similar, el Peres Center for Peace y el Center for Jewish-Arab Economic
Development trataron de enfatizar la interdependencia económica además de la
necesidad de llegar a una solución política entre Israel y Palestina (Dajani, Dayan,
and Touboul, 2006). En Colombia, las iniciativas de construcción de paz lideradas
por la empresa tienen lugar por la ausencia de cualquier tipo de negociaciones
formales con los grupos armados ilegales y procuran alentar el desarrollo local
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El balance de
esta creciente
actividad
del sector
privado en la
construcción
de paz es
heterogéneo
La ausencia de
inversiones y
la impredecibi-
lidad de los
mercados,
son los costes
más comunes
asociados a
los conflictos
mientras promueven actividades propiamente empresariales (Rettberg, 2004).
Finalmente, en Irlanda del Norte la Confederación de la Industria Británica y el
Grupo de Siete (organizaciones comerciales) se encargaron de subrayar el vínculo
entre el conflicto y el lento crecimiento económico (International Alert, 2006).
En general, estos ejemplos que incluyen o son liderados por la empresa ponen de
manifiesto las numerosas opciones disponibles para las empresas u organizaciones
del sector privado que deseen participar en actividades para la construcción de la
paz. Sin embargo, todavía queda por resolver la cuestión más problemática: ¿cuáles
son las condiciones para incitar a las empresas a participar en la construcción de
la paz y hacer que permanezcan abordo de la agenda? Si bien hallar una respuesta
definitiva a dicha cuestión está fuera del alcance de este artículo, en la siguiente
sección se analizan críticamente algunas suposiciones comunes sobre las
motivaciones empresariales y se sugiere que, para retener y atraer nuevos socios
empresariales, los estados y las organizaciones deben desarrollar un enfoque
diferencial o más complejo sobre el papel de la empresa en la construcción de paz.
Análisis de las motivaciones
En comparación con la variedad de ejemplos que muestran la participación
empresarial y el fervor con el que los estados y las organizaciones afines la defienden,
el balance de esta creciente actividad del sector privado en la construcción de
paz es heterogéneo e, incluso, decepcionante. En la práctica, es difícil movilizar
el capital internacional y local: los estados y las organizaciones internacionales no
suelen disponer de la capacidad institucional para identificar y guiar a empresas
específicas a través del proceso de construcción de la paz; las empresas puede que
dispongan de una capacidad organizativa o financiera insuficiente para asimilar
los costes asociados a la construcción de paz; otras puede que teman la pérdida
de su inversión en el inestable contexto de construcción de la paz después de un
conflicto. Asimismo, las organizaciones compiten entre sí para hacerse con socios
similares del sector privado, y los diseñadores de las políticas y los dirigentes
gubernamentales deben hacer frente al desafío constante de mantener su interés
y ampliar el número de contribuyentes.
Finalmente, la contienda de objetivos, como la creciente necesidad de promover la
seguridad global (Tschirgi, 2003), ha situado un énfasis cada vez mayor en proteger
a las naciones del terror en detrimento de promover la paz a escala mundial, lo
cual explica la reducción de los presupuestos para la construcción de paz. En la
dura realidad social, política y económica que impera después de un conflicto, la
actividad incesante de unos pocos esconde la reticencia e incluso la resistencia de
muchos otros. Esta situación plantea el reto de estudiar mejor las motivaciones del
sector privado y su capacidad para la construcción de paz.
Uno de los argumentos expuestos para atraer al sector privado en la construcción
de paz tiene relación con los costes económicos de los conflictos. Si se pudiera
documentar lo que pierde el sector privado a causa de los conflictos armados y lo
que ganaría si hubiera paz —reza el argumento—, las organizaciones que miran por
sus propios intereses preferirían invertir tiempo y dinero en la construcción de paz
en lugar de tener que soportar la continua devastación de recursos que afecta al
comercio y al intercambio de bienes y servicios, la extorsión y los ataques por parte
de actores armados ilegales (entre los cuales cabe incluir los secuestros recurrentes
de empresarios), la ausencia de inversiones y la impredecibilidad de los mercados,
que son los costes más comunes asociados a los conflictos. La participación del
sector privado será más intensa en alcance y escala donde el coste real o potencial
del conflicto para la empresa sea mayor —continúa el argumento.
Sin embargo, los costes de los conflictos armados son difíciles de contabilizar. No
solamente debido a los graves problemas de fiabilidad de los datos sobre conflictos
armados en diferentes países (véase Andreas and Greenhill, 2010): la información
tiende a ser pobre, incompleta o puede que haya sido manipulada por los estados u
otras organizaciones. Además, la evaluación de los costes es poco precisa: algunos tipos
de empresas —de diferente tamaño, sector y región de un país— son más vulnerables
o son blancos más habituales en los escenarios del conflicto que otras. En tercer lugar,
en países subdesarrollados, como lo son la mayoría que se encuentran enfrascados
en un conflicto, las empresas deben hacer frente a limitaciones de crecimiento
independientemente del conflicto. Sin lugar a dudas, el subdesarrollo y los conflictos
armados se retroalimentan (Stewart y FitzGerald, 2001). Distinguir y aislar las causas
de las dificultades empresariales en escenarios en conflicto es a menudo inviable, y
el caso contrario —qué harían las empresas en el caso de no haber conflictos— difícil
de establecer. En cuarto lugar, la mayoría de los costes relacionados con los conflictos
no son el resultado directo de ataques a empresas y a sus operaciones, sino las
consecuencias indirectas de una situación inestable. Si bien los duros ataques a los
intereses de las empresas han tenido una respuesta inmediata —como cuando un
ataque al aeropuerto de la capital de Sri Lanka por parte de los rebeldes Tamil provocó
que las empresas del país organizaran y exigieran una solución negociada al conflicto
— la ausencia de una “víctima” empresarial evidente es más frecuente y, por lo
tanto, también lo es la dificultad de identificar claramente quienes son los participantes
empresariales en la construcción de la paz. Finalmente, pocas son las empresas que
llevan a cabo cálculos sistemáticos de los costes de los conflictos armados o incluso los
costes de la paz. Especialmente en países que han sufrido conflictos de larga duración
(como Colombia o Guatemala), la actividad económica puede haberse internalizado y
adaptado al contexto del conflicto. Asumir que las empresas son conscientes de lo que
llegan a perder a causa de un conflicto puede ser, por lo tanto, erróneo.
Un estudio sobre los costes de los conflictos armados para el sector privado en
Colombia, un país que se ha visto sumergido en guerras durante cuatro décadas,
sirve para ilustrar algunas de las afirmaciones mencionadas. El estudio muestra
que los costes debidos al conflicto para la actividad económica colombiana no se
reparten de forma equilibrada, y que los costes indirectos, relacionados por ejemplo
con la pérdida de oportunidades de negocio, en lugar del impacto directo en las
operaciones empresariales (como los ataques o la extorsión), son más frecuentes
y, a su vez, más difíciles de calcular y precisar. Las grandes compañías fueron
más proclives a informar sobre costes asociados con el conflicto armado que las
pequeñas, aunque estas últimas también registraron un mayor crecimiento. Las
pequeñas empresas registraron más a menudo pagos por extorsión, y padecieron
más a menudo situaciones de bancarrota. Las compañías con operaciones por todo
el país suelen pagar por la extorsión de los grupos armados ilegales y padecen
más problemas en relación con la distribución en el territorio nacional y con el
sistema de transporte que las empresas con operaciones regionales o locales. Las
compañías mineras, de gas, de electricidad, agrícolas y de transporte son las que
presentaron más costes directos relacionados con el conflicto armado, mientras
que los servicios financieros y los inversores las que menos. Tres cuartas partes de
las empresas entrevistadas manifestaron que invertirían en ampliar su capacidad
productiva, innovación y generación de empleo si hubiera paz en Colombia.6
A pesar de que fue diseñado y llevado a cabo sólo en Colombia, el estudio proporciona
un conocimiento general más profundo sobre los tipos de empresas y sectores más
vulnerables a ciertos costes asociados con los conflictos armados (así como los
menos expuestos y con más capacidad de recuperación). Si se tienen en cuenta
las diferencias dentro de la comunidad empresarial en términos de capacidad
para soportar el peso de los conflictos, no todas las compañías muestran el mismo
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Centrar el
interés sólo en
los costes del
conflicto puede
ser insuficiente
para hacer
que el sector
privado
participe y se
movilice
Es necesario
entender
el modo
operativo de
las empresas,
incentivos
responden y
las condiciones
que limitan
el comporta-
miento
corporativo
a qué
interés en la construcción de la paz: diferencias de sectores y regionales, el origen
del capital y el tamaño de la empresa son buenos elementos para vaticinar las
preferencias de las empresas frente a los conflictos y la construcción de paz.
Una de las conclusiones es que centrar el interés sólo en los costes del conflicto
puede ser insuficiente para hacer que el sector privado participe y se movilice
para la construcción de la paz. La experiencia de estados y organizaciones
internacionales permite destacar otros factores que apuntan a la presión y a los
incentivos de actores locales y externos para participar en la construcción de paz y
a los mecanismos utilizados para superar los problemas de acción colectiva dentro
de la comunidad empresarial.
El primer factor tomaría la forma de resoluciones específicas por parte de los
accionistas que deseen construir una atmosfera positiva para la actividad
corporativa; el acceso a líneas de crédito locales o internacionales; compartir
los costes con organizaciones internacionales, o ser considerado como parte de
una alianza de compañías e instituciones que realizan contribuciones positivas
a la sociedad (como Global Compact o EITI, descritos anteriormente). Si dichas
condiciones no están relacionadas con beneficios o sanciones tangibles (como
la prohibición de acceder a ciertos mercados), dicha presión puede ser difícil de
ejercerse. Sin embargo, para ciertas compañías, el coste de no seguir las directrices
de una acción corporativa positiva, establecidas en base a lo que se ha convertido en
la recomendación estándar para la práctica empresarial en ambientes inestables,
puede ser más elevado que no dar una respuesta. En este sentido, además de
identificar y calcular los costes del conflicto, aparece un nuevo desafío en cuanto a
identificar los incentivos políticos y económicos más adecuados para provocar un
impulso adicional que implique compromiso y acción.
El segundo factor tiene relación con la característica de la paz de ser un bien público
(una vez se ha conseguido, las empresas no pueden quedar excluidas del disfrute
de los efectos positivos de la paz, independientemente de si han pagado el coste;
véase Olson, 1971). ¿Por qué motivo, se podría preguntar una empresa, vale la
pena invertir en la construcción de paz si ello implica pagar un alto precio y no va
a ser la única beneficiaria? Uno de los retos consiguientes para los diseñadores de
políticas es analizar y hacer frente a este clásico problema de acción colectiva, el
cual puede servir para explicar por qué si un resultado es de lo más beneficioso para
la mayoría —la paz— los actores empresariales implicados no quieran invertir en él.
Tomando en consideración los tres factores —costes, incentivos adecuados y
los problemas de la acción colectiva—, para promover la participación del sector
privado en la construcción de la paz, es necesario entender el modo operativo
de las empresas, a qué incentivos responden y las condiciones que limitan el
comportamiento corporativo. La toma de decisiones en las compañías no es una
cuestión homogénea, la capacidad financiera difiere y los procesos organizacionales
toman diferentes formas. Tanto los dirigentes de la construcción de la paz como sus
defensores, así como las diferentes facciones del sector privado necesitan conocer
dichas distinciones para guiar adecuadamente la participación del sector privado en
la construcción de la paz y prevenir la frustración en cuanto a efectos y capacidad.
Conclusiones
No quepa duda de que la participación del sector privado es clave en situaciones
de postconflicto y promocionar la paz en el sector privado como un proyecto
provechoso y que merece la pena continúa siendo uno de los retos cruciales
para todos los actores, tanto locales como externos, que desean poner fin a los
conflictos armados. En este artículo se han mencionado numerosos ejemplos
para reflejar las contribuciones positivas que el sector privado ha realizado en
diferentes países así como los riesgos que implica no tener en cuenta el apoyo del
sector privado. Asimismo, el objetivo de este artículo ha sido advertir respecto de
las expectativas excesivamente optimistas en relación con el papel que el sector
privado puede y debería desempeñar en la construcción de la paz y de los puntos
de vista reduccionistas sobre las motivaciones del sector privado. Para generar
las condiciones que permitan una participación del sector privado constructiva y
duradera, es imprescindible un conocimiento más exhaustivo del entorno y de las
complejas motivaciones que dirigen la actividad económica y el comportamiento
empresarial en condiciones inestables como las que reinan en un país que intenta
realizar la transición de un conflicto armado a una situación de paz.
1. Gracias a Juan Diego Prieto por su asistencia en la investigación.
2. Utilizo la definición ampliada de construcción de la paz proporcionada por el entonces
secretario general Bhoutros Bhoutros Ghali en la obra An Agenda for Peace (1992), según
la cual se trata de “esfuerzos exhaustivos para identificar y dar apoyo a las estructuras que
servirán para consolidar la paz”.
3. Los sistemas de certificación cubren aspectos tales como la sostenibilidad ambiental,
social y de derechos humanos de las empresas, como el Proceso de Kimberley, que
pretende frenar el comercio de “diamantes de sangre”, o el Forest Stewardship Council
(FSC), para proteger los bosques. Algunos de estos sistemas de certificación, como el
FSC y las estipulaciones que rigen la importación de plátanos para los consumidores
europeos son actualmente una condición necesaria para introducirse en ciertos mercados.
El pacto voluntario más importante en relación con las buenas prácticas empresariales
es el UN Global Compact, que incluye a más de 7.700 participantes corporativos de más
de 130 países (véase UN Global Compact, 2009). Otro ejemplo es la Extractive Industry
Transparency Initiative (EITI), que lucha por “una governança mejorada en países ricos en
recursos a través de la verificación y la publicación completa de los pagos y beneficios de los
gobiernos relacionados con el petróleo, el gas y la extracción de minerales” (véase <http://
eitransparency.org/eiti>).
4. Los capítulos y los ejemplos tratados en Banfield, Gündüz y Killick (ed.) (2006) son de una
gran utilidad para conocer las múltiples contribuciones que las empresas locales pueden
aportar a la construcción de la paz.
5. Para más información sobre la First Business Initiative de Sri Lanka, véase <http://www.
srilankafirst.net>.
6. Para más información véase Rettberg (2008). El estudio incluía entrevistas telefónicas
con representantes legales de 1.113 empresas de diferentes tamaños, ubicadas en seis
ciudades colombianas, de todos los sectores de la economía del país y de ámbito nacional,
regional y local (véase un resumen en inglés en <http://www.international-alert.org/pdf/
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Parte 3:
Operando en entornos complejos
Empresas Construcción de Paz y Derechos
Humanos. Colombia: el peor y el mejor de los
mundos
Angela Rivas, Coordinadora, Área Sector Empresarial, Conflicto y Construcción de Paz,
Fundación Ideas para la Paz (FIP), Bogotá
“Es justo decir que pocas democracias se han enfrentado a desafíos tan graves en el
ámbito de los derechos humanos como Colombia en las últimas dos décadas. Colombia
ha sido un laboratorio para las cuestiones clave a que las empresas deben hacer frente
con respecto a su función y responsabilidad en materia de derechos humanos”.
“Creo que Colombia se dibuja no sólo como ejemplo de graves problemas sino de manera
más positiva, como modelo para soluciones innovadoras”.
En un país como Colombia, la apuesta de las empresas por la construcción de una
paz sostenible parece ir cada vez más de la mano del trabajo del sector empresarial
en el campo de los derechos humanos. Un ámbito que al igual que la construcción
de paz viene cobrando importancia. Las siguientes páginas parten de entender que,
en un entorno complejo como el colombiano, las operaciones empresariales atentas
al conflicto y a los derechos humanos, son un elemento constitutivo de lo que hoy
en día pueden hacer las empresas para contribuir a una paz sostenible. Colombia
se presenta como la encarnación de un entorno complejo de cara a la operación
empresarial y como contexto de iniciativas que, en el campo de construcción de
paz y derechos humanos, pueden considerarse innovadoras y vanguardistas. Por
supuesto éste es un campo en el que, a pesar de los avances, queda aún mucho
por hacer. En este sentido, las páginas que siguen no son concluyentes sino parte
de una reflexión en movimiento sobre las apuestas, los logros y los retos que tienen
cabida en el conjunto de empresas que operan en un país como Colombia y buscan
hacerlo de manera atenta a la construcción de paz y a los derechos humanos.
Operaciones empresariales en entornos complejos, el caso colombiano
La noción de entorno complejo hace referencia a la presencia de uno o más de los
siguientes factores: acciones de grupos armados al margen de la ley, economías
ilegales, fragilidad institucional y débil gobernabilidad.3 Las experiencias recientes
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Colombia
también se
conoce por
ser escenario
del conflicto
interno de
mayor duración
de América
Latina
de países que atraviesan por un conflicto armado o parecen estar saliendo de él,
dan cuenta de variaciones posibles en la existencia y coexistencia de estos factores
y su incidencia sobre las operaciones empresariales. En efecto, la presencia de
estos factores – en sus posibles combinaciones – afectan las dinámicas locales e
imprimen un carácter particular a los territorios en los que operan las empresas.
De igual forma, tales dinámicas y los factores que las acompañan imponen retos
y riesgos de cara a las operaciones empresariales, que precisan respuestas
innovadoras y atentas. Las empresas que operan en entornos complejos parecen
estar, entonces, en el peor y el mejor de los mundos al mismo tiempo.
Por un lado, enfrentan riesgos y retos que probablemente no enfrentarían si
operaran en otro contexto. Por otro lado, es precisamente la existencia de esos
riegos y retos lo que muchas veces lleva a las empresas a trabajar en iniciativas
innovadoras de cara a la superación del conflicto apostando por la construcción de
paz y los derechos humanos.
Para quienes viven en Colombia, la definición de un entorno complejo puede parecer
familiar. En efecto, los factores que lo caracterizan suelen confluir en muchas de
las regiones del país. Más aún, una caracterización general del país incluiría todos
aquellos factores que otorgan la característica de ‘complejo’ a un entorno.
Catalogado como uno de los países más violentos de la región, Colombia también
se conoce por ser escenario del conflicto interno de mayor duración de América
Latina y ser el hogar de diferentes grupos armados al margen de la ley, incluyendo
la guerrilla más antigua del continente y grupos criminales emergentes ligados al
narcotráfico y a otras economías ilegales. De acuerdo con los informes de 2009,
estos grupos tienen presencia en cerca de 600 de los 1.100 municipios del país
(Ávila, 2010) y se calcula que puede haber más de 12.000 hombres y mujeres
vinculados a estos grupos en el país.4 Para 2009, las cifras oficiales informan que
hay algo más de 8.800 personas en las filas de los dos grupos guerrilleros que
hoy en día operan en el país. De acuerdo con estas cifras, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) contarían con 7.297 combatientes y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) con 1.529.5 En cuanto a las llamadas Bandas
Criminales Emergentes (BACRIM), datos de abril de 2010 dan cuenta de 3.749
personas vinculadas a este tipo de organizaciones.6 Si bien los informes oficiales
dan cuenta de logros importantes en la tarea de combatir a estos grupos, lo cierto
es que el accionar de grupos armados al margen de la ley sigue teniendo una
importancia innegable en el entorno colombiano.
En los últimos años, además, Colombia ha sido escenario de escándalos ligados a
las actividades fuera de la ley de miembros de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo en
este sentido es el caso de los llamados “falsos positivos”.7 En su reporte presentado
en marzo de 2010, Philip Alston (reportero especial sobre ejecuciones arbitrarias,
sumarias y extrajudiciales) de Naciones Unidas señaló que si bien aún no hay cifras
exactas, en el marco de este fenómeno que se remonta al menos a 2002, según los
diferentes cálculos, se estima que más de 1.300 personas han sido asesinadas.8.
Esto se suma a los informes sobre la situación de Derechos Humanos, que han
ubicado a Colombia en una posición poco honrosa entre los países con peores
desempeños en esta materia.
Con frecuencia el accionar de actores armados al margen de la ley y la existencia de
economías ilegales resultan fenómenos relacionados. En este sentido, Colombia no
es una excepción. A las dinámicas ligadas al narcotráfico (Cubides, 2004; Restrepo,
Jorge y David Aponte (eds.), 2009, Vargas, 2004; Sánchez, 2004; Thoumi, 1999)
se suman aquellas relacionadas con otras actividades económicas ilegales (ej.
extorsión, control del mercado negro, etc.) e incluso con la captura por parte de
organizaciones criminales de actividades económicas legales (Rubio, 2002).9
Además de ser escenario operativo de grupos armados al margen de la ley y de
organizaciones criminales vinculadas a diferentes economías ilegales Colombia ha
sido también, en los últimos años, testigo de fenómenos que dan cuenta de una
preocupante debilidad institucional y gobernabilidad frágil, en particular a nivel
local. Un ejemplo de ello es la infiltración de la guerrilla y de los paramilitares en las
estructuras de poder local o lo que algunos prefieren describir como complicidad
entre dirigentes políticos (congresistas, alcaldes, gobernadores, diputados,
concejales, funcionarios, etc.) y grupos armados ilegales. Este fenómeno -que
ha sido reseñado en la prensa nacional bajo denominaciones como farcpolítica,
elenopolítica y parapolítica- revela la permeabilidad de las instituciones y formas de
ejercicio de poder local (López, 2010). En el caso del fenómeno de la parapolítica,
que salió a la luz pública a mediados de 2006, 101 figuras políticas regionales están
siendo procesadas por vínculos con el paramilitarismo.10 Además, se calcula que
115 congresistas están siendo procesados en el marco de este mismo fenómeno.11
Junto a formas de penetración de actores armados en el ejercicio del poder local, se
encuentran también fenómenos de corrupción12 y formas de cooptación del Estado
(López, 2010) que una vez más son sintomáticas de la debilidad institucional y frágil
gobernabilidad en varias regiones del país y cuya descripción y análisis escapan al
alcance de este escrito.
Las empresas frente a un entorno complejo
Más allá de las variaciones regionales, pero sin desconocer su importancia,
Colombia parece claramente encarnar la definición de entorno complejo. Ahora
bien, ¿qué implicaciones se pueden identificar de cara a la operación empresarial?;
¿De qué manera ésto ha incidido en las empresas que operan en el país y de qué
forma tales empresas han buscado responder a los riesgos y retos que encierra
un entorno como el colombiano?; En otras palabras ¿de qué manera Colombia es
el peor y el mejor de los mundos de cara a la operación empresarial atenta a la
construcción de paz y a los derechos humanos?
Las respuestas a estas preguntas no son sencillas pero comencemos por una
cara de la moneda: los riesgos y retos que impone el entorno colombiano a las
empresas que operan en el país.13 Blanco de amenazas y presiones por parte
de grupos armados al margen de la ley, las empresas que operan en el país
enfrentan fenómenos como la extorsión y el secuestro, siendo incluso víctimas de
atentados contra sus instalaciones, sus empleados y/o sus contratistas. Junto a
estos riesgos de seguridad, conviven otros igualmente ligados al conflicto armado
que se expresan en dinámicas locales marcadas por una alta polarización
entre los grupos de interés y actores con los que la empresa busca construir su
legitimidad social para operar. De igual forma, las empresas que operan en un
entorno como el colombiano, enfrentan riesgos de reputación ligados al mayor
escrutinio de ONG y medios (nacionales e internacionales) y a la posibilidad de
ser demandadas dentro y fuera del país.
Además de afrontar riesgos en seguridad y reputación, las empresas que
operan en Colombia también enfrentan retos económicos, políticos y sociales
que se derivan de la complejidad del entorno colombiano. Para empezar, en
el plano de las relaciones laborales las empresas que operan en Colombia
se enfrentan a retos derivados del record histórico de malas relaciones entre
empresas y sindicatos. Si bien los últimos años han sido testigo de cambios
positivos en estas relaciones, lo cierto es que la relación empresas-sindicatos
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El fenómeno
de la extorsión
puede ser
particularmente
problemático
Las empresas
que operan en
zonas remotas
o con poca
presencia
institucional
pueden llegar
a generar
relaciones de
dependencia
respecto a las
poblaciones
locales
sigue siendo problemática a la hora de construir legitimidad social para operar
por parte de las empresas que trabajan en el país.
Por otra parte, las empresas que operan en zonas con problemas de seguridad
y cuyas actividades son de interés nacional deben recurrir a la fuerza pública
para la protección de sus instalaciones a través de convenios. En ocasiones, en la
tarea de construir su legitimidad social para operar, tales empresas se enfrentan
a retos ligados a los excesos que pueda cometer la fuerza pública y sus efectos
sobre grupos de interés locales. Asimismo y dada la complejidad del entorno, las
empresas que operan en este tipo de zonas se enfrentan a riesgos derivados del
incumplimiento de estándares de operación por parte de sus contratistas. En este
caso, el fenómeno de la extorsión puede ser particularmente problemático. Por
otro lado, muchas de las empresas que operan en el país se encuentran en zonas
donde existen, o incluso imperan, economías ilegales ligadas al narcotráfico y otras
formas de crimen organizado. Esto impone retos importantes a la hora de asegurar
la legitimidad social para operar y la sostenibilidad de una operación.
Finalmente, y en no pocas ocasiones, las empresas que operan en zonas remotas o
con poca presencia institucional pueden llegar a generar relaciones de dependencia
respecto a las poblaciones locales. Estas relaciones suelen ser alimentadas por la
precaria presencia del Estado y la ausencia de otros actores económico legales
y, a largo plazo, van en detrimento de la legitimidad social para operar y la propia
sostenibilidad de las operaciones empresariales. También es importante destacar
que, en diferentes lugares del país, las empresas deben enfrentar retos ligados a
la fragilidad de las instituciones y a la débil gobernabilidad. En este sentido, por
ejemplo, deben gestionar a la falta de claridad sobre las regulaciones que rigen
ciertos procedimientos y su aplicación, así como los efectos de la inestabilidad
institucional y la altísima polarización política e ideológica que suelen caracterizar
aquellas zonas del país que, de manera más vívida, encarnan lo que hemos
denominado un entorno complejo.
De manera general, los párrafos anteriores dan cuenta de algunos de los retos y
riesgos que enfrentan las empresas que operan en Colombia en su quehacer diario.
A estos, se suman elementos como costos adicionales debido a la necesidad de
contar con mayor seguridad, la necesidad de generar controles para evitar vínculos
con violaciones de Derechos Humanos, la necesidad de desarrollar mecanismos
que permitan evitar la filtración de dineros ilícitos, la incertidumbre derivada de
la falta de claridad en la tenencia de tierras en algunas zonas del país, etc. Este
panorama poco alentador, suele ser el telón de fondo de varias de las apuestas
por la paz y los derechos humanos que en los últimos años han jalonado el sector
empresarial en el país. Las siguientes páginas pretenden mostrar cómo el trabajo
de las empresas en el campo de los derechos humanos es complementario a la
apuesta empresarial por la construcción de paz. Más aún, en un contexto como el
colombiano, se trata de apuestas íntimamente ligadas.
¿Por qué las empresas hablan hoy en día de derechos humanos?
Aunque sigue siendo un tema relativamente nuevo, cada vez es más común que
las empresas hablen de derechos humanos. La introducción de este tema en
el marco de las operaciones empresariales se remonta a cerca de una década
atrás y se relaciona con la confluencia de transformaciones significativas en las
expectativas de diversos grupos de interés de las empresas y su operación. Este es
el caso de inversionistas y consumidores, para quienes cada vez es más relevante
el desempeño en materia de derechos humanos de las empresas que reciben sus
recursos o producen los bienes y productos que ellos consumen. Este también es el
caso de trabajadores y gobiernos, que hoy en día tienen expectativas más elevadas
frente al desempeño ético, ambiental y social de las empresas.
El surgimiento de los derechos humanos como campo de acción en el sector
empresarial también se relaciona con cambios en las tendencias globales en
responsabilidad social empresarial (RSE). Si bien hasta hace unos años, las
empresas solían concentrar su trabajo con las comunidades a través de actividades
de tipo filantrópico, hoy en día la filantropía es entendida sólo como un aspecto de
la RSE y las actividades propias del negocio han venido ganando terreno en este
campo, como eje de trabajo para aquellas empresas que quieren lograr impactos
positivos mayores y más permanentes entre sus grupos de interés, incluidas
las comunidades que hacen parte de su esfera de influencia. De igual forma el
espectro de temas y esferas que hoy por hoy son considerados propios de la RSE se
ha venido ampliando. Lo que hasta hace unos años era considerado como temas
ajenos a la operación empresarial, hoy comienzan a ser aceptados como parte de las
preocupaciones legítimas – y en buena medida esperables – de las empresas que
operan de manera responsable. Éste, precisamente es el caso de temáticas como
los derechos humanos. La ampliación del espectro de la RSE también ha significado
que hoy por hoy este campo incluya la cadena de producción y distribución de las
empresas. Por último, aunque no menos importante, las iniciativas que vinculan
diferentes actores conocidas como iniciativas multiactores han venido ganando
popularidad en el campo de la RSE y han demostrado las virtudes del trabajo
colectivo en temas de interés mutuo y particularmente sensibles como es el caso
de los derechos humanos.
A pesar de su aparición relativamente reciente, el tema de los derechos humanos
llegó al sector empresarial para quedarse. En efecto, el campo de derechos
humanos y empresas es cada vez más conocido y aceptado, incluso ya se puede
catalogar como esperable y en alguna medida exigible. Los últimos años han sido
testigo de un creciente número de denuncias y acusaciones contra empresas por
su desempeño en derechos humanos o por su vinculación en abusos contra los
derechos humanos. Un ejemplo de ello son las demandas que se han presentado en
Estados Unidos en el marco del Alien Tort Claims Act (ATCA).14 Otro ejemplo son los
informes que varias organizaciones (Human Rights Watch, 2008; ESCR-Met, 2008)
elaboraron en la primera mitad de 2008 en los que se da cuenta del espectro que
incluye – o mejor aún se espera que incluya – el sector empresarial cuando hace a
alusión a los Derechos Humanos. En este sentido el informe elaborado por Michael
Wright de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard
(Wright, 2008)15 es bastante ilustrativo, pues permite identificar puntos centrales
en la materia. De cara a esta caracterización, los siguientes son algunos de los
aspectos centrales que se derivan de dicho informe:
- El impacto de las empresas en los derechos humanos puede darse directamente
o a través de terceros con los que trabaja la empresa.
- Las violaciones de derechos humanos afectan por igual a comunidades locales y
trabajadores, y en un menor porcentaje a consumidores/usuarios.
- La violación de derechos humanos involucra, por lo general, a varios derechos.
Es decir, que el impacto en derechos no es único.
- Las denuncias por violación a los derechos humanos no son asunto de
unos pocos sectores de la actividad empresarial. Involucran prácticamente
a todos los sectores.
- Las denuncias por violación a los derechos humanos no hace referencia a unos
determinados países. Aunque sobresalen ciertas regiones, y dentro de ellas
ciertos países, lo cierto es que estas denuncias abarcan todas las regiones del
globo e involucran a diferentes países.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Las denuncias
por daños
medioambien-
tales suelen
estar ligadas
a denuncias
por violación
de derechos
humanos
Un grupo de
estudiosos
acuñó el
concepto
de peace
entrepeneurs
(empresarios/
emprende-
dores de paz)
- Las denuncias por daños medioambientales suelen estar ligadas a denuncias
por violación de derechos humanos.
- Una primera denuncia de violación de derechos humanos suele ser seguida de
más demandas y denuncias.
Empresas y derechos humanos: Proteger, Respetar y Remediar
A pesar de ser un campo relativamente nuevo en el mundo empresarial los derechos
humanos son cada vez más un tema de obligado cumplimiento para las empresas,
en particular para aquellas que operan en entornos complejos.
El trabajo desarrollado por John Ruggie y su equipo16 ofrece un marco de
referencia para los diferentes actores que tienen un interés legítimo en
los derechos humanos en lo que tiene que ver con empresas, así como
para quienes desde el sector empresarial han asumido un compromiso
con los derechos humanos. Aún cuando sigue siendo un marco que debe
ser traducido en el día a día de la operación empresarial, determina que
las actuaciones en el campo de las empresas y los derechos humanos
se deben entender a partir de tres pilares. En primer lugar, la obligación
de los Estados de proteger contra los abusos de derechos humanos por
terceras partes, incluyendo empresas, a través de políticas, regulaciones y
medidas apropiadas. En segundo lugar, la responsabilidad de las empresas
de respetar los derechos humanos, lo que implica actuar con la diligencia
debida y evitando afectar los derechos de otros. En tercer lugar, el trabajo
de Estados y empresas en pro de lograr un mayor acceso de las víctimas a
medios de reparación efectivos, que pueden ser jurídicos o no.17
Empresarios/emprendedores de paz y derechos humanos en Colombia
En 2006, un grupo de estudiosos sobre la relación entre empresas y construcción
de paz acuñó el concepto de peace entrepeneurs (empresarios/emprendedores
de paz) para describir miembros del sector empresarial que de manera activa se
involucran en iniciativas que buscan promover la paz (Banfield, Jessica, Canan
Günduüz y Nick Killick (eds), 2006). Hoy en día Colombia es escenario de varias de
estas apuestas que incluyen la participación en iniciativas orientadas a contribuir
a la mejora en la calidad de vida de poblaciones en riesgo y en desplazamiento, la
reintegración socio-económica de excombatientes y la promoción del desarrollo y
la paz a nivel local través de lo que en el país se conoce como PDPs (Programas
de Desarrollo y Paz). Varias de estas iniciativas vienen siendo visibilizadas a través,
por ejemplo, de premios como el Premio Emprender Paz. Otras hacen parte de
iniciativas colectivas como la Reconstrucción del Salado liderado por Fundación
Semana. Otras más, hacen parte de alianzas público-privadas como las realizadas
entre la Alta Consejería para la Reintegración ACR y empresas que operan en el
país a través de un banco de tiempo y una serie de proyectos especiales (Amis et al,
2006; (Banfield, Jessica, Canan Günduüz y Nick Killick (eds), 2006).18
Parafraseando este concepto y ampliándolo a miembros de otros sectores de la
sociedad (ej. el gobierno y miembros de organizaciones de la sociedad civil), se
puede decir que las iniciativas que recientemente se han adelantado en Colombia
en el campo de empresas y derechos humanos son ejemplo de lo que se podría
llamar empresarios/emprendedores de paz y derechos humanos. El caso de Guías
Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario da cuenta
de este tipo de apuestas. Otras como el Pacto Global y Principios Voluntarios en
Seguridad y Derechos Humanos, son iniciativas que se remontan a códigos y
estándares de conducta empresarial originados internacionalmente y de cuya
aplicación Colombia ha sido testigo de avances importantes.
El Pacto Global que fue lanzado por Naciones Unidas en 1999, funciona formalmente
en Colombia desde 200419 cuando las primeras 54 empresas colombianas
adherentes a esta iniciativa crearon el capítulo nacional de Pacto Global.20 Hoy en
día, más de 210 empresas que operan en el país forman parte de esta iniciativa.
También en el campo de empresas y derechos humanos destaca el trabajo que
desde 2003 se ha desarrollado en el país en torno a los Principios Voluntarios en
Seguridad y Derechos Humanos (PV).21 En septiembre de ese año, la Embajada
de Estados Unidos lideró una reunión con el fin de iniciar un diálogo para la
implementación de los VP en Colombia. Esta invitación tuvo eco en el gremio
petrolero que desde mediados de los años noventa venía trabajando en temas
afines. El año siguiente, en 2004, y con la ayuda de la Asociación Colombiana
de Petróleo ACP se organizó el Comité Técnico de Principios Voluntarios.22 Tres
años más tarde, en 2007, este Comité pasó a ser el Comité Minero Energético de
Seguridad y Derechos Humanos (CME) y en él, además de las empresas petroleras,
empezaron a participar empresas del sector minero y eléctrico. De igual forma se
invitó a participar a organizaciones de la sociedad civil.23
Hoy en día, el CME es una iniciativa que promueve en Colombia el debate público
y privado en favor de la reputación del país y del sector extractivo. Es un espacio
de diálogo que busca a través del intercambio de buenas prácticas en seguridad y
derechos humanos, y la implementación de los Principios Voluntarios, promover el
mejor desempeño del sector y de las instituciones del Estado colombiano en derechos
humanos, en lo que guarda relación con la seguridad. El trabajo desarrollado en el
marco del Comité Minero Energético en Seguridad y Derechos Humanos destaca
como uno de los pilares importantes en el avance que en términos de PV se ha
hecho en Colombia en los últimos años. Junto al trabajo del CME cabe mencionar
otros logros importantes en esta materia como la inclusión de los PV como referente
en la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
del Ministerio de Defensa.24 En efecto, el caso colombiano se destaca en cuanto a
la implementación de esta iniciativa a nivel de país.
Junto al trabajo que se ha desarrollado en el marco de códigos y estándares de
conducta empresarial atentos a los derechos humanos, en Colombia también se
destacan iniciativas que en esta materia resultan innovadoras y en buena medida
se ubican en la vanguardia en el campo de empresas y derechos humanos.25
Una vez más, el entorno en el que tales iniciativas vienen desarrollándose hace
de ellas una apuesta tan relevante como llena de retos. Este es el caso de las
Guías Colombia en Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, una
iniciativa que cabe destacar en el marco de lo que he denominado empresarios/
emprendedores de paz y Derechos Humanos.26 Las Guías Colombia se definen
como “una iniciativa multi-actor compuesta por empresas, organizaciones de la
sociedad civil y Gobierno, unidos por el propósito común de aportar a la mejora de la
situación de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH)
en el país. Guías Colombia parte del diálogo constructivo sobre buenas prácticas
y temas sensibles en DDHH y DIH en el contexto de la actividad empresarial, para
contribuir a su respeto y promoción por parte de todos los participantes.”27
En el marco de Guías Colombia, además, sus miembros adquieren el compromiso
de trabajar colectivamente en el desarrollo de lineamientos en temas que resultan
claves para la operación empresarial en Colombia y que además ocupan un lugar
destacado en la tarea de construir una paz sostenible en el país. Estos temas son
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
A lo largo
de 2007
se hicieron
consultas
con ONG y
sindicatos con
presencia en el
país
La iniciativa
sufrió el retiro
de algunos
participantes
de sus
seguridad (que aborda temas relativos a las relaciones con la fuerza pública y la
contratación de seguridad privada), temas laborales (que incluye consideraciones
relativas a la libertad de asociación), comunidades (en el que se incluyen temas
tan sensibles como tierras, desplazamiento y participación), transparencia (en el
que junto a la corrupción se incluyen temas relativos a la extorsión), fortalecimiento
institucional, medio ambiente, y quejas y reclamos.
El lanzamiento oficial de esta iniciativa, el 14 de julio de 2010, fue el punto de
llegada de cerca de cuatro años de arduo trabajo, en los que quienes hacen parte
de Guías Colombia debieron afrontar varios retos y obstáculos. Quizás la mejor
forma de dimensionar tales retos y obstáculos, junto con el compromiso que una
iniciativa de este tipo encierra, sea repasar el proceso seguido en Guías Colombia
en los últimos cuatro años.
A mediados de 2006 surgió la idea de esta iniciativa. Entonces se redactó una
primera versión del código que se esperaba sirviera como eje de Guías Colombia
y se hicieron consultas con varias empresas que operan en el país. Nueve de las
empresas consultadas manifestaron su interés en participar en la iniciativa y se
comprometieron con ella. En esos momentos la iniciativa se centraba en el tema de
seguridad y derechos humanos y tomaba como referente los Principios Voluntarios
en Seguridad y Derechos Humanos. Unos meses más tarde, en enero de 2007 se
lanzó lo que entonces de llamó el piloto de Guías Colombia en Seguridad y Derechos
Humanos. Este lanzamiento contó con la presencia del Representante Especial de
Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, John Ruggie, quien en esos
momentos calificó a Guías Colombia como una iniciativa de vanguardia en el campo
de empresas y derechos humanos.
A lo largo de 2007 se hicieron consultas con ONG y sindicatos con presencia en
el país sobre su participación en la iniciativa. Tras varias consultas, algunas de
estas organizaciones decidieron sumarse a Guías Colombia. Quienes en esos
momentos hacían parte de Guías Colombia se entregaron entonces a la tarea
de definir colectivamente un código, reglas de juego y roles. Al mismo tiempo,
buscaron avanzar en un proceso tan difícil como clave en este tipo de iniciativas:
construir confianza. La tarea de construir confianza, como lo muestra la experiencia
de muchas iniciativas multiactores, no es sencilla, más si se adelanta en un
entorno que como el colombiano está marcado por la polarización entre quienes
participan en este tipo de iniciativas. ¿Qué implica adelantar una tarea colectiva en
la que actores que en otros escenarios se enfrentan buscan de manera conjunta
definir reglas de juego y temas de interés mutuo?; ¿Cómo abordar el campo de los
derechos humanos de manera colectiva, cuando éste, precisamente, es uno de los
campos en el que los diversos actores ven sus posiciones enfrentadas?; ¿Es posible
construir confianza entre quienes son distintos y, dadas las particularidades del
entorno, no pocas veces se ven involucrados en debates en los que son frecuentes
las acusaciones mutuas?.
El proceso seguido en esta iniciativa entre mediados de 2006, cuando se redactó
un primer código, y mediados de 2010, cuando públicamente se suscribió el
documento base que da vida a la iniciativa, tuvo picos y altibajos. A lo largo de
este periodo la iniciativa fue tomando cuerpo y se fue transformando en lo que
hoy en día es. Entre 2006 y 2010, Guías Colombia fue testigo de transformaciones
importantes. En primer lugar, la iniciativa sufrió el retiro de algunos de sus
participantes, lo que en ocasiones fue sintomático de las dificultades de dar vida a
una iniciativa multiactor de este tipo en un entorno complejo como el colombiano.
En segundo lugar, la iniciativa también presenció el ingreso y el compromiso de
diferentes actores lo que a su vez da cuenta del compromiso y el esfuerzo de
múltiples actores en un entorno como el colombiano. Por último y quizás aún más
revelador, una de las grandes transformaciones en esta iniciativa fue la ampliación
de su espectro: el paso de abordar temas de seguridad y derechos humanos
a abordar temas de derechos humanos y DIH. Esto muestra una iniciativa más
ambiciosa en un entorno complejo como el colombiano, que a la luz de los “temas
emergentes” que se mencionan a continuación encierra además una apuesta por
la construcción de una paz sostenible en Colombia.
Conclusiones
Como lo muestran las páginas anteriores, si bien hay aún muchas cosas por hacer
en Colombia se ha avanzado bastante en esta cuestión. Sin embargo, hay otros
temas que, sin ser necesariamente nuevos, vienen cobrando importancia y pueden
considerarse, en cierta forma, como “emergentes”.28
En el espectro de lo que podríamos llamar “temas emergentes en la relación
empresas, construcción de paz y derechos humanos”, cabe mencionar el tema
de las tierras. Este es un tema que para muchos supone el núcleo del conflicto
armado y sus secuelas en Colombia29, el tema de la extorsión como uno de los
ejes en la financiación de grupos armados al margen de la ley y organizaciones
criminales,30 y distintas formas de cooptación del Estado, que se bosquejaron en
la primera parte de este escrito. Ahora bien, ¿qué implica esto cuando se habla de
operaciones empresariales en entornos complejos y más exactamente hoy por hoy
en Colombia?; ¿Qué iniciativas puede desarrollar el sector empresarial en el tema
de tierras cuando sus operaciones se dan en entornos marcados por las secuelas
del conflicto?; ¿En qué medida las actividades empresariales pueden contribuir a
ahondar estas secuelas, o bien a superarlas?; ¿En qué medida las empresas pueden
ser víctimas y en qué medida cómplices cuando se habla de extorsión?; ¿Qué tipo
de mecanismos puede desarrollar el sector empresarial frente al fenómeno de
la extorsión?; ¿Qué tipo de medidas puede tomar el sector privado frente a las
distintas formas de cooptación de entidades del estado?
Junto con estos temas – tierras, extorsión, cooptación del Estado – se podrían
mencionar muchos más que también hacen parte de ese “espectro de temas
emergentes” y que de manera más amplia permiten dimensionar la apuesta que
encierra el campo de empresas, construcción de paz, derechos humanos y DIH en
un país como Colombia.
En efecto, el actual contexto colombiano – marcado, por ejemplo, por nuevas
dinámicas del conflicto y crimen organizado y las secuelas del conflicto en las
últimas décadas – encierra retos particulares para una operación empresarial
atenta a los derechos humanos y al DIH, e interesada en la superación del conflicto
y la construcción de una paz sostenible.
Para terminar, quienes han dado vida a Guías Colombia en buena medida encarnan
lo que he denominado empresarios/emprendedores de paz y derechos humanos.
Esto, no sólo por el contenido y naturaleza de la iniciativa, sino también y quizás
sobre todo por el contexto en el que ella surge. En relación con el contexto en el
que se desarrolla esta iniciativa, su carácter innovador y vanguardista, junto con
los retos que ella enfrenta pueden ubicarse en al menos dos dimensiones. Por un
lado, la iniciativa misma y su desarrollo y, por otro lado, los temas y propósitos que
persigue. En otras palabras, la apuesta de desarrollar una iniciativa multiactores
en un entorno complejo como el colombiano; y por otro la meta de desarrollar
lineamientos de operación empresarial en temas particularmente sensibles en un
entorno complejo de este tipo.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Notas
1. Traducción propia a partir de: GBI, Global Compact, FIP, Institute for Human Rights and
Bussines, Business and Human Rights in Colombia: Macro trends, micro realitites and ways
forward (en prensa).
2. Traducción propia a partir de: GBI, Global Compact, FIP, Institute for Human Rights and
Bussines, Business and Human Rights in Colombia: Macro trends, micro realitites and ways
forward (en prensa).
3. Sobre esta caracterización y sus implicaciones para la operación empresarial, ver entre
otros: International Alert, 2005. Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for the
Extractive Industries y International Alert, 2006. Business and Human Rights: the Role of
Business in Weak Governance Zones: Business Proposals for Effective Ways of Addressing
Dilemma Situations in Weak Governance Zones.
4. Datos tomados de Arias, Gerson, Conflicto armado colombiano: Dinámicas actuales e
indicadores, Ponencia, Junio 2010.
5. Datos tomados de Arias, Gerson, Conflicto armado colombiano: Dinámicas actuales e
indicadores, Ponencia, Junio 2010.
6. Datos tomados de Arias, Gerson, Conflicto armado colombiano: Dinámicas actuales e
indicadores, Ponencia, Junio 2010.
7. Asesinatos al margen de la ley de civiles por parte de las fuerzas de seguridad del Estado
que son presentados como muertes en combate con grupos guerrilleros o criminales.
8. Véase el Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary and arbitrary
executions, Philip Alston. Mission to Colombia. Naciones Unidas, Marzo 31 de 2010.
9. Ver también El tiempo, “Con oro lavan dinero y se roban regalías”, de 1 de agosto de 2010.
Así como la sección de paraeconomía y otros reportes en <www.verdadabierta.com >.
10. El último informe de Corporación Nuevo Arco Iris CNAI da cuenta de procesos contra 3
gobernadores, 5 alcaldes y 6 concejales elegidos para el periodo de 2007 a 2011; así como
contra 16 ex gobernadores, 38 ex alcaldes, 12 ex diputados y 21 ex concejales elegidos
para periodos anteriores. Para más detalles y los últimos datos sobre este fenómeno Véase:
<http://www.verdadabierta.com/parapolitica/2595-la-para-politica >.
11. De acuerdo con datos recogidos por Corporación Nuevo Arco Iris CNAI, están siendo
procesados 91 congresistas elegidos para el periodo 2006-2010 y 24 elegidos para
periodos legislativos anteriores. Para más detalles y los últimos datos sobre este fenómeno
Ver: <http://www.verdadabierta.com/parapolitica/2595-la-para-politica>.
12. Algunas cifras dan una idea del nivel de corrupción. Según datos de LAPOP 2008, uno de
cada diez colombianos dice haber sido víctima de algún acto de corrupción en su interacción con
instancias policiales, administrativas, judiciales, educativas, laborares u hospitalarias; pero ocho
de cada diez cree que la corrupción entre los funcionarios es algo o muy generalizada. Según la
Primera Encuesta Sobre Prácticas Contra el Soborno en Empresas Colombianas (Transparencia
por Colombia y U. Externado de Colombia, 2007), el 91% de los empresarios considera que hay
empresarios que ofrecen sobornos en sus negocios. El 11% de los empresarios afirma tener
programas integrales y continuos e invierte recursos contra el soborno.
13. Sobre los costes que impone el conflicto a las empresas que operan el país, véase
Rettberg, Angelika, 2008. Explorando el dividendo de la paz: percepción de los impactos del
conflicto armado en el sector privado colombiano. Resultados de una encuesta nacional,
Universidad de los Andes e International Alert.
14. El ATCA (Aliens Tort Claims Act) fue creada en 1789 y amplía la jurisdicción de cortes
estadounidenses para juzgar violaciones a la “ley de naciones” y leyes internacionales. Esta
medida es hoy en día uno de los principales instrumentos legales en el tema de empresas
y derechos humanos. En el marco del ATCA, en los últimos diez años se han multiplicado
las denuncias y demandas contra compañías multinacionales. Esta medida fue revivida en
1980s para casos de violaciones al derecho internacional. Desde 1993 ha sido una vía de
denuncia de casos de violación de DDHH que involucran a multinacionales. Bajo el ATCA ha
habido al menos 36 demandas a empresas domiciliadas en Estados Unidos, de diferentes
sectores, que operan en diversos países y regiones.
15. Este informe fue elaborado como insumo para el trabajo que adelanta John Ruggie en
materia de empresas y derechos humanos. La información recogida en él hace parte de
los anexos del reporte de 2008 del SRSG al Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas (A/HRC/8/5).
16. Véase al respecto <http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home >.
17. Sobre este marco y los tres pilares que se mencionan, ver entre otros Protect, Respect
and Remedy: a framework for Business and Human Rights en <http://www.reports-and-
materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf>.
18. Para una mirada general sobre empresas y construcción de paz en Colombia ver, entre
otros, la página Web del Premio Emprender Paz <http://www.emprenderpaz.org/> y el
Observatorio de RSE, Derechos Humanos y Construcción de Paz de la FIP <http://www.
ideaspaz.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=815:observatorio&c
atid=161:otros-proyectos&Itemid= >.
19. Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PV) son una iniciativa
multiactor que sale a la luz pública en 2000 y reúne empresas del sector extractivo, ONG
y gobiernos. Para más detalles sobre esta iniciativa y su funcionamiento en el país visitar
<http://www.pactoglobal-colombia.org/ >
20. Véase: <http://www.colombiaincluyente.org/contenido/contenido.aspx?catID=173&conID=690 >.
21. Para más información sobre esta iniciativa véase <http://www.voluntaryprinciples.org>.
22. Este Comité estaba formado por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, BP, Occidental, ChevronTexaco y ACP.
23. Actualmente son miembros de esta iniciativa por parte del gobierno: Presidencia y
Vice-presidencia, el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el Ejercito Nacional; por el sector
empresarial: Anglo American, Anglo Gold Ashanti, La Asociación colombiana de Petróleos
(ACP), Cerrejón, ECOPETROL, ISA, Isagen, Greystar Oxy, Río Tinto y Talismán; la iniciativa
cuenta con la participación de organismos internacionales: las embajadas de Estados
Unidos, Países Bajos y Reino Unido; y dos organizaciones de la sociedad civil: La Fundación
Ideas para la Paz (FIP) e International Alert. Ver: <http://www.derechoshumanos.gov.co/
principal/empresa_comiteminero.asp>.
24. Véase: <http://www.mindefensa.gov.co/descargas/Documentos_Home/Politica_DDHH_MDN.pdf>.
25. Existen varias iniciativas que se pueden enumerar bajo esta categoría. Algunos ejemplos
en este sentido se pueden encontrar en: GBI, Global Compact, FIP, Institute for Human Rights
and Bussines Business and Human Rights in Colombia: Macro trends, micro realitites and
ways forward (en prensa).
26. El pasado 14 de julio, Guías Colombia fue suscrito en calidad de miembros por: Coca-
Cola Servicios de Colombia, Indupalma Ltda., Isagen S.A ESP, Nestle de Colombia S.A,
Palmares de la Organización Espinosa, International Alert, Fundación Ideas par la Paz y el
Gobierno Nacional; y en calidad de observadores por Tipiel S.A,
27. Guías Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ver el documento
completo en: <http://www.ideaspaz.org/portal/media/docs/GuiasColombiaDOC.pdf >.
28. Esto, no quiere decir que otros temas que se vienen trabajando desde hace unos años
pierdan importancia. Tampoco quiere decir que los temas “emergentes” sean desconocidos,
de hecho, Algunos de estos temas, incluso, han sido abordados por algunas empresas pero no
necesariamente se reconocen como trabajo en Derechos Humanos, ni se abordan bajo esta
perspectiva. Por ejemplo, temas que se trabajan desde “gestión social” “comunidades” “entorno”
29. Uno de los aspectos que da cuenta de la complejidad y magnitud de este tema es la
falta de claridad sobre cuántas hectáreas han sido abandonadas por población desplazada.
Distintos cálculos muestran un rango de entre 1.2 millones (Ana María Ibáñez) y 10 millones
(MOVICE). Los cálculos oficiales oscilan entre 2.9 millones (Contraloría) y 6.8 millones
(Acción Social). Otro aspecto en este sentido son las distintas modalidades de despojo que
apenas ahora se están empezando a documentar. Ver entre otros El Despojo de Tierras y
Territorios: Aproximación conceptual, IEPRI, CNRR, Memoria Histórica 2009.
30. Algunas cifras y características que dan una idea sobre este fenómeno: Según
Fondelibertad entre 2008 y 2009, la extorsión aumentó en poco más del 65% (paso de 830
a 1373 casos reportados). Para 2009, según datos del GAULA, entre los principales blancos
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
de extorsión figuran 36 sectores económicos. Los más afectados fueron los comerciantes
(208 casos), las empresas de bienes y servicios (58), los ganaderos (41), las asociaciones
gremiales (36), las empresas de transportes (30) y los agricultores (28). Para este mismo
año, los departamentos más afectados fueron: Antioquia (78), Tolima (56), Caquetá (52),
Magdalena (47), Cundinamarca (28), Huila (26) y Bogotá (26).
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[Consulta 12 de septiembre de 2010].
La empresa como actor de la reconstrucción
postbélica1
“La era de la mundialización ha intensificado la comprensión de que la actividad
comercial es parte integrante de la vida económica y política de la sociedad. Junto con
esa comprensión, existe un reconocimiento creciente entre los agentes internacionales
del importante papel que podrían desempeñar los medios empresariales al ayudar a
Kofi Annan, en su Informe sobre Prevención de Conflictos, 7 de junio de 2001.
Carlos Fernández, Asistente especial de la oficina de Naciones Unidas en Santo Domingo
Aitor Pérez, economista especializado en asesoría a ONG
1. Introducción
La participación del sector empresarial en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) es una idea promovida en el propio texto de los ODM
y aceptada por los principales donantes públicos, bilaterales y multilaterales.
En el caso español, el III Plan Director de la Cooperación apoya esta idea con el
anuncio de un Plan de Actuación de fomento de alianzas público-privadas para
el desarrollo (APPD). El propio plan explica el valor añadido de estas APPD como
aporte de conocimiento, tecnología y recursos en determinados sectores y regiones
prioritarios para la cooperación. Subraya también la importancia que puede tener
la incorporación del sector privado empresarial a la agenda global del desarrollo
para la consecución de objetivos como el crecimiento económico orientado a la
reducción de la pobreza.
Si bien las alianzas entre el sector privado y la cooperación despiertan un gran
interés porque otorgan a la empresa el papel de aliado estratégico de la cooperación
e implican la asunción por su parte de los fines últimos de la cooperación, no hay
que minusvalorar la capacidad de la empresa de contribuir a los objetivos de la
cooperación en su papel más tradicional de empresa contratista para la ejecución de
la ayuda internacional. Este papel, puede ser especialmente relevante en contextos
de reconstrucción posconflicto, donde los planes de cooperación persiguen la
normalización de la vida social, política y económica como una dimensión más de
la construcción de la paz y donde a menudo el principal motor de la recuperación
económica tiene que ver con los desembolsos de los donantes internacionales.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Los esfuerzos
de ayuda
humanitaria,
rehabilitación
y desarrollo
deben ser
introducidos
de manera
simultánea y
complemen-
taria
2. La construcción de la paz tiene una dimensión socio económica en la
que puede trabajar activamente la empresa
Si bien tradicionalmente se ha hablado de un continuum en el que la ayuda
humanitaria, la rehabilitación y el desarrollo siguen una secuencia lineal,
sucediéndose uno tras otro a partir del momento de la crisis, hoy en día la
orientación dominante en la comunidad internacional es que los esfuerzos de
ayuda humanitaria, rehabilitación y desarrollo deben ser introducidos de manera
simultánea y complementaria de forma que reflejen una planificación a largo plazo
desde el inicio de la intervención humanitaria en un conflicto o en un desastre
natural, hablándose de contiguum. El objetivo de la reconstrucción postconflicto
desde este enfoque no consiste en regresar a condiciones de pre-crisis sino que
crear las condiciones para la paz y el desarrollo sostenible2.
En línea con lo anterior, la ayuda a la reconstrucción debe tener por objetivo la
superación de las causas previas del conflicto poniendo las bases para una paz
sostenible facilitando la construcción de la paz. Esta puede entenderse como
complementaria a la diplomacia preventiva, a la resolución de conflictos y a las
operaciones de mantenimiento de la paz. Abarca medidas en el contexto de
situaciones emergentes, actuales o post conflicto con el propósito explícito de
prevenir el conflicto violento y promover una paz de largo plazo y sostenible. En
este sentido, la Cooperación Española considera que la construcción de la paz
va más allá de una acción centrada en operaciones militares y/o diplomáticas,
habida cuenta que pretende afrontar las causas que provocan el surgimiento de
la violencia en los conflictos contemporáneos, incluidos los factores estructurales,
socio-culturales, económicos y medio ambientales, lo que supone poner en marcha
un plan holístico, multidimensional, y de largo plazo3.
Bajo estas premisas, la comunidad internacional reconoce la necesidad de encarar
una acción integrada que atienda a los problemas políticos, socio-económicos y
especialmente a los del sector seguridad. Por tanto, para conseguir una paz
sostenible se ha de integrar una acción basada en tres ejes de acción conforme
refleja el diagrama siguiente4:
Dimensión de
Seguridad
Construcción
de la Paz
Para conseguir
una paz
sostenible se
debe integrar
una acción
basada en tres
ejes de acción
Dimensión Social,
Económico
y Ambiental
La intervención en la dimensión económica y social es clave desde la fase de
estabilización, por lo que hay que considerar la participación y fortalecimiento del
sector privado y la sociedad civil desde un inicio. Las elites de la mayoría de los
países periféricos están convencidas, a pesar de que puedan tener aproximaciones
ideológicas muy diferentes, que se requieren la vitalidad, los conocimientos y la
eficiencia de un sector privado vigoroso para generar un crecimiento económico
fuerte. A su vez en los países avanzados se está extendiendo la concepción que, bajo
condiciones correctas, el sector privado puede ayudar a prevenir conflictos violentos y
en la reconstrucción post-bélica. La Estrategia de Construcción de la Paz del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación, por ejemplo, establece explícitamente que se
deben promover actividades de desarrollo y fortalecimiento de la empresa privada
para la creación de empleo, la recuperación de los mercados y los intercambios
comerciales, y el incremento de inversiones en la región afectada. En general, el
rol de la inversión privada extranjera es esencial para facilitar la recuperación de
un sector privado nacional en precarias circunstancias tras una crisis. Para ello,
es importante implicar al sector privado en la estrategia de país, entendiendo
el impacto que sus actividades tienen en sociedades débiles y fracturadas.
3. El caso de Angola: Las empresas constructoras ante los
asentamientos de desplazados y la reconstrucción del sector eléctrico
ante la debilidad institucional.
La salida de los portugueses de Angola en 1975 significó un desmantelamiento
de la estructura productiva del país y el inicio de otra guerra de casi tres
décadas que trajo consigo la destrucción masiva de la infraestructura en la
mayoría de las regiones del país. La guerra generó además grandes masas de
desplazados que dejaron sus territorios de origen para asentarse en la ciudad,
especialmente en Luanda, buscando una mínima seguridad y la oportunidad de
encontrar algún medio de subsistencia.
Con el cese de las hostilidades en 2002, Angola inició su reconstrucción de manera
muy significativa en la capital, Luanda, que sin ser zona de enfrentamientos, fue destino
de millones de desplazados, que multiplicaron por diez el volumen de su población y
con ello, sus necesidades de infraestructuras urbanas, servicios, suelo y vivienda.
Reconstrucción de vivienda en Luanda Sul.
En este contexto, se puso en marcha un gran proyecto urbanístico financiado por
la Corporación Financiera Internacional del grupo Banco Mundial. El proyecto se
articuló sobre la entrega por parte del Estado, de derechos de aprovechamiento
sobre tierras públicas en el sur de Luanda, con el propósito de estimular la inversión
privada y generar una dinámica de mercado que atrajera mayores inversiones, en
un espiral creciente de inversión – plusvalía – venta – reinversión, que tuviera como
uno de sus efectos positivos el financiamiento de proyectos de vivienda social.
Durante la implementación del proyecto Luanda Sul hubo desalojos y demoliciones
forzadas que afectaron a personas que ya habían sido desplazadas por el conflicto.
Estos desalojos practicados durante el desarrollo del gran proyecto urbanístico fueron
documentados tanto por Human Rigths Watch como por Amnistía Internacional.
Ampliación y mejora de la red eléctrica de Viana.
La Cooperación Española, mediante FAD y subvenciones de Estado, financió proyectos
de infraestructura eléctrica durante y después de la guerra. La contratista de uno de
esos proyectos en Viana, además de la ejecución de la obra conforme a los pliegos,
desarrolló acciones de construcción de capacidades locales de forma voluntaria,
en particular la formación del personal de las compañías eléctricas públicas, la
elaboración de planos y la implantación de sistemas informáticos. Según la compañía,
esto se hizo fuera de contrato y con el deseo de contribuir al futuro mantenimiento de
la infraestructura eléctrica, contribuyendo a una buena relación con el gobierno de
Angola, con quien siguen trabajando a día de hoy mediante una empresa filial angoleña.
4. El caso de Bosnia-Herzegovina: infraestructuras conjuntas para
poblaciones enfrentadas.
La guerra que enfrentó a serbios, bosnios y croatas en Bosnia-Herzegovina
entre 1992 y 1995 dejó más de 100.000 muertos, 1,8 millones de refugiados y
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Los donantes
apoyaron en
general la
reconstrucción
infraestruc-
turas
físicas pero
todos ellos
pretendían la
reconstrucción
del país
de las
El beneficio
más valorado
por sus
beneficiarios
fue el carácter
conjunto del
proyecto,
participaron
comunidades
bosniaca y
croata de la
ya que
las
ciudad
desplazados y una economía e infraestructura totalmente destrozadas. Se estima
que, tras el conflicto, más del 80% de la población de Bosnia pudo sobrevivir
gracias a la ayuda humanitaria.
La comunidad internacional desarrolló un plan para Bosnia que incluyó, en un
período inicial de entre 3 y 4 años, una ayuda de 5.100 millones de dólares a través
del Programa de Reconstrucción Prioritaria, proveyendo asistencia humanitaria,
económica y de otra índole, sobre la base de las necesidades evaluadas por
el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales. Este programa fue
complementado en 1999 con el Pacto de Estabilidad, enfocado en los procesos de
democratización, promoción de los derechos humanos, reconstrucción económica
y de seguridad en la zona.
Los donantes apoyaron en general la reconstrucción de las infraestructuras físicas
pero todos ellos pretendían la reconstrucción del país en las dimensiones política,
de seguridad y socioeconómica, y siempre con el objetivo último de reconstruir las
relaciones pacíficas entre comunidades antes enfrentadas.
La reconstrucción del Puente de Mostar.
Esta obra universal Otomana, construida en 1663 fue destruida en 1993 por el
bando croata que asediaba a la población musulmana de Mostar, concentrada en el
lado Este de la ciudad. Con financiación del Banco Mundial y otros donantes y con el
acompañamiento de UNESCO, fue reconstruida siguiendo fielmente la metodología
y material originalmente usado, consiguiendo para Mostar, el 17 de julio de 2005,
la declaración de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Consecuentemente,
la actividad económica y social del casco histórico se reactivó para beneficio de
artesanos, comerciantes, tour-operadores y hosteleros. Políticamente, el puente y su
mediática inauguración sirvieron para dar al resto del mundo una imagen de unidad,
contrapunto a las imágenes de la guerra en Mostar retransmitidas diez años antes.
Sin embargo, el beneficio de esta obra civil más valorado por sus beneficiarios
fue el carácter conjunto del proyecto, ya que tanto en su ejecución como en sus
beneficios participaron las comunidades bosniaca y croata de la ciudad. La empresa
adjudicataria del proyecto contribuyo a ello con la contratación de mano de obra
local y la subcontratación de empresas locales, apoyándose en una escuela de
cantería promovida por la cooperación y en una unidad de gestión del proyecto,
codirigida por un croata y un bosnio musulmán e integrada en el ayuntamiento de
Mostar, de composición multiétnica.
La reconstrucción de la presa de Mostar.
Aguas arriba del río Neretva, la planta hidroeléctrica que suministraba energía a la
ciudad de Mostar y sus líneas de distribución Mostar también fueron destruidas. Su
reconstrucción fue financiada por la Cooperación Española con cargo a un crédito
FAD y gestionado sin participación de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC). La
identificación de este proyecto se basó exclusivamente en parámetros técnicos y
económicos, ignorando objetivos y fines de la comunidad internacional en la zona,
dando como resultado la suscripción de un acuerdo con una empresa íntegramente
croata en un territorio multicultural como Mostar. El acuerdo formal del Gobierno
Español fue suscrito con una entidad no reconocida por los Acuerdos de Dayton,
la República Croata de Herzeg Bosnia. Concluido el proyecto, no se rehabilitó la
antigua línea de transmisión eléctrica que partía de la HEP y que recorría la parte
este de la ciudad de población bosnio musulmana, por lo que fue considerado un
proyecto discriminatorio y decepcionante para la mitad de la sociedad civil.
5. Cómo fomentar la contribución de la empresa a la reconstrucción
Códigos de conducta y normas de calidad.
La acción conjunta del sector público y del sector privado pasa por superar en cada
proyecto de reconstrucción la aparente contradicción entre intereses puramente
empresariales, que apuntan al lucro, e intereses públicos, que deberían apuntar al
bienestar de la población afectada. Llegado a este punto, es interesante recordar
como todos los actores de la ayuda humanitaria y de la reconstrucción postbélica
asumen una serie de principios básicos que provienen del derecho humanitario
como el principio de humanidad, que obliga a aliviar el sufrimiento de aquellos que
sufren calamidades, el de imparcialidad, que proclama la no discriminación por
razones políticas, religiosas, étnicas o de género; o el de neutralidad, que previene
de la incidencia en el conflicto y en los intereses en juego en el mismo.
Además de aceptar unos principios básicos la comunidad humanitaria también
ha ido adoptando códigos de conducta que incorporan las lecciones aprendidas
de la historia reciente, que actúan como fundamentos para la autorregulación del
sector y que son la base de sistemas de rendición de cuentas como por ejemplo y
Humanitarian Accountability Partnerships International5 que es una certificación
sobre gestión de calidad orientada a la rendición de cuentas.
Por su parte, los actores económicos privados, en la medida en que están llamados
a participar en la reconstrucción, están llamados también a integrar estos principios
en su gestión, así como han integrado otros principios sociales y medioambientales
en el marco de sus programas de responsabilidad social corporativa. Idealmente,
esta adhesión a los principios humanitarios se hará inicialmente adoptando un
código de conducta y posteriormente construyendo un sistema de gestión con
responsables, procesos, procedimientos y recursos específicos, así como con
estándares sectoriales y mecanismos de control y rendición de cuentas.
Planificación de la ayuda
La elaboración de estrategias país claras y la programación plurianual favorecen el
alineamiento de la empresa con los objetivos de la cooperación, por cuanto los proyectos
incorporan desde su identificación una visión multidimensional de la reconstrucción
y principios básicos como el Do no harm. Ello implica también la concertación de
estrategias de desarrollo y comercial dentro de la propia administración pública, ya
que algunos de los proyectos de reconstrucción son gestionados y financiados en el
marco de la ayuda a la internacionalización de la empresa.
Gestión de la ayuda
En lo que se refiere a la gestión de la ayuda, el instrumento más importante para
potenciar el alineamiento de la empresa con los planes de reconstrucción son
los contratos de obras, suministros y servicios. Los pliegos de estos instrumentos
pueden incorporar objetivos transversales de la cooperación oficial y principios
básicos de la intervención en contextos de reconstrucción, tanto en los términos
de referencia del proyecto como en la elegibilidad y valoración de la empresa
contratista. De esta manera, objetivos transversales de la cooperación como la
igualdad de oportunidades, serían trasladados a la política de compras, de recursos
humanos o de relaciones con la comunidad.
Cabe destacar que contratar a la empresa internacional para ejecutar proyectos
cuyos términos de referencia tienen en cuenta las posibles externalidades
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La promoción
del crédito
a empresas
instrumento
que puede
sumar a la
empresa a los
esfuerzos de la
reconstrucción
es otro
La cooperación
internacional
considerar a la
empresa como
algo más que
un proveedor
de bienes y
servicios
debe
negativas y los riesgos de reabrir heridas del conflicto, redunda en la reputación de
la empresa y en su adaptación a un país en el que puede aspirar a establecerse.
Créditos a empresas con condiciones de responsabilidad social corporativa.
La promoción del crédito a empresas es otro instrumento que puede sumar
a la empresa a los esfuerzos de la reconstrucción. Utilizado por cooperaciones
multilaterales, como el Banco Mundial (IFC) o el Banco Interamericano de Desarrollo
(FOMIN), es un instrumento de gran capacidad que en España no forma parte de
la cartera de instrumentos de la cooperación aunque sí puede estar integrado en
una agenda de reconstrucción, con la participación de instituciones de crédito de
naturaleza pública.
Teniendo en cuenta que los proyectos que se financian por esta vía forman
parte de un negocio privado, su uso requiere una evaluación previa de impactos
sociales y medioambientales, para lo cual en contextos de debilidad institucional,
es necesario la consulta a las organizaciones de la sociedad civil. El apoyo de
la cooperación oficial a negocios privados por la vía de este instrumento, debe
ser considerado como una oportunidad para elevar la transparencia en Estados
frágiles, incorporando mecanismos de rendición de cuentas.
La gestión de una cartera de instrumentos de cooperación adaptados a la empresa y
al contexto de reconstrucción, sin aumentar la burocracia y poner en peligro la rapidez
de respuesta que requiere un proceso de reconstrucción posbélica, requiere a su vez
de capacidades adaptadas por parte de la Cooperación Oficial. El acompañamiento
de la cooperación permite optimizar la presencia de la empresa contratista a lo largo
de todo el proyecto. Para ello, la cooperación puede necesitar de recursos humanos
especializados que en muchos casos provendrán del mundo empresarial.
Conclusiones
La empresa puede contribuir a los objetivos de la reconstrucción postbélica no
solo ejecutando los proyectos de reconstrucción de infraestructuras físicas, e
impulsando la normalización de la vida económica, sino también incorporando a
sus políticas los objetivos transversales de los planes de reconstrucción.
Para asegurar esta contribución, la cooperación internacional debe considerar a la
empresa como algo más que un proveedor de bienes y servicios y poner en marcha
incentivos a la responsabilidad social corporativa en su sistema de contrataciones,
en sus programas de crédito al sector privado y en el apoyo a códigos de conducta
y sistemas de calidad.
Las experiencias de Angola y Bosnia-Herzegovina enseñan cómo existen distintas
respuestas por parte de la empresa ante problemas que afectan a la reconciliación
entre etnias, el reasentamiento de desplazados o la construcción de capacidades
institucionales en un estado frágil. Actualmente, en otros escenarios de
reconstrucción, como por ejemplo Haití, la comunidad internacional se plantea no
sólo la reconstrucción de las infraestructuras físicas, sino también otros objetivos más
ambiciosos como por ejemplo, la redistribución geográfica de la actividad económica,
la recuperación del medio ambiente, la creación rápida de empleo con prioridad a
las familias de discapacitados y la mujer. Teniendo en cuenta la magnitud del desafío
y la limitación de recursos, sería conveniente aplicar las lecciones aprendidas en
otros países y recabar el compromiso de todos los actores, públicos y privados,
presentes en la zona para que cada una de sus acciones redunde en los objetivos
de la reconstrucción, ya sean de tipo socio-económico, político o de seguridad.
1. El presente artículo es un resumen del documento de trabajo del mismo título publicado
por FRIDE en el marco de un proyecto de investigación financiado por AECID sobre la
contribución de la empresa contratista a los objetivos de la reconstrucción, particularmente
en los casos de Bosnia-Herzegovina y Angola.
2. Sobre planificación de la reconstrucción post conflicto véase DAC, 1997, “DAC Guidelines
on Conflict, Peace and Development Cooperation”, OECD, Paris.
3. MAEC, 2007, “Estrategia de Construcción de la Paz de la Cooperación Española para
el Desarrollo”, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Dirección General
de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.
4. DAC, 2005, “Preventing Conflict and Building Peace: A Manual of Issues and Entry
Points”, DAC Network on Conflict, Peace and Development Cooperation
5. Véase <http://www.hapinternational.org>.
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MAEC. 2007. Estrategia de Construcción de la Paz de la Cooperación Española
para el Desarrollo, Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Dirección
General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo, Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación. Madrid.
Los gorilas y el genocidio: el turismo y
la creación de paz en Rwanda
Rina M. Alluri, investigadora del programa «Business & Peace» en Swisspeace, Berna
Introducción
Este artículo analiza la manera en la que el turismo en Rwanda contribuye a la
creación de paz después del conflicto.1 El turismo se ha transformado en una
industria que ya no es solamente «diversión al aire libre», sino que tiene en cuenta
actividades que respetan más el medioambiente, que son responsables desde el
punto de vista social y que están orientadas al desarrollo. Sin embargo, es un sector
que tiene tendencia a ser muy vulnerable frente a la inseguridad y el conflicto, puesto
que prospera más en épocas de paz que de conflicto (Richter en Burns y Novelli,
2006). Sin embargo, hay pocos casos documentados en que esta vulnerabilidad y
este impacto negativo del conflicto sobre el turismo hayan motivado que los agentes
turísticos locales se hayan involucrado en la promoción de la paz. Solo unos pocos
expertos han investigado y discutido sobre la manera en la que el turismo puede
prevenir el conflicto, facilitar un acuerdo para solucionar un conflicto o crear paz
después de un conflicto (Richter, 1992, 1999; Strong-Cvetich, 2007; Feil, Fischer
et. al, 2008; Joras, 2009). Así pues, este artículo contribuye a discutir el modo en el
que los profesionales del turismo pueden apoyar los procesos de creación de paz a
través de actividades básicas y específicas.
Rwanda es un caso instructivo para esta exploración, puesto que su industria turística
no se desarrolló bien antes de la guerra civil y del genocidio y sólo emergió en la
fase postconflicto. En otros casos en el que el turismo ha desempeñado un papel
de creación de paz, el sector ya estaba bien desarrollado antes de la emergencia
del conflicto (Croacia) o bien era capaz de mantener sus actividades pese a la
presencia del conflicto (Sri Lanka). Así pues, Rwanda representa un ejemplo de país
en el que el turismo ha emergido como una industria capaz de contribuir no sólo al
empleo y al desarrollo económico sino también a tender puentes locales, aumentar
la consciencia sobre el genocidio y conservar el medioambiente.
Este artículo está estructurado en cuatro apartados. En primer lugar, los
antecedentes del conflicto Rwandés establecen el escenario para entender la
manera en la que el turismo puede tratar las brechas existentes en la sociedad.
En segundo lugar, se aporta una visión general acerca del modo en el que se ha
desarrollado el turismo en Rwanda después del conflicto. En tercer lugar, se utiliza
la definición de «creación de paz» de Smith (2004) para evaluar la manera en la
que proyectos específicos del sector del turismo contribuyen a mayores esfuerzos
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El «Hutu
cobró más
importancia
reclutando,
entrenando
y armando
Power»
civiles
El turismo se
identificó como
un mercado
que tenía el
potencial de
atraer divisa
extranjera
y cambiar
la imagen
negativa del
país
hacia la creación de paz. Finalmente, se aportan conclusiones y los caminos que
hay que seguir sobre la materia.
El caso Rwandés: antecedentes y contexto
La guerra civil rwandesa (1990-1994) y el posterior genocidio (1994) representan
manifestaciones violentas de las divisiones socioeconómicas profundamente
arraigadas entre las etnias hutu, tutsi y twa que se remontan a la década de
1800. Sistemas laborales socialmente jerarquizados que favorecían a los tutsi
sobre los hutu y los twa se desarrollan bajo la monarquía tutsi y posteriormente
fueron institucionalizados por el colonialismo belga (Newbury, 1988). Sin embargo,
la revolución hutu de 1959 invirtió esta tendencia e hizo que los gobiernos
poscoloniales de Gregoire Kayibanda (1960-1973) y Juvénal Habyarimana (1973-
1994) usaran la retórica étnica para mantener el poder y el control con una sola
élite hutu en el gobierno (Des Forges, 1999: 41). La guerra civil estalló cuando un
grupo de funcionarios (principalmente) tutsi con un estatus social alto crearon el
Frente Patriótico Rwandés (FPR) e invadieron Rwanda desde Uganda para reclamar
su patria en octubre de 1990. No obstante, el FPR se encaró con el presidente
Habyarimana y las Fuerzas Armadas Rwandesas (FAR).
Durante la guerra civil, Habyarimana aprovechó la mísera situación económica para
influir y manipular a la población local echando la culpa del sufrimiento hutu a
la dominación tutsi. Además, el «Hutu Power» cobró más importancia reclutando,
entrenando y armando civiles en la milicia Interahamwe. Pese al establecimiento de
los Acuerdos de Paz de Arusha en junio de 1992, la guerra civil duró cuatro años,
mató a unas 10.000 personas y creó el marco para el genocidio de 1994. El 6 de
abril de 1994, el derribo del avión que transportaba al presidente Habyarimana y al
presidente de Burundi Cyprien Ntaryamira hizo estallar el comienzo del genocidio
Rwandés, puesto que inmediatamente se culpó de las muertes al FPR y a sus
partidarios. El genocidio fue organizado e instigado estratégicamente por las capas
altas de la élite política y militar, los génocidaires,
en el FPR. El «plan de autodefensa ciudadana» formalizó la selección, la formación
y la movilización de ciudadanos de a pie que siguieron a las milicias Interahamwe
en la persecución y la matanza de los tutsi con machetes y otras herramientas
agrícolas (Human Rights Watch, 2006: 16).
Tiene que entenderse el genocidio como el resultado desesperado de los planes
creados por una pequeña y poderosa élite hutu, que vio la exterminación «del
otro» como una solución más favorable que tener que compartir su poder con
los hutu moderados y los tutsi (Newbury, 1995; 1998). El genocidio se detuvo
finalmente en julio de 1994 con el avance del FPR hacia regiones más débiles
del este y del sur, posteriormente hacia el oeste y el noroeste. Entre el 6 de
abril y el 19 de julio, 100 días aproximadamente, los extremistas de etnia hutu
espolearon a la gente corriente a matar a unos 500.000 tutsi y hutu moderados
políticamente. Se atribuye al FPR haber parado el genocidio, el cual ha liderado
el gobierno Rwandés desde entonces.
Desarrollo del turismo en la Rwanda postconflicto
A partir de la guerra civil y el genocidio de 1994, el FPR estableció rápidamente
como prioridad la seguridad del país. Hacer que Rwanda fuera un destino
turístico atractivo no era una de sus preocupaciones principales. Sin embargo,
sólo siete años después, en 2001, el turismo se identificó como un mercado
que tenía el potencial de atraer divisa extranjera, cambiar la negativa imagen
del país y contribuir al desarrollo económico. Mientras que el sector del turismo
continúa siendo novedoso, centrarse en nichos de mercado como los gorilas, el
turismo ecológico y el turismo basado en la comunidad puede ayudar a tratar la
desigualdad socioeconómica.
El desarrollo del turismo en Rwanda en un lapso de tiempo relativamente breve
puede atribuirse a dos razones principales: las interrelaciones históricas entre el
turismo y la conservación, y la reestructuración de la Oficina de Turismo y Parques
Nacionales de Rwanda (conocida por su sigla en francés «ORTPN»), gestionada
por el gobierno. El turismo de gorilas surgió originariamente en la década de los
ochenta como parte de una estrategia más amplia para proteger el Parque Nacional
de los Volcanes, asegurar el seguimiento de los gorilas de montaña y generar
ingresos externos. El turismo de gorilas se detuvo durante el genocidio Rwandés y
solo se registró la muerte de un gorila. Pese a la continua inseguridad, el personal
del parque nacional que sobrevivió volvió de inmediato a sus puestos y trabajó
junto con organizaciones de conservación como el Programa Internacional para
la Conservación de los Gorilas para llevar a cabo un rápido proceso de desminado
(Plumptre et al., 2001: 13). Para evitar más daños en los parques, en la flora y la
fauna y en los recursos naturales, también ejercieron presión sobre el gobierno
para asegurar que los parques mantenían su tamaño y sus fronteras y que no
se volvían a invadir sus fronteras. Estos esfuerzos fueron una parte integral del
establecimiento de las bases para el surgimiento de una industria que no estaba
bien implantada antes de la guerra civil y del genocidio.
La reestructuración del sector del turismo después de la guerra civil y del genocidio
requirió un gran papel activo por parte del gobierno a través de la ORTPN y no tanto
por parte del sector privado. La ORTPN desarrolló una Estrategia Nacional para
el Turismo en 2001 y estableció un Grupo de Trabajo sobre Turismo, formado por
representantes públicos y privados del sector (entrevista telefónica a un experto
general en turismo, agosto de 2008). La Estrategia para el Turismo apuntaba a la
creación de experiencias con alto valor y poco impacto ambiental para ecoviajeros,
exploradores y personas que viajaban solas por negocios (Government of Rwanda,
2007: 1). El desarrollo de la ORTPN de una estrategia de turismo y de inversiones en
infraestructura e instalaciones se tradujo en más llegadas y recepciones de turistas
para el país (véase la Tabla 1 a continuación).
Turistas Turistas llegados a Rwanda entre 1980 y 2008
50000
40000
30000
20000
10000
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Años
Aunque la ORTPN ha apoyado los procesos de privatización y el surgimiento de
operadores turísticos locales e independientes, continúa siendo la parte de
la industria turística con más poder, tomando decisiones y desempeñando un
papel clave en el establecimiento de licencias, campañas de marketing turístico y
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Las
actividades
turísticas
de Rwanda
hicieron
contribuciones
indirectas y no
intencionadas
a la creación
de paz
Hay algunas
iniciativas que
se centran en
el papel de
las mujeres
emprendedoras
y la creación
de paz
prioridades turísticas. A la larga, el dominio de la ORTPN también puede suponer
restricciones al desarrollo de agentes turísticos privados y la diversificación de los
atractivos turísticos.
El turismo y la creación de paz posterior al conflicto
Las actividades turísticas de Rwanda no se han desarrollado explícitamente en
nombre de la paz, sino que muchas actividades fundamentales y que respondían
a un nicho turístico hicieron contribuciones indirectas y no intencionadas a la
creación de paz. Por lo tanto, el autor ha elegido utilizar la categorización de
Smith (2004) de las cuatro principales áreas de actividades de creación de paz
como herramienta analítica, lo que permite clasificar las actividades turísticas en:
(i) fundamentos socioeconómicos, (ii) reconciliación y justicia, (iii) seguridad y (iv)
marco político (2004: 27-28).
Fundamentos socioeconómicos
Para revitalizar los fundamentos socioeconómicos y contribuir a la recuperación
de Rwanda tras el conflicto, es pertinente que el sector del turismo lleve a cabo
reconstrucciones físicas, contribuciones monetarias, formación en habilidades y
empleo y reasentamiento de desplazados. Por ejemplo, algunos operadores turísticos
independientes han trabajado junto con iglesias, grupos comunitarios y órganos de
gobierno locales para determinar como beneficiarios a grupos vulnerables como
huérfanos y desplazados para proyectos comunitarios, normalmente en forma de
construcción física o donativos monetarios para la construcción de escuelas, chozas
e instalaciones, como depósitos de agua. El Plan para compartir los ingresos afirma
desembolsar el 5% de sus ingresos en proyectos de la comunidad de las inmediaciones
de los parques nacionales. Otra forma de compromiso es a través de proyectos de
empresas conjuntas como un hotel construido por una empresa de safaris cuya
propiedad es de una coalición de empresas de la comunidad, lo que permite a 6.000
Rwandeses con ingresos bajos obtener un medio de vida y participar en procesos de
toma de decisiones sobre la manera de invertir el dinero en la comunidad.
El hecho de dar trabajo a ex cazadores furtivos como porteros y guías de los
parques nacionales ha contribuido positivamente al desarrollo de un medio de
vida, mientras se apoyan los esfuerzos de conservación. Además, en la Iby’Iwacu
Cultural Village, los ex cazadores furtivos y sus familias aportan información a
los turistas sobre las dificultades a las que se han enfrentado, a la vez que les
proporcionan entretenimiento cultural y les cocinan platos tradicionales. Los
fondos obtenidos se destinan a desarrollar la agricultura local, instalaciones
educativas y oportunidades empresariales locales.
Hay algunas iniciativas que se centran en el papel de las mujeres emprendedoras
y la creación de paz. Por ejemplo, una casa de huéspedes pertenece a una
organización de mujeres sin ánimo de lucro, que la gestiona. Los ingresos se
destinan a mantener a mujeres y a hogares encabezados por niños que se vieron
afectados por la guerra civil y el genocidio. Otra organización de mujeres organiza
a las viudas tutsi y hutu para elaborar, comercializar y vender objetos artesanales
tradicionales, en cooperación con la Cámara de la Federación del Sector Privado de
Artistas y Artesanos y la Cámara de Mujeres Emprendedoras.
Aunque hay una gran variedad de actividades en la industria del turismo que
contribuyen indirectamente con fundaciones socioeconómicas, también hay
retos. Como en muchas actividades humanitarias de creación de paz y de
desarrollo el establecimiento de los beneficiarios sigue siendo extremadamente
complejo en Rwanda, un hecho que está relacionado con diversos asuntos como
el origen étnico, la localización geográfica, el nivel de pobreza y la corrupción.
Puesto que el turismo continúa dependiendo de los parques nacionales como
atractivos, las comunidades situadas en las fronteras con los parques también
son las que tienen tendencia a beneficiarse más de los proyectos comunitarios.
Este hecho impide que otros comunidades y pueblos cercanos que pueden
haberse visto más afectados por la guerra civil y el genocidio se beneficien menos
de las oportunidades económicas del turismo, lo que supone un riesgo de que
vuelvan a surgir las históricas brechas socioeconómicas, puesto que el acceso
y la selección de beneficiarios de comunidades locales a menudo se basa en el
origen étnico y en las relaciones con los funcionarios locales.
Al mismo tiempo, es difícil para los operadores turísticos establecer como grupos
diana etnias concretas que pueden haberse visto muy afectadas por el genocidio
pero descuidadas por los procesos de creación de paz. Una iniciativa turística lleva
a los visitantes a poblados twa para ayudar a sus habitantes a superar la pobreza
y la discriminación. Sin embargo, no se permite que los operadores turísticos
lo mencionen en sus folletos, puesto que las identidades étnicas no están de
acuerdo con la protección especial según la Constitución.3 Este hecho también
es relevante para las oportunidades de empleo, dado que no hay políticas de
acción positivas que aseguren que las personas de diferentes orígenes étnicos
tienen acceso con las mismas condiciones al empleo. Estas políticas ayudarían a
combatir las construcciones sociales de la identidad étnica que han sido una de
las principales fuentes de conflicto en Rwanda.
Reconciliación y justicia
Los proyectos que mejoran la superación de diferencias, el diálogo entre antiguos
enemigos y la curación de traumas pueden contribuir a los procesos de reconciliación
y justicia (Smith, 2004: 28). En Rwanda, los turistas tienen la oportunidad de ganar
consciencia sobre la guerra civil y el genocidio visitando el Centro Memorial Gisozi,
que además de ser una fosa común, es un museo y un centro de documentación.
Estos centros educativos pueden ayudar a aportar una experiencia humanitaria a los
turistas que no solo se basa en la tristeza y la muerte, sino también en la esperanza
de futuros caminos a seguir. Puesto que Gisozi representa la sede número uno
en la que los turistas se enfrentan explícitamente con la historia del genocidio,
algunas voces critican que el centro tiene tendencia a presentar una perspectiva
simplificada y sesgada del genocidio que representa a los tutsi como las víctimas y
a los hutu como los autores del crimen (entrevistas con expertos en conflictos y paz,
Rwanda, 9-27 de junio de 2008). Este revisionismo histórico impide al turista ser
capaz de desarrollar una opinión objetiva y abrirse a escuchar diferentes puntos de
vista sobre la guerra civil y el genocidio por parte de otras voces locales.
Cuando finalizó el conflicto, se reestablecieron los tribunales tradicionales gacaca en el
ámbito local para proporcionar una fuente de reconciliación y justicia comunitaria. Los
testigos y los supervivientes del genocidio aportarían sus testimonios, mientras que los
acusados de cometer el delito podrían defenderse o admitir los delitos perpetrados. Dado
que los juicios gacaca recibían mucha atención internacional porque representaban
un caso poco común en el que las comunidades estaban tomando la justicia en sus
manos, había algunos esfuerzos para intentar promocionar el «turismo gacaca». Sin
embargo, no tuvo mucho éxito debido a la escasa demanda, a las limitaciones logísticas
de organizar visitas a los sitios y al hecho de que los operadores turísticos podían
presionar más fácilmente hacia el turismo de la naturaleza, lo que demuestra algunas
de las dificultades de combinar asuntos de paz con el turismo, puesto que los visitantes
continúan atraídos por productos turísticos convencionales.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Los procesos
de selección
pueden ser
sesgados
y provocar
que algunos
grupos reciban
muchos más
beneficios que
otros
Existe un
importante
vínculo entre
la necesidad
de paz y la
seguridad y
el turismo de
gorilas
Para diversificarse del turismo natural, la ORTPN identificó el turismo cultural
como un mercado potencial que había que desarrollar para turistas más exigentes
(Government of Rwanda, 2007: 15). Esto se ha traducido en actividades de
turismo ecológico, basadas en la comunidad y a favor de los más pobres. Las
visitas culturales a poblados locales que muestran a los visitantes costumbres
de la vida cuotidiana y les permiten colaborar como voluntarios en una escuela
durante un día posibilitan aumentar la consciencia, incrementar la interacción
entre turistas y locales y también contribuyen a las oportunidades de sustento
local. Como se ha mencionado en el apartado anterior sobre las fundaciones
socioeconómicas, no está claro cómo seleccionan los operadores turísticos a
los beneficiarios de dichos proyectos. Es probable que identifiquen y escojan
las comunidades, las viudas y los huérfanos en función de su origen étnico, de
su localización geográfica y de redes personales, un hecho que demuestra que
estos procesos de selección a menudo pueden ser sesgados y provocar, a largo
plazo, que algunos grupos reciban muchos más beneficios que otros. Dado que
era difícil obtener datos sobre los antecedentes de los operadores turísticos y
los beneficiarios que habían escogido, llevar a cabo investigación de seguimiento
sobre las políticas del turismo permitiría comprender mejor este asunto.
Seguridad
El restablecimiento de la seguridad era una prioridad máxima para el gobierno
entrante tras la guerra civil y el genocidio. Las medidas de seguridad incluyen acción
humanitaria en materia de minas, desarme, desmovilización y reintegración de
combatientes (Smith, 2004: 28). Debido a los esfuerzos de defensa de sus intereses
posteriores al conflicto por parte de agencias de conservación para la protección de
los parques nacionales, el turismo está prosperando en la Rwanda contemporánea.
Existe un importante vínculo entre la necesidad de paz y la seguridad y el turismo de
gorilas, puesto que los gorilas de montaña son muy apreciados por las agencias de
conservación y por las empresas turísticas. Sin embargo, puesto que los gorilas tienen
tendencia a suponer ganancias en el turismo, inmediatamente después del conflicto
se llevó a cabo el desminado de los parques nacionales, aunque el desminado en
zonas rurales muy pobladas se alargó hasta finales de 2009. Además, pese a que el
mantenimiento de las fronteras de los parques naturales ha sido una parte integral
de la conservación y el turismo, se impidió a muchos refugiados que regresaban a sus
países después del conflicto y a desplazados dentro del país que utilizaran la tierra
y los recursos de los parques nacionales o cercanos a éstos por este motivo. Este
hecho ilustra que a menudo compiten diferentes prioridades en la creación de paz,
un hecho que dificulta la identificación y la implantación de proyectos.
Marco político
En contextos de postconflicto, los esfuerzos para tratar asuntos relacionados con la
democratización, la buena gobernanza, la creación de instituciones y los derechos
humanos son a menudo responsabilidad del gobierno y de la sociedad civil. Los
agentes del sector privado tienen tendencia a desempeñar un papel menor a la hora
de apoyar estas actividades. Algunos operadores turísticos privados trabajan junto
con su gobierno local para identificar comunidades vulnerables para proyectos,
lo que fomenta el hecho de compartir información y la transparencia entre el
sector turístico y el gobierno. Sin embargo, la corrupción se ha identificado como
un problema cada vez más frecuente en Rwanda debido a la competencia por los
ingresos del turismo. Por ejemplo, se acusó a una monja de mala gestión financiera,
puesto que utilizaba con otros propósitos los donativos de los turistas que debían
ir destinados a un orfanato (entrevista a un representante del sector del turismo,
2008). También existe el riesgo de que un operador turístico no proporcione a los
beneficiarios de la comunidad una cuota justa de los beneficios del turismo. Así
pues, pese a la participación del gobierno en la identificación de comunidades
vulnerables, la falta de medidas de responsabilidad y de mantenimiento de los
registros de los viajes de la comunidad hace que la corrupción sea probable.
Una manera de combatirlo sería que la ORTPN, un organismo público, ayudara a
establecer medidas verificables de desembolso y de registro de procesos que las
compañías tuvieran que seguir.
Conclusiones y caminos a seguir
Puesto que el sector turístico Rwandés cambia rápidamente, continúa
habiendo muchas oportunidades para el compromiso futuro. Sin embargo,
para contribuir más directamente a la creación de paz, es necesario desarrollar
mejor algunos elementos.
Aunque muchas compañías turísticas de Rwanda abogan por la conservación del
medioambiente y el turismo a favor de los pobres, pocas han establecido políticas
concretas de responsabilidad social de la empresa que rijan su práctica. Además,
para apoyar específicamente los procesos de creación de paz, las políticas tienen
que dirigirse a los siguientes objetivos: divisiones sociales profundas, distribución
desigual de la tierra, pobreza, explicación distorsionada del pasado e identidades
étnicas construidas socialmente. Por ejemplo, sería útil para las compañías
establecer políticas de acción proactivas que intentaran asegurar que las personas
de orígenes étnicos, geográficos y clases diferentes tuvieran la oportunidad de
formarse y trabajar en el ámbito del turismo. Además, las empresas del sector
del turismo deberían ser más conscientes del impacto que tienen sus actividades
sobre las fracturas sociales ya existentes. Un código de conducta podría ayudar a
guiar las prácticas de las empresas del sector del turismo, a la vez que subrayar
las oportunidades de compromiso en la creación de paz y en actividades sensibles
con el conflicto. Deberían apoyarse las actividades turísticas ya existentes dirigidas
a ciertos grupos, pero sería beneficioso llevar a cabo una evaluación relativa al
hecho de que estas actividades no solo beneficien a ciertos grupos, sino también a
sectores de la población con la máxima necesidad de asistencia.
Cooperación
El turismo no puede actuar en solitario. Las compañías turísticas pueden desarrollar
más su independencia respecto de la ORTPN y a la vez contribuir más a los procesos
de creación de paz si se comprometen con otros agentes y sectores. Por ejemplo,
en vez de huir de su pasado conflictivo, el sector turístico podría hacer un esfuerzo
para mencionar sus tragedias y avanzar hacia el desarrollo de una estrategia
turística sensible con el conflicto, lo que podría implantarse en diferentes ámbitos,
desde programas de formación profesional sensibles con el conflicto hasta viajes
culturales que conciencien sobre los impactos del genocidio en las vidas cotidianas
o cooperativas que fomenten la reconciliación entre antiguos enemigos. Puede ser
útil la cooperación con ONG de paz y conflicto que hayan establecido programas
formativos.
Los diálogos intersectoriales entre el gobierno y la industria turística pueden ser útiles
para identificar cómo se imaginan los agentes locales que el turismo desempeñará
su papel en la creación de paz, si es que tiene este papel. El hecho de que se lleve a
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Aunque la
participación
del gobierno
ha sido clave,
puede implicar,
a largo plazo,
corrupción y
manipulación
del sector
Pese a
contribuciones
positivas hacia
la creación
de paz, las
actividades
turísticas
también tienen
limitaciones
e impactos
negativos
cabo desde el ámbito local sería una clave para su éxito. Este hecho podría implicar
al sector privado más amplio en el desarrollo de prácticas empresariales sensibles
con el conflicto, lo que permitirá al sector privado en general y al sector del turismo
en particular comprometerse con la creación de paz y la reconstrucción tras el
conflicto de más maneras que la exclusivamente monetaria. Aunque la participación
del gobierno ha sido clave para la revitalización del turismo, puede implicar, a largo
plazo, corrupción y manipulación del sector. La interdependencia entre el gobierno y
la industria turística puede ser contraproducente para los objetivos de consolidación
de la paz. Esto es específicamente así si el turismo se explota como un instrumento
de marketing para ejercer una influencia sobre los agentes externos en la creencia
de que el país está en paz, es estable y es una oportunidad de inversión, aunque se
ignoren sus problemas reales. Así pues, los procesos que apoyan un sector turístico
más independiente en Rwanda ayudarían al desarrollo del turismo en su totalidad y a
su capacidad de contribuir a la creación de paz como objetivo global.
Este artículo ha ilustrado cómo, pese a desarrollarse sólo tras la guerra civil y
el genocidio, el turismo en Rwanda se ha establecido como un sector clave que
tiene el potencial de desempeñar un papel mayor a la hora de participar en las
actividades de creación de paz. Parece que hay más oportunidades para que
el turismo contribuya a las fundaciones socioeconómicas y a la reconciliación
y la justicia que a los marcos políticos o a la seguridad. Sin embargo, pese a
contribuciones positivas hacia la creación de paz, las actividades turísticas
también tienen limitaciones e impactos negativos. Para contribuir de manera más
directa y efectiva, el sector turístico de Rwanda tiene que identificar los potenciales
y los retos de participar en actividades de creación de paz y establecer objetivos
como parte de su estrategia global de país. Puesto que se ha llevado a cabo poca
investigación sobre la manera en la que los agentes turísticos pueden apoyar los
procesos de creación de paz, valdría la pena realizar más estudios de caso sobre
este tema para poder establecer futuras comparaciones.
Notas
1. Este artículo se basa en un documento de trabajo publicado por Swisspeace que lleva por
título «The Role of Tourism in Post-Conflict Peacebuilding in Rwanda». La investigación para
el documento de trabajo se llevó a cabo en Rwanda en junio de 2008 y fue posible gracias
a la financiación por parte de la Fundación Alemana para la Investigación sobre la Paz /
Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF).
2. «Génocidaires» («genocidas») es el término utilizado para describir a las personas que se
sospecha que cometieron los crímenes de genocidio.
3. La Constitución revisada de 2003 hace referencias públicas a la ilegal identidad
étnica (artículo 33), criminaliza el divisionismo étnico y trivializa el genocidio (artículo
13). Para más información sobre la Constitución, véase Thomson, 2009. Aunque la
abolición de la identificación de los orígenes étnicos es un intento de eliminar viejas
divisiones y líneas de conflicto, también evita el establecimiento de políticas de acción
afirmativas que tienen como objetivo grupos étnicos que han sido discriminados o
perseguidos por antiguos regímenes. Esto supone limitaciones a la hora de llevar a cabo
la reconciliación de los grupos étnicos en la Rwanda posconflicto. Para más información
sobre este tema, véase Reyntjens, 2004.
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Doctor of Philosophy.
USAID. 2008. Rwanda Tourism Value Chain Case Study. microReport #94, OTF Group.
El papel del sector extractivo en el desarrollo
sostenible y la paz en Nigeria: el caso de
Royal Dutch Shell
Esther Hennchen, Estudiante de Doctorado en Management Sciences (ESADE) y Máster
en Gestión y Cooperación al Desarrollo por la London School of Economics (LSE)
1. Introducción
En los últimos años, las empresas han sufrido una perdida de legitimidad y
confianza (Lodge y Wilson, 2006) originada por una creciente conciencia sobre
el muchas veces irresponsable comportamiento del sector privado y su correlato,
la injusticia social y medioambiental (Epstein, 1987; Matthews, Goodpaster, y
Nash, 1985). Al mismo tiempo, el compromiso de las empresas petroleras en la
construcción de paz y el desarrollo ha sido visto con cierto cinismo por muchos
que ven en él tan sólo un agente de distorsión del desarrollo político de Nigeria y
de la perpetuación de su conflicto.
A pesar de ello, en vista de la expansión global y del incremento de poder1 de las
empresas multinacionales (MNCs),2 se exige cada vez más que las firmas jueguen
un rol (pro-)activo como ‘agentes de beneficio mundial’ (Maak, 2009, p. 361).
Estudios de prácticas de gestión así como del discurso interdisciplinario revelan
que las empresas ya han comenzado a ser parte de la solución. En este sentido, las
empresas están entrando a formar parte de redes de trabajo público-privadas con el
fin de buscar una mejor regulación de los asuntos globales (Reinicke, et al., 2000);
juegan un papel importante en la gobernanza global (Risse, 2002; Wolf, 2005) y en
la producción de productos globales (Braithwaite y Drahos, 2000; Kaul, Conceição,
Le Goulven, y Mendoza, 2003); asumen actividades consideradas tradicionalmente
como estatales (Margolis y Walsh, 2003; Matten y Crane, 2005) o, incluso, un rol
similar al del gobierno en la protección, facilitación, e implementación de derechos
ciudadanos (Marshall, 1965); se comprometen a auto-regular y definir estándares
éticos (Cragg, 2005) con el fin de llenar vacíos legales y de orientación moral
(Scherer y Smid, 2000). Estas tendencias, a su vez, tienen reflejo también en teorías
recientes sobre la preservación de la paz (Dunfee y Fort, 2003; Fort y Schipani,
2004). Por ejemplo, Banfield y Champain (2004) sostienen que “adoptando una
aproximación más sensible al conflicto en las tres áreas centrales, las empresas
extranjeras pueden minimizar impactos perjudiciales y contribuir activamente en la
construcción de paz incluyendo beneficios fundamentales para el negocio durante
el proceso. Estas áreas son: negocio principal, inversión social y diálogo político”
(Banfield y Champain, 2004, p. 5).
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Una de las
causas es
la exclusión
comunidades
participación
en la riqueza
generada
explotaciones
de petróleo
de las
de la
por las
El robo de
petróleo
permite a los
militantes
financiar sus
operaciones y
atraer reclutas
Para investigar las prácticas corporativas en el área definida, este artículo
desarrollará un análisis de caso que se basará en una revisión de la literatura
disponible sobre el tema y en entrevistas a representantes claves de la sociedad
civil (Celestine Akpobari/Social Action) y de la propia empresa Shell (Godson Njoku).
A continuación se señalarán brevemente las dimensiones del conflicto en el Delta
del Níger y el papel que la empresa Shell desempeña allí. En la tercera parte, nos
centraremos en la propuesta de Shell para la construcción de paz, inserta dentro
de su programa de responsabilidad social empresarial (RSE), y en detallar sus
propuestas concretas para las diferentes dimensiones del conflicto.
2. Conflicto en Nigeria: enmarcando la escena
La transformación del Delta del Níger en un espacio de insurgencia viene
marcada por una serie de procesos claves (Watts, 2008a). Primero, el
nacionalismo asociado a etnias (etno-nationalism) es la fuerza central en
una región donde se encuentran unos sesenta o más grupos étnicos y las
instituciones se basan aún en un derecho consuetudinario. Estos hechos han
sido centrales, por ejemplo, en las reclamaciones de los Ogonis en los años
noventa y en las del grupo Ijaw – las minorías más grandes en el Delta – desde
la creación del Congreso de Jóvenes Ijaw (Ijaw Youth Congress) en 1998.
La exclusión de las comunidades de la participación en la riqueza generada
por las explotaciones de petróleo, así como el sufrimiento generado por los
impactos negativos a nivel social y medioambiental derivados de ellas, se han
convertido en los motivos centrales que explican el surgimiento de una nueva
política en la que una generación de jóvenes líderes está encabezado la lucha.
La segunda dimensión a considerar es la falta de voluntad y de capacidad del
Estado nigeriano, ya sea en su forma civil o militar, para encarar esa movilización
política en el Delta sin recurrir a una violencia estatal mediante los indisciplinados
cuerpos militares, de la policía y de las fuerzas de seguridad de los que dispone. En
este sentido, el movimiento pacífico de los Ogoni dejó atrás a una generación de
militantes cuyas frustraciones fueron propulsadas por esta violencia estatal como
forma de asegurar los ‘recursos/activos petrolíferos nacionales’ incluso después de
la vuelta a un gobierno civil en 1999. De esta forma, la movilización política de los
jóvenes evolucionó del nacionalismo cívico-pacifico a una militancia violenta.
Tercero, algunos grupos militantes y la emergencia de esta nueva política comenzaron
a desafiar las formas consuetudinarias de poder de los líderes y la corrupción del
Estado. Mientras que el motivo de lucha para algunos militantes era la exclusión,
la marginalización y las metas no alcanzadas mediante una lucha pacífica, otros
grupos fueron de forma paradójica financiados por el propio Estado o políticos. Por
ejemplo, “la NDF y la NPDVF fueron alimentados por el aparato político durante las
elecciones notoriamente corruptas de 1999 y 2003” (Watts, 2008a, p. 15).
Cuarto, la existencia y proliferación del robo de petróleo o ‘oil bunkering’ provee un
mecanismo que permite a los militantes financiar sus operaciones y atraer reclutas.
La organización de este robo involucra a militares de alto rango, funcionarios del
Estado y comerciantes, recurre a milicias locales para organizar y proteger el
saqueo de los oleoductos y los desplazamientos de las barcazas por los riachuelos
del Delta hasta los grandes tranques de la costa.
La práctica corporativa facilita a su vez un ambiente permisivo respecto a la actividad
militar. Watts (2008) constata, por ejemplo, la contratación de grupos jóvenes como
fuerzas de seguridad, la predisposición a usar las fuerzas de seguridad en contra
de protestas y militantes, y las prácticas corruptas basadas en pagos a las élites de
la comunidad. También el uso de grupos de jóvenes (violentos) para ‘proteger’ las
instalaciones de Shell (Watts, 2008a, p. 16).
La siguiente tabla proporciona una visión general de los actores involucrados en el
conflicto en el Delta del Níger:
Actores en el Delta del Níger
Grupos armados
Movimiento para la
Emancipación del Delta
de Niger (MEND)
Niger Delta Vigilante
Niger Delta People’s
Volunteer Force
Gangs y milicias de
autodefensa o “Cults”
Fuente: elaboración propia a partir de Stakeholder Democracy Network
El análisis de las dimensiones del conflicto del Delta ha mostrado que la práctica
corporativa es esencial en la dinámica de violencia local y en la intensificación
de las actividades insurgentes. Este hecho no sólo ha sido confirmado por varios
investigadores3, sino también por una empresa consultora contratada por Shell. Un
informe de ésta (que se filtró en Diciembre 2003) concluía que la propia empresa
“es parte de la dinámica del conflicto [...] y la práctica corporativa puede llevar a un
conflicto” (WAC Global Services, 2003). El informe añadía que “la ‘licencia social’
para operar de las empresas petroleras está perdiendo legitimidad de manera
significativa” (ibid.). El caso de Nigeria demuestra cómo las operaciones en el sector
petrolífero no sólo pueden generar conflicto y violencia sino también condiciones en
las que se violan los derechos humanos.
A pesar de ello, en los últimos años una conciencia cada vez mayor por parte, tanto
de las empresas como de la sociedad en general, ha llevado a un compromiso
creciente en la construcción de la paz y en la prevención de conflictos, entre otros.
Shell ha sido un pionero en este campo y comenzó a implementar un ambicioso
programa de RSE cuando se vio confrontado con crecientes protestas y violencia
por parte de las comunidades, particularmente después de los acontecimientos
relacionados con los Ogoni a mediados de los noventa.
3. El papel de la multinacional petrolera Shell en la construcción
de la paz en Nigeria
Shell inició sus actividades en Nigeria en 1936. Cuando la empresa se vio
confrontada con la pérdida de reputación tras los incidentes con los Ogoni y Brent
Spar, emprendió una revisión seria de sus actitudes y actividades. Para ello llevó
a cabo consultas internas y externas sobre sus prácticas en la región, conforme a
los principios generales de la empresa (General Business Principles) que adoptó
en 1997. Estos principios están enfocados a garantizar la responsabilidad frente
a los accionistas, consumidores, empleados, socios y la sociedad misma (las
comunidades donde operan). Conforme con las tres áreas estratégicas – económica,
social y medioambiental – analizaremos en la próxima sección el impacto que éstos
han tenido en la prevención de conflictos y en la construcción de la paz.
Movimientos
no violentos y
asociaciones civiles
Movimiento para la
Supervivencia del
Pueblo Ogoni (MOSOP)
Consejo de la Juventud
IJaw (IYC)
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El impacto
económico
de Shell es
importante
tanto para
la empresa
como para
el gobierno
nigeriano
Sin embargo,
la industria
petrolera tiene
pocos efectos
sobre el
empleo
Shell ha
adoptado una
política de
apaciguamiento
consistente en
la contratación
de jóvenes
para proteger
los oleoductos
3.1. Beneficios: impacto económico
El impacto económico de Shell Petroleum Development Company’s (SPDC) es
importante tanto para la empresa como para el gobierno nigeriano. En el año 2009,
las operaciones de SPDC contribuyeron con un nueve por ciento a la producción
global de gas y petróleo de Shell (Royal Dutch Shell, 2009, p. 22). Como líder
de la industria petrolera en Nigeria, SPDC produce el 39 por ciento del petróleo
nacional y contribuyó en unos 36 mil millones de dólares en impuestos y regalías
al gobierno nigeriano en el período comprendido entre 2005 y 2009 (Shell Nigeria,
2010a, p. 1). Además, las operaciones de SPDC tienen un impacto importante en
la economía nacional empleando a unos 6.000 empleados y contratistas, de los
cuales un 95 por ciento es de nacionalidad nigeriana y aproximadamente 20.000
empleados contratados indirectamente por contratistas terceros. Adicionalmente,
un 90 por ciento del número total de contratos concedidos por las empresas de
Shell en Nigeria (con un valor superior a 900 millones de dólares) fueron para
empresas nigerianas (Shell Nigeria, 2010a).
Sin embargo, la industria petrolera tiene pocos efectos sobre el empleo.
Normalmente el sector sólo representa entre un uno o dos por ciento de la
población activa. Müller (2010) informa que “esto produce una ‘aristocracia
laboral’ y subempleo entre los trabajadores no cualificados” (Müller, 2010, p. 10),
los cuales son abundantes en el Delta del Níger. El Plan Máster de Desarrollo
para el Delta del Níger (Niger Delta Regional Development Master Plan) informa
que el índice de alfabetismo en el Delta es aproximadamente de un 78 por ciento
(Federal Republic of Nigeria, 2006, p. 87). Como consecuencia, los trabajadores
son ‘importados’ desde el extranjero o comunidades de fuera de los campos
petrolíferos y pertenecen en muchas ocasiones a otras etnias. Esto último es
especialmente crítico en relación al aumento de conflictos entre diferentes
grupos étnicos. Se señala, así mismo, como alrededor de estos trabajadores
emigrantes se acaba creando un ambiente laboral y de vida similar a una especie
de ‘apartheid’, el cual es propenso a crear tensiones y conflictos (UNRISD,
2002) (Vitalis, 2002). Aún más, Watts encuentra (2004) que en “otros casos,
el crecimiento de las ciudades boom alrededor de los complejos petrolíferos ha
creado una proliferación incontrolada de prostitución y mercado de sexo, los
cuales no han sido regulados por la industria petrolífera” (Watts, 2004, p. 18).
Por otra parte, ante al ascenso de grupos armados y bandas de jóvenes sin empleo
en el Delta, Shell ha adoptado una política de apaciguamiento consistente en
la contratación de jóvenes para proteger los oleoductos y otros instalaciones de
posibles ataques. En esta misma dirección se encontrarían los contratos de limpieza
de derrames. Mientras la empresa ve estas prácticas como el cumplimiento con
sus compromisos con los grupos interesados (stakeholders) y con el de la creación
de empleo en las comunidades donde operan; estos contratos, por el contrario,
perpetúan esencialmente la violencia por dos razones. En primer lugar, esos
contratos de ‘vigilancia’ con grupos jóvenes para ‘proteger’ las instalaciones de otras
bandas jóvenes crean una competición (y finalmente conflicto) por los contratos
entre diferentes grupos. En segundo lugar, en un contexto de pobreza extrema este
sistema proporciona incentivos erróneos porque anima a las comunidades a ‘crear’
trabajo (en otras palabras sabotear los oleoductos). Por lo tanto, el sistema no sólo
se ha convertido en un método de pago para acciones ilegales de vandalismo o
robo a través de un sistema legitimado por contratos, sino también en un sistema
‘monetario’ que otorga poderes a algunos miembros de la comunidad seleccionados
por Shell. Según Celestine Akpobari, estos hechos han distorsionado la estructura
de poder tradicionalmente establecida e iniciado una lucha por la adquisición de un
nuevo estatus social y financiero de este ‘personal contratado’.
El impacto económico de Shell no ha tenido impacto en los niveles de pobreza y
desigualdad. Con una renta per cápita promedio de 1160 dólares, Nigeria es uno
de los países más pobres del mundo. En 1970, justo antes del boom petrolífero,
19 millones de nigerianos vivían bajo del umbral de pobreza. Casi 400 mil millones
de dólares de beneficios después, nos encontramos con 90 millones o más de
nigerianos que viven en la pobreza (Sala-i-Martin y Subramanian, 2003, p. 4). La
tasa de pobreza (1 dólar por día) se incrementó desde un 28 por ciento en 1980 a
un 71 por ciento en 1999. Asimismo, la desigualdad en los ingresos ha aumentado
y las disparidades de ingresos son muy altas comparadas con los estándares
internacionales (Akanji, 2000). Dado que pobreza y conflicto están íntimamente
interconectados, debemos considerar este punto como central en nuestro análisis.
Contrariamente a las intenciones iniciales de Shell en el sentido de contribuir al
desarrollo económico y a la prevención de conflictos, las disputas sobre sistemas
de reconocimiento y recompensa han desembocado en la creación de disturbios
civiles y una creciente violencia, hasta el punto de que “la licencia social de la
empresa se está erosionando significativamente” (WAC Global Services, 2003). La
misma empresa ha reconocido ya que esos “pagos en efectivo – a líderes, políticos,
grupos jóvenes – para asegurar la circulación del petróleo (y con un poco de suerte
algo de estabilidad) deben ser abandonarlos” (Watts, 2004, p. 25). Sin embargo, los
logros de estas propuestas así como el impacto global de la actividad económica de
la empresa sobre las posibilidades económicas locales quedan pendientes. En un
ambiente complejo como el del Delta, el éxito dependerá también de otros factores
tales como la corrupción y la violencia inducida por el Estado, como por ejemplo
durante los períodos de elecciones.4 Parece claro así que un ambiente favorable es
indispensable para el éxito de la construcción de paz.
3.2. Personas: beneficio social
La contribución más importante de Shell a la sociedad se realiza a través del
dinero que paga al gobierno federal en forma de impuestos y regalías. De forma
adicional, Shell y sus socios administraron más de 158.2 millones de dólares
(Shell 56.8 millones) en la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger (Niger Delta
Development Commission o NDDC) como está establecido por ley. En el mismo año,
las operaciones llevadas a cabo por SPDC contribuyeron con unos 84 millones de
dólares más (Shell 25,2 millones) a proyectos de desarrollo comunitario (CD por
sus siglas en inglés) enfocados a una variedad de actividades tales como el apoyo
a pequeños negocios, agricultura, educación, salud y microcréditos entre otros
(Royal Dutch Shell, 2009, p. 22). Como contribución directa a la construcción de la
paz, Shell, como otras compañías petroleras, paga una cuota mensual al gobierno
federal en apoyo del programa de amnistía iniciado a finales de 2009.
Mientras que en el pasado SPDC negociaba los proyectos individualmente en
cada comunidad, la empresa ha introducido recientemente una nueva forma de
entrar en contacto con la gente local y ha creado un equipo CD que emplea a más
especialistas en desarrollo que el gobierno nigeriano (Hertz, 2001, p. 174). El
nuevo modelo está basado en acuerdos con las comunidades y se fundamenta
en el memorándum de acuerdo global (Global Memoranda of Understanding) que
se negocia con la ayuda de intermediarios ante la comunidad (Community Liaison
Officers, CLOs). Los CLOs también responden a quejas de la comunidad, identifican
necesidades mediante un proceso participatorio en la misma y transmiten las
propuestas de asistencia de la comunidad a la empresa.
En un contexto actual de marginalización del Gobierno y en el que la presencia de
SPDC precede a la formación del Estado propiamente dicho, no es sorprendente
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El SPDC
organiza
talleres sobre
gobernanza
y desarrollo
comunitario
para líderes
del gobierno a
nivel estatal y
que las comunidades del Delta perciban a SPDC como un representante a la par
con el Gobierno. Para disipar estas percepciones de las comunidades y aumentar
conjuntamente con el Gobierno, organizaciones internacionales y organizaciones
sociedad en común (partnership), el NDDC, sino que también proporciona apoyo
de manera voluntaria a través de la provisión de infraestructuras para el desarrollo
en el Delta, desarrolla capacidad técnica y de gestión para los empleados del
del gobierno a nivel estatal y local y alinea sus planes de desarrollo comunitarios
con los de otras empresas petroleras (Jacoba Schouten, 2010, p. 221). Dado que
el potencial de obtención de beneficios para todas las partes involucradas depende
de la transparencia entre otros factores (Ite, 2006), Shell se ha embarcado en
local
otra cooperación con el Gobierno: la Iniciativa de Transparencia en la Industria
Extractiva de Nigeria (Nigerian Extractive Industry Transparency Initiative o NEITI).
la eficiencia y legitimidad de su programa CD, Shell ha empezado a trabajar
no gubernamentales (ONG). Con el Gobierno, SPDC no sólo colabora en una
NDDC, organiza talleres sobre gobernanza y desarrollo comunitario para líderes
financieras, sociales y medioambientales (Pegg, 1999, pp. 474-475). Respecto a los
derechos humanos y a la seguridad, el informe de SPDC de 2010 afirma que SPDC
y Derechos Humanos (Voluntary Principles on Security and Human Rights o VPs) en
estatales (incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos), fuerzas
de seguridad y otras organizaciones a poner en marcha planes que contribuyan a
En 1997 Shell se convirtió en la primera multinacional petrolera en declarar
públicamente su apoyo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La compañía ha tratado este tema en sus informes sobre las responsabilidades
prioriza la seguridad de sus empleados y apoya la resolución pacífica de los conflictos.
Por lo tanto, Shell y SPDC han implementado los Principios Voluntarios en Seguridad
las operaciones en el Delta y también han animado a una variedad de organismos
mejorar la implementación de los VPs en el país (Shell Nigeria, 2010c, p. 2).
En el área de resolución de conflictos y derechos humanos, el SPDC ha proporcionado
El SPDC ha
proporcionado
entrenamiento
a personal de
seguridad
entrenamiento a personal de seguridad contratado para un trabajo en campo, así
como a la policía asignada por la Fuerza de la Policía Nigeriana a SPDC desde el
año 2007. El objetivo del entrenamiento es aumentar la conciencia sobre los VPs
y las obligaciones que establecen, además de proporcionar ayuda práctica en su
aplicación. Este programa se lleva acabo por la fundación CLEEN, y está aprobado
3.300 empleados de SPDC y contratistas los que han recibido un entrenamiento
similar (Shell Nigeria, 2010c, p. 2).
Aún así, el compromiso de Shell con la RSE ha llegado claramente después de los
sobre la situación apremiante de los Ogoni y contribuyó a aumentar así el interés en
Watch, Greenpeace, the Body Shop y el canal de televisión inglés Channel 4 (Zell,
del Níger ha forzado a la mayoría de los principales actores – el gobierno nigeriano
y MNCs – a revisar sus actitudes hacia la difícil situación de la zona. Su respuesta
conjunta ha sido doble: al mismo tiempo blanda y dura. Y de ambas formas con
deficiencias que cabría definir como esenciales.
Como hemos señalado más arriba, la respuesta blanda ha implicado la creación de
como la NDDC y a la intervención directa en el desarrollo de las comunidades y en
por el Instituto Danés de los Derechos Humanos. Hasta diciembre del 2009 se
había entrenado a 472 personas. Y en el período 2005-2009 fueron alrededor de
hechos. Con la ejecución de Saro-Wiwa, la comunidad internacional volvió sus ojos
la causa de muchas organizaciones civiles, entre ellas, por ejemplo, Human Rights
p.4 quoted in (McLaren, 2000, p. 18). La internacionalización del conflicto del Delta
una agenda del RSC que apunta a las necesidades de desarrollo a través de agencias
la responsabilidad social. Al mismo tiempo se ha establecido el diálogo como una
importante estrategia de implicación de las comunidades. Como hemos descrito,
el diálogo con éstas tiene lugar mediante los ancianos, grupos de jóvenes y otros
grupos con autoridad a nivel local a través de intermediarios o CLOs. Los CLOs
obtienen así una posición de poder, la cual no es raro que se haya utilizado en
algunos casos en provecho propio. Además, los miembros de la comunidad que han
sido excluidos de este rol han mostrado abiertamente sus quejas contra este nuevo
estatus social y financiero de los CLOs.
Estos esfuerzos se perciben a menudo, por otro lado, como irrisorios al ser
confrontados con los beneficios económicos obtenidos a espaldas de las
comunidades y la persistencia de la pobreza y la violencia en la zona. Por ejemplo, en
el memorándum presentado por Shell a la Comisión de Investigación sobre la Crisis
de Warri, la compañía adujo que se habían hecho esfuerzos dirigidos a algunas de las
demandas de la población del Delta. En este mismo sentido, Ojakorotu señala que
el manager de Relaciones Exteriores Corporativas, Mr. Precious Omuku, ha hecho
notar que la contribución de Shell a los servicios sociales e infraestructuras para
el desarrollo de la región podría ser comparados a unas gotas en el océano si las
necesidades de los grupos locales se yuxtaponiesen con lo que la compañía obtiene
en términos de beneficios de sus explotaciones en la región. También confirmó que
las intervenciones a favor del desarrollo de la compañía estaban concentradas en
las ciudades de Warri, Ughelli, Port Harcourt, Aba, Owerri y Bonny mientras que
la mayoría de áreas pantanosas remotas habían permanecido prácticamente sin
cambio alguno (Ojakorotu, 2008, p. 110).
Por otro lado, tanto la multinacional como el Gobierno “han continuado, tanto
abiertamente como de forma encubierta, su militarización de la región con el
pretexto de mejora de la seguridad, infligiendo así más violencia sobre la población
del Delta del Níger” (Ojakorotu, 2008, p. 115). Pegg (1999) revela por su parte
que la compañía ha estado implicada en una serie de violaciones de los derechos
humanos en el Delta desde la declaración de 1997. Por ejemplo, el autor señala que
la compañía no ha estado tan sólo implicada en incidentes en los cuáles fuerzas
de seguridad atacaron a comunidades locales en el Delta, sino que también ha
seguido adquiriendo armas y manteniendo su propia policía – conocida como la
‘Shell-police’ – en la región (Pegg, 1999: 475).
El actual modelo de partenariado (partnership) ha limitado, según algunas voces
críticas, la contribución al desarrollo sostenible necesario para transformar el
Delta del Níger de un enclave en guerra a otro en paz. En primer lugar, el análisis
de Idemudia sugiere que el impacto positivo en las comunidades de acogida
es constreñido básicamente por el hecho de que “los programas CD no han
tenido ningún impacto real en cómo la actividad principal (core business) de las
multinacionales petrolíferas es llevada a cabo, ni tampoco ha disminuido los
impactos sociales y medioambientales negativos que la producción de crudo tiene
sobre las comunidades locales” (Idemudia, 2007, p. 2). Este hecho responde a que
el compromiso con los grupos de interés parece estar más bien motivado por la
gestión de riesgo al nivel de la comunidad y por la preocupación por su imagen de
ciudadano respetable a nivel gubernamental (y asegurarse así sus licencias social y
económica) que no por cambiar en primer lugar sus actividades principales y reducir
sus perniciosos efectos colaterales. En segundo lugar, como Shola Omotola (2007)
ha indicado, la NDDC rinde muy por debajo de lo previsto básicamente debido “al
carácter del estado nigeriano, que permanece predatorio, orientado tan sólo al
enriquecimiento, y, por encima de todo, falto de autonomía” (Shola Omotola, 2007).
También International Alert encuentra que “el objetivo fundamental [de Shell] de
construir una buena reputación distorsiona tanto su significativo compromiso con la
paz y con temas de desarrollo como la calidad de su compromiso con los grupos de
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
La cantidad de
crudo vertido
durante los
últimos 50
años es casi
cinco veces
la cantidad
derramada por
BP en el Golfo
de México
El daño de las
operaciones
con crudo
es crónico y
acumulativo
interés. Los procesos de construcción de paz y de desarrollo sostenible no pueden
gestionarse a un nivel micro” (Banfield y Champain, 2004, p. 20).
3.3. Planeta: impacto medioambiental
Las empresas de Shell en Nigeria están oficialmente comprometidas con la
reducción de cualquier impacto negativo sobre el medioambiente. SPDC ha
invertido en proyectos para acabar con la quema de gas, reducir los vertidos de
accidentes y ha pasado a la acción también en la protección de la biodiversidad
en el Delta (Shell Nigeria, 2010b).
Sin embargo, Friends of the Earth estima que la cantidad de crudo vertido por
Shell en Nigeria durante los últimos 50 años es casi cinco veces la cantidad
derramada hasta ahora por British Petroleum (BP) en la costa del Golfo de México
(Real World Radio). En la misma dirección, un estudio llevado a cabo por expertos
nigerianos e internacionales en 2006 estableció que el Delta del Níger es “uno de
los ecosistemas del mundo más severamente dañados por el petróleo” (Nigerian
Conservation Foundation, WWF UK, International Union for Conservation of
Nature, Commission on Environmental, y Environment, 2006). Estos datos no son
nuevos. El Niger Delta Environment Survey, ya denunció en los años 90, aunque
no se llegase a su publicación, que,
“El análisis hecho en este estudio ha mostrado el significativo impacto que la
producción de crudo tiene sobre el medio del Delta del Níger. Muchas categorías
de uso de la tierra que no existían en 1960 ganan cada vez más prominencia [...],
por ejemplo: canales de drenaje, oleoductos, etc. [...] El significativo impacto de las
actividades de producción de crudo se pone de relieve también por la aparición
en el paisaje de categorías de terreno tales como bosque dañado por agua salina,
manglar sumergido, drenaje consentido o superficies abiertas sin vegetación”
Jonathan Amakiri, Executive Director, Niger Delta Environment Survey in (Amnistía
Internacional, 2009, p. 20).
Se ha constatado también que “el daño de las operaciones con crudo es
crónico y acumulativo, y ha actuado sinérgicamente con otras fuentes de estrés
medioambiental con el resultado de unos ecosistemas costeros severamente
dañados y una situación que pone en serio compromiso las formas de vida
tradicionales y la salud de los empobrecidos habitantes de la región” (Nigerian
Conservation Foundation, et al., 2006). De forma similar el informe de UNDP 2006
deja claro que “para mucha gente, esta pérdida ha sido una ruta directa hacia
la pobreza, ya que los recursos naturales habían sido tradicionalmente fuentes
primarias de sustento” (UNDP, 2006).
Sin embargo, la atribución de responsabilidades no deja de generar una fuerte
controversia. Mientras Shell afirma haber reducido significativamente sus vertidos
de crudo y atribuye la mayoría de los actuales derrames a sabotajes, muchas
organizaciones civiles critican las corroídas infraestructuras y el incumplimiento de
la limpieza de los vertidos. Además, como ya hemos mencionado, la propia Shell ha
creado un sistema en la zona que incentiva los sabotajes, el vandalismo o los robos
a través de la “vigilancia” y de los contractos de limpieza.
Más controversia aún ha causado la negativa de Shell a revelar información que
aportaría importantes datos sobre los escapes de crudo de sus oleoductos en el Delta;
incluso dentro de un marco legal. Milieudefensie señala que “el comportamiento de
la empresa muestra que existe información ocultada para evitar tener que limpiar
su contaminación y empezar a compensar a las comunidades locales, (Friends of
the Earth Netherlands in (Real World Radio). Desde 1958, cuando se produjo la
primera extracción de crudo en Oloibiri, se han documentado numerosos problemas
medioambientales relacionados con las operaciones de crudo. UNDP constata en
su informe de 2006 (UNDP, 2006) que los problemas principales son:
- El impacto de las canalizaciones sobre los ecosistemas acuáticos
- Los vertidos de crudo debidos a accidentes o a sabotaje de agentes locales
- Escapes de gas y quema de gas que producen hidrocarburos tóxicos para los
organismos acuáticos, la biodiversidad y que se emiten a la atmosfera (lluvia
ácida, calentamiento)
- Hundimientos del terreno
- Agotamiento de los recursos de los bosques y disminución de la biodiversidad,
así como erosión causada por las canalizaciones y los hundimientos del terreno.
Los problemas medioambientales contribuyen además a la penuria social y
económica y constituyen, en último término, un motivo central que alimenta
muchas de las quejas conducentes al conflicto. “Las cuestiones en juego incluyen
una rápida e incontrolada urbanización, cambios ocupacionales, pérdida de las
zonas de pesca, desaparición de medios de subsistencia y escasez de tierras,
entre otros” (UNDP, 2006, pp. 80-81). De esta forma, las cuestiones de gestión
medioambiental se nos aparecen directamente relacionadas no sólo con el
desarrollo y con cualquier estrategia de reducción de la pobreza para la zona del
Delta, sino también con todos los esfuerzos de gestión de la paz, en un zona donde
cerca del 60 por ciento de la población depende del medioambiente natural para
su sustento (UNDP, 2006, p. 74).
4. Conclusiones
En nuestro análisis hemos subrayado cómo el compromiso a nivel micro o de
proyecto, dentro del programa CD de SPDC, no ha tenido impacto real en las
dinámicas relacionadas con las actividades principales ni tampoco han conseguido
aliviar el negativo impacto a nivel social y medioambiental que la producción de
crudo tiene sobre las comunidades locales. Del mismo modo, como hemos visto,
International Alert encuentra que “el objetivo fundamental [de Shell] de construir
una buena reputación distorsiona tanto su significativo compromiso con la paz y
con temas de desarrollo como la calidad de su compromiso con los accionistas.”
(Banfield y Champain, 2004, p. 20). El problema medioambiental se muestra así,
en último término, como una piedra de toque básica para entender muchas de las
causas que llevan al el conflicto.
La persistente penuria económica y social debida a la falta de posibilidades de empleo
en las compañías petroleras y la pérdida de las formas de sustento tradicionales en
las comunidades han tenido importantes implicaciones para el conflicto tanto a un
nivel local como global. Sobre todo, la instauración en el Delta de una dinámica de
violencia, surgida del enfado y la furia por la exclusión de los beneficios del petróleo,
está transformándose en una enorme iniciativa criminal internacional que amenaza
no sólo a los gobiernos locales sino también a las instituciones de gobierno en áreas
como el contrabando de petróleo, el tráfico de drogas, el fraude y la usurpación de
la identidad. A nivel local, el relativamente bajo porcentaje de personas contratadas
en las comunidades donde las compañías petroleras operan en comparación con
otros grupos emigrantes está siendo percibido como una situación injusta. Del
mismo modo, en un contexto de pobreza severa, el comercio de crudo (‘bunkering’)
y las dinámicas de violencia que se desencadenan habitualmente alrededor de las
elecciones representan una nueva fuente de ingresos para algunos y, en último
término, un paso más hacia el establecimiento de una violencia crónica.
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Shell se ha
situado en
un vacío de
gobernanza
en la zona
y económicos que tradicionalmente habían sido adscritas como actividades
del gobierno, al tiempo que se comprometía a una autorregulación con el fin de
esfera política no ha sido suficientemente integrado, ni en la teoría ni en la praxis,
y ha conducido a una cierta ambigüedad con respecto a qué papel debe jugar
ejemplo, en 1996, Philip Watts (director ejecutivo de Shell en Nigeria desde 1991
sociales. Su rol se encuentra en algún lugar entre ambos, como corresponde a
organizaciones responsables, eficientes y aceptables actuando en un escenario
de equilibrar entre estos dos tipos de organización – económica y política – su
es inconstante sino que adolece de integridad.
contribuido al surgimiento del conflicto por dos razones. En primer lugar, al propiciar
que derechos sociales y económicos y responsabilidades, tanto del sector privado
como del público, hayan devenido fluidos hasta el punto de que estas comunidades
(Chandler, 2000, pp. 7-8), con la consecuencia que muchas de ellas han empezado
a dirigir sus demandas directamente a Shell. Así, el enfoque unilateral de Shell ha
sido problemático por diversas razones: minó más si cabe la autoridad del gobierno
(Chandler, 2000, p. 16); el programa de desarrollo no fue efectivo básicamente
Para
de legitimidad ya que formalmente sólo rinde cuentas ante sus accionistas; esta
Nuestro análisis ha servido también para mostrar que Shell se ha situado en
un vacío de gobernanza y ha empezado a actuar en áreas de derechos sociales
proteger la “licencia social que le permitía operar”. Sin embargo, este paso en la
la compañía, no tan sólo respecto a sí misma sino también respecto a otros. Por
hasta 1994) describió la identidad de Shell como sigue: “Las compañías de Shell
no sólo son actores económicos; y, sin embargo, tampoco pueden ser activistas
mundial cambiante” (Mitchell, 1998). Como consecuencia, el intento de la compañía
propuesta de construcción de la paz, basada en los tres pilares analizados, no sólo
Por lo que atañe a las comunidades, esta ambigüedad y falta de consistencia ha
perciben a las compañías petroleras como “el único gobierno que conocen”
transformar
el conflicto
se necesitará
acometer
temas tales
como la
corrupción
por la insuficiente experiencia de Shell en este tipo de programas; Shell adolece
naturaleza politizada de Shell representa un significativo riesgo de negocio, ya que
las percepciones de la comunidad pueden volverse difícilmente gestionables e
incluso se puede desarrollar una relación de dependencia; y, en último término,
promesas y esperanzas incumplidas sólo ayudan a incrementar las tensiones
y conflictos existentes. Para hacer cara a estas ineficiencias, SPDC ha firmado
convenios de colaboración con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
(UNDP), USAID y Africaire, entre otros. No obstante, mientras que los convenios de
colaboración han servido para reunir activos complementarios, y en último término
mejorar la eficacia y la legitimidad de la agenda de RSE de Shell, la paradoja del
Delta del Níger permanece: “De hecho, esto es peor” (Celestine AkpoBari).
En resumen: se necesitarán cambios importantes si se quiere construir una paz
duradera. Algunas de las necesidades que hemos discutido – programas de
formación y de empleo a gran escala, proyectos de infraestructuras mayores y
acciones para rehabilitar el medioambiente – requerirán un compromiso a largo
económico, sino como un proyecto legal, constitucional y político – necesitará
acometer temas tales como la corrupción, la reforma de la comisión electoral y la
transparencia. “Las compañías petroleras deben repensar radicalmente de igual
plazo. El conflicto alrededor del control de los recursos – no como asunto meramente
modo qué consideran una práctica de responsabilidad corporativa” (Watts, 2008b,
p. 19) y qué un enfoque más efectivo de su doble papel de agente económico y
político en un contexto tan complejo y propenso al conflicto como el del Delta del
Níger quieren jugar.
1. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (en Inglés UNCTAD), 51 de las 100 economías más grandes del mundo
son empresas multinacionales.
2. El término empresas multinacionales (MNC en Inglés) se refiere a las entidades
económicas que operan en más de un país o a un grupo de entidades económicas que
operan en dos o más países sea la que sea su forma legal en el país de origen o en el país
donde operen, e independientemente de si se consideran individual o colectivamente.
3. Entre otros (Ikelegbe, 2005) y (Banfield & Champain, 2004).
4. Stakeholder Democracy Networks asegura que “es uno de los secretos peor
guardados que en Bayelsa jóvenes armados han sido reunidos para los elecciones
de 2011 y que los líderes militantes han sido invitados a formar parte de actores
políticos abiertamente” (SDN, 2010)
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Parte 4:
Experiencias y aprendizajes
desde la empresa
El grupo ÉXITO y su atención a la población
vulnerable en Colombia
Luz Angela Zuluaga Giraldo, Atención a Población Vulnerable, Responsabilidad Social,
Almacenes Exito S.A., Medellín
Contextualización
Dadas la problemática de violencia que vive el país y la existencia de una de las tasas
de desempleo más altas en Latinoamérica, se hace indispensable que la empresa
privada en Colombia adquiera algunos compromisos de índole social que la acerquen
a esa realidad que muchas personas afrontan en su vida personal y familiar.
Desde sus orígenes hace 60 años, el Grupo Éxito se ha caracterizado por ir más
allá del cumplimiento de sus propósitos comerciales. Sus fundadores le inyectaron
una sensibilidad social que durante toda su historia ha estado presente, y que hoy
hace parte del ADN de la compañía. Así, además de cumplir su interés comercial,
ha tomado como propios los principios del desarrollo sostenible, en las esferas
económica, social y ambiental. Esto hace que se sensibilice por las realidades
propias de su entorno, ya que allí se ubican sus empleados, sus familias y los
clientes que son la razón de ser de su crecimiento y ganancias. La responsabilidad
social de la Compañía avanza en relación a sus logros y a la respuesta e imagen
que durante su ejercicio económico ha alcanzado.
El Grupo Éxito, consciente de esa situación y siendo consecuente con los principios
y valores que lo fundamentan, como impulsar el progreso de la comunidad,
el servicio, el respeto por el otro y la responsabilidad, entre otros, llega a las
poblaciones menos favorecidas, brindando apoyo y aportando en cierta manera
solución a algunas de sus necesidades.
Específicamente en el tema de la inclusión laboral de poblaciones vulnerables,
busca brindar oportunidades de formación para el trabajo e inserción laboral, a
personas que la sociedad margina por poseer unas características diferentes y
que han sido adquiridas como consecuencia de la violencia urbana o rural, los
prejuicios, la discriminación, las carencias de formación o nutrición, y la inequidad
social y económica que vive el país.
Con esta iniciativa se está favoreciendo la construcción de relaciones humanas
y sociales más armoniosas y equitativas, y nuestro principio de actuación, con el
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Esa estrategia
cuenta con el
apoyo de la
alta dirección
Permitimos
que los
almacenes
sean utilizados
como lugares
de práctica
para los
integrantes del
programa
apoyo ofrecido a la población vulnerable en materia de inclusión social y formación
para el trabajo, está desprovisto de intereses comerciales, económicos, de imagen,
o de mercadeo, y se fundamenta en una convicción y deseo auténtico de ayudar a
una sociedad maltratada por la violencia, la falta de oportunidades y la pobreza.
Descripción del Programa
El Programa de Incorporación Laboral y Formación para el Empleo a Población
Vulnerable, atiende a:
- Personas en situación de desplazamiento
- Personas en situación de discapacidad
- Madres cabeza de familia
- Reinsertados
- Víctimas de la violencia
Para llevar a cabo el programa de inclusión laboral:
- Contamos con el apoyo de la alta dirección y las diferentes áreas y negocios de la
compañía, que permiten hacer realidad esta propuesta en los espacios laborales
que gestionan. Además se cuenta con políticas igualitarias de contratación y
compensación para las personas pertenecientes al programa.
- Se propician espacios de contextualización, sensibilización y educación para el
cambio, en los líderes y todos los empleados de la organización.
- Hemos consolidado una Red de aliados a nivel nacional, que nos apoyan y facilitan
el desarrollo de esta iniciativa, como la ACR (Alta Consejería par la Reinserción),
programa de la Presidencia de la República, el SENA, (Servicio Nacional de
Aprendizaje), las oficinas de Atención a Desplazados y a Víctimas, así como
Fundaciones de atención y manejo de discapacitados, entre otras
En la Formación para el trabajo:
- Patrocinamos espacios educativos de especialidades técnicas de alto impacto
y fácil empleabilidad en nuestra sociedad, para las personas en situación de
vulnerabilidad, objeto de nuestro apoyo.
- Estructuramos planes de formación técnica conjuntamente con el Sena, que es
una institución de formación de alto prestigio y credibilidad, con cobertura nacional e
infraestructura moderna, para formación técnica de alto nivel para la competitividad
- Permitimos que los espacios de los almacenes sean utilizados como lugares de
práctica para los integrantes del programa, permitiéndoles desarrollar habilidades
acordes con el negocio (Orientación comercial, servicio, destrezas técnicas o
específicas etc.) en espacios reales, con clientes reales y en situaciones reales. Así
contribuimos a la incorporación verdadera de los conceptos de aprendizaje y a la
generación de autoestima y autoconfianza para abordar situaciones y públicos con
los que anteriormente se tenían restricciones.
Actividades o acciones que se realizan
- Descripción de perfiles ocupacionales
- Análisis de puestos de trabajo
- Análisis de riesgos
- Selección de candidatos
- Preparación y formación para el cargo
- Inducción y entrenamiento
- Acompañamiento, asesoría y seguimiento permanente a cada uno
de los participantes
- Evaluación profesional personalizada y constante y en compañía de los aliados
con quienes conformamos la Red
Resultados
Aunque el componente de Responsabilidad Social está inmerso desde los orígenes
en la organización, a partir del año 2006 estamos trabajando directamente con
este programa de Inclusión Laboral para población vulnerable y las cifras que hasta
el año 2009 registramos de personas beneficiadas son:
TIPO DE POBLACIÓN NUMERO DE PERSONAS
Reinsertados del conflicto armado / Personas en situación de
ilegalidad por actos delictivos
Discapacitados 182
Situación de pobreza extrema (Desplazados, victimas y madres
cabeza de familia)
TOTAL 479
Adicionalmente a las cifras anteriores (las cuales ya serán superiores a finales
del año 2010), podemos anotar que estas personas que creían no tener más
oportunidades, lograron:
- Demostrar su compromiso con la compañía y la oportunidad recibida
- Adquirieron hábitos y disciplina de estudio y trabajo
- Aprendieron y asumieron, reglamentos, normas y compromisos
- Generaron alta conciencia de respeto por el otro
- Pudieron volver a soñar y creer que existen mejores oportunidades, por eso
mantienen un constante deseo de conseguir un empleo estable y adecuado a la
formación recibida, que les permita seguir viviendo dignamente con sus familias
y asegurarles un mejor futuro
Adicionalmente se calcula que se logró impactar indirectamente a más de 1.300
personas, dado que en Colombia el promedio de componentes de una familia es de 4
y que los beneficiados en su gran mayoría son cabeza de familia (Padre, Madre, Hijo)
Actualmente, el Grupo Éxito es un referente de actuación muy importante para
las empresas en Colombia en cuanto a práctica de inclusión laboral, pues se ha
mantenido constante y firme en su propósito de apoyo a la población vulnerable, de
manera decidida, desinteresada y auténtica, y con un convencimiento absoluto de
que este es uno de los mejores caminos para hacer contribuciones a los procesos
de paz de una sociedad que a su vez nos lo ha dado todo.
‘MI LLAVE’, una iniciativa de integración
social para la generación de oportunidades
productivas
Jorge Silva Luján, Gerente General de Microsoft Colombia, Bogotá
Introducción
MI LLAVE es una de las iniciativas apoyadas por Microsoft en Colombia como
parte de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a través
de la alianza establecida desde el año 2006 con Trust for The Americas
(entidad cooperante de la OEA) y la Alta Consejería para la Reintegración de la
Presidencia de la República (ACR).
MI LLAVE busca brindar oportunidades sociales y económicas sostenibles a
personas en proceso de reintegración a la vida civil, desplazamiento forzado y
en general, a la comunidad afectada por la violencia. A través de la creación de
Centros de Tecnología Comunitarios, el programa ofrece capacitación gratuita en
TICs (tecnologías de la información y la comunicación) como herramienta para
generar capacidades laborales y productivas, al mismo tiempo que cuenta con un
componente de gestión sociocultural que busca apoyar la integración a la sociedad
y el desarrollo de habilidades interpersonales y ciudadanas de los participantes.
Este tipo de capacitación garantiza que los beneficiados no sólo adquieran
conocimientos técnicos que les abrirán las puertas en la consecución de un
empleo o en la creación de un proyecto de emprendimiento, sino que también
se formen como personas integras, capaces de reintegrarse a la sociedad con
una formación en valores. Porque más allá de personas capaces y preparadas,
el proyecto enfatiza en la necesidad de forjar calidades humanas para que se
dé un verdadero cambio social.
MI LLAVE cuenta con 11 centros en diferentes ciudades a lo largo del territorio
colombiano, ciudades afectadas por el conflicto como son Valledupar, Montería,
Barrancabermeja, Buenaventura, Ibagué, Tierralta, Barranquilla, Cartagena,
Villavicencio, Santa Marta, Apartadó y Medellín. Los centros MI LLAVE son
establecidos en alianza con diferentes socios locales quienes están encargados
de su gestión y funcionamiento, y entre los cuales se encuentran universidades,
instituciones educativas y ONG de diferentes tipos.
El programa cuenta adicionalmente con un importante componente que consiste
en el apoyo a la construcción de capacidades para las organizaciones locales
aliadas, permitiendo que los centros sean proyectos sostenibles de largo plazo,
donde además puedan participar empresas locales apoyando la inserción laboral
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Microsoft es
consciente del
aporte que
sus acciones
pueden
generar a la
construcción
de la paz
Desde el año
2007 más
de 3.000
personas
han sido
capacitadas
de los participantes de MI LLAVE. Para esto se vienen desarrollando encuentros
que buscan involucrar a las empresas y al sector productivo local, contándoles en
qué consiste el proyecto y explorando las posibles alianzas y oportunidades para la
creación de empleos, unidades asociativas o acciones de micro-emprendimiento y
productividad que puedan beneficiar a los participantes.
Apoyo en la construcción de paz
El compromiso de Microsoft a nivel mundial es habilitar a las personas, los
negocios y las organizaciones para que alcancen su máximo potencial a
través de la tecnología. Este compromiso se extiende al apoyo de aquellas
iniciativas que busquen disminuir la brecha digital y ofrecer oportunidades a
las comunidades más vulnerables. En Colombia, Microsoft es consciente de
su compromiso con el país y del aporte que sus acciones pueden generar a la
construcción de la paz como uno de los retos más importantes para avanzar
en la búsqueda del desarrollo y la equidad.
Además de alinearse con las necesidades sociales específicas de Colombia,
Microsoft tiene en cuenta a la hora de seleccionar y ejecutar programas de
responsabilidad social aquellas prioridades que a nivel mundial se han establecido
en iniciativas como son los ”Objetivos del Milenio” y el “Global Compact” de las
Naciones Unidas. En lo referente a los Objetivos del milenio, MI LLAVE aporta a la
consecución del objetivo # 1 buscando erradicar la extrema pobreza y el hambre,
a través de la generación de un empleo productivo para todos, así como al objetivo
# 8 que busca la construcción de alianzas globales para el desarrollo, en lo que
respecta a la cooperación con el sector privado para hacer disponibles los beneficios
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
En este proyecto la tecnología se convierte en una herramienta poderosa que
permite a los excombatientes, desplazados y a la comunidad en general, visualizar
un futuro distinto lleno de nuevas posibilidades. Los centros Mi Llave brindan a
la comunidad un acceso cercano a la tecnología a través de capacitaciones, al
mismo tiempo que desarrollan habilidades que les permiten potencializar nuevas
oportunidades de empleo y tener una mejor calidad de vida. Los centros también
están abiertos a la comunidad en general, y benefician a aquellas personas que no
tienen la posibilidad de acceder a estas oportunidades de formación.
Miles de personas han sido beneficiadas con el proyecto MI LLAVE. Desde el
año 2007 más de 3.000 personas han sido capacitadas y más de 50.000 han
recibido acceso a ordenadores e internet en los diferentes centros de todo el
país. Sin embargo, el impacto del programa no se traduce solamente en números,
sino también en las habilidades que los participantes adquieren, y los trabajos y
entrenamiento posteriores a los cuales pueden acceder al completar la capacitación
recibida durante su paso por el programa: hasta la fecha el 12 % de los participantes
han logrado un trabajo después de haber completado su capacitación en MI LLAVE.
Pero definitivamente el mayor impacto del programa consiste en la construcción
de un verdadero sentido de “comunidad” que se da en los lugares donde se
desarrolla. Las ciudades donde están ubicados los centros MI LLAVE han sido
cuidadosamente seleccionadas teniendo en cuenta la situación de conflicto,
concentración de población objeto del programa y la existencia de socios locales
fuertes que puedan ejecutarlo de manera exitosa. Es así como esta iniciativa ha
logrado que personas que en el pasado se encontraban en lados opuestos del
conflicto y eran enemigos naturales, hoy se sienten codo a codo en el centro MI
LLAVE para encontrarse con aquél mundo lleno de oportunidades que les ofrece
la tecnología y buscar un futuro diferente, permitiéndoles relacionarse y apoyarse
mutuamente en un ambiente de paz y armonía.
El poder de las alianzas
El programa MI LLAVE reconoce que los problemas a los cuales se enfrenta la
población desmovilizada y desplazada no pueden ser resueltos por una sola
organización. Es necesario el establecimiento de alianzas que permitan ofrecer
alternativas a las comunidades y generar oportunidades para el mejoramiento
de su calidad de vida y su desarrollo personal. Por ello Microsoft apuesta por la
unión de esfuerzos con las ONG, el sector privado y el sector público, además de la
coordinación con socios locales de manera que se puedan unir esfuerzos desde las
fortalezas de cada uno que permitan la construcción de un mejor país para todos.
Las alianzas hacen posible la alineación de recursos y capacidades para la ejecución
del proyecto. Es así como Microsoft ha participado con aportes en dinero, software
y cursos de capacitación, mientras que Trust for The Americas está encargado
de la administración y ejecución del proyecto con su experticia en el manejo de
proyectos sociales, la selección de socios locales y su capacitación y fortalecimiento
institucional; y, la ACR por su parte, ha aportado fondos, entrenamiento y su
conocimiento sobre el conflicto armado colombiano.
Así mismo, las alianzas con los socios locales hacen parte fundamental del éxito
del proyecto asegurando su sostenibilidad y ofreciendo acceso a la tecnología a
un sector de la comunidad más amplio teniendo en cuenta sus necesidades
específicas. Estas organizaciones proporcionan a la alianza equipos, fondos y
conocimiento para ofrecer una capacitación completa y promover la apropiación
del programa de la comunidad local.
Alianzas adicionales con diferentes sectores han permitido apoyar el proyecto,
incluyendo la alianza con RCN, un canal de TV colombiana que ha patrocinado la
realización de videos para generar conocimiento del proyecto a la comunidad.
La movilización de diferentes actores, hace de este proyecto un modelo a seguir por
otras empresas y organizaciones que quieran contribuir al desarrollo del país. La
alineación de los objetivos de los diferentes aliados, el conocimiento de cada uno
sobre sus fortalezas y su compromiso de aportar soluciones al conflicto armado en
Colombia y a la generación de oportunidades para los más vulnerables, han hecho
de MI LLAVE un proyecto viable y exitoso.
Recursos sugeridos
<http://www.microsoft.com/localimpactmap>
<www.millave.net>
La asistencia sanitaria de Heineken en
entornos complejos
Katinka C. van Cranenburgh, coordinadora y co-creadora de la Fundación Heineken África
y profesora visitante en ESADE.
Daniel Arenas, profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE-
Universitat Ramon Llull y responsable de investigación del Instituto de Innovación Social
de ESADE.
La preocupante situación sanitaria mundial debe ser tenida en cuenta por el
sector privado a la hora de establecer una estrategia de negocios para operar
en estados frágiles y en zonas en posconflicto, como África central. ¿Qué implica
esto para la toma decisiones del sector privado en lo referente a la provisión
de asistencia sanitaria, al establecimiento de límites y a su estrategia de
comunicación? Este artículo explica el aumento a nivel mundial de enfermedades
crónicas e infecciosas, así como la estrategia de atención médica de Heineken en
los estados frágiles más complejos.
La carga sanitaria mundial y el sector privado
Las enfermedades crónicas e infecciosas se extienden por el mundo con magnitud
y velocidad ingentes. Las enfermedades crónicas o no contagiosas tales como las
patologías cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y
la diabetes representan más de la mitad de los problemas sanitarios en los países
en desarrollo. Las enfermedades infecciosas o contagiosas como el VIH/SIDA, el
paludismo y la tuberculosis son la principal carga para los países en desarrollo y,
en menor medida, en el mundo desarrollado (Suhrcke, et al. 2006; OMS 2008).
Todos los estudios sobre el impacto de la asistencia sanitaria en los niveles micro,
meso y macro sitúan la carga mundial de enfermedades como un importante
desafío para las sociedades del mundo. África es la más afectada (OMS 2008).
Varios investigadores han elaborado previsiones negativas para el sector privado.
En el informe de Gupta y Taliento titulado How Business Can Combat Global
Disease (2003), los autores señalan tanto las consecuencias como el papel que
las empresas han de desempeñar, “Las multinacionales se ven directamente
afectadas por las epidemias mundiales. No se pueden controlar sin su ayuda.” Esta
declaración hace un llamamiento a las empresas a asumir cierta responsabilidad
en el reparto de la carga mundial de enfermedades. La esencia de la participación
empresarial se aborda desde la visión ética y deontológica de que uno debe
utilizar los medios a su disposición para hacer el bien. Gupta y Taliento hacen
referencia al hecho de que las empresas podrían brindar la propiedad intelectual,
las habilidades de marketing y los canales de relaciones públicas, el desarrollo
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
El lugar de
trabajo puede
proporcionar
un punto
de acceso
fundamental
asistencia
sanitaria
para la
El impacto de
las epidemias
mundiales
en el sector
privado está
aumentando
de forma
dramática
de productos farmacéuticos, la distribución y la gestión de proyectos. Además de
estas donaciones en especie, las empresas multinacionales también proporcionan
plataformas físicas donde reunir y asesorar a un gran número de asistentes. El lugar
de trabajo puede proporcionar un punto de acceso fundamental para la asistencia
sanitaria, los mensajes de prevención y los centros de tratamiento. Como si se
tratara de una extensión del lugar de trabajo, se podría llegar a las familias de
los trabajadores mediante la planificación de jornadas especiales de la familia o
mediante la comunicación directa con éstas. Aunque la tendencia empresarial de
externalización de trabajadores está creciendo rápidamente, las posibilidades de
llegar a las comunidades a través de las empresas sigue siendo un medio muy
atractivo para los trabajadores sanitarios.
Sin embargo, la mayoría de las empresas no están colaborando con los médicos
ni abriéndoles las puertas de sus instalaciones. Existen diferentes razones. Gupta
y Taliento (2003) apuntan que la posición pasiva de los directivos para con los
trabajadores sanitarios es el resultado de que los directivos no son conscientes
del impacto que sus empresas pueden causar en el sector de la salud pública. Por
una parte, los autores acusan a los directivos de intentar perseguir los beneficios
de la globalización sin vistas al futuro y, por otra parte, de no asumir ninguna
responsabilidad para ayudar a gestionar la crisis sanitaria mundial. Ser un actor
en los mercados mundiales entraña, implícitamente, una responsabilidad moral,
estratégica y financiera en la lucha contra las enfermedades del mundo. Este
enfoque se ajusta, además, a los supuestos de las estrategias empresariales a
largo plazo y a la gestión con visión de futuro.
Con todo, los sistemas de gestión del rendimiento en la mayoría de las empresas
actuales dan lugar a que los directivos fijen las prioridades en base a objetivos que rara
vez exceden los períodos de 3 años. La velocidad rotatoria de los puestos directivos
dentro de las empresas (más de 3 años o 4 en una misma función es cada vez menos
común), junto con la estructura de bonificaciones por cumplimiento de metas y los
sistemas similares de evaluación, hace que un director casi nunca sea instado a
emplear tiempo o esfuerzo en programas tan dispares como puede ser el apoyo a
actividades de control de enfermedades. Por otra parte, los directivos no cuentan
el tiempo para desarrollar la experiencia necesaria que les permita desenvolverse
adecuadamente en asuntos que no sean fundamentalmente empresariales.
En cualquier caso, el impacto de las epidemias mundiales en el sector privado
está aumentando de forma dramática, en correlación con la expansión del sector
privado en los países en desarrollo. El sector privado, al menos por su supervivencia,
no puede abandonar un cierto grado de reacción y responsabilidad. Existe un
pensamiento cada vez más respaldado por los actores internacionales de que
ocuparse de la miseria social a nivel mundial es responsabilidad de todos. Esto es
especialmente necesario en situaciones de conflicto y posconflicto en las que se
necesitan disposiciones sobre sanidad concretas para atender a una amplia gama
de la población afectada −tanto física como psicológicamente− por las armas,
minas u otras violaciones de los derechos humanos.
Estrategia de asistencia sanitaria de Heineken
La cervecera holandesa Heineken tiene la mayor presencia global de todas las
cerveceras internacionales, con 125 fábricas de cerveza en más de 70 países y con
más de 65.000 trabajadores en todo el mundo. Con unas ventas totales de más
de 150 millones de hectolitros en 2008, Heineken también se encuentra entre los
mayores fabricantes de cerveza del mundo. Heineken cuenta con una larga historia
de operaciones en muchos países subsaharianos, como los dos Congos, Ruanda,
Burundi, Nigeria y Sierra Leona, todos ellos países que se han visto afectados por
conflictos armados en las últimas décadas o que aún están en guerra. En estos
países del África subsahariana, el sistema público de asistencia sanitaria se
deterioró rápidamente durante las dos décadas posteriores a la descolonización y
debido a los conflictos armados.
En este contexto de sistema sanitario público muy limitado, Heineken dirige sus
propias clínicas con un personal de médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio,
matronas y farmacéuticos. Los empleados Heineken y sus familiares tienen
derecho a diversos tipos de atención sanitaria, que van desde el tratamiento de
enfermedades relacionadas con el trabajo y los accidentes, al tratamiento de
enfermedades complejas como la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA (Van der
Borght et al. 2006). Solamente en el África subsahariana, casi 35.000 personas
tienen acceso a los servicios proporcionados por Heineken. La asistencia sanitaria
ha pasado a ser un beneficio de recursos humanos y es cada vez más una prioridad
clave en la agenda global de Responsabilidad Corporativa de Heineken. Los
factores de motivación por los que se puso en marcha el sistema sanitario difieren
de las motivaciones actuales para mantener el sistema. Los límites del sistema de
salud están en una constante necesidad de someterse a revisión, sobre la base de
distintos inversores y cuestiones sociales.
Las motivaciones de la empresa
¿Por qué Heineken ofrece asistencia sanitaria a los empleados y a sus familias?
Si la mano de obra es barata y abundante, se podría argumentar de forma cínica
que no existe necesidad económica de prestar asistencia sanitaria. ¿Es Heineken,
entonces, la única compañía en la que los directivos realizan negocios de acuerdo
a altos estándares éticos? Las motivaciones e intenciones, y su estatus son temas
de cierta complejidad dentro los campos de la psicología, la ética y la gestión.
Frecuentemente, coexisten varias motivaciones e intenciones posibles implicadas
en la toma de una decisión. La recopilación de pruebas concluyentes y adecuadas
para determinar qué motivaciones estaban realmente implicadas puede ser
espinoso o incluso imposible. Los cuestionarios y las entrevistas a protagonistas
posteriores al evento suelen ser poco fiables, ya que los actores tienden a
racionalizar lo que realmente ocurrió. Esto ocurre particularmente cuando el paso
del tiempo ha demostrado que las decisiones tomadas fueron cuestionables,
y dieron lugar a ataques o críticas. Incluso los puntos de vista previos al evento
no son completamente fiables. En nuestro enfoque, podemos hacer poco más
que presentar algunas hipótesis respaldadas por algunas pruebas preliminares
tomadas de la experiencia laboral de uno de los autores de este artículo, que ha
pasado ocho años en el Departamento de Asuntos Sanitarios de Heineken, junto
con entrevistas (Rijckborst 2007a) y el análisis de los discursos de un Simposio de
la Salud de Heineken en 2007 (Rijckborst 2007b; Van Boxmeer 2007).
En un nivel más general, la estrategia social de Heineken se relaciona con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. A través del Pacto Mundial, así
como de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las Naciones Unidas han hecho
hincapié en que las empresas desempeñan un papel en la promoción de los
derechos humanos, y que este papel es particularmente importante en los países
con una capacidad estatal limitada para garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos. Las obligaciones de las empresas, sin embargo, no están completamente
claras, y no se han establecido los mecanismos para hacerlas cumplir. Las
regulaciones nacionales de los países en desarrollo apenas tienen leyes con
respecto a este tema. También existe una falta de cumplimiento de la ley. Frente a
esta situación de ambigüedad, en la mayoría de los países en desarrollo, Heineken
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Uno de los
retos es que
no está claro
hasta dónde
abarca este
derecho
Heineken basó
sus decisiones
responsabilidad
de “hacer lo
correcto, justo
y equitativo y
evitar daños”
en la
sigue las mejores prácticas y tiene políticas1 más fuertes de lo que se establece
en el entorno jurídico y reglamentario. En particular, brinda a los empleados y a
aquellos a su cargo derechos formales de asistencia sanitaria como parte del
paquete de remuneración de los empleados. Sin embargo, uno de los retos es que
no está claro hasta dónde abarca este derecho a la asistencia sanitaria, ya que las
políticas se basan en esquemas globales que pueden ser adaptados a nivel local.
Una posible motivación empresarial para ir más allá de los estándares nacionales
y contribuir realmente a la expansión de los derechos humanos podría consistir
en centrarse en sus oportunidades y riesgos empresariales. Con ello se podrían
obtener ventajas competitivas y, por tanto, acceder más fácilmente a los mercados
internacionales de capital. Ahora bien, a pesar de la existencia de una amplia
literatura sobre las conexiones entre el desempeño social corporativo y el desempeño
financiero corporativo (Allouche y Laroche 2005; Griffin y Mahon 1997; Margolis y
Walsh 2003; Orlitzky, et al. 2003; Romano, et al. 1999), las conclusiones no van
más mucho más allá del hecho de que el desempeño social corporativo tiene cierto
efecto positivo en el desempeño financiero corporativo, pero este impacto positivo
depende en gran medida del área geográfica y el tipo, la presentación y el tema de
la actividad social. En el caso del suministro asistencia sanitaria por las empresas,
las oportunidades podrían incluir la reducción de los costos de la sustitución de las
personas que están de baja por enfermedad, de la formación del nuevo personal, de
los costos de hospitalización, funerales, otros médicos y muchos otros gastos que
están presentes cuando no se toman medidas. La razón para ofrecer un servicio
sanitario interno también podría ser la de evitar el ausentismo debido a las largas
horas de espera en los centros de salud, asesores o farmacéuticos nacionales.
Pero aparte de los factores instrumentales a tener en cuenta, ¿Heineken se vió
impulsado por motivos éticos? En este sentido, se puede hacer una distinción
entre el inicio y la continuación de un sistema de asistencia sanitaria. Según lo
comprobado en las entrevistas y la observación directa, los factores instrumentales
parecen tornarse frecuentes cuando se tiene que defender las disposiciones
sanitarias existentes. Pero al principio, los expatriados de Heineken a países del
África subsahariana, simplemente sentían que no podían gozar de tranquilidad
espiritual cuando sus ventajas sanitarias eran mucho mayores que las del personal
local (Rijckborst 2007a). Los directivos expatriados de Heineken consideraron
que la empresa en ese momento tenía la responsabilidad moral de otorgar un
conjunto mínimo de parámetros de vida a sus trabajadores. Estos sentimientos
y percepciones surgieron de consideraciones morales basadas en una serie de
principios y teorías éticos. Así, desde el punto de vista deontológico, podría decirse
que basaron sus decisiones en la responsabilidad o la obligación éticas de “hacer
lo correcto, justo y equitativo y evitar daños”. Según el doctor Rijckborst2, este
argumento del deber moral de prestar asistencia sanitaria fue la base principal para
la puesta en marcha de las clínicas en África a finales de los ochenta. Esta reacción
inicial coincide con la opinión sostenida por algunos defensores de la teoría de los
“stakeholders” de la empresa (Evan 1983) que han insistido en la necesidad de
tomar a los “stakeholders” como fines en sí mismos y no sólo como medios.
Aunque no parece que los directivos de Heineken formulasen la idea de esta
manera en un principio, es necesario saber si el utilitarismo ético también pudo
desempeñar un papel importante. Si este es el caso, la prestación de asistencia
sanitaria a los empleados en los países emergentes sería la alternativa que
maximiza la utilidad, es decir, que proporciona el mayor bienestar a un mayor
número de personas, independientemente de los costos y dificultades. El problema
de asumir el utilitarismo ético como la base de la decisión inicial de poner en
marcha un servicio sanitario es que surge la pregunta sobre por qué Heineken no
toma más medidas para aumentar el bienestar social de más gente, más allá de los
empleados y de sus familias, en las zonas donde opera, o incluso más allá de estas.
En sus discursos públicos, el director ejecutivo de Heineken, Jean-Francois van
Boxmeer (Van Boxmeer 2007) mostró una aguda conciencia acerca del problema
de las limitaciones y del temor a incursionar en las competencias gubernamentales.
Por un lado, había la imposibilidad de que una única empresa hiciera frente a la
inmensidad del problema sanitario de un país, y por otro, podría surgir posibles
conflictos con las responsabilidades fiduciarias para con los accionistas. En otras
palabras, hay que tener en cuenta el entorno de limitaciones en el que tienen lugar
estas acciones, es decir, la forma en que los demás accionistas se verían afectados
si Heineken fuera demasiado lejos, cuánto estarían dispuestos a aceptar, y en qué
lugares se pueden planear esfuerzos realmente eficaces.
De hecho, los directivos de Heineken se dieron cuenta de que podían participar en
asuntos de sanidad en la comunidad, más allá de los empleados y de sus familias.
Pero vieron que ésto podría hacerse mejor mediante asociaciones con ONG y los
gobiernos. También anunciaron un generoso apoyo de Heineken a la comunidad
sanitaria a través del Fondo de Seguro de Salud, una fundación que suministra un
seguro privado de salud a los grupos con bajos ingresos en el África subsahariana.3
Es decir, vieron que una manera de extender su impacto social era mediante
alianzas, en vez de actuaciones unilaterales.
En la siguiente sección veremos las consecuencias en la esfera económica que,
tras las consideraciones iniciales, actualmente sientan las pautas para la toma
de decisiones sobre atención sanitaria en las nuevas operaciones adquiridas
por Heineken. La puesta en pie de clínicas puede partir de un punto de vista
moral o ético, pero una empresa no puede ejecutar una estrategia completa de
asistencia sanitaria en los países en vías de desarrollo basándose simplemente en
consideraciones éticas.
La cuestión sobre los límites
Los problemas sanitarios globales y los avances médicos, la expansión de la
empresa en países en desarrollo y el auge de la tecnología de comunicación y de
información han llevado a Heineken a formularse preguntas sobre cuáles son las
fronteras de atención sanitaria que debe proporcionar y cómo se determinan estos
límites. ¿Hasta qué punto se extienden las responsabilidades de una empresa para
con sus propios empleados? ¿Estas incluyen a aquellos a su cargo, a sus familias
y a sus parientes? ¿O acaso la responsabilidad va más allá del empleado y de su
familia? ¿El nivel de atención pública existente en el país es el que define estos
parámetros? ¿El presupuesto a disposición de un individuo o colectivo es el que fija
las fronteras? ¿Y quién establece este presupuesto; debe mantenerse el nivel de
atención que se ha establecido a través del tiempo?
En el pasado, las acciones de gestión local con los empleados se basaban en los
conocimientos disponibles sobre el terreno y en un sentido de paternalismo ilustrado.
Los médicos locales también contribuyeron a este desarrollo. Se centraron en los
intereses de los pacientes más que en cualquier otra cosa (finanzas/ presupuestos).
La asistencia médica fue creciendo con los años. Los avances en la medicina,
así como en el acceso de los pacientes a la información (principalmente a través
de Internet) también desempeñaron su papel. Una enfermera de Heineken en el
Congo lo hizo evidente para la sede central de Heineken al pedir una consulta FIV
de fertilidad (Fertilización In Vitro) en Amsterdam, ya que había leído en Internet que
era gratis. Un gerente de Recursos Humanos en Europa del Este pidió medicación
para el VIH / SIDA para un colega seropositivo, ya que había llegado a sus oídos
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Heineken está
continuamente
reconsiderando
los límites de
la atención que
presta
La asistencia
sanitaria
contribuye
significativa-
mente a la
estabilidad y al
desarrollo
que Heineken estaba tratando a pacientes de SIDA en el África subsahariana. En
consecuencia, el acceso inmediato a la información local a escala global hace que
Heineken está continuamente reconsiderando los límites de la atención que presta
(Van der Borght et al. 2006).
Incluso antes de tomar en cuenta la economía, los gerentes deben evaluar los
costos y beneficios sociales de las decisiones para la sociedad en general y para los
distintos “stakeholders” en particular. Esto no contradice el ideal de imparcialidad
que está en la base de la ética basada en el deber. De acuerdo a este ideal, nuestros
propios familiares, y los más cercanos a nosotros, no deben prevalecer sobre terceras
partes no vinculadas o desconocidas. Todo lo que vemos como éticamente correcto
debe aplicarse por igual a todas las situaciones, sin diferenciación. Sin embargo,
¿la exigencia ética de imparcialidad y universalidad hace que el deber de Heineken
sea ampliar sus programas propios de asistencia sanitaria a personas ajenas a sus
empleados, más allá de los miembros de las familias de estos? La parcialidad hacia
sus propios empleados y sus familiares directos, ¿tiene justificación ética? Existen
críticos de la imparcialidad que argumentan que no se puede ser imparcial en todos
los aspectos de la vida, que a menudo el deber ético de un individuo es cuidar de
sus seres queridos en primer lugar, es decir, sus padres, cónyuge, hijos, amigos.
Estos autores contraponen dos tipos de lenguaje moral, cada uno con su propia
esfera (Walzer, 1994), el fino lenguaje de la imparcialidad y un grueso lenguaje de
parcialidad. Desde una perspectiva empresarial, dar preferencia a los empleados
propios puede ser entendido como parte de una moral gruesa (“thick morality”).
Incluso, desde el punto de vista del utilitarismo ético también es posible encontrar
una justificación imparcial para las preferencias parciales, en tanto que es un modo
más eficiente de contribuir al bienestar general.
Conclusiones
El estudio de este caso nos ha permitido constatar, en primer lugar, que parecen
existir motivaciones éticas en el inicio de los programas de asistencia sanitaria
en los estados frágiles, y que éstos se encuentran bajo una perspectiva ética
deontológica, mucho más que bajo una perspectiva ética utilitarista. Sin embargo,
la perspectiva ética utilitarista desempeña un papel importante en el tratamiento de
las cuestiones que surgen una vez iniciados los programas de asistencia sanitaria,
y cuando es necesario lidiar con las cuestiones de límites. Desde esta perspectiva,
se podría argumentar que favorecer a los propios empleados y a sus familias no va
necesariamente en contra del ideal ético de imparcialidad. Una empresa que se
enfrenta a limitaciones y a la incertidumbre de las consecuencias debe centrarse
en la alternativa que produzca los mejores resultados en materia de beneficios
para la sociedad en general, animando a otros actores a afrontar sus propias
responsabilidades y colaborando con ellos, si es necesario y factible.
En segundo lugar, ha quedado patente que el impacto de las epidemias mundiales
en el sector privado está aumentando de forma dramática, en correlación con la
expansión del sector privado en los países en desarrollo y las posibilidades de
asistencia sanitaria existentes en el mundo desarrollado. El impacto de la carga de
enfermedades crónicas en el sector privado es cada vez más alarmante, en sintonía
con el comportamiento y los patrones de gasto en mano de obra, y las crecientes
posibilidades técnicas en la asistencia sanitaria. El sector privado, incluso desde
el punto de vista de su propia supervivencia, no puede evitar un cierto grado de
reacción y de responsabilidad. Finalmente, en un contexto de gobernanza frágil
y en entornos de posconflicto, la provisión de asistencia sanitaria desde el sector
privado contribuye significativamente a la estabilidad y al desarrollo.
1. Heineken se adhiere a las directrices de la OCDE, a las directrices sobre informes de la
Iniciativa de Información Global (GRI), las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y la Coalición Mundial de Empresas, entre otras normas. Así como con todas las directrices
externas, Heineken ha creado una serie de políticas que son obligatorias para todas las
plantas de Heineken consolidadas en todo el mundo. Estas incluyen la política sobre el VIH/
SIDA, el Código de Conducta, la Promotion Girls Policy y –aún sin aprobar– los principios
médicos. Todos estos documentos internos tienen una relación directa con la prestación de
asistencia sanitaria.
2. El Dr. Rijckborst MD fue asesor médico internacional para Heineken Internacional de
1986 a 2007 y fue responsable de la definición de una estrategia sanitaria en la sede de
Heineken y de la construcción de una infraestructura que proporciona atención médica para
los empleados y sus familias en el África subsahariana. También integró la estrategia de
asistencia sanitaria en la estrategia comercial de la empresa.
3. El Fondo de Seguro de Salud es una fundación una fundación que suministra un seguro
privado de salud a los grupos con bajos ingresos en el África subsahariana. El seguro cubre
una atención sanitaria básica de calidad, que incluye el tratamiento para el VIH/SIDA.
Véase: <http://www.hifund.eu/index2.php>.
Bibliografía
Allouche, J. y Laroche, P. 2005: “A Meta-Analytical Investigation of the Relationship
between Corporate Social and Financial Performance.” En Revue de Gestion des
Ressources Humaines (57): 18-41.
Griffin, J. y Mahon, J. 1997: “The Corporate Social Performance and Corporate
Financial Performance Debate”. En Business and Society (36): 5-31.
Gupta, R. K. y Taliento, L. 2003: “How businesses can combat global disease”, En
The McKinsey Quarterly Edición Especial (Global directions): 4.
Margolis, J. D. y Walsh, J. P. 2003: “Misery loves companies: rethinking social
initiatives by business”. En Administrative Science Quaterly 48: 268-305.
Orlitzky, M., Schmidt, F. L. and Srynes, S. L. 2003: “Corporate Social y Financial
Performance: A Meta analysis”.
Rijckborst, H. 2007: a ‘Interview with Katinka van Cranenburgh’, sin publicar.
— 2007b: “What are the responsibilities of the private sector in health care? International
visions on the future of health care in resource-poor settings”, Amsterdam.
Roman, R., Hayibor, S. y Agle, B. 1999: ‘The Relationship Between Social and
Financial Performance’. En Business and Society (38): 109-125.
Suhrcke, M., Nugent, R. A., Stuckler, D. y Rocco, L. 2006: “Chronic disease: an
economic perspective”. En Oxford Health Alliance.
Van Boxmeer, J. F. 2007: “What are the limits of health care responsibilities?”
Amsterdam: Heineken NV.
Van der Borght, S., Rinke de Wit T.F., Janssens V., Schim van der Loeff M.F.,
Rijckborst H., Lange J.M. 2006: “HAART for the HIV-infected employees of large
companies in Africa.” En The Lancet (368): 547-550
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
Relación de autores
Relación de autores
Rina M. Alluri es investigadora del programa «Business & Peace» en Swisspeace
(Berna) y doctoranda del programa «NCCR North-South». Su tesis se centra en el
papel de los agentes del sector privado en la creación de paz en Sri Lanka. Tiene
una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia Británica
(Canadá) (2004) y un máster en Estudios del Desarrollo por el Instituto de Estudios
Sociales (Países Bajos) (2006).
Daniel Arenas es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales de ESADE-
Universitat Ramon Llull y responsable de investigación del Instituto de Innovación
Social de ESADE. Obtuvo su PhD y MA por el Comité de Pensamiento Social de la
Universidad de Chicago. Es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona
y Diplomado del Programa de Desarrollo Ejecutivo de ESADE. Imparte asignaturas
de Sociología, Ética Empresarial y Responsabilidad Social de la Empresa. Sus
intereses se centran en la responsabilidad social de la empresa, y las relaciones
entre empresas y ONG.
Carlos Fernández es Asistente Especial de la oficina de Naciones Unidas en Santo
Domingo, ha trabajado durante más de diez años en contextos de reconstrucción
posbélica y desarrollo con el PNUD, la AECID y Acción contra el Hambre.
Esther Hennchen es Diplomada en Administración de empresas por la Universidad
de Gutenberg, Master en Gestión y Cooperación al Desarrollo por la London Business
School, Actualmente se encuentra cursando el doctorado en ESADE Business School
- Universidad Ramon Llull, Barcelona. Ha obtenido diferentes postgrados sobre
gestión del desarrollo y derechos humanos. Experta en desarrollo y cooperación
internacional ha trabajado para diferentes entidades no lucrativas como UNICEF e
Intermón Oxfam y organismos internacionales como el Banco Mundial, además de
proyectos de consultoría en el sector.
Josep M. Lozano es profesor e investigador senior en RSE en el Instituto de Innovación
Social (ESADE-Universidad Ramón Llull). Sus líneas de investigación se centran en la
ética empresarial, la RSE, y las relaciones entre valores, liderazgo, calidad humana
y espiritualidad. Ha publicado diversos artículos y libros, el último de los cuales es
La empresa ciudadana como empresa responsable y sostenible. En su página web
(www.josepmlozano.cat) mantiene activo el blog “Persona, empresa y sociedad”.
Aitor Pérez es economista especializado en asesoría a ONG, colabora como
investigador con instituciones como FRIDE y el Real Instituto Elcano en temas de
cooperación internacional y desarrollo. Es socio de la Asociación Trípode Proyectos
dedicada al análisis, la consultoría y la formación para la calidad de la ayuda.
Maria Prandi es investigadora y profesora del Programa de Derechos Humanos
de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autónoma de Barcelona y
coordinadora de la línea de investigación sobre Empresa y Derechos Humanos.
Es también investigadora asociada del Instituto de Innovación Social de ESADE.
Ha trabajado en el ámbito de los derechos humanos a través de su participación
en diversos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Es
licenciada y Master en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de
Barcelona y está actualmente desarrollando sus investigaciones sobre el papel del
sector privado con relación a los tres ejes de trabajo de Naciones Unidas: derechos
humanos, desarrollo y construcción de paz. Es la autora de varios libros, entre ellos,
Guía práctica de derechos humanos para empresas (2006), ¿Pueden las empresas
La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor
contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Claves para comprender y
actuar (2009) y A Practical Handbook on Business and Human Rights (2009).
Es co-editora del libro Justicia transicional y derechos humanos: gestionando el
pasado (2010). Participa desde su primera edición en la redacción del anuario
internacional Alerta! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción
de paz que publica desde el año 2002 (Icaria).
Angelika Rettberg es profesora asociada y directora del Departamento de Ciencia
Política de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). También dirige el Centro
de Estudios Internacionales (CEI) y el Programa de Investigación sobre Construcción
de Paz (ConPaz), adscritos a la misma. Sus investigaciones se han enfocado en
el sector privado como actor político y, específicamente, en el comportamiento
empresarial en contextos de conflicto armado y construcción de paz. También
ha liderado investigaciones sobre la economía política de los conflictos armados
internos, especialmente sobre la relación entre recursos y conflicto regional.
Igualmente, ha trabajado en temas relacionados con el papel de la sociedad civil y
la justicia transicional en sociedades que buscan superar los conflictos armados.
Angela Rivas dirige desde el año 2008 el Área de Sector Empresarial, Conflicto
y Construcción de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en Colombia.
Su trabajo tiene como eje central la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
con especial énfasis en los Derechos Humanos, la prevención y reducción del
conflicto, y la construcción de paz. Antes de ocupar este cargo, Angela trabajó
como consultora para la división de Responsabilidad Social Corporativa de la
Occidental Petroleoum Corporation. Además ha trabajado, como investigadora
social, en diversos temas como el Desarme, Desmovilización y Reinserción de
excombatientes (DDR), la justicia, las políticas públicas de prevención del crimen
y de la violencia, y seguridad urbana. Detenta un Ph.D en Antropología Social y
Cultural por la Rice University (Houston).
Camilla Schippa es directora del Institute for Economics and Peace (IEP), que
produce el Índice de Paz Global. Se encarga de la elaboración del índice, así como
de la investigación llevada a cabo, a nivel internacional, sobre el índice. Schippa
también es responsable del portafolio de la Paz y la Seguridad de The Charitable
Fundation, un fideicomiso privado, destinado a mejorar la calidad de vida a través
de las intervenciones que implican un cambio de vida considerable. Schippa ha
ocupado cargos en las Naciones Unidas durante más de una década. Hasta principios
de 2008, fue jefa de la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de
Colaboración. Con los años, Schippa ha impulsado el desarrollo de asociaciones
público-privadas de alto impacto que apoyan los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y ha contribuido a la creación de numerosas alianzas estratégicas entre las
Naciones Unidas y las corporaciones, fundaciones y filántropos. Como secretaria
de la Junta Consultiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración
Internacional (UNFIP), Shippa supervisó la planificación de las reuniones de la
Junta y fue responsable de carteras de fondos con valor de más de 100 millones de
dólares EE.UU. En Naciones Unidas, Schippa también colaboró en la supervisión de
las actividades del Fondo de la ONU para la Democracia y formó parte del equipo
responsable de la creación de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz.
Jorge Silva es Gerente General de Microsoft Colombia desde 2008. Ingeniero
Industrial por la Universidad de los Andes, se especializó en Sistemas de Información
en Arthur Andersen Center for Professional Education. Tras completar un MBA por
la California State University, hizo estudios en Negociación en la UCA – Universidad
Católica Argentina. Ha complementado otros estudios en Universidades como MIT,
Wharton y Babson College. Jorge Silva ha puesto énfasis en aumentar el compromiso
de la subsidiaria con el país, abrir espacios de negocio, mejorar la inversión dentro
del sector y promover el uso de la tecnología en todos los ámbitos. Esta labor se
ha visto reflejada durante la reunión de empleados de Microsoft de 2010 en la
que Colombia fue destacada como la mejor subsidiaria del mundo dentro de su
categoría de mercado. Su preocupación por el tema de la seguridad de los niños
en Internet le ha llevado a ser el promotor del programa de Children Online Safety,
programa que ha se ha implementado en varios países.
Katinka C. van Cranenburgh es coordinadora y co-creadora de la Fundación
Heineken África, una organización que lucha por la mejora de la salud en África.
Desde hace más de 8 años, ha contribuido al desarrollo de las políticas de Heineken
International y a la estrategia de salud para los países en desarrollo en el área de
sostenibilidad / responsabilidad social corporativa y específicamente en negocios
para la salud. Coordinó programas relacionados con la salud y la sostenibilidad
que van desde Programas de venta de cerveza de manera segura para los
promotores, campañas de sensibilización acerca del alcohol para los trabajadores
de Heineken en todo el mundo hasta un gran número de programas de prevención,
tratamiento y relación con la comunidad con relación al VIH/SIDA en Asia y África.
Además, van Cranenburgh es secretaria general de 3iG, el Interfaith International
Investment Group. Desde esta posición construye una red de “capitalistas activos”
pertenecientes a instituciones religiosas dispuestos a hacer una inversión
socialmente responsable. También es profesora visitante en ESADE, en Barcelona,
donde da conferencias e investiga sobre la responsabilidad social empresarial y las
inversiones socialmente responsables. Asimismo es vice-presidenta de la junta de
negocios de la Academy of Business in Society (EABIS).
Achim Wennmann es investigador del Centre on Conflict, Development and
Peacebuilding (CCDP) y del Small Arms Survey del Graduate Institute of International
and Development Studies en Ginebra, Suiza. Sus áreas de investigación incluyen la
dinámica de los conflictos armados y la violencia, la economía política del conflicto
y los grupos armados, los procesos de paz y la reducción de la violencia armada,
las economías de los conflictos y las redes de delincuencia transnacional, las
transiciones de la guerra a la paz y el conflicto posterior a la recuperación económica,
y el estado de fragilidad y las órdenes políticas híbridas. El Dr. Wennmann es el
autor de The Political Economy of Peacemaking (Londres: Routledge, de próxima
publicación 2011), y co-editor (con Mats Berdal), de Ending Wars, Consolidating
Peace (Londres: Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y Routledge, de
próxima publicación 2010).
Luz Angela Zuluaga empezó a trabajar en el Grupo Éxito en el año 2006 con el objeto
de asesorar y atender el programa de Responsabilidad Social, específicamente
en el tema que tiene que ver con la generación de empleo para las poblaciones
vulnerables. Durante diez años se desempeñó como docente y jefe de la Unidad
Académica de la Escuela Colombiana de Mercadotecnia. Asimismo, trabajó durante
25 años en el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje), desempeñándose como
instructora en las áreas de marketing, ventas, logística, servicio, comportamiento
social y humano; y como formadora de maestros en competencias docentes y
laborales. Realizó estudios de Marketing en la Escuela Colombiana de Marketing,
y adelantó diplomados en Logística, Ventas y Servicio en diferentes universidades
de la ciudad de Medellín. Además cuenta con el título de Formadora de Docentes
del Sena, Institución de carácter nacional en Colombia.
Escola de Cultura de Pau
Universidad Autónoma de Barcelona
Edificio MRA (Mòdul Recerca A)
E-08193 Bellaterra
Tel. +34 93 586 88 46
Fax. + 34 93 581 32 94
escolapau.uab.cat
Hoy en día son muchas las empresas que han incorporado políticas de
derechos humanos y rinden cuentas al respecto. Sin embargo, son po-
cas aún las que tienen en cuenta en sus políticas de RSE la especifici-
dad de operar en contextos de conflicto o de reconstrucción postbélica.
El papel de las empresas en estos contextos, a través de su política de
RSE, posee un gran potencial para incentivar la paz desde su esfera de
influencia. Su incidencia puede ir desde su papel como actor económi-
co (facilitando empleo y oportunidades de emprendimiento) hasta su
contribución a la reconciliación o su apoyo explícito a las negociaciones
de paz. Este libro aporta no sólo reflexiones respecto al papel de la em-
presa en la construcción de paz sino que brinda ejemplos significativos
de la práctica empresarial en este ámbito.
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